Otilia Nava u Otilia Nava Cruz
Expediente 769/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 769/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Otilia Nava u Otilia Nava Cruz
- Otilia Nava u Otilia Nava Cruz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
PRAL.769/2017-4B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil diecisiete. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo que tuvieron las partes para dar contestación a la vista otorgada en acuerdo de diecisiete de noviembre de este año (foja 179), en relación con el cumplimiento dado por la responsable a la sentencia de amparo; en tales condiciones, se procede analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Antecedentes. I. Mediante sentencia engrosada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, en los siguientes términos (foja 111 reverso y 112): "(...) Efectos de la concesión del amparo. En ese contexto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, para que la Sala responsable efectúe lo siguiente: 1) Deje insubsistente la determinación reclamada de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 386-(II)/2016, de su índice; hecho lo cual: 2) Dicte una nueva determinación, con libertad de jurisdicción, en la que aborde el estudio del recurso de apelación interpuesto por la apelante Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, y dé respuesta a cada uno de los agravios expresados por los recurrentes. (.)" II. Por acuerdo de siete de noviembre del año que transcurre (fojas 144 a 147) causó ejecutoria la sentencia de mérito, por lo que se requirió a la responsable su cumplimiento. III. Mediante oficio 679, de dieciséis de noviembre del año que transcurre, la sala responsable comunicó lo relativo al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo y remitió copia certificada de la resolución de dieciséis de noviembre del año que transcurre (fojas 153 a 178). IV. En acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a sus intereses conviniera, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca (foja 179). Argumentos que debía atender la Sala Penal responsable. Es importante mencionar que cuando se otorga plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable a fin de que cumpla con la sentencia de amparo, tal circunstancia no implica que su actuar deba concretarse a dejar insubsistente la resolución declarada inconstitucional, sino que debe atender a las consideraciones específicas indicadas en el cuerpo de la determinación en la cual se otorgó la protección de la Justicia Federal. En relación con lo anterior, es aplicable la tesis 1a. CX/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." Cumplimiento de la sentencia de amparo. En ese sentido, es pertinente señalar que en la sentencia de amparo se señaló que la responsable debía (foja 111 vuelta y 112): 1. Dejar insubsistente la determinación reclamada de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 386-(II)/2016, de su índice; hecho lo cual: 2. Dictara una nueva determinación, con libertad de jurisdicción, en la que aborde el estudio del recurso de apelación interpuesto por la apelante Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, y dé respuesta a cada uno de los agravios expresados por los recurrentes. Se precisa que en la ejecutoria de amparo se resumieron los citados agravios expresados por la quejosa, de la manera siguiente (fojas 109 reverso a 111): [.] "Primer agravio (fojas 70 a 72 toca penal).- Que contrario a lo manifestado por el juez menor al estudiar la responsabilidad penal del Presidente Municipal Constitucional de Zaachila, Oaxaca, en autos sí se advierte que el citado Presidente Municipal Sergio Raciel Vale López fue autor mediato, pues la comisión de delito de abuso de autoridad la realizó a través de los demás integrantes del Municipio de Zaachila, directora de Mercados y Comercio, síndico Municipal, director de Prevención y Seguridad Pública, ya que fue él quien ordenó que quitaran la caseta propiedad de la ofendida; lo cual quedó acreditado en autos con a) las pruebas documentales del procedimiento de notificación que dice le hicieron por parte de los denunciados, que exhibió el propio presidente Municipal ante la autoridad federal y que en copias certificadas la ofendida exhibió ante la representación social y b) de las declaraciones de los testigos, quienes manifestaron ante la representación social que fue el presidente Municipal quien dio la orden. Además que dicha conducta la realizó con dolo por los motivos que expone. Segundo agravio (fojas 72 y 73 toca penal).- Que contrario a lo determinado por el juez menor, de las pruebas documentales que exhibió el presidente Municipal sobre la orden de ejecución material se prueba que no se actualiza ninguna causa de exclusión del delito a favor de Luis García Peralta, en su carácter de Síndico Municipal, pues efectuó la conducta típica sabiendo lo ilícito de su proceder, ya que dicha autoridad supo al comparecer como autoridad responsable ante la autoridad federal, de la existencia de un juicio de amparo, en el cual reclamó la orden de desocupación, desposesión y lanzamiento del lugar que ocupaba la caseta propiedad de la ofendida y que en la fecha que realizaron el lanzamiento aún no se resolvía dicho juicio. Además que dicha conducta la realizó con dolo por los motivos que expone. Tercer agravio (foja 74 toca penal).