Oswaldo Pérez Matus
Expediente 378/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Oswaldo Pérez Matus
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
PRAL 378/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el diez de junio del año en curso, firmada y autorizada el quince de junio siguiente, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de la I) autoridad responsable y II) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; ello, dado el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues ningún agravio les genera, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3.1. Instrucción Secretaría y Actuaría. Por otra parte, se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de esta sentencia sea consultable por internet. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. 9. Devolución de tomo anexo. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en la secretaría de este Juzgado se encuentra resguardado un tomo anexo formado con las copias certificadas de diversas constancias deducidas del expediente 26/2021, que la autoridad responsable juez Primero Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, acompañó a su informe justificado; en consecuencia, mediante oficio que al efecto se gire, se ordena devolver a esa autoridad dichas documentales; ello, al carecer de objeto su permanencia en este Juzgado dado el sentido de este acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Sentencia. Vistos para resolver el juicio de amparo 378/2022; y, R E S U L T A N D O S: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data, Oswaldo Pérez Matus, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca; mismos que se precisarán en el considerando respectivo. Bajo protesta de decir verdad la parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro y admisión de la demanda de amparo. Por auto de cuatro de abril de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 378/2022 y se requirió a la parte quejosa en sus términos. Posteriormente, previo cumplimiento de la prevención realizada, en acuerdo de veinte de abril del año en curso, se admitió a trámite, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes para la audiencia constitucional; misma que, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2, y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza civil y la autoridad responsable tiene su residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por los cuales se realizará el análisis relativo, son los siguientes: La falta de contestación a la petición realizada por escrito de fecha seis de junio de dos mil veintiuno, con fecha de pre registro de promoción seis de julio de dos mil veintiuno y con acuse de promoción registrada correctamente el día siete de julio de dos mil veintiuno. La determinación de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente número 26/2021, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro Oaxaca. Actos que atribuye al juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro Oaxaca. Es aplicable al respecto la jurisprudencia P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, tomo XIX, abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 181810, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Tercero. Existencia de un acto reclamado. La autoridad responsable, juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, al rendir el informe justificado: Negó la existencia del acto reclamado, consistente en la falta de contestación a la petición realizada por escrito de fecha seis de junio de dos mil veintiuno, con fecha de pre registro de promoción seis de julio de dos mil veintiuno y con acuse de promoción registrada correctamente el día siete de julio de dos mil veintiuno, toda vez que refirió que dicho ocurso fue acordado en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, mismo del que el aquí quejoso quedó notificado el trece de diciembre de dos mil veintiuno. Sin que la parte quejosa aportara medio de convicción para desvirtuar dicha negativa; aunado a que dicha inexistencia también se corrobora de las constancias allegadas a este asunto por el quejoso y autoridad responsable, en las que se advierte que en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno el juez del expediente de origen acordó lo siguiente: (Imagen escaneada de la documental exhibida por la parte quejosa y autoridad responsable) En esas condiciones, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza de diverso acto reclamado. En otro orden de ideas, en la parte relativa de su informe justificado, la responsable, juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro: Convino parcialmente en la existencia de la determinación de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente número 26/2021, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Sin embargo, dicha parcialidad se desvirtúa, con las constancias que la autoridad responsable remitió como justificación a su informe; documentales que, por tratarse de actuaciones judiciales, tienen el carácter de públicas y, por ende, adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, de las que se advierte la existencia de la determinación de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la responsable en el referido expediente familiar; en consecuencia, se tiene por cierto el acto que se le reclama. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 70/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI (Septiembre de 2001), visible en la página 136, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL)." Quinto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación y de la constitucionalidad o no del acto reclamado en el considerando que antecede, cuya existencia quedó establecida, procede analizar si, en el caso, se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de amparo que, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se tendría que analizar de oficio; conforme lo previene el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; numeral y fracción que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Del texto de la anterior transcripción se obtiene que deberá observarse el principio de definitividad, esto es, que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto de autoridad proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que la ley que lo establezca o lo rija no exija mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria para la suspensión definitiva. El juicio de amparo es improcedente en términos de la aludida fracción del precepto de la Ley de Amparo cuando se dan los siguientes supuestos: 1. Que el acto reclamado provenga de autoridad distinta de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo; y, 2. Que deba ser revisado de oficio conforme a las leyes que lo rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer la parte agraviada, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, para la concesión de la suspensión solicitada. De acuerdo con la citada norma, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que, previo a instar la acción constitucional de amparo, se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 525, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo tenor literal es: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al quejoso se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, del Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD". Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, la parte quejosa debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En el caso, la causa de improcedencia se actualiza porque el acto reclamado lo constituye la determinación de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente número 26/2021, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro Oaxaca, en la que se fijó al demandado, aquí quejoso, Oswaldo Pérez Matus, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de su cónyuge Maribel Carrera Ramírez y su hijo de iniciales O.P.C., el equivalente a un día y medio de salario mínimo diario, por cada día que compone el mes, correspondiendo al menor de edad un salario y a la cónyuge mujer medio salario; pensión que deberá aumentar de acuerdo al aumento del valor del salario mínimo vigente en la región, por lo que mensualmente y de acuerdo al valor del salario en el año dos mil veintiuno arrojó la cantidad de seis mil trescientos setenta y seis pesos con cincuenta centavos, moneda nacional. Determinación dictada dentro de un juicio de controversias del orden familiar, contra la que procede el recurso de apelación. Al respecto, los artículos 670, 673, 971, 972, 973 y 974 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca establecen lo siguiente: "Artículo 670.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior." "Artículo 673.- La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte." "Artículo 971.- La sentencia se pronunciará de manera breve y concisa, en el mismo momento de la audiencia de ser así posible o dentro de los ocho días siguientes. Artículo 972.- La apelación deberá interponerse en la forma y términos previstos por éste Código. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por disposiciones generales de éste Código, igualmente se regirán por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos: pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia sala solicitará la intervención de un defensor de oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore. Artículo 973. En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza. Artículo 974.- Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo." Las porciones normativas aludidas que regulan de manera genérica el recurso de apelación, en lo que al caso interesan, establecen que los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva; asimismo, se aprecia que contra las resoluciones dictadas en los juicios de controversia del orden familiar procede recurso de apelación que se admitirá en efecto devolutivo; que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas se ejecutaran sin fianza; que tratándose de alimentos no precederá suspenderse la pensión provisional o definitiva con fianza; y que son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en el código adjetivo procesal y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo. En consecuencia, en este asunto se tiene que el acto reclamado emana de un juicio de controversia del orden familiar, contra el cual, como ya se estableció en párrafos precedentes, procede el recurso de apelación, en razón que se fijó al ahora quejoso, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de su cónyuge Maribel Carrera Ramírez y su hijo de iniciales O.P.C., el equivalente a un día y medio de salario mínimo diario, por cada día que compone el mes, correspondiendo al menor de edad un salario y a la cónyuge mujer medio salario, pensión que deberá aumentar de acuerdo al aumento del valor del salario mínimo vigente en la región, por lo que mensualmente y de acuerdo al valor del salario en el año dos mil veintiuno arrojó la cantidad de seis mil trescientos setenta y seis pesos con cincuenta centavos moneda nacional; entonces, con base en el principio de definitividad, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario agotar previamente el citado recurso; por tanto, al no realizarlo, el juicio de amparo resulta improcedente. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, del Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2018737, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011). De los artículos 79, 94, 684, 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la Ciudad de México), deriva que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que no puedan ser revocadas o regularizadas; lo que implica que las identificadas como autos e interlocutorias serán apelables siempre que lo sea la definitiva. Por lo tanto, contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación; pues el código procesal local dispone que contra las sentencias definitivas de esa naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza. Luego, se deduce que al ser procedente la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es contra los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento, porque el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, sino que también abarca a los autos que se dicten en la contienda." Cabe precisar que el criterio aquí adoptado, en el sentido de que, contra el acuerdo que fija la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación correspondiente, fue sustentado en la ejecutoria dictada el once de abril de dos mil diecinueve, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al resolver el amparo en revisión 209/2018 de su índice; lo que se invoca como un hecho notorio en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2017123, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, respecto del referido acto reclamado. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 1°, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Oswaldo Pérez Matus, por propio derecho, contra los actos reclamados consistentes en: La falta de contestación a la petición realizada por escrito de fecha seis de junio de dos mil veintiuno, con fecha de pre registro de promoción seis de julio de dos mil veintiuno y con acuse de promoción registrada correctamente el día siete de julio de dos mil veintiuno. La determinación de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente número 26/2021. Que atribuyó al juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca; por los motivos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, quince de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.
- Incidental
PRAL 378/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintidós. 1. Oficio únicamente obre. Agréguese, únicamente para que obre como corresponda, el oficio 964/2022, firmado por el juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, mediante el que rinde informe previo; toda vez que el tres del mes actual se proveyó lo relativo a un diverso comunicado con el mismo número y contenido. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral.378/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintidós. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio 1039/2022, firmado por el juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, mediante el cual rinde informe justificado; con el mismo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 2. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la autoridad responsable, la consistente en copias certificadas de diversas constancias deducidas del expediente 26/2021, de su índice; mismas que se desahogan por su propia naturaleza y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. 2.1. Se forma un tomo de pruebas. Debido a la voluminosidad de las constancias que remite la referida autoridad, con las mismas se ordena formar el tomo anexo I, que queda a disposición de las partes, respetando el folio y entresello correspondiente. 2.2. Disposición del tomo anexo. Se precisa a las partes que, conforme al artículo 3° del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrán agendar cita en el Portal de Servicios en Línea "Agenda OJ"", a fin de consultar el expediente y el tomo ya referido en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, sede San Bartolo Coyotepec, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo referido. 2.3. Precisión. En el entendido que, dado el volumen de dicha documental y atendiendo la modalidad de trabajo remoto implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (lo que dificulta la consulta de todas las constancias que integran el expediente físico), en el caso de advertir que se encuentran incompletas o ilegibles se acordará lo procedente. Notifíquese.
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