Pedro Saucedo Casorla
Expediente 556/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 49 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 49
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pedro Saucedo Casorla
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 49.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que por una parte sobreseyó y por otra, negó el amparo y protección de la Justicia Federal, en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1 VALORACIÓN. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En resolución interlocutoria de veinte de enero de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción y no es de relevancia documental. 3.1. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 5. CERTIFICACIÓN. De la certificación de cuenta se evidencia un retraso en la integración de este asunto, por lo que, con las constancias de este expediente se da cuenta al titular por separado para que acuerde lo que en derecho corresponda. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Juan Francisco Orozco Córdova, que da fe. UBB
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE SENTENCIA Y PROVEÍDO: SENTENCIA VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo III- 556/2020 promovido por Pedro Saucedo Carsola1 por derecho propio por alegada violación a los artículos 5 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuido a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1" con residencia en Morelia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Servicio de Administración Tributaria ambos con residencia en la Ciudad de México este órgano jurisdiccional ha decidido: Sobreseer en el juicio respecto de algunos actos Negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión por otro Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: Primero Consideración previa El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno el suscrito juez fue adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de siete de julio del año en curso sin que previo a la emisión de esta sentencia tal incorporación se haya informado a las partes Sin embargo se considera que esa falta de notificación no causa agravio alguno a los interesados tanto porque este nuevo titular estima no encontrarse en alguna causa de impedimento para resolver el asunto cuanto porque el trámite de la vista mencionada únicamente dilataría la impartición de justicia tomando en cuenta que se actúa en un expediente en el que a pesar de que la audiencia constitucional fue celebrada hace meses no se ha dictado sentencia sino hasta ahora; cuestión que cabe precisar no es responsabilidad del juzgador de reciente adscripción como sí lo es en cambio remediar tal omisión con el pronto dictado del fallo Lo anterior sin perjuicio de que las partes pudiesen alegar lo que a su interés convenga en un eventual recurso de revisión en términos de la jurisprudencia 2a /J 104/2010 de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO" si acaso estimaren que existe una causa que impida a este juzgador resolver aunque para ello también deberán considerar que para evitar la interposición de recusaciones sin fundamento el legislador ha dispuesto que en el escrito relativo no sólo han de manifestarse bajo protesta de decir verdad los hechos que la fundamentan sino también que se exhiba en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada según se desprende del artículo 59 de la Ley de Amparo Segundo Precisión de la norma general acto u omisión reclamada La parte quejosa reclama lo siguiente2: ? La resolución contenida en el oficio 500-42-00-02-03- 2011-162020 en la que se decretó la inmovilización de la cuenta bancaria 60-59248147-3 del Banco Santander México Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander ? La falta de notificación de dicho oficio Tercero Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo en términos de los artículos 94 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 52 fracción II y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación3 así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito dado que los actos reclamados producen sus efectos dentro del territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción Cuarto Norma general acto u omisión cuya existencia no quedó demostrada No son ciertos los actos que se reclaman a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya que al rendir informe justificado negó haber participado en la emisión y notificación del oficio reclamado sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuarlo Tampoco son ciertos los actos que se reclaman al Servicio de Administración Tributaria ya que la Administración Desconcentrada Jurídica de Michoacán "1" al rendir informe justificado preció que la autoridad que emitió la resolución reclamada y realizó la notificación de la misma fue la entonces Administración Local de Auditoría Fiscal de Morelia que si bien formaba parte de la estructura del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debido a esa desconcentración administrativa constituye un organismo con autonomía fiscal; por tanto para emitir sus propias determinaciones En virtud de lo anterior con base en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo procede sobreseer en el juicio por lo que a dichos actos se refiere Quinto Norma general acto u omisión cuya existencia quedó acreditada Es cierto el acto se reclama a la autoridad Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1" (en substitución de la extinta Administración Local de Auditoría Fiscal de Morelia) responsable ya que al rendir el informe justificado