- Que la valoración que realizó el juez menor en relación a los inculpados directora de Mercados Antonia Méndez Valean y director de Prevención y Seguridad Pública Municipal Luis Domínguez de la Cruz, le genera agravios, ya que el carácter de servidor público no puede acreditarse exclusivamente con la constancia de nombramiento, pues el carácter de servidor público, como elemento del tipo del delito, se puede presumir mediante la integración de la prueba circunstancial, prueba indiciaria, o con otros elementos de prueba permitidos por la ley, y que, en el caso, se acreditó con las 1) declaraciones de sus testigos de cargo, así como con 2) las copias certificadas que exhibió la ofendida, consistentes en los informes previos y justificados que rindieron ante la autoridad federal y que los hicieron con el carácter de directora de Mercados, director de Prevención y Seguridad Pública Municipal del Municipio de Zaachila, Oaxaca; de ahí que el juez debió valorar dichas pruebas que se agregaron en la averiguación previa. Cuarto agravio (fojas 75 a 77 toca penal).- Que contrario a lo manifestado por el juez, en autos si se encuentra acreditado el cuerpo del delito de robo calificado con violencia por equiparación y la probable responsabilidad de los inculpados, ya que sí se actualiza la acción constitutiva del delito de robo, consistente en el apoderamiento de los objetos materiales de mi propiedad y que son los que se encontraban al interior de la caseta de la ofendida, lo que se desprende de la 1) denuncia presentada, 2) los testigos de cargo; que existe un señalamiento directo sobre las personas que realizaron dichos actos el día de los hechos que se investigaron, así como quiénes fueron las personas que se llevaron los objetos materiales propiedad de la ofendida. Asimismo, que le causa perjuicio que el juez haya valorado que sus objetos materiales no fueron robados, ya que se encuentran resguardados por la autoridad municipal, por los motivos que expone." [.] Con base en lo anterior, es necesario confrontar las razones concretas por las cuales se otorgó el amparo y protección a la parte quejosa y los argumentos en que la responsable sustentó su nueva determinación. En ese tenor, de las constancias que remitió la responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2º, se advierte que dicha autoridad: A. En resolución de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de mayo del año que transcurre, dictada en la toca penal 386-(II)/2016, de su índice (fojas 153 a 178). De lo anterior, se concluye que la responsable dio cumplimiento, respecto al inciso 1), pues dejó insubsistente la citada resolución y, en su lugar, dictó una nueva de dieciséis de noviembre del año en curso (fojas 153 a 177). B. Por lo que hace al inciso 2), la autoridad responsable, en la resolución de mérito, abordó el estudio integral del recurso de apelación interpuesto por la apelante Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, aquí quejosa, y dio respuesta a cada uno de los agravios expresados por la recurrente (foja 165 a 177). Por lo que la autoridad responsable al estudiar los agravios primero y segundo, expuestos por la recurrente determinó que (fojas 168 a 170): Los argumentos vertidos por la apelante, aquí quejosa, resultan ser infundados, pues el proceder de los indiciados no fue arbitraria, esto es, tanto al emitir la orden como ejecutarla; que, contrario a lo que estima la recurrente, no se aprecia que el acto realizado por el indiciado Sergio Raciel Vale López, quien era presidente Municipal, consistente en ordenar la desocupación del espacio en donde estaba la caseta de la quejosa Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, orden que fue ejecutada por Antonia Méndez Valean, Luis García Peralta y José Luis Domínguez de la Cruz, en su carácter de directora de Mercados y Comercio, síndico Municipal y director de la Policía Municipal, de Zaachila, Oaxaca, respectivamente, careciera de fundamento legal alguno; de ahí que los actos que se realizaron sí estaban dentro de sus facultades, de manera que atendiendo al contexto en que se dieron los hechos, los mismos no constituyen un acto arbitrario, más bien evidencia un procedimiento irregular o deficiente, tal como lo hizo notar la resolución de amparo que exhibió la aquí quejosa, dictada el dieciséis de febrero del dos mil dieciséis, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca (fojas 169 y 170); y que contrario al conflicto que alude y del que se duele no cabe resolverse en la vía penal sino en diversa, pues no se pudo establecer que se ejecutó el acto arbitrario o atentario a los derechos garantizados en la constitución. De lo anterior, se concluye que la responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que contestó el primer y segundo agravio expresado por la apelante, aquí quejosa, Otilia Nava u Otilia Nava Cruz. En cuanto al tercer agravio expresado por la recurrente, la Sala responsable determinó lo siguiente (foja 171): Que resulta fundado, el agravio respectivo, dado que existen datos suficientes para establecer que los indiciados Antonia Méndez Valean, Luis García Peralta y José Luis Domínguez de la Cruz, tenían el carácter de servidores públicos al momento de los hechos, pues aun cuando no fueron remitidos sus respectivos nombramientos, cierto es también que no es el único medio para acreditar tal calidad, ya que existen otros elementos que permiten establecer que al momento de los hechos tales personas tenían un cargo en el Municipio de Zaachila, Oaxaca, como lo son las copias certificadas de los diversos oficios DCM/0445/2015, SM/0443/2015 y DPSPM/0205/2015, de veinte de octubre de dos mil quince, en el que los indiciados en calidad de directora de