Otilio Raymundo Reyes Díaz

Expediente 491/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
491/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Otilio Raymundo Reyes Díaz
  • Agente del Ministerio Público llevadora de la carpeta de investigación 10457/FMUJ/UDNA/2022 de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    PRAL 491/2022 MESA IV-A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintidós. I. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. II. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. III. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". IV. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. V. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. VI. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. VII. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. VIII. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. IX. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. X. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    INC 491/2022 Interlocutoria. Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 491/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, en cumplimiento al auto por el cual se tuvo a la parte quejosa solicitando aperturar el incidente de suspensión, de la misma fecha, dictado en el juicio de amparo 491/2022, se formó el incidente de suspensión solicitado por Otilio Raymundo Reyes Díaz, por propio derecho, contra actos reclamados al agente del Ministerio Público llevadora de la carpeta de investigación número 10457/FMUJ/UDNA/2022. Segundo. En el auto incidental mencionado se negó la suspensión provisional del acto reclamado y se solicitó de la autoridad responsable su informe previo. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver de la suspensión del acto reclamado, en términos de los artículos 103 y 107, fracción X, de la Constitución Federal; 122 a 144 de la Ley de Amparo; 49 y 57, de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de la suspensión del acto reclamado respecto de un juicio de amparo que se tramita en este Juzgado. Segundo. Fijación del acto reclamado. Con el objeto de proveer en relación a la suspensión definitiva solicitada, en términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que será materia de estudio en esta resolución, los actos reclamados siguientes: a) La integración de la carpeta de investigación número 10457/FMUJ/UDNA/2022, en contra del quejoso, sin ser llamado. b) La medida de protección y providencia precautoria, dictada contra el quejoso, en la que dice se le prohibió acercarse o comunicarse con la victima u ofendido. Asimismo, solicita la suspensión definitiva en los términos siguientes: (Imagen escaneada) Tercero. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, al rendir su informe previo, negó categóricamente la existencia del acto reclamado consistente en la medida de protección y providencia precautoria, dictada contra el quejoso, en la que dice se le prohibió acercarse o comunicarse con la victima u ofendido. Sin que la parte quejosa haya objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe esa negativa, no obstante su conocimiento. En esas condiciones, se niega la suspensión definitiva solicitada, porque no existe materia sobre la cual recaiga. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil, tomo VI, común, página 286, del epígrafe y contenido siguientes: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Cuarto. Existencia del acto. Asimismo, el agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, al rendir su informe previo, negó la existencia del diverso acto consistente en la integración de la carpeta de investigación número 10457/FMUJ/UDNA/2022 que se integra contra el quejoso. Sin embargo, anexó copia certificada de la notificación al autorizado del quejoso del proveído de ocho de abril del año en curso, dictado en la carpeta de investigación número 10457/FMUJ/UDNA/2022, de su índice, a través del cual informó que se encuentra integrando la carpeta de investigación número 10457/FMUJ/UDNA/2022, contra el quejoso Otilio Raymundo Reyes Díaz. De lo anterior, se advierte que implícitamente reconoció la existencia de dicho acto reclamado; en esas circunstancias, se desvirtúa la negativa y se tiene como cierto el acto reclamado; como así lo ilustra la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". (Tesis aislada, número de registro 211,004, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 391, XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época). Quinto. Estudio de la suspensión definitiva. Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, y 146 de la citada ley, se niega la suspensión definitiva solicitada, puesto que, no se puede conceder la suspensión definitiva contra la integración de la carpeta de investigación que se le está integrando, porque en la concesión de la medida suspensional es necesario que no se siga en perjuicio al interés social, supuesto que, en el caso, acontece ya que la sociedad está interesada en la persecución de los delitos y que éstos no queden impunes o que se continúen realizando, por lo que deben desplegarse todas las acciones tendentes a su investigación por parte de la representación social. Por ello, de concederse la suspensión en los términos que refiere la parte quejosa, impediría la continuación de la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio, vulnerándose disposiciones de orden público, pues la facultad constitucional del Ministerio Público de investigar delitos no puede paralizarse y la sociedad está interesada en que dicha facultad se ejerza plenamente, sin demoras. De ahí que no ha lugar a conceder la suspensión definitiva, para los efectos que solicitó el quejoso; como así lo ilustra la tesis aislada II.3o.P.81 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Segundo Circuito, publicada en el Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 988, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA NO JUDICIALIZAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece que con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese contexto, no procede concederla cuando el acto reclamado es la determinación de judicializar una carpeta de investigación, porque no se actualiza la exigencia prevista en la fracción II de la porción normativa en comento, ya que la sociedad está interesada en la persecución de los delitos y que éstos no queden impunes, por lo que deben desplegarse todas las acciones tendentes a su investigación por parte del Ministerio Público; aunado a que de concederse para no judicializarla, paralizaría la continuación de la etapa de investigación complementaria del procedimiento penal acusatorio, vulnerando disposiciones de orden público, pues es evidente que la facultad constitucional de investigar los delitos no puede paralizarse y que la sociedad está interesada en que dicha facultad se ejerza plenamente y sin demoras; sin que se actualice la salvedad prevista en el artículo 150 de la Ley de Amparo, porque la continuación del procedimiento de investigación no deja irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, pues puede repararse en la sentencia del amparo mismo por atenderse el fondo del asunto o, en su oportunidad, ante el Juez de Control." Sexto. Archivo del original y duplicado del incidente de suspensión. Como no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20, 21 y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Destino del original del expediente (destruible). Se comunica a las partes que, por haberse negado la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, el original de este expediente será destruible, una vez que transcurran tres años, en términos del artículo 21, inciso c), del mencionado acuerdo general, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal"; por lo cual, una vez cumplido ese término, dentro de los treinta días siguientes, se destruirá el expediente. Destino del duplicado del expediente (destruible). En tanto que, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo acuerdo general, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes. En el entendido que, en su oportunidad, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en las carátulas de los incidentes conste la leyenda que ambos son destruibles. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en las carátulas de los incidentes, así como en el libro de gobierno impreso y electrónico. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente; se: Resuelve: Primero. Se niega a Otilio Raymundo Reyes Díaz la suspensión definitiva de los actos reclamados a la autoridad responsable agente del Ministerio Público llevadora de la carpeta de investigación número 10457/FMUJ/UDNA/2022; en términos del considerando tercero y quinto de esta interlocutoria. Segundo. Se ordena dar cumplimiento con lo dispuesto en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Sentencia Visto para resolver el juicio de amparo número 491/2022; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. A través del oficio 11553/2022, en el que se transcribió el auto de veintidós de abril del año en curso, emitido por este Juzgado, se adjuntó escrito de ampliación de demanda, promovida por Otilio Raymundo Reyes Díaz, por propio derecho, contra actos reclamados al agente del Ministerio Público llevadora de la carpeta de investigación número 10457/FMUJ/UDNA/2022; depositado el veintisiete de abril de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnado a este Juzgado el veintiocho de abril siguiente. La parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados; invocó como derecho fundamental vulnerado el contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de dos de mayo de dos mil veintidós se ordenó formar expediente impreso y electrónico; registrar la ampliación de demanda de amparo, como un nuevo juicio de amparo en el libro de gobierno con el número 491/2022; se admitió a trámite; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y la omisión reclamada se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral del escrito de ampliación de demanda de amparo, que dio origen a este juicio de amparo, se advierte, en concreto, que la parte quejosa reclama: - Del agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, llevador de la carpeta de investigación número 10457/FMUJ/UDNA/2022: a) La integración de la carpeta de investigación número 10457/FMUJ/UDNA/2022, en contra del quejoso, sin ser llamado. b) La medida de protección y providencia precautoria, dictada contra el quejoso, en la que dice se le prohibió acercarse o comunicarse con la victima u ofendido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Tercero. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, consistente en la medida de protección y providencia precautoria, dictada contra el quejoso, pues adujo que en la carpeta de investigación 10457/FMUJ/UDNA/2022 no se ha dictado ninguna medida de protección o providencia precautoria. Sin que la parte quejosa haya objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe esa negativa, no obstante su conocimiento. En esas condiciones, ante la inexistencia del citado acto reclamado, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, al rendir su informe justificado, también negó categóricamente la existencia del diverso acto reclamado, consistente en la integración de la carpeta de investigación número 10457/FMUJ/UDNA/2022, que se integra contra el quejoso. Sin embargo, ante el requerimiento efectuado por este Juzgado en auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género informó que se encuentra integrando la carpeta de investigación número 10457/FMUJ/UDNA/2022, contra el quejoso Otilio Raymundo Reyes Díaz. Aspecto que se corrobora con la copia certificada de la notificación al autorizado del quejoso del proveído de ocho de abril del año en curso, dictado en la carpeta de investigación número 10457/FMUJ/UDNA/2022, de su índice. Documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Quinto. Estudio de las causas de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto al citado acto reclamado, consistente en la integración de la carpeta de investigación número 10457/FMUJ/UDNA/2022, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la interpretación de estos dispositivos se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). En relación con lo anterior, el artículo 21 constitucional dispone: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." Por su parte, los numerales 212, 213, 214, 216, 217 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "ARTÍCULO 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión". "ARTÍCULO 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño". "ARTÍCULO 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados". "ARTÍCULO 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público". "ARTÍCULO 217. Registro de los actos de investigación El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados". "ARTÍCULO 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme. De los preceptos descritos se desprende que la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el juez de control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o también en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado, y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del ministerio público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En el caso, el quejoso Otilio Raymundo Reyes Díaz reclama de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género la integración de la carpeta de investigación número 10457/FMUJ/UDNA/2022 Sin embargo, aun cuando esa investigación ministerial se tramita en su contra, lo cierto es que su integración no afecta su interés jurídico y legítimo, en tanto que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, lo que hace improcedente el juicio de amparo respecto a tal acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada II.2o.P.51 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 2601, Tomo IV, Octubre de 2017, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; misma que si bien no es obligatoria para este juzgador, lo cierto es que su criterio resulta orientador en este asunto, pues, en lo conducente, dispone lo siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente Así como la tesis aislada (X Región)2o.1 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, localizable en la página 2592, Tomo IV, Agosto de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con el dispositivo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; se sobresee en este juicio de amparo promovido por Otilio Raymundo Reyes Díaz, respecto del citado acto reclamado. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Otilio Raymundo Reyes Díaz, contra los actos reclamados a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, consistentes en 1) la medida de protección y providencia precautoria, y la 2) integración de la carpeta de investigación número 10457/FMUJ/UDNA/2022; en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe hasta el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Incidental

    INC 491/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. 1. Informes previos. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguense los oficios signados por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, por los que rinde informe previo; con los mismos dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. 2. Prueba de la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 144, de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo a la autoridad responsable, como prueba documental de su parte, la que exhibe con su oficio de cuenta; la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano