Oswaldo Pérez Matus

Expediente 195/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
195/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
10/12/2021

Partes del expediente

  • Oswaldo Pérez Matus
  • Juez Primero Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    PRAL 195/2021 MESA 2° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Devolución de un tomo de pruebas. Vistos el estado de autos, de los que se advierte que mediante promoción registrada con el folio 3270, el juez Primero Familiar del distrito judicial del centro, residente en la ciudad de Oaxaca, remitió copia certificada de constancias deducidas del expediente familiar 26/2021, de su índice, misma que obra en un tomo por separado; en consecuencia y dado que en proveído de treinta y uno de mayo de mayo del año en curso causó ejecutoria la sentencia amparo dictada en este juicio de amparo y se ordenó el archivo de este expediente; por tanto, mediante oficio que al efecto se envíe, devuélvase a dicha autoridad esa documental, ya que no tiene objeto su permanencia en este Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 195/2021-2A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. 1° Ejecutoria de sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, firmada y autorizada el treinta de abril siguiente, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Oswaldo Pérez Matus, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2° Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3° Archivo reciente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4° Destino y archivo reciente. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es depurable. 5° Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6° Devolución de un tomo a la autoridad responsable. Toda vez que la autoridad responsable juez Primero de lo Familiar, residente en la ciudad de Oaxaca, remitió copia certificada de constancias deducidas del expediente familiar 26/2021, de su índice, misma que obra en un tomo por separado. Por tanto, se ordena la devolución de esa documental a la citada autoridad, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional. 7° Devolución de documental a la parte quejosa. Toda vez que la parte quejosa ofreció como prueba, la documental consistente copia certificada del: - Acta de nacimiento a nombre de O. P.C. - Acta de matrimonio celebrado entre Oswaldo Pérez Matus y Maribel Carrera Ramírez. - Cédula de notificación del Juzgado Primero Familiar del distrito judicial del centro y sus anexos, relativo al expediente 26/2021. Con fundamento en el artículo 18, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esa constancia; para ello se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, sino se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, serán destruidas esas documentales. Para ese efecto, deberá obtener su cita con código QR para tener acceso al edificio en el que se encuentra este Juzgado de Distrito, mismo que podrá obtener en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 8° Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Concepción Aragón Santiago, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. 1° Ejecutoria de sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, firmada y autorizada el treinta de abril siguiente, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Oswaldo Pérez Matus, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2° Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3° Archivo reciente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4° Destino y archivo reciente. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es depurable. 5° Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6° Devolución de un tomo a la autoridad responsable. Toda vez que la autoridad responsable juez Primero de lo Familiar, residente en la ciudad de Oaxaca, remitió copia certificada de constancias deducidas del expediente familiar 26/2021, de su índice, misma que obra en un tomo por separado. Por tanto, se ordena la devolución de esa documental a la citada autoridad, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional. 7° Devolución de documental a la parte quejosa. Toda vez que la parte quejosa ofreció como prueba, la documental consistente copia certificada del: - Acta de nacimiento a nombre de O. P.C. - Acta de matrimonio celebrado entre Oswaldo Pérez Matus y Maribel Carrera Ramírez. - Cédula de notificación del Juzgado Primero Familiar del distrito judicial del centro y sus anexos, relativo al expediente 26/2021. Con fundamento en el artículo 18, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esa constancia; para ello se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, sino se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, serán destruidas esas documentales. Para ese efecto, deberá obtener su cita con código QR para tener acceso al edificio en el que se encuentra este Juzgado de Distrito, mismo que podrá obtener en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 8° Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Concepción Aragón Santiago, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 195/2021-2A Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con veintidós minutos del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 195/2021, como se ordenó en acuerdo de cinco de abril del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta esta fase, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentra la demanda de amparo promovida por Oswaldo Pérez Matus e informe justificado de la autoridad responsable y hace constar que no existe documento con el que deba darse cuenta. Asimismo, hace constar que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en el momento oportuno, provéase lo conducente. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que: El quejoso ofreció como prueba la documental consistente en: Copia certificada del: - Acta de nacimiento a nombre de O. P.C. - Acta de matrimonio celebrado entre Oswaldo Pérez Matus y Maribel Carrera Ramírez. - Cédula de notificación del Juzgado Primero Familiar del distrito judicial del centro y sus anexos, relativo al expediente 26/2021. Por su parte, la autoridad responsable, juez Primero de lo Familiar, residente en la ciudad de Oaxaca, remitió copia certificada de constancias deducidas del expediente familiar 26/2021, de su índice, misma que obra en un tomo por separado. A lo que se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba documental de que se trata, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio; no existiendo pruebas por desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no presentó pedimento; se cierra esta etapa y se da por terminada la audiencia constitucional. Enseguida, se procede a dictar la sentencia respectiva. PONCIANO VELASCO VELASCO. TITULAR DEL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA JULISSA NOHEMÍ PÉREZ SALINAS SECRETARIA DE JUZGADO. Visto, para resolver el juicio de amparo número 195/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintiuno en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada el tres de marzo siguiente a este órgano jurisdiccional, Oswaldo Pérez Matus, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la determinación y requerimiento de exhibición ante la Dirección del Fondo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, de un depósito correspondiente a la cantidad de medio salario diario por cada día que compone el mes, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de Maribel Carrera Ramírez, que, dice, asciende a un monto mensual de $2,125.50 (dos mil ciento veinticinco pesos, 50/100, moneda nacional); acto que atribuye al juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del centro, residente en la ciudad de Oaxaca. Narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y admisión. Por auto de cuatro de marzo del año en curso, con la demanda de amparo se ordenó formar expediente impreso y electrónico, registrarla en el libro de gobierno con el número 195/2021, se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Emplazamiento. Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno se ordenó emplazar a esta instancia constitucional a Maribel Carrera Ramírez, quien, por escrito presentado el nueve de abril del año en curso, se apersonó a este juicio de amparo; previo el trámite relativo, se llevó a cabo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N DO: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil y se reclama el acto de una autoridad residente en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la lectura íntegra de la demanda, es: El acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 26/2021, únicamente en la parte en la que se le fijó por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de su cónyuge Maribel Carrera Martínez, el equivalente a medio salario mínimo diario por cada día que compone el mes, y en el que se le requiere comparezca ante la Dirección del Fondo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca a realizar el depósito de forma mensual. Que atribuye al juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del centro, con sede en la ciudad de Oaxaca. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del centro, residente en la ciudad de Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto que se le atribuye. Al respecto, manifestó que en el Juzgado a su cargo se encuentra radicado el juicio de alimentos, guarda y custodia 26/2021, promovido por Maribel Carrera Martínez, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales O.P.C., en la vía de controversias del orden familiar, contra Oswaldo Pérez Matus, y que, en atención a la pensión alimenticia provisional solicitada por la parte actora, se fijó al demandado, aquí quejoso, el equivalente a un día y medio de salario mínimo diario, por cada día que compone el mes, correspondiendo al menor de edad un salario y a la cónyuge mujer medio salario, mismo que, dice, deberá incrementarse de acuerdo al aumento del valor del salario mínimo vigente en la región. Como justificación a su informe, remitió copia certificada de constancias deducidas del referido expediente familiar, mismo que obra en un tomo por separado. Cuarto. Causal de improcedencia. Previamente, procede analizar si existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Como las partes no hicieron valer causales de improcedencia y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, resulta procedente pronunciarse en relación con los motivos de disenso esgrimidos en el capítulo de conceptos de violación. Quinto. Análisis de los conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, al no existir disposición de la Ley de Amparo que obligue hacerlo, ni se le deja en estado de indefensión; atento la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que al quejoso le reviste el carácter de deudor alimentario en el juicio de origen, por lo que no se estima actualizada la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo; tampoco se advierte la actualización de los supuestos previstos en las diversas fracciones I, VI y VII de ese precepto legal, pues el acto reclamado no está fundado en normas declaradas inconstitucionales, ni hubo contra esa parte procesal una violación evidente de la ley que lo hubiese dejado sin defensa, ni por sus condiciones de pobreza o marginación, se encuentra en clara desventaja social para su defensa en el juicio. El quejoso, en sus conceptos de violación, aduce, esencialmente, que la autoridad responsable vulnera sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que, al haberle fijado una pensión alimenticia provisional de medio salario mínimo diario, por cada día que compone el mes, a favor de su cónyuge Maribel Carrera Martínez, no efectuó el estudio del fondo del asunto, ya que, dice, lo hizo sin previa audiencia familiar y sin considerar que la acreedora alimentaria no acreditó su necesidad económica, ni su incapacidad para trabajar, basándose únicamente en presunciones, mismas que, refiere, quedaron desvirtuadas por las manifestaciones que realizó esta última en su demanda y en las documentales que anexó a la misma. 5.1. Antecedentes de los actos reclamados. Previo al estudio de los conceptos de violación, por cuestión de método, se hace una breve síntesis de los antecedentes del expediente 26/2021, de donde deriva el acto reclamado, los que se obtienen de las constancias que remitió la autoridad responsable, juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del centro, residente en la ciudad de Oaxaca, como justificación a su informe, con valor probatorio pleno en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales, acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte, en lo sustancial, que: a) En el Juzgado Primero de lo Familiar del Centro, con sede en la ciudad de Oaxaca, se encuentra radicado el expediente 26/2021 que, en vía de controversia de orden familiar, promovió Maribel Carrera Ramírez, por propio derecho y en representación de su menor hijo O. P.C., en el que le reclamó, entre diversas cuestiones, el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva (fojas 2 a 20 del tomo anexo). b) En proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno (fojas 1 reverso y 51 a 1 del tomo anexo) la citada autoridad judicial determinó lo siguiente: - Ordenó formar el expediente 26/2021. - Admitió a trámite dicha demanda. - Ordenó el emplazamiento del demandado. - Reservó señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. - Acordó lo relativo a las pruebas ofrecidas por la parte actora; y, - Fijó al demandado, aquí quejoso Oswaldo Pérez Matus, el equivalente a un día y medio de salario mínimo diario, por cada día que compone el mes, correspondiendo al menor de edad un salario y a la cónyuge mujer medio salario; mismo que, dice, deberá incrementarse de acuerdo al aumento del valor del salario mínimo vigente en la región. Asimismo, lo requirió para que comparezca ante la Dirección del Fondo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca a realizar el depósito de forma mensual. Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. 5.2. Conceptos de violación infundados. Los motivos de disenso vertidos por el quejoso son infundados, para la pretensión aducida, por las consideraciones siguientes. La obligación alimenticia es una institución conforme a la que una persona denominada acreedor tiene la facultad jurídica de exigir a otra denominada deudor alimentario, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco consanguíneo y de la adopción, entre otros. Se trata de una institución de orden público e interés social, cuyo fundamento reside en el principio de solidaridad que une a la familia, y en un deber de conciencia. La esencia de la obligación alimentaria radica en el deber que tienen algunas personas (deudores alimentarios) de proporcionar a otras (acreedores alimentistas) lo necesario para su supervivencia; obligación dentro de la que quedan comprendidos, de manera genérica, la comida, vestido, habitación, asistencia en caso de enfermedad y, tratándose de menores, los gastos necesarios para su educación, así como para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. La pensión alimenticia se da en dos etapas procedimentales distintas: una provisional y otra definitiva; la primera, se determina sin audiencia del deudor y únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda y, la segunda, se da al dictarse la sentencia, en atención a los elementos de prueba que aporten las partes, ya que es hasta entonces cuando el juzgador estará en mejores condiciones de normar su criterio. En ese tenor, se tiene que en el caso en estudio deberá darse un valor preponderante a los derechos de recibir alimentos, pues la obligación de otorgarlos es de orden público y e interés social. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 788 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. Tesis: 1a. CXXXVI/2014 (10a.). Materia(s): Civil. Décima Época, del rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. La procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia." Precisado lo anterior, se estima necesario aludir al contenido de los artículos 962, 963 y 965, del Código de Procedimientos Civiles, así como el numeral 320 del Código Civil, ambos códigos del Estado de Oaxaca, que establecen: "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención (.). Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad. Artículo 963.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, personas adultas mayores, personas con discapacidad, alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Para estos casos el Juez deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, el plazo máximo para dictarlos será de cinco días. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento. (.) Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. El juez que conozca de un juicio en materia de alimentos para un niño, niña o adolescente, dictará la pensión alimenticia provisional, dentro del plazo de cinco días hábiles, una vez que haga la petición la parte promovente." "Artículo 320.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, los gastos de embarazo y parto. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación del alimentario y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. (.)". De la transcripción anterior, se advierte que todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad, entre los que se encuentran los alimentos; por tanto, el juez Familiar está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, por lo que oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizarlos. También, en lo que aquí atañe, se desprende que la pensión alimenticia provisional, como se adelantó, se determina sin audiencia del deudor, pues ello será únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; esto es, con las pruebas que aporte la acreedora. Además, acorde con los diversos artículos 966 y 967 del referido Código de Procedimientos Civiles del Estado, se advierte que será en la audiencia correspondiente que las partes aportarán las pruebas que así procedan y que hayan ofrecido; asimismo, que será en el fallo definitivo que se emita cuando se expresen los medios y pruebas en los que se funde para dictarlo. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el procedimiento para fijar de manera provisional los alimentos no es contrario a la Constitución Federal, pues el otorgamiento de esa medida precautoria se justifica, sustancialmente, en la necesidad ineludible e inaplazable del acreedor alimentista de obtener los recursos económicos indispensables para su subsistencia; determinación que, al no ser definitiva, puede ser combatida por el obligado alimentista durante el juicio correspondiente, en donde podrá ofrecer las pruebas que estime conducentes para desvirtuar la acción intentada en su contra. Ese razonamiento está plasmado en la tesis de la citada Sala, visible en la página 34 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen IV, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Sexta Época, del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLOS NO ES ANTICONSTITUCIONAL (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y DE JALISCO). El procedimiento sobre alimentos provisionales establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas -en el fondo igual al de Jalisco-, no es contrario a la Constitución. Los artículos 694 y siguientes del código de Jalisco establecen la forma de dictar con urgencia medidas para fijar una pensión alimenticia provisional, simplemente precautoria y fuera de juicio, sin que la resolución que la establezca sea definitiva ni de ejecución irreparable; si el deudor alimentista estima que se le afecta su patrimonio sin motivo legal, puede combatir esta afectación en el juicio contencioso respectivo; por otra parte, como la resolución que decreta la pensión de alimentos provisionales no puede dictarse sino cuando quien la exige, haya acreditado previamente el título en cuya virtud la pide, aportando, si es por razón de parentesco, las actas del Registro Civil que demuestren el matrimonio, el nacimiento, etc., o bien la sentencia ejecutiva, el testamento o el contrato en que conste la obligación de dar alimentos, es claro que se está frente a normas jurídicas análogas a las que regulan las providencias preparatorias, las precautorias y aun las ejecutivas, en que para decretarlas no se oye previamente al deudor y que, no obstante esta circunstancia, no son inconstitucionales porque se le oye en el juicio; y por último, la petición de alimentos provisionales se basa sustancialmente en la necesidad ineludible e