Comercio y Mercados, síndico Municipal y director de Prevención y Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de la Villa de Zaachila, Oaxaca, respectivamente, rindieron su informe justificado con el carácter de autoridad responsable en el diverso juicio de amparo 1540/2015, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, informes en donde aparece su nombre y firma. Asimismo, la Sala responsable afirmó que tal circunstancia, por sí misma, no es suficiente para acreditar todos y cada uno de los elementos que integran el cuerpo del delito de abuso de autoridad, toda vez que los actos que en su calidad de funcionarios públicos realizaron el día de los hechos fueron legales y encuentran fundamento (fojas 171 y 171 reverso). De lo expuesto, se lee que la autoridad responsable también dio cumplimiento, pues estudió el tercer agravio formulado por la apelante, aquí quejosa. En relación al cuarto agravio formulado por Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, la autoridad responsable precisó lo siguiente (fojas 175 vuelta y 176): Dicha Sala consideró infundado, porque, señaló, no se pone en duda que los indiciados el día y hora de los hechos se llevaron la caseta con todo lo que ella contenía y que tales objetos se tratan de bienes muebles que puedan trasladarse de un lugar a otro y que los mismos pertenecen a la ofendida Otilia Nava u Otilia Nava Cruz; sin embargo, contrario a lo que alega la recurrente, no basta que los indiciados el día de los hechos hayan tomado tales objetos, sino que el tipo penal de robo calificado con violencia por equiparación si necesita de un ánimo especifico (animus apropiandi), es decir, que el o los sujetos activos tengan una intención especifica de apropiarse de tales objetos con ánimo de dominio. Asimismo, la Sala precisó que atendiendo a que se debe acreditar el cuerpo del delito en comento, se debe entender que el mismo no es más que demostrar la existencia de un hecho, el cual está conformado por elementos corpóreos comprobables a través de los sentidos, que conforma la parte objetiva, normativa y subjetiva especifica del tipo penal establecido en un ordenamiento legal, sobre un estándar de prueba que solamente exige que deben existir indicios suficientes para la acreditación del cuerpo del delito, esto es, la demostración de la existencia de un hecho con todos sus elementos constitutivos como lo define la ley, y en el caso ese ánimo especifico si forma parte del tipo penal en análisis. Por tanto, la Sala concluyó que la conducta realizada por los indiciados y que no puede encuadrarse en el elemento del tipo penal, debido a que, como se ha explicado, los indiciados se llevaron la caseta de la ofendida con el fin de cumplir la disposición administrativa para la recuperación de los espacios públicos acordada por el cabildo del Municipio de Zaachila, Oaxaca, por tanto, no realizaron ese acto por decisión propia, sino en cumplimiento de sus funciones, sin que se apreciara el ánimo de apropiación que exige el tipo penal. De la transcripción se advierte que la responsable también dio cumplimiento, pues contestó el último agravio de la recurrente. Por lo anterior, como no existe defecto o exceso en la ejecución, se considera que la responsable se ciñó a la ejecutoria de referencia; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida la sentencia de amparo. Archivo del expediente. Con apoyo en el párrafo cuarto del invocado precepto 196, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Carece de relevancia de documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS: LUIS GARCIA PERALTA, JOSE LUIS DOMINGUEZ DE LA CRUZ, IVAN COACHE BRAVO, ANTONIA MENDEZ VALEAN Y SERGIO RACIEL VALE LOPEZ. PRAL.769/2017-4B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil diecisiete. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo que tuvieron las partes para dar contestación a la vista otorgada en acuerdo de diecisiete de noviembre de este año (foja 179), en relación con el cumplimiento dado por la responsable a la sentencia de amparo; en tales condiciones, se procede analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Antecedentes. I. Mediante sentencia engrosada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, en los siguientes términos (foja 111 reverso y 112): "(...) Efectos de la concesión del amparo. En ese contexto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, para que la Sala responsable efectúe lo siguiente: 1) Deje insubsistente la determinación reclamada de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 386-(II)/2016, de su índice; hecho lo cual: 2) Dicte una nueva determinación, con libertad de jurisdicción, en la que aborde el estudio del recurso de apelación interpuesto por la apelante Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, y dé respuesta a cada uno de los agravios expresados por los recurrentes. (.)" II. Por acuerdo de siete de noviembre del año que transcurre (fojas 144 a 147) causó ejecutoria la sentencia de mérito, por lo que se requirió a la responsable su cumplimiento. III. Mediante oficio 679, de dieciséis de noviembre del año que transcurre, la sala responsable comunicó lo relativo al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo y remitió copia certificada de la resolución de dieciséis de noviembre del año que transcurre (fojas 153 a 178). IV. En acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a sus intereses conviniera, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca (foja 179). Argumentos que debía atender la Sala Penal responsable. Es