Pedro Quiroz Cortés

Expediente 415/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
415/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
02/03/2021

Partes del expediente

  • Pedro Quiroz Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia la sentencia terminada de engrosar el treinta de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio promovido por Pedro Quiroz Cortés, transcurrió sin que las partes lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del artículo 21, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del artículo 21, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá destruirse. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el artículo 21 de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que prevé el diverso precepto 22. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula de este expediente los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión respectivo, al no haberse aperturado. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos originales que adjuntó a su escrito de demanda, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: Vista la certificación de cuenta, el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia la sentencia terminada de engrosar el treinta de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio promovido por Pedro Quiroz Cortés, transcurrió sin que las partes lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del artículo 21, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del artículo 21, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá destruirse. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el artículo 21 de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que prevé el diverso precepto 22. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula de este expediente los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión respectivo, al no haberse aperturado. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos originales que adjuntó a su escrito de demanda, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo VI-415/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Morelia, turnado ese día a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ********************por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra las normas generales y los actos de autoridad que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las garantías otorgadas para su protección. Asimismo, narró bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que sirven de fundamento a los conceptos de violación. SEGUNDO. En proveído de siete de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite, se requirió a las autoridades responsables el informe justificado correspondiente; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en los términos que constan en el acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es competente para conocer de este juicio, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo; 48, 52 fracción III, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que los actos reclamados están constituidos por normas generales cuya aplicación material fue realizada dentro de la jurisdicción territorial de esta potestad federal. Resolución que se emite en atención a la circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de salvaguardar la salud de los justiciables y de los servidores públicos de los órganos del Poder Judicial de la Federación, a través de la cual se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del referido órgano colegiado, específicamente, en relación con los artículos 1°, fracción II y 10, del instrumento normativo citado en último término, numerales en los que se estableció la reanudación en la emisión de resoluciones en aquellos asuntos en trámite pendiente de resolución, como en el caso que nos ocupa. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para fijar con precisión en qué consisten los actos reclamados debe tomarse en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De la tesis de jurisprudencia invocada, como ya se dijo, se desprende que la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad, por lo que si la parte quejosa designa de manera incorrecta o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte esa situación, el juez de distrito debe precisarlo, a fin de que las personas no vean obstaculizado el derecho de acceso a la justicia. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es dable concluir que la intención de la parte quejosa es reclamar: La aprobación y expedición de los artículos 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, en los que se establece el cobro de derechos por los "servicios de alumbrado público". El proceso legislativo que culminó con la publicación del decreto 256 que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Churintzio, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, específicamente el artículo 17 que establece como ingreso ordinario para el Municipio en comento, el derecho de alumbrado público. Actos de autoridad que se atribuyen al (a) Congreso y b) Gobernador, del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conforme a la participación que deben tener en el proceso desde su iniciativa hasta su promulgación y publicación. La aplicación del artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Churintzio, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que establece como ingreso ordinario el derecho de alumbrado público El requerimiento mediante la facturación correspondiente al mes de enero de dos mil veinte, mediante el recibo de pago del servicio eléctrico número ******************** Actos de autoridad que se reclaman al (c) Presidente Municipal y (d) Tesorera del Estado, ambos del Estado de Michoacán, con residencia en Churintzio. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos que se reclaman al Ayuntamiento de Churintzio, Michoacán y a su Tesorero, pues no obstante que fueron omisos en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificados para tal efecto, según se advierte de los acuses de recibo de los oficios 8263 y 8264, que se les giraron para tal efecto, de cuyo anverso se advierte que éstos fueron recibidos el treinta y uno de agosto pasado, en la oficina de las responsables; empero, del aviso recibo relativo al servicio de energía eléctrica ******************** relativo al número de servicio ********************con cargo a ******************** se advierte que fue el quejoso quien voluntariamente realizó el pago del tributo, ante la Comisión Federal de Electricidad, en los términos en que se calculó dicho aviso recibo, sin que se advierta que la autoridad municipal haya realizado algún acto concreto para expedir el recibo ni para obtener el pago respectivo, menos que el derecho de alumbrado público haya sido recaudado a través del procedimiento económico coactivo, o que de alguna forma haya intervenido el Ayuntamiento o su Tesorero o cualquiera de sus subalternos; de ahí que tales actos deben tenerse como inexistentes. Cabe mencionar, que ante la eventualidad de que se llegara a otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, el hecho de que no se haya demostrado la existencia de los actos de las autoridades municipales, no las excluye del cumplimiento de la ejecutoria como así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 3a. LXX/93 de la otrora Tercera Sala, en la que se estableció lo siguiente: "ALUMBRADO PÚBLICO. EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DEVOLVER LAS CANTIDADES CUBIERTAS POR EL DERECHO RELATIVO (LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991). Si en una ejecutoria de garantías se otorgó la protección constitucional al quejoso contra los artículos 49, 50 y 51 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 1991, que establecen el derecho de alumbrado público, corresponde al Ayuntamiento respectivo la devolución de las cantidades cubiertas por el quejoso por tal concepto, pues de conformidad con el artículo 8o. de la ley citada la recaudación de todas las contribuciones en ella previstas debe hacerse, sin excepción alguna, a través de las oficinas exactoras de la tesorería municipal, sin que obste a lo anterior el hecho de que físicamente no hayan ingresado a la hacienda municipal, en virtud de la existencia de un convenio celebrado entre el gobernador y secretario general de Gobierno del Estado de Guerrero, en representación de los Ayuntamientos de los Municipios de dicho Estado, y la Comisión Federal de Electricidad para que esta última recaudara el derecho de alumbrado público y aplicara tales recursos a cubrir las facturaciones que por consumo de energía eléctrica se adeudaban por los Municipios, toda vez que ello no significa que los ingresos recaudados por concepto de derecho de alumbrado público no pasen a formar parte de las haciendas municipales, pues al aplicarse a cubrir los adeudos de ésta tales ingresos integran dichas haciendas, independientemente de quién actúe como recaudadora de la contribución". Por su parte, el Gobernador del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado en cuanto a la aprobación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán y de la Ley de Ingresos del Municipio de Churintzio, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. En esa medida, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar la referida negativa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de esos actos que se le atribuyen a la citada autoridad. Resulta aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que a dichas autoridades se refiere. CUARTO. Existencia de actos reclamados. Respecto de los actos consistentes en el desahogo de las distintas etapas del proceso legislativo desde su iniciativa hasta la promulgación y publicación de [1] la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, particularmente los artículos 98, 99, 100, 101 y 102 y del [2] decreto 256 que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Churintzio, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, específicamente el artículo 17, que establece como ingreso ordinario para el Municipio en comento, el derecho de alumbrado público; decretos que fueron debidamente publicados en el Periódico Oficial del Estado, son ciertos los actos que la parte quejosa reclama del (a) Congreso y (b) Gobernador, ambos del Estado de Michoacán -este último únicamente respecto de la expedición de las leyes antes citadas-, pues al margen del contenido de los informes justificados, como los actos que se les reclaman, son la participación que tuvieron en los citados procesos legislativos, publicados el veinticinco de diciembre de dos mil catorce y el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, respectivamente, al tratarse de normas generales su existencia no está sujeta a prueba. Lo anterior, conforme a la tesis de jurisprudencia 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la siguiente literalidad: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. EL juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio relativo a que el derecho no es objeto de prueba". QUINTO. Procedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como lo sustentado por la tesis de jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esta cuestión de orden público en el juicio de garantías". También la jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Este juzgador advierte, de oficio, que el presente juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la diversa causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento de los actos reclamados consistentes en los artículos 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Churintzio, Michoacán; 98, 99, 101 y 101 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, reclamados al Congreso y al Gobernador del Estado de Michoacán (este último únicamente en relación con la expedición de los preceptos legales impugnados), como enseguida se expondrá. Los indicados preceptos legales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contras los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". Los artículos en comento establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que la parte quejosa se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el tiempo con que cuenta la inconforme para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley citada. De manera que, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección constitucional, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato o, bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario a la solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual establece las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, que aparece en la jurisprudencia P./J55/97, cuyo texto establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consubstancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativa o jurisdiccional, e incluso, comprende el acto jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". De acuerdo a la anterior jurisprudencia se advierten los supuestos para la impugnación de ordenamientos generales atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o, bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Al respecto, tratándose de normas heteroaplicativas, no cualquier acto legitima al gobernado para acudir en demanda de amparo, por el contrario, es requisito indispensable que dicho acto materialice los supuestos previstos por la norma y más aún, que ello trascienda a la esfera jurídica del peticionario, generando un perjuicio, entendido como una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 2a. CLXXV/2000, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas". En la especie, es claro que las normas combatidas por el quejoso fue a partir de su primer acto de aplicación en su perjuicio, esto es, como heteroaplicativas, por tanto, el plazo para impugnarlas a través del juicio de amparo es de quince días, contado a partir del pago del aviso-recibo del contrato con números de servicio ********************que realizó el veintiséis de febrero de dos mil veinte, circunstancia que se corrobora con el comprobante de pago que adjuntó a su libelo actio, en los términos en que se calculó el impuesto por el derecho de alumbrado público. Ahora bien, en el presente asunto el peticionario combate el artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Churintzio, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, así como los diversos numerales 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; empero, debe precisarse que éstos deben analizarse como un sistema normativo impositivo integral que permite el cobro del derecho de alumbrado público, con motivo del primer acto de aplicación realizado por el quejoso. Es así, porque la naturaleza de la aplicación de las normas impugnadas se concretizan en el artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Churintzio, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, pues éste establece la mecánica para el cálculo, cobro y aplicación del derecho de alumbrado público que combate el peticionario, por tanto la impugnación de dichas normas es como heteroaplicativas, pues no exige al gobernado una conducta positiva o negativa desde el inicio de su vigencia, ni afecta su esfera jurídica, en virtud de que no crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho en su perjuicio, ya que el perjuicio o afectación a la esfera de derechos del particular se resiente hasta que la entidad, a través de la cual se entera dicho derecho, determina el cobro por el consumo de energía eléctrica, mensual o bimestral, a través del recibo que para ese efecto expida, es decir, ocurren en forma condicionada. Dicha condición consiste en la realización de un acto posterior necesario para que la ley adquiera individualización, que no surge en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requiere para actualizar el perjuicio, como ya se dijo, de un acto diverso que vincule a su aplicación, consistente en el cobro de energía eléctrica a través del aviso-recibo expedido, porque en él se encuentran especificadas la determinación y cuantificación de los derechos de alumbrado público. Así, de conformidad con los artículos transcritos y lo expuesto en el apartado anterior, tenemos que en el presente asunto el término de quince días para la presentación de la demanda en contra de los artículos 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Churintzio, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinte; 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en virtud de su naturaleza heteroaplicativa debe computarse acorde a lo dispuesto en la segunda hipótesis del numeral 18 de la Ley de Amparo, es decir, a partir del día siguiente a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente saber del acto reclamado o de su ejecución, esto es, a partir del día siguiente al acto de aplicación, que aconteció -cuando menos- el veintiséis de febrero de dos mil veinte, data en que el quejoso realizó voluntariamente el pago por el derecho de alumbrado público, ante la Comisión Federal de Electricidad, en los términos en que se calculó dicho aviso recibo del contrato de servicio ******************** Por tanto, dicha temporalidad transcurrió del veintisiete de febrero al cinco de agosto de la presente anualidad, descontándose de dicho lapso el veintinueve de febrero, uno, siete, ocho, nueve y dieciséis de marzo del presente año, por ser inhábiles; del dieciocho al treinta y uno de julio de la anualidad en curso (en virtud a la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19); uno y dos de agosto pasado, por corresponder a sábados y domingos; por lo que tomando en consideración que la demanda de amparo se presentó el seis de agosto pasado, es obvio que ésta aconteció fuera del término legal concedido para ello, lo que se demuestra conforme al siguiente calendario: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 26 de febrero 2020 El quejoso realizó el pago por el derecho de alumbrado público con relación al contrato de servicio ******************** 27 Comienza a computarse el plazo de quince días para la interposición de la demanda de amparo 28 29 1 de Marzo de 2020 2 3 4 5 6 7 8 9 Inhábil 10 11 12 13 14 15 16 Inhábil 17 18 Suspensión de labores virtud a la pandemia por COVID-19. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 Abril 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 Mayo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 junio 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 julio 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 Agosto 2 3 Reanudación del plazo 4 5 Conclusión del plazo de 15 días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda. 6 Presentación del escrito de demanda. 