inaplazable de obtener los alimentos. En consecuencia, no son anticonstitucionales las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco contenidas en el capítulo quinto del título undécimo relativo a los juicios sobre alimentos y al procedimiento sobre alimentos provisionales." En el caso, el Juzgado responsable estableció, de manera provisional, que el demandado, aquí quejoso, debe pagar alimentos a favor de sus acreedores alimentarios (cónyuge e hijo), correspondiente a un día y medio de salario mínimo diario, por cada día que compone el mes, correspondiendo al menor de edad un salario y a la cónyuge mujer medio salario, mismo que, dice, deberá incrementarse de acuerdo al aumento del valor del salario mínimo vigente en la región; partiendo de que los alimentos son de orden público y urgente necesidad (foja 55 reverso del tomo anexo). Y, para determinar dichos alimentos, tomó en consideración, además, que se acreditó el vínculo jurídico con las actas del Registro Civil de matrimonio y nacimiento (foja 55 reverso del tomo anexo), así como por existir la presunción a su favor de necesitar dichos alimentos; también hizo referencia a la presunción de la capacidad económica de la hoy parte quejosa para proporcionarlos (foja 55 reverso del tomo anexo). Por tanto, de conformidad con el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, el cual cita la autoridad responsable en la determinación aquí reclamada, y en atención a la urgencia, para determinar los alimentos que debe proporcionar de manera provisional el deudor alimentario, se insiste, únicamente se tendrá en cuenta la información proporcionada hasta el momento de la presentación de la demanda, esto es, con las pruebas que aporte el acreedor alimentario, sin audiencia del deudor. Por ello, al no existir dato alguno que permitiera al Juzgado aquí señalado como responsable conocer las erogaciones del deudor alimentario, pues con la demanda de alimentos los acreedores sólo exhibieron el acta de nacimiento de O. P.C, acta de matrimonio celebrado entre el aquí quejoso y Maribel Carrera Ramírez, contrato de arrendamiento, recibos de luz, recibos relativos al pago de la colegiatura en una institución educativa y de diversos servicios adquiridos, así como un contrato de nómina con seguro de vida y desempleo celebrado con Bancomer, se considera ajustada a derecho la determinación aquí reclamada, pues obliga a la parte quejosa a pagar una pensión alimenticia de manera provisional a favor de sus acreedores. Además, dicha resolución está fundada y motivada, pues la autoridad responsable citó los artículos en los cuales se basó para emitirla y expuso los motivos que tuvo para ello, los cuales, incluso, se advierten acordes a dicha estadía procesal. Aunado a lo anterior, el porcentaje ahí establecido se considera acorde para sufragar los gastos elementales de la acreedora alimentaria, que comprenden los alimentos, comida, vestido, habitación y atención médica. En ese sentido, debe establecerse que el juzgador de origen ha dictado la medida precautoria conforme a lo establecido en el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, consistente en fijar una pensión alimenticia provisional, advirtiéndose que tal proveído tiene como motivación los hechos que se esgrimen en la demanda relativa a la acción de alimentos. Máxime que en esa etapa del procedimiento tiene el juzgador poca información respecto de las situaciones fácticas que gravitan en torno a la medida que está obligado a decidir, ya que sólo tiene la demanda y anexos, de modo que conceder un procedimiento para conocer detalladamente el contexto fáctico en el que se da la controversia de origen y los elementos a considerar para decidir las medidas precautorias solicitadas, implicaría demorar en el dictado de decisiones que son vitales. Esto es, el juzgador de origen, al tomar conocimiento de la demanda, de las peticiones que se contienen en ella y de los hechos de la misma, está obligado a decidir respecto de la medida precautoria de alimentos aludida, teniendo por verdad los hechos de la demanda, porque son éstos los que sirven de motivación para el decreto de tal providencia y no resulta dable exigirse mayor motivación al juzgador hasta ese instante, porque no tiene más elementos que la propia demanda y anexos, no resulta, por tanto, razonable que en inicio decida la apertura de un procedimiento especial para el dictado de esas medidas, o reservarse a señalar el monto de la pensión provisional, hasta en tanto cuente con elementos suficientes para decretarla, porque hacerlo de esa manera implicaría el retardo en el dictado de las providencias y la posible consumación de actos y hechos que vulnerarían los derechos fundamentales, en el caso, de los acreedores. Así, adverso a las afirmaciones del quejoso, se estima que el acto reclamado se ajustado a derecho, sin que obste que al decretar la medida provisional de alimentos no lo haya llamado previamente, pues, como se dijo, las providencias de esta naturaleza (alimentos provisionales) son susceptibles de decretarse sin necesidad de que anticipadamente se haga del conocimiento al afectado o deudor alimentario, pues basta con la petición