importante mencionar que cuando se otorga plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable a fin de que cumpla con la sentencia de amparo, tal circunstancia no implica que su actuar deba concretarse a dejar insubsistente la resolución declarada inconstitucional, sino que debe atender a las consideraciones específicas indicadas en el cuerpo de la determinación en la cual se otorgó la protección de la Justicia Federal. En relación con lo anterior, es aplicable la tesis 1a. CX/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." Cumplimiento de la sentencia de amparo. En ese sentido, es pertinente señalar que en la sentencia de amparo se señaló que la responsable debía (foja 111 vuelta y 112): 1. Dejar insubsistente la determinación reclamada de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 386-(II)/2016, de su índice; hecho lo cual: 2. Dictara una nueva determinación, con libertad de jurisdicción, en la que aborde el estudio del recurso de apelación interpuesto por la apelante Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, y dé respuesta a cada uno de los agravios expresados por los recurrentes. Se precisa que en la ejecutoria de amparo se resumieron los citados agravios expresados por la quejosa, de la manera siguiente (fojas 109 reverso a 111): [.] "Primer agravio (fojas 70 a 72 toca penal).- Que contrario a lo manifestado por el juez menor al estudiar la responsabilidad penal del Presidente Municipal Constitucional de Zaachila, Oaxaca, en autos sí se advierte que el citado Presidente Municipal Sergio Raciel Vale López fue autor mediato, pues la comisión de delito de abuso de autoridad la realizó a través de los demás integrantes del Municipio de Zaachila, directora de Mercados y Comercio, síndico Municipal, director de Prevención y Seguridad Pública, ya que fue él quien ordenó que quitaran la caseta propiedad de la ofendida; lo cual quedó acreditado en autos con a) las pruebas documentales del procedimiento de notificación que dice le hicieron por parte de los denunciados, que exhibió el propio presidente Municipal ante la autoridad federal y que en copias certificadas la ofendida exhibió ante la representación social y b) de las declaraciones de los testigos, quienes manifestaron ante la representación social que fue el presidente Municipal quien dio la orden. Además que dicha conducta la realizó con dolo por los motivos que expone. Segundo agravio (fojas 72 y 73 toca penal).- Que contrario a lo determinado por el juez menor, de las pruebas documentales que exhibió el presidente Municipal sobre la orden de ejecución material se prueba que no se actualiza ninguna causa de exclusión del delito a favor de Luis García Peralta, en su carácter de Síndico Municipal, pues efectuó la conducta típica sabiendo lo ilícito de su proceder, ya que dicha autoridad supo al comparecer como autoridad responsable ante la autoridad federal, de la existencia de un juicio de amparo, en el cual reclamó la orden de desocupación, desposesión y lanzamiento del lugar que ocupaba la caseta propiedad de la ofendida y que en la fecha que realizaron el lanzamiento aún no se resolvía dicho juicio. Además que dicha conducta la realizó con dolo por los motivos que expone. Tercer agravio (foja 74 toca penal).- Que la valoración que realizó el juez menor en relación a los inculpados directora de Mercados Antonia Méndez Valean y director de Prevención y Seguridad Pública Municipal Luis Domínguez de la Cruz, le genera agravios, ya que el carácter de servidor público no puede acreditarse exclusivamente con la constancia de nombramiento, pues el carácter de servidor público, como elemento del tipo del delito, se puede presumir mediante la integración de la prueba circunstancial, prueba indiciaria, o con otros elementos de prueba permitidos por la ley, y que, en el caso, se acreditó con las 1) declaraciones de sus testigos de cargo, así como con 2) las copias certificadas que exhibió la ofendida, consistentes en los informes previos y justificados que rindieron ante la autoridad federal y que los hicieron con el carácter de directora de Mercados, director de Prevención y Seguridad Pública Municipal del Municipio de Zaachila, Oaxaca; de ahí que el juez debió valorar dichas pruebas que se agregaron en la averiguación previa. Cuarto agravio (fojas 75 a 77 toca penal).- Que contrario a lo manifestado por el juez, en autos si se encuentra acreditado el cuerpo del delito de robo calificado con violencia por equiparación y la probable responsabilidad de los inculpados, ya que sí se actualiza la acción constitutiva del delito de robo, consistente en el apoderamiento de los objetos materiales de mi propiedad y que son los que se encontraban al interior de la caseta de la ofendida, lo que se desprende de la 1) denuncia presentada, 2) los testigos de cargo; que existe un señalamiento directo sobre las personas que realizaron dichos actos el día de los hechos que se investigaron, así como quiénes fueron las personas que se llevaron los objetos materiales propiedad de la ofendida. Asimismo, que le causa perjuicio que el juez haya valorado que sus objetos materiales no fueron robados, ya que se encuentran resguardados por la autoridad municipal, por los motivos que expone." [.] Con base en lo anterior, es necesario confrontar las razones concretas por las cuales se otorgó el amparo y protección a la parte quejosa y los argumentos en que la responsable sustentó su nueva determinación. En ese tenor, de las constancias que remitió la responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2º, se