admitió la existencia de la determinación del crédito fiscal 500-42- 00-02-03-2011-162020 de diecinueve de diciembre de dos mil once lo que se corrobora con el legajo de copias certificadas que acompañó al diverso oficio 600-37-00-00-00-2021-0195 de veintiuno de enero de dos mil veintiuno las que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo Sexto Análisis de causas de improcedencia La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe ser analizado por el juzgado aún de oficio como así lo señala el artículo 62 de la ley de amparo En el caso la Subadministradora Desconcentrada de la Administración Desconcentrada Jurídica de Michoacán "1" en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1" (en substitución de la extinta Administración Local de Auditoría Fiscal de Morelia) hizo valer varias causa de improcedencia en la primera sostiene que el juicio de amparo es improcedente porque el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso porque a su modo de ver la autoridad que ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias en un primer momento y la trasferencia de los recursos de la cuenta bancaria del quejoso hasta por la cantidad de $11'451 763 00 (once millones cuatrocientos cincuenta y un mil setecientos sesenta y tres pesos 00/100 m n ) se realizó en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 156 del Código Fiscal de la Federación Causal de improcedencia que es inatendible porque para resolver si la actuación de la autoridad responsable es constitucional debe analizarse el fondo del asunto cuestión que no es propia del apartado de procedencia Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 135/20014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "MPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO DEBERÁ DESESTIMARSE Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio debe desestimarse En segundo lugar la autoridad responsable aduce que el juicio de amparo es improcedente porque el quejoso no agotó el principio de definitividad porque tanto la inmovilización de la cuenta bancaria como la solicitud de transferencia de los recursos acumulados en la cuenta embargada forman parte del procedimiento administrativo de ejecución y por ende el juicio de amparo sólo es procedente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución conforme a lo establecido en el artículo 107 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo Argumento que es infundado porque si bien es cierto que el procedimiento administrativo de ejecución (PAE) regulado por el Código Fiscal de la Federación debe considerarse como aquellos seguidos en forma de juicio respecto de los cuales el juicio de amparo sólo es procedente en contra de la última resolución en el dictada también lo es que el quejoso no promovió el juicio en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo sino en la diversa fracción VI que se refiere a la figura del tercero extraño a juicio Fracción que es aplicable al caso con base en la tesis de jurisprudencia 11/2013 (10a )6 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo ha establecido que por regla general el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo se actualiza una excepción a la regla general mencionada toda vez que comparece como persona extraña a la controversia ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció ya que en tal supuesto el juicio será improcedente" La responsable también señaló que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad porque en contra de los actos reclamados procede el recurso de revocación regulado por el artículo 117 fracción I inciso d) del Código Fiscal de la Federación o el Juicio Contencioso Administrativo del que conoce el Tribunal Federal de Justicia administrativa Lo que resulta infundado porque si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 95/2002 (registro digital 181026) sostuvo que las resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa previo al juicio de garantías necesariamente debe agotarse el juicio de nulidad salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad también lo es que en el caso se actualiza una de esas excepciones que es precisamente que el quejoso compareció al juicio como tercero extraño por equiparación Al resultar infundadas las causas de improcedencia aducidas y no advertirse de oficio alguna que impida el estudio de la controversia planteada procede el estudio de los conceptos de violación Séptimo Estudio de fondo Son infundados los conceptos de violación Alega la parte quejosa en esencia que en su perjuicio se violan sus derechos humanos porque se le pretende privar de una pensión por jubilación de manera ilegal sin habérsele otorgado las debidas garantías ya desconoce la razón de tal acto de privación Sin embargo consta en autos que el oficio 500-42-00-02- 03-2011-1602 y la notificación practicada al contribuyente hoy quejoso el veinticuatro de enero de dos mil doce con el que dio inicio el procedimiento administrativo de ejecución del crédito fiscal derivado del expediente SAT-324-09-66-2010-106 forman parte de un procedimiento en el que se embargó la cuenta bancaria la inmovilización y posterior requerimiento de transferencia de fondos en ella depositados Sin embargo del estudio de la copia certificada de la constancia de notificación que se practicó el veinticuatro de enero de dos mil doce se advierte que esta se entendió de forma personal con el directo quejoso Pedro Saucedo Carsola quien se identificó en ese acto con la credencial para votar con número de folio 030436719 También se advierte que el notificador adscrito a la entonces