Perla Moreno Contreras
Expediente 518/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 25/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Perla Moreno Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Reanudación de labores. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluiría el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inició el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de dieciocho de noviembre de dos mi veinte, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN. Y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DESTRUIBLE dado que en la especie se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente y en los cuadernos incidentales. Sin que se haga pronunciamiento sobre la devolución de documentos o garantía, toda vez que no fueron exhibidos los primeros, ni la segunda en el cuaderno incidental respectivo. Por otra parte, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte promovente para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado; apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Reserva de oficios. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado de Michoacán y de la Federación, no se encuentran laborando con regularidad debido a la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus COVID-19; por ende, se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Digitalización de proveído. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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Reanudación de labores. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluiría el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inició el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de dieciocho de noviembre de dos mi veinte, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN. Y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DESTRUIBLE dado que en la especie se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente y en los cuadernos incidentales. Sin que se haga pronunciamiento sobre la devolución de documentos o garantía, toda vez que no fueron exhibidos los primeros, ni la segunda en el cuaderno incidental respectivo. Por otra parte, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte promovente para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado; apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Reserva de oficios. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado de Michoacán y de la Federación, no se encuentran laborando con regularidad debido a la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus COVID-19; por ende, se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Digitalización de proveído. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, En Morelia, Michoacán, siendo las quince horas con veinte minutos deldieciocho de noviembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo II-518/2020, promovido por Perla Moreno Contreras, por propio derecho; contra actos del AUTORIDADES RESPONSABLES1. Director de Seguridad Pública de la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán.2. Comandante de la Policía de la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido del licenciado Marco Antonio Arroyo Rodríguez, secretario que autoriza las actuaciones y da fe, encontrándose en audiencia pública la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, sin la asistencia de las partes Enseguida, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan Escrito inicial de demanda; Proveído de prevención de veintisiete de agosto de dos mil veinte; Auto admisorio de diez de septiembre del año en curso Por otra parte, en cuanto a los informes justificados que obran en autos, el secretario hace relación de ellos mediante la tabla siguiente N Autoridades Sentido 1 Secretario de Seguridad Pública Municipal de Zitácuaro, Michoacán (Comandante Toribio Sánchez Martínez); rindió en atención a los oficios número 11532 y 11533 (presentado el catorce de octubre del año en curso), dirigidos a: Director de Seguridad Pública de la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán. Comandante de la Policía de la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán. NIEGA POR LO QUE VE A LAS DOS AUTORIDADES. (se tuvo por recibido en auto de quince de octubre de dos mil veinte Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede; por reiterado el proveído mediante el cual se tuvo a las autoridades responsables rindiendo sus informes justificados Se declara abierto el período probatorio: El secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a las partes por perdido el derecho a ofrecerlas por lo que se cierra esta etapa. Acto continuo, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar: Que ninguna de las partes formuló alegatos; a lo que el Juez acuerda: Se tiene a las partes por perdido su derecho en alegar Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción pendiente de acordar, y encontrándose debidamente integrado el expediente, procede dictar la siguiente resolución VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo II-518/2020; y RESULTANDO Primero. Demanda de amparo Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto del año en curso, Perla Moreno Contreras, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Director de Seguridad Pública de la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán. 2. Comandante de la Policía de la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán Por el acto que hizo consistir en Director de Seguridad Pública de la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán: La omisión de resguardar el orden en los hechos acontecidos el treinta de julio de dos mil veinte y que continuaron el dieciséis de agosto del año en curso, acontecidos en el predio que la quejosa dice es de su propiedad, ubicado en segunda manzana del