advierte que dicha autoridad: A. En resolución de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de mayo del año que transcurre, dictada en la toca penal 386-(II)/2016, de su índice (fojas 153 a 178). De lo anterior, se concluye que la responsable dio cumplimiento, respecto al inciso 1), pues dejó insubsistente la citada resolución y, en su lugar, dictó una nueva de dieciséis de noviembre del año en curso (fojas 153 a 177). B. Por lo que hace al inciso 2), la autoridad responsable, en la resolución de mérito, abordó el estudio integral del recurso de apelación interpuesto por la apelante Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, aquí quejosa, y dio respuesta a cada uno de los agravios expresados por la recurrente (foja 165 a 177). Por lo que la autoridad responsable al estudiar los agravios primero y segundo, expuestos por la recurrente determinó que (fojas 168 a 170): Los argumentos vertidos por la apelante, aquí quejosa, resultan ser infundados, pues el proceder de los indiciados no fue arbitraria, esto es, tanto al emitir la orden como ejecutarla; que, contrario a lo que estima la recurrente, no se aprecia que el acto realizado por el indiciado Sergio Raciel Vale López, quien era presidente Municipal, consistente en ordenar la desocupación del espacio en donde estaba la caseta de la quejosa Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, orden que fue ejecutada por Antonia Méndez Valean, Luis García Peralta y José Luis Domínguez de la Cruz, en su carácter de directora de Mercados y Comercio, síndico Municipal y director de la Policía Municipal, de Zaachila, Oaxaca, respectivamente, careciera de fundamento legal alguno; de ahí que los actos que se realizaron sí estaban dentro de sus facultades, de manera que atendiendo al contexto en que se dieron los hechos, los mismos no constituyen un acto arbitrario, más bien evidencia un procedimiento irregular o deficiente, tal como lo hizo notar la resolución de amparo que exhibió la aquí quejosa, dictada el dieciséis de febrero del dos mil dieciséis, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca (fojas 169 y 170); y que contrario al conflicto que alude y del que se duele no cabe resolverse en la vía penal sino en diversa, pues no se pudo establecer que se ejecutó el acto arbitrario o atentario a los derechos garantizados en la constitución. De lo anterior, se concluye que la responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que contestó el primer y segundo agravio expresado por la apelante, aquí quejosa, Otilia Nava u Otilia Nava Cruz. En cuanto al tercer agravio expresado por la recurrente, la Sala responsable determinó lo siguiente (foja 171): Que resulta fundado, el agravio respectivo, dado que existen datos suficientes para establecer que los indiciados Antonia Méndez Valean, Luis García Peralta y José Luis Domínguez de la Cruz, tenían el carácter de servidores públicos al momento de los hechos, pues aun cuando no fueron remitidos sus respectivos nombramientos, cierto es también que no es el único medio para acreditar tal calidad, ya que existen otros elementos que permiten establecer que al momento de los hechos tales personas tenían un cargo en el Municipio de Zaachila, Oaxaca, como lo son las copias certificadas de los diversos oficios DCM/0445/2015, SM/0443/2015 y DPSPM/0205/2015, de veinte de octubre de dos mil quince, en el que los indiciados en calidad de directora de Comercio y Mercados, síndico Municipal y director de Prevención y Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de la Villa de Zaachila, Oaxaca, respectivamente, rindieron su informe justificado con el carácter de autoridad responsable en el diverso juicio de amparo 1540/2015, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, informes en donde aparece su nombre y firma. Asimismo, la Sala responsable afirmó que tal circunstancia, por sí misma, no es suficiente para acreditar todos y cada uno de los elementos que integran el cuerpo del delito de abuso de autoridad, toda vez que los actos que en su calidad de funcionarios públicos realizaron el día de los hechos fueron legales y encuentran fundamento (fojas 171 y 171 reverso). De lo expuesto, se lee que la autoridad responsable también dio cumplimiento, pues estudió el tercer agravio formulado por la apelante, aquí quejosa. En relación al cuarto agravio formulado por Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, la autoridad responsable precisó lo siguiente (fojas 175 vuelta y 176): Dicha Sala consideró infundado, porque, señaló, no se pone en duda que los indiciados el día y hora de los hechos se llevaron la caseta con todo lo que ella contenía y que tales objetos se tratan de bienes muebles que puedan trasladarse de un lugar a otro y que los mismos pertenecen a la ofendida Otilia Nava u Otilia Nava Cruz; sin embargo, contrario a lo que alega la recurrente, no basta que los indiciados el día de los hechos hayan tomado tales objetos, sino que el tipo penal de robo calificado con violencia por equiparación si necesita de un ánimo especifico (animus apropiandi), es decir, que el o los sujetos activos tengan una intención especifica de apropiarse de tales objetos con ánimo de dominio. Asimismo, la Sala precisó que atendiendo a que se debe acreditar el cuerpo del delito en comento, se debe entender que el mismo no es más que demostrar la existencia de un hecho, el cual está conformado por elementos corpóreos comprobables a través de los sentidos, que conforma la parte objetiva, normativa y subjetiva especifica del tipo penal establecido