Administración Local de Recaudación de Morelia cumplió con los requisitos establecidos en el Capítulo II del Título V del Código Fiscal de la Federación vigente en la época (dos mil doce) que regula las notificaciones en materia fiscal específicamente lo previsto en el artículo 136 el cual señala que las notificaciones podrán hacerse en el último domicilio que el interesado haya señalado para tal efecto o en el que hubiera designado con ese mismo fin y que toda notificación personal realizada con quien deba entenderse será legalmente válida aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales Tal como sucede en el caso De lo anterior se sigue que al haberse notificado directamente al quejoso no existe defecto que lo haya dejado sin defensa además ni del escrito inicial de demanda ni de la ampliación presentada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno se advierte que haya expresado conceptos de violación en relación con la notificación que se analiza ya que los expuestos se refieren a los siguiente: Demanda ? Que ha venido gozando de una pensión jubilatoria y de los demás emolumentos inherentes a la misma y que desde hace catorce meses se le ha retenido dicha pensión ? Que en el mes de febrero de dos mil veinte acudió a la CONDUCEF para saber el motivo por el cual inmovilizaron la cuenta donde se le informo que acudiera directamente a la Institución de Crédito antes mencionada ? Que derivado de la emergencia sanitaria no pudo continuar con dicho trámite hasta el mes próximo anterior y que se le informó que la cuenta se congelo por órdenes de la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y/0 SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA sin darle más información ? Que las autoridades antes referidas violan sus derechos humanos privarlo en forma total del pago de su pensión ya que con ello lo deja en estado de hambre extrema al no contar con recursos para su supervivencia y de su esposa que de él sin importar que es una persona de ochenta y siete años de edad y no puede desempeñar actividad alguna ? Que las autoridades responsables no han dado respuesta a su petición de informarme el motivo del congelamiento Ampliación Que las autoridades señaladas como responsables violan la garantía individual consagrada en los Artículos 5° y 8° Constitucionales en virtud de que los actos reclamados son contrarios al texto de estos preceptos legales con que inclusive se atenta contra su vida toda vez que está siendo privado de sus alimentos salud y las cuestiones más básicas de sobrevivencia con la retención del pago indebido que se le viene realizando en su pensión jubilatoria Puede advertirse que ninguno de los conceptos de violación se encuentran encaminados a controvertir las razones en las que se sustenta el embargo y posterior inmovilización de la cuenta bancaria esto es no se controvierte la determinación del crédito fiscal derivado del expediente SAT-324-09-66-2010-106 tampoco el mandamiento de ejecución contenido en el oficio 500- 42-00-02-03-2011-1602 y la notificación practicada al contribuyente hoy quejoso el veinticuatro de enero de dos mil doce no obstante que por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno se otorgó al quejoso la oportunidad de ampliar la demanda de amparo Sin que escape a la consideración del juzgador que en los conceptos de violación el quejoso aduce que en su perjuicio se violan derechos humanos porque se le está privando del goce de su pensión por jubilación y que ello incide en la imposibilidad de atender sus necesidad alimenticias salud y que incluso ponen en peligro su vida; sin embargo en autos está demostrado que el embargo y la posterior inmovilización de la cuenta bancaria no deriva de la cancelación suspensión o revocación de la pensión a que alude sino de la determinación de un crédito fiscal que le fue motivado de forma personal Tampoco está demostrado que en la cuenta que se encuentra embargada se depositen las pensiones que percibe el quejoso como motivo de su plan de retiro o que los recursos ahí depositados provengan del derecho a recibir emolumentos por haber adquirido el derecho a la jubilación de ahí que este aspecto de los conceptos de violación también es infundado En virtud de lo anterior los conceptos de violación son infundados; por tanto procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74 75 y 76 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E PRIMERO Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Pedro Saucedo Carsola en contra de los actos que reclamo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Servicio de Administración Tributaria dada su inexistencia SEGUNDO La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Pedro Saucedo Carsola en contra de los actos que reclamó a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1" con residencia en esta ciudad en los términos del último considerando de este fallo En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Vistos el estado que guarda el expediente electrónico, del que se aprecia que no se encuentra vinculada electrónicamente la sentencia; atento a ello, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la autorización de dicha sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que queden debidamente integradas las constancias electrónicas de este trámite. Por otro lado, se advierte que a la fecha, no han sido notificadas las partes de la citada sentencia; en esa virtud, se ordena notificarle dicha determinación. Asimismo, gírese atento oficio vía electrónica, a la autoridad responsable, adjuntándole copia simple de la mencionada sentencia.
