Ramiro Loera Hernández
Expediente 367/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ramiro Loera Hernández
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente, contra el auto de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de destrucción, por tanto, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, Tal como se estableció en la cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 en términos del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que disponen los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el juicio de amparo en que se actúa es un expediente auxiliar, que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario, se hace efectivo el apercibimiento y se notifica por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, que dice:Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***************, por conducto de su defensor particular licenciado ***************; contra actos del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo ***************. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia del juicio. Así es, el citado artículo 113 de la Ley de la Materia, establece: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo sólo deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. Del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama: IV.- ACTO RECLAMADO. El auto de vinculación a proceso dictado a mi defenso el día cinco de abril de dos mil dieciséis, por su inconstitucionalidad ya que no se acreditan los requisitos del artículo 19 Constitucional para su dictado. Como consecuencia del auto de vinculación a proceso que se reclama de inconstitucional reclamo la ilegal detención que padece mi defenso, derivada de la medida cautelar de prisión preventiva ordenada. En la especie, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: 17. el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezará a contar 1. Al día siguiente en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2. Al día siguiente al que tuvo conocimiento el quejoso o 3. se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, el quejoso reclama en esencia, del Juez de Garantía, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la causa penal ***************, el cinco de abril de dos mil dieciséis, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de violación con penalidad agravada. En el capítulo de hechos de su escrito de demanda, el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: [.] Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los hechos que me constan son los siguientes: Que mi representado ***************, fue detenido con motivo de la expedición de una orden de aprehensión dentro de la causa penal multicitada y puesto a disposición del órgano que lo reclamaba, en este caso el Juez de Garantía de este distrito judicial en esa misma fecha, en la cual se celebró la audiencia de formulación de imputación. En la audiencia de merito el Agente del Ministerio Público formuló a mi defenso la comisión del delito de Violación agravada en calidad de autor en términos del artículo 21 fracción I del Código Penal, delito instántaneo en términos de lo dispuesto por el numeral 17 fracción I y doloso en términos del artículo 18 fracción I ambos del Código Penal. Posterior a esta imputación se solicito la vinculación a proceso, extendiéndose el plazo constitucional a 144 horas a petición del imputado, plazo en el cual se desahogo prueba a fin de descreditar la mencionada imputación y posterior a ello el día cinco de abril de dos mil dieciséis se dictó el auto de vinculación a proceso que hoy se reclama de inconstitucional.[.] Lo antes trascrito, revela que la parte quejosa señala que le fue dictado auto de vinculación a proceso el cinco de abril de dos mil dieciséis, lo que se traduce en una manifestación del promovente que entraña una confesión expresa, en el sentido de que conoció del acto reclamado en el mismo momento en el que se le dictó, en términos de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, conforme a su artículo 2, primer párrafo, prueba con pleno valor probatorio de tal hecho. Es ilustrativa por identidad de razón la jurisprudencia número 154 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ciento veintiséis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo rubro y texto dice: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO.- El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto el artículo 49, primer párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, que dispone que las resoluciones pronunciadas durante las audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes en el procedimiento que hubieren asistido o debieron asistir a las mismas; por tanto, desde la emisión del auto de vinculación a proceso y de la respectiva medida cautelar que se dictó como consecuencia del delito que se le imputó, en que la parte quejosa tuvo conocimiento de su existencia. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues el promovente manifiesta que el acto reclamado se dictó el cinco de abril de dos mil dieciséis; por lo tanto, si se considera que en ese tipo de resoluciones se encuentra presente el imputado, se debe entender que quedó enterado del acto reclamado en la fecha de su emisión y legalmente notificado del mismo, como establece el artículo 49 precitado. De esa manera fue a partir del día siguiente, esto es, el seis del citado mes y año, en que inició el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto y concluyó el veintiséis de abril del año en curso, sin contar los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de abril de dos mil dieciséis. En ese sentido, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, en tanto que se recibió en la Oficialía de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el dos de mayo de dos mil dieciséis, fecha en que había transcurrido el plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor. Sin que se advierta que el referido acto reclamado, se ubique dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Corolario de lo antes expuesto, sobre los actos reclamados en el escrito de demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18; por resultar extemporánea, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ramiro Loera Hernández, por conducto de su defensor particular licenciado Rigoberto Isaías Flores Gómez, por su manifiesta e indudable improcedencia. Apoya lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia P./J. 45/2014 (10ª) emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página cinco, Tomo I, Materia Común, del Libro 7, de Junio de dos mil catorce, Décima Época, cuyo rubro y texto dice: ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Asimismo, con fundamento en el numeral 27 fracción I del ordenamiento legal antes citado, se le tiene señalando como domicilio el que indica en su demanda, y autorizando en amplios términos del artículo 12 a los profesionistas que refiere. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.arc
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