Pedro Salas Calderón
Expediente 78/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pedro Salas Calderón
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, Morelia, Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee: AUTO CAUSA ESTADO. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el veintiséis de enero pasado, que desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. DESTINO DEL EXPEDIENTE. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. DOCUMENTOS ORIGINALES. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 78/2023. De conformidad con la fracción I, del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la integración de todo documento electrónico o digitalizado por medio de la Firma Electrónica que cuenta con los permisos necesarios, como la FIREL, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por sus características representen una imposibilidad material para su digitalización, con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General en consulta, se integrarán únicamente al expediente físico o, en su caso, al cuaderno auxiliar que se forme con motivo del presente asunto, ello en atención a la relevancia de éstas. Por tanto, el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, ya que de conformidad con la fracción XII, del artículo 3 del ordenamiento legal referido, será el expediente electrónico el que tendrá validez para consulta de las partes. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro de los autos del juicio 604/2020, el que se negó la admisión del recurso de revocación hecho valer en contra del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que se determinó que se tenía a la perito tercero en discordia por emitiendo su dictamen pericial. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales 1°, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Pedro Salas Calderón, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de la ciudad de Morelia, Michoacán. Ahora bien, para mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar algunos antecedentes del juicio de origen que bajo protesta formula la parte quejosa. El diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el quejoso presentó demanda sobre reivindicación de inmueble, respecto al ubicado en la calle ****************, en contra de *****************. Por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, quien lo registró bajo el número *******************pero por auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se excusó para conocer del mismo. Derivado de ello, por cuestión de turno correspondió su conocimiento al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, quien le asignó el número de expediente 604/2020 y en proveído de dos de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite; se emplazó al demandado. El demandado, dio contestación el cinco de noviembre de dos mil veinte, quien por medio de reconvención, demandó al quejoso el cumplimiento de un contrato de compraventa respecto del inmueble referido previamente. La reconvención expuesta previamente, fue admitida mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno. El quejoso dio contestación a la demanda en vía de reconvención el trece de mayo de dos mil veintiuno, objetando la falsedad del contrato de compraventa. Seguidos los trámites del juicio, el siete de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad señalada como responsable tuvo al quejoso ofreciendo pruebas, destacando una prueba pericial en materia de grafoscopía, documentoscopía y caligrafía, la cual se ofreció con la finalidad de acreditar la falsedad del contrato de compraventa, para lo cual designó perito de su parte, quien a su vez, desahogo en tiempo y forma la prueba pericial; asimismo, determinó la falsedad del documento. La contraparte del quejoso ofreció a su perito quien determinó que la prueba era auténtica. Por lo anterior, el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, la autoridad señalada como responsable designó una perito tercero en discordia, quien en su momento aceptó el cargo y emitió su dictamen -manifestó la imposibilidad con la que se encontraba para emitirlo- y con ello, mediante acuerdo veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se le tuvo por cumpliendo con la encomienda. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue admitido el primero de junio de dos mil veintidós, el cual fue resuelto el primero de agosto de dos mil veintidós, como fundado. Derivado de ello, se designó perito tercero en discordia, quien aceptó el cargo y el tres de noviembre de dos mil veintidós, emitió su opinión, señalando la imposibilidad que tenía para emitir el dictamen; siendo que mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós se le tuvo por emitiendo su dictamen. En contra de la citada determinación, el quejoso interpuso recurso de revocación, el cual le fue desechado mediante proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés. Determinación que constituye el acto reclamado. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo hacer pronunciamiento sobre su admisión, debe analizarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. Del escrito de demanda, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambas de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." [.]