Pedro Romero Coria

Expediente 1085/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1085/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
21/02/2019

Partes del expediente

  • Pedro Romero Coria

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hicieran valer. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 77, último párrafo, de la ley en consulta, 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la citada ley, dicha sentencia se declara ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. En virtud de lo anterior, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos de suspensión, toda vez, que el quejoso no solicitó la suspensión del acto reclamado. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las partes en el juicio para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubieran adjuntado, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y Sexto transitorio de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Pedro Romero Coria, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario adscrito, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución constitucional.

  3. Principal

    Cumplimiento de prevención. Visto el escrito signado por José Luis Nieto Millán, en atención a su contenido se le tiene cumpliendo con lo requerido por este juzgado en auto de diecisiete de diciembre del año en curso, para lo cual adjunta una carta poder de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis; por tanto, se le tiene cumpliendo con lo requerido por este juzgador y en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de apoderado jurídico del quejoso Pedro Romero Coria. Admisión. Ahora, con la demanda de amparo y escrito aclaratorio, José Luis Nieto Millán apoderado jurídico de Pedro Romero Coria, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a las autoridades siguientes: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y, Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de que se trata, en la inteligencia de que, en el presente juicio, el acto reclamado se hacen consistir en: La omisión de las responsables en notificar y emplazar a los demandados en el juicio laboral 3B-279/2016. Incidente de suspensión. Dado que el quejoso no solicitó la suspensión del acto reclamado, no ha lugar a tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado. Intervención al representante social. Dése la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Solicitud de informes justificados. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en términos de los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la ley de la materia. Además, como lo prevé el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, se tienen como autoridades responsables a las que señala el promovente en su escrito de demanda, apercibida que de no resultar correcta la denominación indicada de las mismas, se tendrán por inexistentes previa devolución del oficio correspondiente que obre en autos. Apoya a lo anterior la tesis III.2o.P.36 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con los siguientes datos: No. Registro: 176,376, Materia(s): Común, Novena Época Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Enero de 2006, Página: 2329, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados." Apercibimientos. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el Actuario correspondiente deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o acontezca una causa notoria de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este Órgano Jurisdiccional Federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en términos del numeral 251 de la ley de la materia. Anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente.

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