- Principal
SENTENCIA VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo III- 556/2020 promovido por Pedro Saucedo Carsola1 por derecho propio por alegada violación a los artículos 5 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuido a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1" con residencia en Morelia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Servicio de Administración Tributaria ambos con residencia en la Ciudad de México este órgano jurisdiccional ha decidido: Sobreseer en el juicio respecto de algunos actos Negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión por otro Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: Primero Consideración previa El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno el suscrito juez fue adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de siete de julio del año en curso sin que previo a la emisión de esta sentencia tal incorporación se haya informado a las partes Sin embargo se considera que esa falta de notificación no causa agravio alguno a los interesados tanto porque este nuevo titular estima no encontrarse en alguna causa de impedimento para resolver el asunto cuanto porque el trámite de la vista mencionada únicamente dilataría la impartición de justicia tomando en cuenta que se actúa en un expediente en el que a pesar de que la audiencia constitucional fue celebrada hace meses no se ha dictado sentencia sino hasta ahora; cuestión que cabe precisar no es responsabilidad del juzgador de reciente adscripción como sí lo es en cambio remediar tal omisión con el pronto dictado del fallo Lo anterior sin perjuicio de que las partes pudiesen alegar lo que a su interés convenga en un eventual recurso de revisión en términos de la jurisprudencia 2a /J 104/2010 de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO" si acaso estimaren que existe una causa que impida a este juzgador resolver aunque para ello también deberán considerar que para evitar la interposición de recusaciones sin fundamento el legislador ha dispuesto que en el escrito relativo no sólo han de manifestarse bajo protesta de decir verdad los hechos que la fundamentan sino también que se exhiba en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada según se desprende del artículo 59 de la Ley de Amparo Segundo Precisión de la norma general acto u omisión reclamada La parte quejosa reclama lo siguiente2: ? La resolución contenida en el oficio 500-42-00-02-03- 2011-162020 en la que se decretó la inmovilización de la cuenta bancaria 60-59248147-3 del Banco Santander México Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander ? La falta de notificación de dicho oficio Tercero Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo en términos de los artículos 94 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 52 fracción II y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación3 así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito dado que los actos reclamados producen sus efectos dentro del territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción Cuarto Norma general acto u omisión cuya existencia no quedó demostrada No son ciertos los actos que se reclaman a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya que al rendir informe justificado negó haber participado en la emisión y notificación del oficio reclamado sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuarlo Tampoco son ciertos los actos que se reclaman al Servicio de Administración Tributaria ya que la Administración Desconcentrada Jurídica de Michoacán "1" al rendir informe justificado preció que la autoridad que emitió la resolución reclamada y realizó la notificación de la misma fue la entonces Administración Local de Auditoría Fiscal de Morelia que si bien formaba parte de la estructura del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debido a esa desconcentración administrativa constituye un organismo con autonomía fiscal; por tanto para emitir sus propias determinaciones En virtud de lo anterior con base en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo procede sobreseer en el juicio por lo que a dichos actos se refiere Quinto Norma general acto u omisión cuya existencia quedó acreditada Es cierto el acto se reclama a la autoridad Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1" (en substitución de la extinta Administración Local de Auditoría Fiscal de Morelia) responsable ya que al rendir el informe justificado admitió la existencia de la determinación del crédito fiscal 500-42- 00-02-03-2011-162020 de diecinueve de diciembre de dos mil once lo que se corrobora con el legajo de copias certificadas que acompañó al diverso oficio 600-37-00-00-00-2021-0195 de veintiuno de enero de dos mil veintiuno las que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo Sexto Análisis de causas de improcedencia La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe ser analizado por el juzgado aún de oficio como así lo señala el artículo 62 de la ley de amparo En el caso la Subadministradora Desconcentrada de la Administración Desconcentrada Jurídica de Michoacán "1" en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1" (en substitución de la extinta Administración Local de Auditoría Fiscal de Morelia) hizo valer varias causa de improcedencia en la primera sostiene que el juicio de amparo es improcedente porque el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso porque a su modo de ver la autoridad que ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias en un primer momento y la trasferencia de los recursos de la cuenta bancaria del quejoso hasta por la cantidad de $11'451 763 00 (once millones cuatrocientos cincuenta y un mil setecientos sesenta y tres pesos 00/100 m n ) se realizó en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 156 del Código Fiscal de la Federación Causal de improcedencia que es inatendible porque para resolver si la actuación de la autoridad responsable es constitucional debe analizarse el fondo del asunto cuestión que no es propia del apartado de procedencia Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 135/20014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "MPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO DEBERÁ DESESTIMARSE Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio debe desestimarse En segundo lugar la autoridad responsable aduce que el juicio de amparo es improcedente porque el quejoso no agotó el principio de definitividad porque tanto la inmovilización de la cuenta bancaria como la solicitud de transferencia de los recursos acumulados en la cuenta embargada forman parte del procedimiento administrativo de ejecución y por ende el juicio de amparo sólo es procedente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución conforme a lo establecido en el artículo 107 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo Argumento que es infundado porque si bien es cierto que el procedimiento administrativo de ejecución (PAE) regulado por el Código Fiscal de la Federación debe considerarse como aquellos seguidos en forma de juicio respecto de los cuales el juicio de amparo sólo es procedente en contra de la última resolución en el dictada también lo es que el quejoso no promovió el juicio en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo sino en la diversa fracción VI que se refiere a la figura del tercero extraño a juicio Fracción que es aplicable al caso con base en la tesis de jurisprudencia 11/2013 (10a )6 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo ha establecido que por regla general el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo se actualiza una excepción a la regla general mencionada toda vez que comparece como persona extraña a la controversia ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció ya que en tal supuesto el juicio será improcedente" La responsable también señaló que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad porque en contra de los actos reclamados procede el recurso de revocación regulado por el artículo 117 fracción I inciso d) del Código Fiscal de la Federación o el Juicio Contencioso Administrativo del que conoce el Tribunal Federal de Justicia administrativa Lo que resulta infundado porque si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 95/2002 (registro digital 181026) sostuvo que las resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa previo al juicio de garantías necesariamente debe agotarse el juicio de nulidad salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad también lo es que en el caso se actualiza una de esas excepciones que es precisamente que el quejoso compareció al juicio como tercero extraño por equiparación Al resultar infundadas las causas de improcedencia aducidas y no advertirse de oficio alguna que impida el estudio de la controversia planteada procede el estudio de los conceptos de violación Séptimo Estudio de fondo Son infundados los conceptos de violación Alega la parte quejosa en esencia que en su perjuicio se violan sus derechos humanos porque se le pretende privar de una pensión por jubilación de manera ilegal sin habérsele otorgado las debidas garantías ya desconoce la razón de tal acto de privación Sin embargo consta en autos que el oficio 500-42-00-02- 03-2011-1602 y la notificación practicada al contribuyente hoy quejoso el veinticuatro de enero de dos mil doce con el que dio inicio el procedimiento administrativo de ejecución del crédito fiscal derivado del expediente SAT-324-09-66-2010-106 forman parte de un procedimiento en el que se embargó la cuenta bancaria la inmovilización y posterior requerimiento de transferencia de fondos en ella depositados Sin embargo del estudio de la copia certificada de la constancia de notificación que se practicó el veinticuatro