." Así, de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio que tengan efectos de imposible reparación. Por lo que si se aplica esta última disposición en sentido contrario, se concluye que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos emanados dentro de una contienda jurisdiccional, que no tengan efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos dentro del juicio tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, de modo tal que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causa un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese contexto, en el presente caso el acto reclamado por la promovente del amparo no es de imposible reparación para que como excepción pueda ser sometido a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Esto es, en primer lugar, conforme a los antecedentes expuestos en los párrafos que anteceden, la determinación impugnada fue dictada dentro de la secuela procesal del juicio civil sobre reivindicación de inmueble, esto es, después de admitido y antes del dictado de la sentencia que de por concluido el mismo, o lo que es lo mismo, es un acto dentro de juicio. En segundo lugar, para determinar la naturaleza sustantiva o adjetiva de los derechos que impacta la determinación impugnada, es necesario precisar que la afectación que afirma resentir la parte quejosa, únicamente impacta en la secuela procesal del procedimiento de origen, esto es sus consecuencias se vinculan únicamente con derechos meramente procesales o adjetivos inherentes al procedimiento, pues su resultado consiste en que se siga el procedimiento jurisdiccional de origen y se integre la prueba pericial colegiada, la cual llegado el momento será valorada por el juez y se dictará la resolución correspondiente. Ello es así, en atención a que el auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio 604/2020, del índice de la autoridad señalada como responsable, por medio del que no se admitió el recurso de revocación interpuesto, no tiene efectos sobre los derechos sustantivos del demando en reconvención -aquí quejoso-, por tanto, no le reviste el carácter de irreparable, para efectos del juicio de amparo, según se describió, pues tal resolución únicamente tiene como efecto la violación de derechos adjetivos, en tanto que sólo tiene como consecuencia la continuación del procedimiento y aún no se resuelve la controversia planteada, por lo que se desconoce el sentido en el que se resolverá el juicio de origen, pudiendo ser una determinación que favorezca o no los intereses del quejoso, por lo que aún no se genera una afectación directa a sus derechos, aún no se emite una sentencia definitiva. Por lo que, se insiste, la violación en que hubiere incurrido la determinación combatida no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del quejoso, de ahí que se esté en presencia de un acto que no es de imposible reparación. De ahí, el pronunciamiento relativo al recurso de revocación por el Juez de origen, al no ser un acto definitivo, no afecta materialmente los derechos sustantivos de las partes, por lo que no constituye un acto de imposible reparación que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Por tanto, es inconcuso que se está en presencia de un acto procesal, que de acuerdo a su naturaleza de afectación sobre el quejoso, no es susceptible de surtir efectos jurídicos plenos que se traduzcan en actos de imposible reparación, ya que no afecta, directa e inmediatamente, derechos sustantivos; pues el Juez de origen podría emitir una resolución favorable a los intereses del peticionario de amparo; y, de resultar adverso el fallo, podría en su caso, impugnarlo en la vía constitucional en la que reclame las violaciones procesales cometidas durante toda la tramitación del juicio, y así, de concederse el amparo, se le restituiría en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimare transgredidos. En tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Tiene aplicación por ilustrativa, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro y texto: "PRUEBA PERICIAL. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE NOMBRAR PERITO TERCERO EN DISCORDIA EN CASO DE DISCREPANCIA DE DICTÁMENES, ATENTO SU CARÁCTER COLEGIADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE PROVOCA INDEFENSIÓN Y TRASCIENDE AL RESULTADO FINAL DEL ACTO RECLAMADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Es obligación del Juez Civil confrontar los dictámenes periciales una vez que han sido rendidos por las partes en conflicto, ya que el numeral 1.316 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México estatuye que si éstos discordaren en algún o algunos de los puntos de esa probanza, deberá nombrarse, de oficio, por el Juez, un tercero en discordia, o sea, un perito oficial del Tribunal Superior de Justicia, que dictamine sobre el problema planteado, quien deberá protestar de su cargo y rendir su dictamen. De ahí que, si el Juez Civil del conocimiento no actúa de esa manera, transgrede la garantía de debido proceso, debiéndose reponer el procedimiento para restañar dicha garantía vulnerada en agravio del promovente del amparo. Ciertamente ello resulta así, porque de conformidad con dicho numeral, una vez rendidos los dictámenes de los peritos de las partes, el Juez los examinará, y si discordaren en alguno o algunos de los puntos esenciales, nombrará como tercero a un perito oficial del Tribunal Superior de Justicia. Consecuentemente, si de acuerdo con la referida legislación adjetiva la pericial debe rendirse en forma colegiada, cuando los dictámenes que se rindan por el perito de la parte actora y el designado en rebeldía del demandado resulten discrepantes, el Juez natural tiene la obligación ineludible de designar en forma oficiosa al perito oficial del Tribunal Superior de Justicia, a fin de integrar colegiada y cabalmente la prueba pericial; de no proceder así, se actualiza de modo patente e inobjetable una violación procesal que resulta manifiesta y trascendental en razón a que transgrede el precepto invocado y concomitantemente las garantías de legalidad y seguridad jurídica (debido proceso)." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda, es decir, el ubicado en Avenida Ventura Puente, número novecientos noventa y nueve, interior treinta y tres, noveno piso, colonia del Empleado, en esta ciudad. ATENCIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, hágase saber a las partes que el trabajo en los órganos jurisdiccionales se rige bajo los principios de impulso tecnológico, acceso a la justicia, inclusión y accesibilidad, interoperabilidad, orientación al valor público, eficiencia y eficacia, adaptación tecnológica, validez y certeza jurídica así como protección de los derechos humanos. Por ello, de conformidad con el artículo 257 de dicho Acuerdo General, la atención a personas justiciables se procurará realizar a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, de ahí que tratándose de comunicaciones no procesales, se podrá brindar la atención vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales, como la videoconferencia, mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Asimismo, de forma excepcional, con fundamento en la fracción II, del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se autoriza la diligencia de comunicaciones procesales, vía telefónica y mediante el uso de medios electrónicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en los casos en los que las partes no tengan acceso al expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, caso en el que deberá certificarse su recepción. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes y rápidas. Hágase saber al actuario de la adscripción que realice cualquier clase de comunicación no procesal través del correo electrónico, que deberá realizarlo siempre de la cuenta o dirección institucional del fedatario público respectivo, de ahí que se tendrá que integrar al expediente electrónico a través del uso de la FIREL, la certificación correctamente redactada y razonada de su envío y acuse respectivo. De igual modo, de realizar alguna diligencia por medio de las soluciones digitales referidas, el fedatario de la adscripción deberá conservar el registro de ésta e incorporarla al expediente electrónico correspondiente, por medio del uso de la FIREL, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle un esquema de comunicación y almacenamiento centralizado. Asimismo, se les hace de su conocimiento que el horario de atención al público de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello una firma electrónica que cuente con los permisos necesarios, como lo es la FIREL o e.firma, en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Hágase del conocimiento de las partes que las listas de acuerdos se publicarán en los estrados de este órgano de control constitucional y en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Con fundamento en el artículo 209 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la listas de acuerdos publicadas electrónicamente tienen validez legal suficiente, al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales, en consecuencia, no es necesario que el fedatario judicial adscrito levante certificación de dicha situación para ser agregada al expediente respectivo. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. Ahora, en el caso de que aún y cuando los medios electrónicos estén disponibles, sea indispensable que las partes acudan físicamente al órgano jurisdiccional o cuando éstas deseen asistir personalmente a consultar los expedientes electrónicos de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, éstas deberán agendar cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del horario de atención al público precisado con anterioridad. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jaime Raúl Ruiz Paredes, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, de conformidad con la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. COPIAS CERTIFICADAS. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que, sin solicitud previa, tienen expedito su derecho de obtener copias certificadas de las constancias que requieran, previo recibo que se deje en autos. Ahora, debe precisarse que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. Por otro lado, se hace saber a las partes que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 22 y el segundo párrafo del artículo 36, ambos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copias de las constancias que obren en autos. Mismas que al incluir la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. Por esa razón, se les reitera la invitación a que transiten al esquema de juicio en línea a través de la FIREL. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De igual modo, toda vez que mediante Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Sin embargo, cabe señalar que la citada circular no es vinculatoria para esta juzgadora, pues constituye una facultad discrecional de cada titular autorizar o no el uso de dichos medios, pero en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, así como una economía procesal, se autoriza a las partes el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente físico, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: Solicitarlo por escrito o por comparecencia. Señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico (cámaras, grabadoras o lectores ópticos) con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos para mantener una seguridad jurídica. Se informa a las partes que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos que intervengan en la actuación respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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