Rafael Eric Anguiano Huazano
Expediente 760/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 760/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Agente del Ministerio público de la Federación adscrito
- Rafael Eric Anguiano Huazano
- Rafael Eric Anguiano Huazano y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional a RAFAEL ERIC ANGUIANO HUAZANO, para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto Unidad de Robo al Transporte de Morelia y/o quien resulte encargado de la averiguación previa penal número 1871/2014-XX-I, realizara lo siguiente: "1. Deje sin efectos el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte; 2. En su lugar, dicte otro en el que, considere procedente la solicitud de devolución de la garantía caucional constituida dentro de la investigación previa 1871/2014-XX-I, constituida con el propósito de que Juan Manuel Vargas García, gozara de la libertad provisional." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector. Por oficio presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Alto Impacto, Unidad Contra el Robo al Transporte de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, allegó copia autorizada del acuerdo de veinticuatro de ese mismo mes y año, dictados en la averiguación previa penal número 1871/2014-XXI-1, del cuales se desprende que, para cumplir con la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: I. Dejó sin efectos el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte; y, II. En su lugar, determinó considerar procedente la solicitud de devolución de la garantía caucional constituida dentro de la investigación previa 1871/2014- XX-I, constituida con el propósito de que Juan Manuel Vargas García, gozara de la libertad provisional. Situación con la que en ese propio, se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado sin efectos el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte; y en su lugar, haberse emitido otro en el que, se consideró procedente la solicitud de devolución de la garantía caucional exhibida dentro de la investigación previa 1871/2014-XXI-I, constituida con el propósito de que Juan Manuel Vargas García, gozara de la libertad provisional; con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargada del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso; en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Alto Impacto, Unidad Contra el Robo al Transporte de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite el acuerdo de veinticuatro de noviembre de este año, donde se determinó dejar sin efectos el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte; y en su lugar, considerar procedente la solicitud de devolución de la garantía caucional constituida dentro de la investigación previa 1871/2014-XX-I, constituida con el propósito de que Juan Manuel Vargas García, gozara de la libertad provisional. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Rigoberto Chávez Villa, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de diecinueve de octubre pasado, en la que por una parte se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo en que se actúa y por la otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Rafael Eric Anguiano Huazano; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO. Ahora, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto Unidad de Robo al Transporte de Morelia y/o quien resulte encargado de la averiguación previa penal número 1871/2014-XX-I, para que en consideración al ordinal 192 párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, le será impuesta una multa, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omiso se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. EFECTOS PARA LOS QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento del Tribunal responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es para el efecto siguiente: ". En tal virtud, ante lo fundado del argumento examinado, en términos de lo previsto por los artículos 74 a 77 de la Ley de Amparo, lo que se impone es conceder el amparo para efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte; 2. En su lugar, dicte otro en el que, considere procedente la solicitud de devolución de la garantía caucional constituida dentro de la investigación previa 1871/2014-XX-I, constituida con el propósito de que Juan Manuel Vargas García, gozara de la libertad provisional. .." Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, atento a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el expediente del juicio de amparo VIII-760/2020, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. En este momento, se da cuenta con la promoción registrada con el número de folio 12795, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la presente audiencia constitucional. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VIII-760/2020 promovido por Rafael Eric Anguiano Huazano, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto Unidad de Robo al Transporte de Morelia, con residencia en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no le reviste el carácter de tercero interesado a persona alguna. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Da cuenta con los informes justificados rendidos por: Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Especializada contra Robo al Transporte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Por haberse rendido en tiempo y forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obra en autos las documentales que anexaron a su informe justificado la autoridad señalada como responsable; pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas; y al no existir más medios de convicción que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente la parte quejosa los formuló mediante el escrito recibido por este juzgado en esta misma fecha. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto VIII-760/2020, promovido por Rafael Eric Anguiano Huazano, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Especializada contra Robo al Transporte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitido en esa fecha a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, Rafael Eric Anguiano Huazano, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Especializada contra Robo al Transporte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en el artículo 1º, 8º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; cabe destacar que derivado de la vista que se dio al quejoso con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, se amplió la demanda de garantías por lo que ve al acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte; se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede. Ahora bien, en virtud de que en términos de los dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para ungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación." Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019."; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte como acto reclamado a la autoridad responsable, los siguientes: La omisión de dar contestación a la petición formulada mediante escritos presentados el trece y veintisiete, ambos de octubre de dos mil veinte. El auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, mediante el cual el citado representante social negó devolver al fiador carcelario la garantía que exhibió a fin de que su fiado gozara del beneficio de libertad provisional dentro de la averiguación previa 1871/2014-XX-I. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL NÚMERO 1. Del contenido del informe justificado rendido por el agente responsable se advierte que negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a las peticiones formuladas el trece y veintisiete, ambos de octubre de dos mil veinte, al señalar que desde el dieciséis de octubre de dos mil veinte había dado respuesta y que en su último escrito el quejoso únicamente reiteraba su petición, que dicha respuesta no era del conocimiento del quejoso en razón de que no había sido factible su notificación en atención a que no había señalado domicilio para tal efecto. Pese a lo manifestado por la autoridad responsable, la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, ni objetó la autenticidad del informe mencionado, a cuyo efecto remitió copia certificada de las constancias relativas con las que se acredita su dicho. Por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez." Máxime, que ante la negativa de la autoridad responsable, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia del acto reclamado; sin embargo, no satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente: "Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL NÚMERO 2. Del contenido del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, Unidad de Robo al Transporte, con residencia en esta ciudad, se obtiene que aceptó la existencia del acto reclamado materia de la ampliación de la demanda, consistente en el auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, a cuyo efecto remitió copia certificada de algunas de la constancias de la averiguación previa 1871/2014-XX-I. Documental a la que se concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente del amparo, en función a que quien suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe: "Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 164618 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Página 830 Jurisprudencia (Común) "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. De inicio, este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerarse que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. Luego, del análisis integral de la demanda se desprende que el peticionario del amparo aduce, en lo medular, que contrario a lo considerado por la autoridad ministerial, en el caso sí procedía la devolución de la garantía constituida para efecto de que Juan Manuel Vargas García pudiera gozar de su libertad provisional; porque al momento en que se formuló la petición la carpeta de investigación 1871/2014-XX-I, instruida en contra de este último, por la probable comisión del delito de adquisición de objetos robados o de procedencia ilegal, se encontraba suspendida. Tal aserto es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, por los motivos que se exponen a continuación: En principio, resulta indispensable indicar que, al resolver la contradicción de tesis 86/2010, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País determinó que los efectos de la determinación de reserva son equiparables a los de la determinación de no ejercicio de la acción penal, por considerarse que era preciso evitar que las resoluciones dictadas por el Ministerio Público respecto de la persecución de los delitos fueran negligentes o arbitrarias y que por actos de corrupción quedara algún delito sin perseguir, así también, se consideró que era necesario proporcionar confianza y seguridad a los gobernados en sus instituciones al saber que la indagatoria no será archivada o enviada a reserva por un acto unilateral de la autoridad. Tales razonamientos dieron génesis a la jurisprudencia que se inserta en seguida. "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 162644 Jurisprudencia Materias(s): Común, Constitucional Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo XXXIII, Marzo de 2011 Tesis: 1a./J. 124/2010 Página: 126 "AVERIGUACIÓN PREVIA. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA O CONFIRMA EL ACUERDO DE RESERVA DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL EN SU REDACCIÓN ANTERIOR A LA REFORMA DE 18 DE JUNIO DE 2008). De la interpretación genético-teleológica del artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual constituye el basamento del diverso 114, fracción VII, de la Ley de Amparo, se concluye que el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que determina o confirma el acuerdo de reserva de la averiguación previa. Lo anterior, ya que en el procedimiento de reformas a la Ley Suprema publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, se equipararon los efectos de la resolución de no ejercicio o desistimiento de la acción penal con los de la reserva de la averiguación previa, bajo el argumento de que era preciso evitar que las resoluciones dictadas por el Ministerio Público respecto de la persecución de los delitos fueran negligentes o arbitrarias y que por actos de corrupción quedara algún delito sin perseguir. Aunado a lo anterior, se consideró que era necesario proporcionar confianza y seguridad a los gobernados en sus instituciones al saber que la indagatoria no será archivada o enviada a reserva por un acto unilateral de la autoridad, pues lo contrario atentaría contra los derechos reconocidos por la Constitución a las víctimas u ofendidos y solaparía el estado de indefensión e inseguridad jurídica en que podrían quedar, ya que corresponde a la autoridad ministerial tener los elementos suficientes para decidir sobre el ejercicio de la acción penal, independientemente de que aquéllos ofrezcan pruebas." Contradicción de tesis 86/2010. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito. 17 de noviembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. Tesis de jurisprudencia 124/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diez." Sentado lo anterior, resulta igualmente necesario señalar que, el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Michoacán (actualmente abrogado), vigente al momento de iniciada la pesquisa de la que derivan los actos que aquí se reclaman, era del tenor siguiente: "ARTÍCULO 178. Archivo temporal. En tanto no se formule la imputación, el Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en las que no aparezcan antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos." De la porción normativa transcrita se obtiene que el Ministerio Público se encuentra facultado para archivar temporalmente las investigaciones en las que no puedan allegarse mayores elementos para el esclarecimiento de los hechos. Al respecto, conviene destacar que la codificación referida supralíneas emplea los vocablos de "reserva", "suspensión" y "archivo temporal" indistintamente, como si se tratasen de sinónimos, tan es así, que el artículo 178, reproducido con antelación se encuentra en el capítulo denominado "Suspensión o terminación de la investigación"; por ese motivo, válidamente puede concluirse que, con independencia de cómo se denomine la determinación que tenga por objeto el archivo temporal de una indagatoria de índole penal en el Estado de Michoacán, los efectos de tales determinaciones son equiparables a los generados por la determinación de no ejercicio de la acción penal, conforme a lo determinado por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia referida y transcrita líneas atrás. Ahora, desde esta perspectiva, resulta factible afirmar que, si en una indagatoria de índole penal se decreta la suspensión, el archivo temporal o la reserva, ante la ausencia de elementos probatorios que permitan esclarecer los hechos, procederá la devolución de las garantías caucionales, por considerarse que su exhibición tuvo como finalidad, entre otras, que el indiciado no se sustrajera a la acción de la justicia; sin embargo, el hecho de que la indagatoria sea suspendida implica que, en ese momento, el agente del Ministerio Público estima que no existen elementos para ejercer acción penal, por ende, los efectos de la garantía caucional pierden eficacia práctica, precisamente porque el indiciado no podría evadirse de la acción de la justicia, de hecho, no existe necesidad actual e inminente de que comparezca ante la autoridad ministerial, de ahí que resulte innecesario retener la referida garantía. Máxime, porque su devolución no constituye un obstáculo para que, en su caso, pueda reabrirse la averiguación previa suspendida para seguir integrándola sin detenido hasta lograr recabar elementos de prueba suficientes que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en su comisión, y así solicitar al Juez la orden de aprehensión correspondiente. Robustece lo anterior, la tesis que se reproduce en seguida: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2000245 Aislada Materias(s): Penal Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro V, Febrero de 2012 Tomo 3 Tesis: I.6o.P.1 P (10a.) Página: 2361 "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA EXHIBIDA POR DICHO BENEFICIO CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO DICTE EL ACUERDO DE RESERVA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. Para que el agente del Ministerio Público ordene devolver la garantía caucional exhibida en una averiguación previa es necesario que se resuelva el no ejercicio de la acción penal, según lo establecido en el artículo 135 del Código Federal de Procedimientos Penales; sin