de enero de dos mil doce se advierte que esta se entendió de forma personal con el directo quejoso Pedro Saucedo Carsola quien se identificó en ese acto con la credencial para votar con número de folio 030436719 También se advierte que el notificador adscrito a la entonces Administración Local de Recaudación de Morelia cumplió con los requisitos establecidos en el Capítulo II del Título V del Código Fiscal de la Federación vigente en la época (dos mil doce) que regula las notificaciones en materia fiscal específicamente lo previsto en el artículo 136 el cual señala que las notificaciones podrán hacerse en el último domicilio que el interesado haya señalado para tal efecto o en el que hubiera designado con ese mismo fin y que toda notificación personal realizada con quien deba entenderse será legalmente válida aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales Tal como sucede en el caso De lo anterior se sigue que al haberse notificado directamente al quejoso no existe defecto que lo haya dejado sin defensa además ni del escrito inicial de demanda ni de la ampliación presentada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno se advierte que haya expresado conceptos de violación en relación con la notificación que se analiza ya que los expuestos se refieren a los siguiente: Demanda ? Que ha venido gozando de una pensión jubilatoria y de los demás emolumentos inherentes a la misma y que desde hace catorce meses se le ha retenido dicha pensión ? Que en el mes de febrero de dos mil veinte acudió a la CONDUCEF para saber el motivo por el cual inmovilizaron la cuenta donde se le informo que acudiera directamente a la Institución de Crédito antes mencionada ? Que derivado de la emergencia sanitaria no pudo continuar con dicho trámite hasta el mes próximo anterior y que se le informó que la cuenta se congelo por órdenes de la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y/0 SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA sin darle más información ? Que las autoridades antes referidas violan sus derechos humanos privarlo en forma total del pago de su pensión ya que con ello lo deja en estado de hambre extrema al no contar con recursos para su supervivencia y de su esposa que de él sin importar que es una persona de ochenta y siete años de edad y no puede desempeñar actividad alguna ? Que las autoridades responsables no han dado respuesta a su petición de informarme el motivo del congelamiento Ampliación Que las autoridades señaladas como responsables violan la garantía individual consagrada en los Artículos 5° y 8° Constitucionales en virtud de que los actos reclamados son contrarios al texto de estos preceptos legales con que inclusive se atenta contra su vida toda vez que está siendo privado de sus alimentos salud y las cuestiones más básicas de sobrevivencia con la retención del pago indebido que se le viene realizando en su pensión jubilatoria Puede advertirse que ninguno de los conceptos de violación se encuentran encaminados a controvertir las razones en las que se sustenta el embargo y posterior inmovilización de la cuenta bancaria esto es no se controvierte la determinación del crédito fiscal derivado del expediente SAT-324-09-66-2010-106 tampoco el mandamiento de ejecución contenido en el oficio 500- 42-00-02-03-2011-1602 y la notificación practicada al contribuyente hoy quejoso el veinticuatro de enero de dos mil doce no obstante que por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno se otorgó al quejoso la oportunidad de ampliar la demanda de amparo Sin que escape a la consideración del juzgador que en los conceptos de violación el quejoso aduce que en su perjuicio se violan derechos humanos porque se le está privando del goce de su pensión por jubilación y que ello incide en la imposibilidad de atender sus necesidad alimenticias salud y que incluso ponen en peligro su vida; sin embargo en autos está demostrado que el embargo y la posterior inmovilización de la cuenta bancaria no deriva de la cancelación suspensión o revocación de la pensión a que alude sino de la determinación de un crédito fiscal que le fue motivado de forma personal Tampoco está demostrado que en la cuenta que se encuentra embargada se depositen las pensiones que percibe el quejoso como motivo de su plan de retiro o que los recursos ahí depositados provengan del derecho a recibir emolumentos por haber adquirido el derecho a la jubilación de ahí que este aspecto de los conceptos de violación también es infundado En virtud de lo anterior los conceptos de violación son infundados; por tanto procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74 75 y 76 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E PRIMERO Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Pedro Saucedo Carsola en contra de los actos que reclamo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Servicio de Administración Tributaria dada su inexistencia SEGUNDO La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Pedro Saucedo Carsola en contra de los actos que reclamó a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1" con residencia en esta ciudad en los términos del último considerando de este fallo