en un ordenamiento legal, sobre un estándar de prueba que solamente exige que deben existir indicios suficientes para la acreditación del cuerpo del delito, esto es, la demostración de la existencia de un hecho con todos sus elementos constitutivos como lo define la ley, y en el caso ese ánimo especifico si forma parte del tipo penal en análisis. Por tanto, la Sala concluyó que la conducta realizada por los indiciados y que no puede encuadrarse en el elemento del tipo penal, debido a que, como se ha explicado, los indiciados se llevaron la caseta de la ofendida con el fin de cumplir la disposición administrativa para la recuperación de los espacios públicos acordada por el cabildo del Municipio de Zaachila, Oaxaca, por tanto, no realizaron ese acto por decisión propia, sino en cumplimiento de sus funciones, sin que se apreciara el ánimo de apropiación que exige el tipo penal. De la transcripción se advierte que la responsable también dio cumplimiento, pues contestó el último agravio de la recurrente. Por lo anterior, como no existe defecto o exceso en la ejecución, se considera que la responsable se ciñó a la ejecutoria de referencia; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida la sentencia de amparo. Archivo del expediente. Con apoyo en el párrafo cuarto del invocado precepto 196, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Carece de relevancia de documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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NOTIFICACION POR LISTA AL TERCERO INTERESADO JORGE ERICK MARTINEZ GUZMAN. PRAL.769/2017-4B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil diecisiete. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo que tuvieron las partes para dar contestación a la vista otorgada en acuerdo de diecisiete de noviembre de este año (foja 179), en relación con el cumplimiento dado por la responsable a la sentencia de amparo; en tales condiciones, se procede analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Antecedentes. I. Mediante sentencia engrosada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, en los siguientes términos (foja 111 reverso y 112): "(...) Efectos de la concesión del amparo. En ese contexto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, para que la Sala responsable efectúe lo siguiente: 1) Deje insubsistente la determinación reclamada de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 386-(II)/2016, de su índice; hecho lo cual: 2) Dicte una nueva determinación, con libertad de jurisdicción, en la que aborde el estudio del recurso de apelación interpuesto por la apelante Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, y dé respuesta a cada uno de los agravios expresados por los recurrentes. (.)" II. Por acuerdo de siete de noviembre del año que transcurre (fojas 144 a 147) causó ejecutoria la sentencia de mérito, por lo que se requirió a la responsable su cumplimiento. III. Mediante oficio 679, de dieciséis de noviembre del año que transcurre, la sala responsable comunicó lo relativo al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo y remitió copia certificada de la resolución de dieciséis de noviembre del año que transcurre (fojas 153 a 178). IV. En acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a sus intereses conviniera, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca (foja 179). Argumentos que debía atender la Sala Penal responsable. Es importante mencionar que cuando se otorga plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable a fin de que cumpla con la sentencia de amparo, tal circunstancia no implica que su actuar deba concretarse a dejar insubsistente la resolución declarada inconstitucional, sino que debe atender a las consideraciones específicas indicadas en el cuerpo de la determinación en la cual se otorgó la protección de la Justicia Federal. En relación con lo anterior, es aplicable la tesis 1a. CX/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." Cumplimiento de la sentencia de amparo. En ese sentido, es pertinente señalar que en la sentencia de amparo se señaló que la responsable debía (foja 111 vuelta y 112): 1. Dejar insubsistente la determinación reclamada de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 386-(II)/2016, de su índice; hecho lo cual: 2. Dictara una nueva determinación, con libertad de jurisdicción, en la que aborde el estudio del recurso de apelación interpuesto por la apelante Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, y dé respuesta a cada uno de los agravios expresados por los recurrentes. Se precisa que en la ejecutoria de amparo se resumieron los citados agravios expresados por la quejosa, de la manera siguiente (fojas 109 reverso a 111): [.] "Primer agravio (fojas 70 a 72 toca penal).- Que contrario a lo manifestado por el juez menor al estudiar la responsabilidad penal del Presidente Municipal Constitucional de Zaachila, Oaxaca, en autos sí se advierte que el citado Presidente Municipal Sergio Raciel Vale López fue autor mediato, pues la comisión de delito de abuso de autoridad la realizó a través de los demás integrantes del Municipio de Zaachila, directora de Mercados y Comercio, síndico Municipal, director de Prevención y Seguridad Pública, ya que fue él quien ordenó que quitaran la caseta propiedad de la ofendida; lo cual quedó acreditado en autos con a) las pruebas documentales del procedimiento de notificación que dice le hicieron por parte de los denunciados, que exhibió el propio presidente Municipal ante la autoridad federal y que en copias certificadas la ofendida exhibió ante la representación social y b) de las declaraciones de los testigos, quienes manifestaron ante la representación social que fue el presidente Municipal quien dio la orden. Además que dicha conducta la realizó con dolo por los motivos que expone. Segundo agravio (fojas 72 y 73 toca penal).