sitio denominado el Tigre de Crescencio Morales municipio de Zitácuaro, Michoacán; primera fecha en la que refiere, un grupo de personas se introdujo al citado predio y sembraron varios árboles, mientras que en la segunda data se volvieron a introducir personas al aludido predio y derribaron diversos árboles frutales. Comandante de la Policía de la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán: La orden dada a elementos policiales de Zitácuaro, Michoacán, a fin de intimidar con llevar a la cárcel a la parte quejosa, en caso de que no firmara unos documentos en los que se asentaron los hechos ocurridos en las fechas y lugar precisados en el apartado que antecede. Lo que consideró violatorio de los derechos humanos y garantías previstas para su protección en los artículos 14 y 16 Constitucionales Segundo. Trámite de la demanda de amparo Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el que la admitió a trámite, mediante auto de diez de septiembre; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO Primero. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque el acto reclamado se atribuye a unas autoridades administrativas que residen dentro de la jurisdicción de esta potestad federal Segundo. Fijación del acto reclamado Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, relativa a la Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar: Director de Seguridad Pública de la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán: La omisión de resguardar el orden en los hechos acontecidos el treinta de julio de dos mil veinte y que continuaron el dieciséis de agosto del año en curso, acontecidos en el predio que la quejosa dice es de su propiedad, ubicado en segunda manzana del sitio denominado el Tigre de Crescencio Morales municipio de Zitácuaro, Michoacán; primera fecha en la que refiere, un grupo de personas se introdujo al citado predio y sembraron varios árboles, mientras que en la segunda data se volvieron a introducir personas al aludido predio y derribaron diversos árboles frutales Comandante de la Policía de la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán: La orden dada a elementos policiales de Zitácuaro, Michoacán, a fin de intimidar con llevar a la cárcel a la parte quejosa, en caso de que no firmara unos documentos en los que se asentaron los hechos ocurridos en las fechas y lugar precisados en el apartado que antecede Tercero. Inexistencia del acto reclamado Inexistencia del acto reclamado al Comandante de la Policía de la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán. Al rendir el informe justificado el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Zitácuaro, Michoacán, en atención al oficio 11533, dirigido a Comandante de la Policía de la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, negó la existencia del acto que se le atribuye a dicha autoridad, a saber La orden dada a elementos policiales de Zitácuaro, Michoacán, a fin de intimidar con llevar a la cárcel a la parte quejosa, en caso de que no firmara unos documentos en los que se asentaron los hechos ocurridos en las fechas y lugar precisados en el apartado que antecede Sin que la parte quejosa haya exhibido prueba alguna con la que desvirtúe la negativa de las autoridades responsables y, por ende, acredite la existencia de los actos reclamados. En tales circunstancias, ante la inexistencia del acto de autoridad atribuido al Comandante de la Policía de la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, de dar la orden a elementos policiales de Zitácuaro, Michoacán, a fin de intimidar con llevar a la cárcel a la parte quejosa, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente por el acto reclamado a dicha responsable; lo anterior con apoyo en lo dispuesto en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo Inexistencia del acto reclamado al Director de Seguridad Pública de la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán. Al rendir el informe justificado el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Zitácuaro, Michoacán, en atención al oficio 11532, dirigido al Director de Seguridad Pública de la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán, negó la existencia del acto que se le atribuye a dicha autoridad, a saber: La omisión de resguardar el orden en los hechos acontecidos el treinta de julio de dos mil veinte y que continuaron el dieciséis de agosto del año en curso, acontecidos en el predio que la quejosa dice es de su propiedad, ubicado en segunda manzana del sitio denominado el Tigre de Crescencio Morales municipio de Zitácuaro, Michoacán; primera fecha en la que refiere, un grupo de personas se introdujo al citado predio y sembraron varios árboles, mientras que en la segunda data se volvieron a introducir personas al aludido predio y derribaron diversos árboles frutales. Ahora, a fin de determinar sobre la existencia o inexistencia del acto reclamado es necesario señalar que el mismo, se trata de una omisión Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por omisión [para efectos de juicio de amparo] debe entenderse como una abstención, a cargo de una autoridad, en dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la ley conceda para que ingrese al patrimonio jurídico de los ciudadanos una vez emitido el acto de la autoridad Por ello, es necesario analizar el contexto del problema jurídico planteado para verificar si la autoridad o autoridades responsables tienen un deber que cumplir respecto al gobernado, pues de ello se determinará si es existente o no la omisión reclamada En ese sentido, el quejoso reclama La omisión de resguardar el orden en los hechos acontecidos el treinta de julio de dos mil veinte y que continuaron el dieciséis de agosto del año en curso, acontecidos en el predio que la quejosa dice es de su propiedad, ubicado en