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las quince horas con diez minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo II-556/2020, promovido por Pedro Saucedo Casorla; contra actos de: N°Autoridad responsableActo reclamado1 a. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 1. Privarlo del derecho de pago de la pensión. 2. El congelamiento desde hace más de catorce meses de los fondos depositados a la cuenta 60-59248147-3 de la Institución de Crédito Santander México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. 3. Violación al derecho de petición. 2 b. Secretaría (sic) Administración Tributaria. El licenciado Alberto Roldán Olvera, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del licenciado Martín Sergio García Pineda, secretario que autoriza las actuaciones y da fe, encontrándose en audiencia pública , con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la presencia de las partes, en términos de la circular SECNO/12/2020 - respuesta a pregunta catorce-, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Enseguida, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: Escrito inicial de demanda; Proveído de diez de septiembre de dos mil veinte en el que se previno a la parte quejosa; Escrito de veinticinco de septiembre pasado en el que la parte quejosa cumplió con las prevenciones impuestas; Auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, que requirió a la parte quejosa para que acudiera a ratificar el ocurso de veinticinco del mismo mes y año. Auto admisorio. Acuerdo de once de enero de dos mil veintiuno en el que se tuvo como cierto el acto reclamado de la autoridad responsable Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán 1, ante la omisión de rendir en tiempo el respectivo informe justificado. Por otra parte, en cuanto al informe justificado que obra en autos, el secretario hace relación del mismo mediante el cuadro siguiente. N° Autoridad Auto de recepción Sentido Acto reclamado 1 Director General de Amparos contra Actos Administrativos, de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 17 de diciembre 2020 Niega Privarlo del derecho de pago de la pensión. Así como el auto que lo tuvo por recibido. Asimismo, el secretario hace constar: Que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló alegatos. Auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, en el que se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda inicial por lo que ve al acto reclamado precisado como "la falta de notificación de la resolución contenida en el oficio número 5000-42-00-02-03-2011-16202 notificado el veinticuatro de enero de dos mil doce", contra la Administración Desconcentrada de Recaudación Michoacán "1". Por otra parte, en cuanto al informe justificado respecto a la ampliación de demanda el secretario hace relación del mismo mediante la tabla siguiente: N° Autoridad Auto de recepción Sentido Acto reclamado 1 Subadministradora Desconcentrada de la Administración Desconcentrada Jurídica de Michoacán "1", con sede en Michoacán. 03 de mayo de 2021 Niega La falta de notificación de la resolución contenida en el oficio número 5000-42-00-02-03-2011-16202 notificado el veinticuatro de enero de dos mil doce. Asimismo, el secretario hace constar: Que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló alegatos en esta instancia. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede, por reiterados los proveídos mediante los cuales se tuvo a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado. Se abre el período de pruebas en el que el secretario hace constar que obran en autos las documentales aportadas por la parte quejosa y las diversas exhibidas por la autoridad responsable Administradora Desconcentrada Jurídica de Michoacán "1", mismas que se tuvieron por recibidas mediante auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno. A lo que el Juez acuerda: Ténganse por ofrecidas y desahogadas dichas probanzas, en razón de su propia y especial naturaleza y a las demás partes por perdido el derecho a ofrecerlas por lo que se cierra esta etapa. Acto continuo, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar: Que la Agente del Ministerio Público adscrita presentó pedimento. A lo anterior el Juez: Se tiene a la representante social por formulando alegatos y a las demás partes por perdido su derecho en alegar. Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción sin acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, queda en estado de dictarse la sentencia cuando las labores del juzgado lo permitan. Doy fe.
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