Ramiro Curiel Uribe
Expediente 808/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 808/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ramiro Curiel Uribe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.********************Informa transición a expediente electrónico********************Atento a lo establecido en el artículo ********************, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna.********************Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico.********************Agrega oficio de cuenta********************Agréguense a los autos el oficio y anexo que remite la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, se tiene a dicha autoridad responsable exhibiendo copia con firma autógrafa y sellos originales del auto de catorce de noviembre del año en curso por medio del cual se realiza la aclaración del laudo emitido en el juicio laboral ********************/********************/********************.********************Lo anterior, en cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio de amparo.********************Vista con cumplimiento********************Con lo anterior y de conformidad en lo dispuesto por el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga.********************Apercibimiento********************Apercibida de que una vez transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará resolución que declare si la sentencia se encuentra cumplida, o no, con vista de las constancias de autos.********************Notifíquese en lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.********************Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe. YMR/JRV
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil veintitrés.********************Agrega oficio de cuenta********************Agréguense a los autos el oficio y anexos que remite la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, se tiene a dicha autoridad responsable exhibiendo copia con firma autógrafa y sellos originales del laudo emitido el veintidós de septiembre del año en curso, en el juicio laboral ********************/********************/********************.********************Lo anterior, en cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio de amparo.********************Vista con cumplimiento********************Con lo anterior y de conformidad en lo dispuesto por el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga.********************Apercibimiento********************Apercibida de que una vez transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará resolución que declare si la sentencia se encuentra cumplida, o no, con vista de las constancias de autos.********************Notifíquese en lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.********************Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.YMR/JRV
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de octubre de dos mil veintitrés. Se agrega oficio de cuenta Agréguense a los autos el oficio y anexos que remite el Presidente de la Junta Especial Tres, con residencia en esta ciudad, en atención a su contenido, se le tiene remitiendo el laudo dictado en el juicio laboral ********************, el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, con sellos y firmas originales; lo anterior, en cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio de amparo. No ha lugar dar vista con cumplimiento Sin embargo, no ha lugar a dar vista con dicho cumplimiento a la parte quejosa, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, pues la sentencia dictada en este asunto, aun no causa ejecutoria, y por lo tanto, el cumplimiento de la misma, aún no se requiere, como lo exige el artículo 192 de la citada Ley. Así pues, una vez que dicha sentencia causa ejecutoria, se proveerá lo conducente en relación con el oficio y anexos de cuenta. Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.YMR/JRV
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto para resolver, el juicio de amparo 808/2023-IV, promovido por ********************, por conducto de su apoderado legal. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, turnado y recibido en este Juzgado el mismo día, ********************, por conducto de su apoderado legal, promovió juicio de amparo, contra el acto y autoridades señalados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Derechos que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso estimó vulnerados en su contra los derechos previstos en los artículos 8, 14, 16 y 17 Constitucionales. Tercero. Tramitación y admisión de la demanda. En auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda a trámite, se requirió su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama una omisión que tiene efectos dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que el quejoso reclamó de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, la omisión de dictar laudo definitivo en el juicio laboral ********************, en el cual el quejoso es parte trabajadora. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta localidad, en su informe justificado, manifestó que es cierta la omisión reclamada, pues en el juicio natural, el veinte de enero de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción y los autos quedaron en estado de resolución, para efectos de la elaboración del dictamen de Ley, sin que a la fecha se haya dictado el laudo correspondiente. Al respecto, la Junta responsable remitió copia certificada del mencionado auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, constancia que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Penales, supletorio de la Ley de Amparo. Así pues, se tiene como cierta la omisión reclamada. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, al no advertirse la actualización de ninguna causal de improcedencia, se continúa con esta sentencia y se estudia el acto reclamado, el cual no se transcribirá en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad, máxime que al quejosos le asiste la suplencia de la queja de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. La parte quejosa argumenta que con la omisión reclamada, la Junta Especial tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, vulnera en su perjuicio el derecho a la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional. Dicho numeral establece que: 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que el derecho humano de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo, a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: Justicia Pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, tal derecho de administración de justicia, está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, de manera que, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Bajo ese contexto, la autoridad responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el derecho previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no acatar lo dispuesto por los numerales 685, 686, 771, 885, 886, 887 y 889, todos de la Ley Federal del Trabajo aplicable, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, disponen: 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.). 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos para procesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. (.). 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. El subrayado es nuestro. Del análisis de los dispositivos antes transcritos, queda de manifiesto que los Tribunales del Trabajo están regidos estrictamente por la ley de la materia, la cual los constriñe a actuar y pronunciarse dentro de los términos y plazos que establece y su desacato indudablemente conlleva a una violación constitucional al derecho fundamental de pronta impartición de justicia prevista por el referido artículo 17 de nuestra Ley Suprema; así pues, se colige lo siguiente: Que una vez declarada cerrada la instrucción por el Auxiliar responsable, cuenta únicamente con diez días para la emisión del proyecto de laudo correspondiente. Emitido tal proyecto, se entregará copia a todos los miembros de la Junta, quienes cuentan con un periodo de cinco días para ordenar el desahogo de las pruebas que hubieren quedado pendientes, lo que se verificará en un término máximo de ocho días después de concluido el primer periodo aludido en este párrafo. Hecho lo anterior, el Presidente de la Junta citará a los miembros para la discusión y votación del proyecto de laudo, lo que se deberá realizar en un término de diez días. Por ende, el periodo total con que cuenta la Junta para la emisión del laudo es de treinta y tres días, todos ellos hábiles. Ahora bien, en el caso, desde el veinte de enero de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción en el juicio natural, turnándose los autos para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente, el cual no se ha realizado, y obvio es, tampoco se han verificado el resto de las etapas indicadas líneas arriba, para lo cual, como se precisó, se cuenta con un término total de treinta y tres días hábiles, los cuales transcurrieron con evidente exceso al momento de la promoción de este juicio de amparo, el veinticuatro de agosto del año en curso, fecha en la cual se presentó la demanda relativa en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad. Por lo tanto, resultan ineficaces los argumentos que esgrimió la Junta responsable en su informe justificado, en el sentido de contar con una carga excesiva de trabajo, pues lo cierto es que ya transcurrió con evidente exceso el término con que cuenta para dictar el laudo correspondiente, sin que lo hubiere hecho al día de hoy. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia IV.3o.T. J/57, Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, visible a página 1283, del texto siguiente: JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. En las relatadas circunstancias, no cabe duda que la autoridad responsable, ha incurrido en la omisión que les atribuye la parte quejosa, vulnerando con tal proceder lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los citados numerales 685, 686, 771, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, ya que no ha actuado con el debido imperio que tiene en su encargo y es manifiesta la omisión de dictar el laudo que reclama la promovente de amparo, la cual es imputable, en principio, a la autoridad responsable, en atención a lo previsto por la ley laboral. Apoya lo anterior, por contener el principio jurídico apuntado, la Jurisprudencia 2a./J. 8/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de dos mil cuatro, visible a foja 226, cuyo rubro y texto establecen: LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo. En consecuencia, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta localidad, de acuerdo a sus facultades: 1. Ordene que se formule el proyecto de laudo respectivo y, 2. Ajustándose a lo establecido por los artículos 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, emita el laudo que corresponda en el juicio laboral ********************, de su índice. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, para el efecto precisado en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
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