de la parte interesada (acreedor alimentario), y de conformidad con los argumentos y elementos de prueba que tenga a su alcance al momento de dictarla, conforme a su prudente arbitrio; ello, derivado de la naturaleza imperativa que tienen los alimentos para ministrarse en forma inmediata; además de que al decretarse así, se siguen las formalidades del procedimiento especial de alimentos, y no resulta violatorio del derecho fundamental de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional. Lo anterior, toda vez que, como se precisó en párrafos precedentes, los alimentos provisionales se fijan en atención a la urgencia de garantizar la subsistencia de quien los solicita durante la tramitación del juicio, dotándolo de los satisfactores impostergables que requiere a diario para cubrir sus necesidades alimentarias, esto es, lo sumarísimo de la medida cautelar justifica la imposibilidad de hacerse llegar de material probatorio. En consecuencia, devienen ineficaces las manifestaciones del quejoso en el sentido de a) que la autoridad responsable no tomó en cuenta las necesidades de la acreedora ni las posibilidades reales del obligado, b) que dicha acreedora no justificó la necesidad de requerir alimentos y c) que su cónyuge percibe ingresos; pues, ello, en su caso, constituyen cuestiones de fondo que se tendrá la oportunidad de demostrar durante el desarrollo del juicio, pues en éste es que el deudor alimentista puede controvertir todo lo relativo a la proporcionalidad y equidad de los alimentos y demás particularidades del caso. En ese tenor, para la estadía procesal del juicio natural, se insiste, la pensión alimenticia provisional se determina sin audiencia del deudor, pues ello es únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; aunado a que al no constituir cosa juzgada lo resuelto respecto a los alimentos, el deudor alimentista -aquí parte quejosa- puede plantear la reducción del monto y demostrarlo durante la tramitación del juicio, pues no se trata de un acto privativo, sino sólo de molestia; de manera que no se viola su derecho fundamental de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Así como la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, marzo de 1998, página 18, registro 196727, del texto siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia". Por las anteriores consideraciones, se reitera, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa; en la inteligencia de que, como se precisó, el estudio de dichos conceptos de violación se realizó bajo el principio de estricto derecho, toda vez que no se advierte la actualización de alguna de las hipótesis que contempla el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que opere en su favor la suplencia de la queja deficiente. Por último, se tiene que la parte quejosa cita en su escrito de demanda los criterios de rubros: "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. QUIEN LOS DEMANDA DEBE PROBAR LA NECESIDAD DE RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)", "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. POR EL SÓLO HECHO DE DEMOSTRAR TAL CARÁCTER, NO EXISTE LA PRESUNCIÓN LEGAL DE NECESITARLOS, SINO QUE ES NECESARIO ACREDITARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO" y "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Sin embargo, de las ejecutorias de las cuales derivan dichos criterios se advierte emanan de amparos directos, es decir, ahí se atendieron propiamente casos fácticos de pensiones alimenticias de carácter definitivo; por tanto, dichos criterios no se consideran de exacta aplicación a este asunto, pues aquí se está en presencia de la fijación de una pensión alimenticia de carácter provisional, la cual se determina en atención a la urgencia de garantizar la subsistencia de quien los solicita, sin mayores datos que la información y probanzas proporcionadas hasta el momento de la presentación de la demanda correlativa. Ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia Federal que solicita. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado de Distrito a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 1°, 73, 74 y 75 y demás relativos de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso Oswaldo Pérez Matus, contra el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en: El acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 26/2021, únicamente en la parte en la que se le fijó por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de su cónyuge Maribel Carrera Ramírez, el equivalente a medio salario mínimo diario por cada día que compone el mes, y en el que se le requiere comparezca ante la Dirección del Fondo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a realizar el depósito de forma mensual. Lo que atribuye al juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del centro, con sede en la ciudad de Oaxaca. En términos del considerando quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta de abril de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. GMZR´ zón. En esta fecha se giraron los oficios a las autoridades correspondientes. Conste.

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