7 8 9 De ahí que la demanda de amparo haya sido presentada fuera del término legal de quince días establecido para ello y, al ser así, se materializa un consentimiento tácito del quejoso en relación con las normas que reclama y los efectos que producen en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XIII/95 sustentada por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. TERMINO PARA INTERPONERLO. No es verdad que los términos a que se contrae el artículo 21 de la Ley de Amparo, se refieren al amparo contra resoluciones o acuerdos, pero no al amparo contra leyes, por lo que en este caso es aplicable la fracción I, del artículo 22 del mismo ordenamiento, que señala un plazo de treinta días y dentro del cual puede promoverse el juicio de garantías. Tales razonamientos son infundados, porque el párrafo segundo de la fracción XII, del artículo 73 de la ley que se viene citando, se está refiriendo expresamente a la ley, y la cual para que no se entienda consentida cuando es impugnable desde el momento de su promulgación, en los términos de la fracción VI, requiere que el amparo se interponga, contra el primer acto de aplicación en relación con el quejoso. Y la aplicación concreta cuando la ley no se impugnó al ser promulgada, constituye el presupuesto del cual se parte para considerar consentida o no la ley dentro del término de quince días que señala el citado artículo 21, que tiene aplicación concreta tanto en las resoluciones o acuerdos, como en la ley, que se combatan por el procedimiento constitucional". Así como la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, cuyo rubro y texto dispone: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Consecuentemente, dado que el escrito de demanda se presentó hasta el seis de agosto de dos mil veinte, esto es, un día después fenecido el plazo legal con que contaba para ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, es obvio que el acto reclamado debe considerarse consentido tácitamente, lo que demuestra la actualización de la causa de improcedencia invocada. Cobra aplicación al respecto la tesis 1a. V/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN. Cuando el amparo se promueve contra una ley heteroaplicativa, a partir del que se considera el primer acto de aplicación en perjuicio del particular; se debe estimar el acto consentido y, en consecuencia, sobreseer en el juicio, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto y la en que se dirigió a la autoridad administrativa solicitándole aclarara los fundamentos legales en que se apoyó; pues de lo contrario quedaría al arbitrio del particular el determinar la oportunidad en la promoción del juicio, ya que en cualquier tiempo podría solicitar a la autoridad que aclare su resolución, reviviendo con ello un periodo de tiempo que había dejado transcurrir; lo que no es lógico ni jurídico". Así como la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". Y el criterio II.1º.88 K, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que literalmente establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Por las consideraciones apuntadas, al estar demostrada en autos la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo promovido por ********************en términos de lo que establece la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Consecuentemente, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo en relación con los artículos 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Churintzio, Michoacán; 98, 99, 101 y 101 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, reclamados al Congreso y al Gobernador del Estado de Michoacán (este último únicamente en relación con la expedición de los preceptos legales impugnados), en virtud del sobreseimiento decretado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época, materia común, página 49, de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". SEXTO. Reserva de notificaciones. Previo a concluir, notifíquese a las partes, de manera escalonada, una vez que este órgano jurisdiccional reanude sus actividades normales de acuerdo con el numeral 11 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por disposición expresa de la circular CAP/3/2020 emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, por el citado cuerpo colegiado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 63, 75, 76, 77, fracción I, 78, 217 y sexto transitorio de la Ley de Amparo se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************respecto de los actos reclamados al (a) Congreso, (b) Gobernador, (c) Presidente Municipal de Morelia y (d) Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, consistentes en el proceso legislativo que culminó en el decreto 256 que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Churintzio, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, específicamente los artículos 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Churintzio, Michoacán; 98, 99, 101 y 101 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, que establecen como ingreso ordinario para el Municipio en comento, el derecho de alumbrado público, por las razones y fundamentos contenidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos de la consideración sexta, notifíquese a las partes, de manera escalonada, una vez que este órgano jurisdiccional reanude sus actividades normales de acuerdo con el numeral 11 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por disposición expresa de la circular CAP/3/2020 emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, por el citado cuerpo colegiado.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el correo electrónico remitido por el Sistema de Servicios en Línea, mediante el cual se informa que se generó una cita en el Sistema de Agendas de Cita OJ a nombre de José Enrique Coria López y Gustavo Prado Talavera, a las dieciséis horas del día de seis de octubre pasado; sin embargo, cita programada es anterior al presente acuerdo, además de que conforme a la certificación de inicio se advierte que éstos no tienen carácter reconocido en el juicio de amparo en que se actúa, el cual fue promovido por Pedro Quiroz Cortés; por tanto, no es posible permitirles el acceso a este expediente ni el día de la cita agendada, ni en fecha diversa. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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