- Que contrario a lo determinado por el juez menor, de las pruebas documentales que exhibió el presidente Municipal sobre la orden de ejecución material se prueba que no se actualiza ninguna causa de exclusión del delito a favor de Luis García Peralta, en su carácter de Síndico Municipal, pues efectuó la conducta típica sabiendo lo ilícito de su proceder, ya que dicha autoridad supo al comparecer como autoridad responsable ante la autoridad federal, de la existencia de un juicio de amparo, en el cual reclamó la orden de desocupación, desposesión y lanzamiento del lugar que ocupaba la caseta propiedad de la ofendida y que en la fecha que realizaron el lanzamiento aún no se resolvía dicho juicio. Además que dicha conducta la realizó con dolo por los motivos que expone. Tercer agravio (foja 74 toca penal).- Que la valoración que realizó el juez menor en relación a los inculpados directora de Mercados Antonia Méndez Valean y director de Prevención y Seguridad Pública Municipal Luis Domínguez de la Cruz, le genera agravios, ya que el carácter de servidor público no puede acreditarse exclusivamente con la constancia de nombramiento, pues el carácter de servidor público, como elemento del tipo del delito, se puede presumir mediante la integración de la prueba circunstancial, prueba indiciaria, o con otros elementos de prueba permitidos por la ley, y que, en el caso, se acreditó con las 1) declaraciones de sus testigos de cargo, así como con 2) las copias certificadas que exhibió la ofendida, consistentes en los informes previos y justificados que rindieron ante la autoridad federal y que los hicieron con el carácter de directora de Mercados, director de Prevención y Seguridad Pública Municipal del Municipio de Zaachila, Oaxaca; de ahí que el juez debió valorar dichas pruebas que se agregaron en la averiguación previa. Cuarto agravio (fojas 75 a 77 toca penal).- Que contrario a lo manifestado por el juez, en autos si se encuentra acreditado el cuerpo del delito de robo calificado con violencia por equiparación y la probable responsabilidad de los inculpados, ya que sí se actualiza la acción constitutiva del delito de robo, consistente en el apoderamiento de los objetos materiales de mi propiedad y que son los que se encontraban al interior de la caseta de la ofendida, lo que se desprende de la 1) denuncia presentada, 2) los testigos de cargo; que existe un señalamiento directo sobre las personas que realizaron dichos actos el día de los hechos que se investigaron, así como quiénes fueron las personas que se llevaron los objetos materiales propiedad de la ofendida. Asimismo, que le causa perjuicio que el juez haya valorado que sus objetos materiales no fueron robados, ya que se encuentran resguardados por la autoridad municipal, por los motivos que expone." [.] Con base en lo anterior, es necesario confrontar las razones concretas por las cuales se otorgó el amparo y protección a la parte quejosa y los argumentos en que la responsable sustentó su nueva determinación. En ese tenor, de las constancias que remitió la responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2º, se advierte que dicha autoridad: A. En resolución de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de mayo del año que transcurre, dictada en la toca penal 386-(II)/2016, de su índice (fojas 153 a 178). De lo anterior, se concluye que la responsable dio cumplimiento, respecto al inciso 1), pues dejó insubsistente la citada resolución y, en su lugar, dictó una nueva de dieciséis de noviembre del año en curso (fojas 153 a 177). B. Por lo que hace al inciso 2), la autoridad responsable, en la resolución de mérito, abordó el estudio integral del recurso de apelación interpuesto por la apelante Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, aquí quejosa, y dio respuesta a cada uno de los agravios expresados por la recurrente (foja 165 a 177). Por lo que la autoridad responsable al estudiar los agravios primero y segundo, expuestos por la recurrente determinó que (fojas 168 a 170): Los argumentos vertidos por la apelante, aquí quejosa, resultan ser infundados, pues el proceder de los indiciados no fue arbitraria, esto es, tanto al emitir la orden como ejecutarla; que, contrario a lo que estima la recurrente, no se aprecia que el acto realizado por el indiciado Sergio Raciel Vale López, quien era presidente Municipal, consistente en ordenar la desocupación del espacio en donde estaba la caseta de la quejosa Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, orden que fue ejecutada por Antonia Méndez Valean, Luis García Peralta y José Luis Domínguez de la Cruz, en su carácter de directora de Mercados y Comercio, síndico Municipal y director de la Policía Municipal, de Zaachila, Oaxaca, respectivamente, careciera de fundamento legal alguno; de ahí que los actos que se realizaron sí estaban dentro de sus facultades, de manera que atendiendo al contexto en que se dieron los hechos, los mismos no constituyen un acto arbitrario, más bien evidencia un procedimiento irregular o deficiente, tal como lo hizo notar la resolución de amparo que exhibió la aquí quejosa, dictada el dieciséis de febrero del dos mil dieciséis, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca (fojas 169 y 170); y que contrario al conflicto que alude y del que se duele no cabe resolverse en la vía penal sino en diversa, pues no se pudo establecer que se ejecutó el acto arbitrario o atentario a los derechos garantizados en la constitución. De lo anterior, se concluye que la responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que contestó el primer y segundo agravio expresado por la apelante, aquí quejosa, Otilia Nava u Otilia Nava Cruz. En cuanto al tercer agravio expresado por la recurrente, la Sala responsable determinó lo siguiente (foja 171): Que resulta fundado, el agravio respectivo, dado que existen datos suficientes para establecer que los indiciados Antonia Méndez Valean, Luis García Peralta y José Luis Domínguez de la Cruz, tenían el carácter de servidores públicos al momento de los hechos, pues aun cuando no fueron remitidos sus respectivos nombramientos, cierto es también que no es el único medio para acreditar tal calidad, ya que existen otros elementos que permiten establecer que al momento de los hechos tales personas tenían un cargo en el Municipio de Zaachila, Oaxaca, como lo son las copias certificadas de los diversos oficios DCM/0445/2015, SM/0443/2015 y DPSPM/0205/2015, de veinte de octubre de dos mil quince, en el que los indiciados en calidad de directora de Comercio y Mercados, síndico Municipal y director de Prevención y Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de la Villa de Zaachila, Oaxaca, respectivamente, rindieron su informe justificado con el carácter de autoridad responsable en el diverso juicio de amparo 1540/2015, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, informes en donde aparece su nombre y firma. Asimismo, la Sala responsable afirmó que tal circunstancia, por sí misma, no es suficiente para acreditar todos y cada uno de los elementos que integran el cuerpo del delito de abuso de autoridad, toda vez que los actos que en su calidad de funcionarios públicos realizaron el día de los hechos fueron legales y encuentran fundamento (fojas 171 y 171 reverso). De lo expuesto, se lee que la autoridad responsable también dio cumplimiento, pues estudió el tercer agravio formulado por la apelante, aquí quejosa. En relación al cuarto agravio formulado por Otilia Nava u Otilia Nava Cruz, la autoridad responsable precisó lo siguiente (fojas 175 vuelta y 176): Dicha Sala consideró infundado, porque, señaló, no se pone en duda que los indiciados el día y hora de los hechos se llevaron la caseta con todo lo que ella contenía y que tales objetos se tratan de bienes muebles que puedan trasladarse de un lugar a otro y que los mismos pertenecen a la ofendida Otilia Nava u Otilia Nava Cruz; sin embargo, contrario a lo que alega la recurrente, no basta que los indiciados el día de los hechos hayan tomado tales objetos, sino que el tipo penal de robo calificado con violencia por equiparación si necesita de un ánimo especifico (animus apropiandi), es decir, que el o los sujetos activos tengan una intención especifica de apropiarse de tales objetos con ánimo de dominio. Asimismo, la Sala precisó que atendiendo a que se debe acreditar el cuerpo del delito en comento, se debe entender que el mismo no es más que demostrar la existencia de un hecho, el cual está conformado por elementos corpóreos comprobables a través de los sentidos, que conforma la parte objetiva, normativa y subjetiva especifica del tipo penal establecido en un ordenamiento legal, sobre un estándar de prueba que solamente exige que deben existir indicios suficientes para la acreditación del cuerpo del delito, esto es, la demostración de la existencia de un hecho con todos sus elementos constitutivos como lo define la ley, y en el caso ese ánimo especifico si forma parte del tipo penal en análisis. Por tanto, la Sala concluyó que la conducta realizada por los indiciados y que no puede encuadrarse en el elemento del tipo penal, debido a que, como se ha explicado, los indiciados se llevaron la caseta de la ofendida con el fin de cumplir la disposición administrativa para la recuperación de los espacios públicos acordada por el cabildo del Municipio de Zaachila, Oaxaca, por tanto, no realizaron ese acto por decisión propia, sino en cumplimiento de sus funciones, sin que se apreciara el ánimo de apropiación que exige el tipo penal. De la transcripción se advierte que la responsable también dio cumplimiento, pues contestó el último agravio de la recurrente. Por lo anterior, como no existe defecto o exceso en la ejecución, se considera que la responsable se ciñó a la ejecutoria de referencia; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida la sentencia de amparo. Archivo del expediente. Con apoyo en el párrafo cuarto del invocado precepto 196, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Carece de relevancia de documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.769/2017-4B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Se da vista a las partes. Agréguese, el oficio 679, firmado por el secretario de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de siete de noviembre del año que transcurre (fojas 144 a 147) remite al efecto copia certificada de la resolución de dieciséis del mes actual, dictada en el toca penal 386-(II)/2016, de su índice (fojas 153 a 178). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio de cuenta y anexo, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a sus derechos convenga; apercibidas que de hacer caso omiso, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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