segunda manzana del sitio denominado el Tigre de Crescencio Morales municipio de Zitácuaro, Michoacán; primera fecha en la que refiere, un grupo de personas se introdujo al citado predio y sembraron varios árboles, mientras que en la segunda data se volvieron a introducir personas al aludido predio y derribaron diversos árboles frutales Por su parte, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 104 a 106 dispone Artículo 104. La función básica de los cuerpos de policía es prevenir el crimen y preservar la paz y el orden públicos, la cual será atendida por I. Las Instituciones Policiales, las que para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones a) Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción; b) Investigación, que será la encargada de investigar a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información; c) Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz pública; d) Seguridad y Custodia, que será la encargada de vigilar el orden y la seguridad de los centros de reinserción social y centros preventivos, así como de impedir que los procesados y sentenciados se sustraigan de la acción de la justicia y proveer los apoyos que la autoridad judicial requiera para el cumplimiento de sus resoluciones. También será la encargada de coadyuvar con las autoridades jurisdiccionales garantizando el mantenimiento del orden y la seguridad de los recintos judiciales, de las audiencias y diligencias que ordene la autoridad judicial, así como de excarcelar y trasladar a los internos, de conformidad con las órdenes que al efecto se dicten por las autoridades competentes; y, e) Las demás que se constituyan conforme a la legislación en la materia. II. La Policía Auxiliar, tendrá por objeto prestar el servicio de seguridad a empresas o particulares que lo requieran, siendo una función a cargo de la Secretaría, la Policía Auxiliar será un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría, que se integrará con la estructura y funciones que se señalen en la normatividad vigente. Artículo 105. Las instituciones y cuerpos de seguridad señalados en el artículo anterior deberán proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito, prestar protección y auxilio inmediato. De igual forma recibir denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos del delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas. Artículo 106. Los elementos de las Instituciones policiales tendrán las atribuciones siguientes: I. Cumplir los programas y acciones que en materia de prevención del delito y combate a la delincuencia organizada determine el Titular del Poder Ejecutivo, el Secretario y los que se deriven de convenios o acuerdos celebrados con la Federación o los municipios; II. Identificar y analizar elementos criminógenos y zonas de incidencias delictivas, a fin de evitar las conductas antisociales; III. Proporcionar protección a las personas que participen en grandes concentraciones, observando lo previsto en los artículos 6 y 9 en la Constitución; IV. Integrar y mantener actualizados los registros de los bancos de datos que mandata la Ley General; V. Auxiliar a las autoridades competentes cuando formalmente se lo requieran, en la investigación, en la persecución de delitos, en la detención de personas, en el aseguramiento de bienes objeto, instrumento o producto de un delito, cumpliendo los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; VI. Colaborar, cuando así lo soliciten con las autoridades federales, para el cumplimiento de sus funciones de vigilancia, verificación e inspección que tengan conferidas por disposiciones legales; VII. Colaborar, cuando así lo soliciten las autoridades municipales competentes, en la protección de la integridad física de las personas del Municipio y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios o situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente, previniendo la comisión de delitos; así como garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden público; VIII. Respetar la integridad de las personas, absteniéndose de todo acto arbitrario; IX. Participar en operativos conjuntos con instituciones policiales federales, locales o municipales, que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como en la Legislación local aplicable; X. Obtener, analizar, estudiar y procesar información, así como poner en práctica métodos para la prevención de delitos, directamente o mediante los sistemas de coordinación previstos en las leyes federales; XI. Vigilar e inspeccionar para fines de Seguridad Pública, la zona terrestre de las vías estatales de comunicación y los medios de transporte que operen en ellas; XII. Levantar infracciones en los formatos proporcionados por la autoridad competente, por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias al uso de la zona terrestre de las vías estatales y municipales de comunicación, las que deberán ser remitidas a la dependencia competente para su trámite correspondiente; XIII. Colaborar a solicitud de las autoridades competentes, en los servicios de protección civil; XIV. Coadyuvar y coordinar la protección y desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de las instalaciones estratégicas que se encuentren en el Estado para garantizar su integridad y operación; XV. Apoyar a las autoridades de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social del Estado, en la ejecución de operativos de revisión y mantenimiento del orden en los Centros de Reinserción Social del Estado; XVI. Proponer al Secretario las medidas tendientes a mejorar los servicios de Seguridad Pública; XVII. Informar a la unidad de control interno de las faltas disciplinarias y administrativas cometidas por los elementos; XVIII. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; XIX. Verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando éstas no sean lo suficientemente claras o la fuente no esté identificada, e informar al Ministerio Público para que, en su caso, le dé trámite legal o la deseche de plano; XX. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público; XXI. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución; XXII. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables; XXIII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos; XXIV. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones aplicables; XXV. Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste; XXVI. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público para que determine lo conducente; XXVII. Emitir el informe policial homologado y demás documentos, de conformidad con las disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de informes periciales; XXVIII. Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera; XXIX. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios; XXX. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones; y, XXXI. Las demás que le confieran el Código Nacional de Procedimientos Penales y reglamentos estatales aplicables. Dispositivos legales de los que se advierte con meridiana claridad que, efectivamente, a la responsable Director de Seguridad Pública de la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán, por disposición expresa de la norma, en cuanto titular de un cuerpo de policía, al caso del municipio de Zitácuaro, Michoacán, le corresponde, entre otras cuestiones, preservar la paz y el orden públicos; es decir, sí le corresponde resguardar el orden. Sin embargo, no basta que la norma le imponga a la citada responsable la obligación de preservar o resguardar el orden público a fin de que el acto reclamado que se le atribuye se tenga como existente, dado que para ello también es menester que la autoridad responsable se encuentre en aptitud legal de atender lo solicitado por la quejosa, al caso: Resguardar el orden en los hechos acontecidos el treinta de julio de dos mil veinte y dieciséis de agosto del año en curso, acontecidos en el predio que la quejosa dice es de su propiedad, ubicado en segunda manzana del sitio denominado el Tigre de Crescencio Morales municipio de Zitácuaro, Michoacán; primera fecha en la que refiere, un grupo de personas se introdujo al citado predio y sembraron varios árboles, mientras que en la segunda data se volvieron a introducir personas al aludido predio y derribaron diversos árboles frutales. Como así lo ilustra la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. Respecto a lo cual, con base en los datos obtenidos del escrito de demanda e informes rendidos en autos, no se advierte que efectivamente la responsable en cita hubiese estado en aptitud de atender el resguardo del orden público en la fecha y lugar que indica la quejosa. En efecto, si bien, como ha quedado establecido, la responsable Director de Seguridad Pública de la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán, en cuanto titular de un cuerpo de policía, al caso del municipio de Zitácuaro, Michoacán, le corresponde, entre otras cuestiones, preservar la paz y el orden públicos, no menos cierto es que no existen datos que acrediten que: Se encontraba presente en las proximidades o acudiera al lugar señalado por la quejosa en la temporalidad que ésta indica, e impuesto de los hechos que en ese lugar acontecían, omitiera resguardar el orden que estaba compelido preservar y que a dicho de la quejosa se habría quebrantado. La quejosa, con motivo de los hechos que narra en su demanda, hubiese solicitado el auxilio de la fuerza policial brindada por la aludida responsable y ésta, a pesar de haber atendido ese llamado, realizara la conducta omisiva que se le reclama. La responsable, de alguna forma, tuviera conocimiento de lo que acontecía en el lugar y fecha indicados por la quejosa y, no obstante ello, indicara a los elementos a su mando omitir resguardar el orden y la paz públicas, en detrimento de la quejosa. Consecuencia de lo anterior, al no existir datos o pruebas que acrediten que la responsable estuvo en aptitud de atender el quebranto del orden y paz públicos en el sitio y fecha que indica la quejosa en su demanda de amparo, ya fuese porque se le informó de éstos o presenció los mismos, ahora se tenga como inexistente el acto que se le reclama. Sin que la parte quejosa haya exhibido prueba alguna con la que desvirtúe la negativa de la citada autoridad responsable y, por ende, acredite la existencia de los actos reclamados. En tales circunstancias, ante la inexistencia del acto de autoridad atribuido al Director de Seguridad Pública de la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán, esto es, de omitir preservar el orden público en el sitio y fechas que indica la quejosa en su demanda, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente por el acto reclamado a dicha responsable; lo anterior con apoyo en lo dispuesto en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Perla Moreno Contreras, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos y fundamentos asentados en la parte considerativa tercera de esta sentencia.
- Principal
Visto el oficio de la Actuaria Adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual requiere copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente II-518/20220, del índice de este juzgado, toda vez que del diverso 644/2020, de la estadística de la autoridad oficiante, se advierten los mismos actos y la misma autoridad responsable. Por consiguiente, vía electrónica (interconexión), remítasele copia certificada de la totalidad de las constancias solicitadas, a fin de que provea lo que en derecho corresponda. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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