embargo, con motivo de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, los efectos de una resolución de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se equipararon con los de la reserva de la averiguación previa, conforme lo explicó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 124/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 126, de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA O CONFIRMA EL ACUERDO DE RESERVA DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL EN SU REDACCIÓN ANTERIOR A LA REFORMA DE 18 DE JUNIO DE 2008).". Por tanto, ante tal equiparación, al decretarse la reserva de una averiguación previa debe estimarse que también se satisface el presupuesto fáctico jurídico que exige la norma mencionada para devolver dicha garantía, máxime, si se considera que su exhibición tuvo como finalidad, entre otras, que el indiciado no se sustrajera a la acción de la justicia y obligarlo a comparecer ante la autoridad ministerial cuando fuere citado para ello; así, el hecho de que la indagatoria se remita a la reserva implica que, en ese momento procesal, el agente del Ministerio Público considera que no existen elementos para ejercer acción penal, por ende, los efectos de la garantía caucional pierden eficacia práctica, pues derivado de esa determinación ministerial el indiciado no podría evadirse de la acción de la justicia ni existe necesidad actual e inminente de que deba comparecer ante la autoridad ministerial, de ahí que resulte innecesario retener la referida garantía. Además, su devolución no implica un obstáculo para que, en su caso, pueda reabrirse la averiguación previa en reserva y seguir integrándola sin detenido hasta lograr recabar elementos de prueba suficientes que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en su comisión, y así solicitar al Juez la orden de aprehensión correspondiente, en lugar de la orden de presentación que resultaba al estar garantizada la libertad provisional bajo caución. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 211/2011. 20 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: Gerardo Flores Zavala." Sentado lo anterior, conviene señalar que, tanto de las constancias, como de los antecedentes narrados por el peticionario del amparo, se desprende que el quince de noviembre de dos mil diecisiete, se realizó consulta de suspensión en la averiguación previa respectiva, misma que fue autorizada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Con motivo de lo anterior, el aquí quejoso, solicitó al Agente del Ministerio Público Investigador, la devolución de la garantía constituida con el propósito de que el indiciado gozara de su libertad provisional; empero, el dieciséis de octubre de dos mil veinte, el indicado agente determinó que no había lugar a ello en atención que no existía determinación definitiva de la indagatoria ni había transcurrido el tiempo establecido para su prescripción." Como se observa, el agente responsable pasó por alto que al momento en que se presentaron las solicitudes del peticionario del amparo, ya existía la determinación de suspensión de la averiguación previa 1871/2014-XX-I, instruida en contra de Juan Manuel Vargas García, por el delito de adquisición de objetos robados o de procedencia ilegal; así como el hecho de que las determinaciones de suspensión, de archivo temporal o de reserva generan efectos equiparables a los irrogados por la determinación de no ejercicio de la acción penal, conforme a lo determinado por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del País, al resolver la contradicción de tesis 86/2010; de modo que contrario a lo determinado por dicha autoridad responsable resultaba procedente devolver la garantía caucional otorgada por el ahora quejoso. Máxime que de las constancias aportadas por la propia responsable se obtiene que la averiguación previa de la que emanan los actos reclamados podría nunca ser consignada ante el juez correspondiente, pues existe evidencia de que dicha pesquisa lleva al menos tres años suspendida; de modo que si se obligara al peticionario a esperar a un diverso estado de la averiguación, para solicitar la devolución de la caución multireferida, eventualmente podría hacerse nugatorio el derecho a obtener de vuelta el monto caucionado. En tal virtud, ante lo fundado del argumento examinado, en términos de lo previsto por los artículos 74 a 77 de la Ley de Amparo, lo que se impone es conceder el amparo para efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: Deje sin efectos el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte; En su lugar, dicte otro en el que, considere procedente la solicitud de devolución de la garantía caucional constituida dentro de la investigación previa 1871/2014-XX-I, constituida con el propósito de que Juan Manuel Vargas García, gozara de la libertad provisional. Debido a lo anterior, resulta innecesario examinar el resto de los conceptos de violación formulados por el peticionario del amparo; habida cuenta que incluso si se considerasen fundados no podría obtener un mayor beneficio. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de garantías promovido por Rafael Eric Anguiano Huazano, por su propio derecho, en contra de los actos que reclamó de la autoridad responsable, en términos del considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Rafael Eric Anguiano Huazano, contra el acto que reclamó del agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, por los motivos expresados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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