Ovidio López Jiménez

Expediente 497/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
497/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
29/10/2021

Partes del expediente

  • Ovidio López Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    PRAL.497/2020.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Ovidio López Jiménez interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, engrosada el veintisiete siguiente, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiesen hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las diversas partes procesales; pues ningún agravio les genera la sentencia dictada, dado el sentido de sobreseimiento, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible, por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Devolución de tomo. Tomando en consideración la certificación que antecede, en la que se indicó que en este expediente obra uno tomo de pruebas que remitió la autoridad responsable; se provee: Como en este juicio de amparo se ordenó el archivo definitivo, carece de objeto la permanencia de dicha documental en este expediente; por ello, se ordena remitir a la autoridad responsable el tomo de pruebas, adjunto al oficio que al efecto se envíe. Solicitándose a la referida autoridad el acuse de recibo correspondiente 9. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA (CITATORIO) Número de expediente: 497/2020 Acuerdo: PRAL.497/2020.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Ovidio López Jiménez interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, engrosada el veintisiete siguiente, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiesen hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las diversas partes procesales; pues ningún agravio les genera la sentencia dictada, dado el sentido de sobreseimiento, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible, por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Devolución de tomo. Tomando en consideración la certificación que antecede, en la que se indicó que en este expediente obra uno tomo de pruebas que remitió la autoridad responsable; se provee: Como en este juicio de amparo se ordenó el archivo definitivo, carece de objeto la permanencia de dicha documental en este expediente; por ello, se ordena remitir a la autoridad responsable el tomo de pruebas, adjunto al oficio que al efecto se envíe. Solicitándose a la referida autoridad el acuse de recibo correspondiente 9. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso Ovidio López Jiménez, contra la autoridad responsable, agente del Ministerio Público de la Fiscalía local de Asunción, Nochixtlán, Oaxaca; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta resolución en términos de lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; mediante oficio que se gire, remítase copia de esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, hasta el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva.

  4. Principal

    PRAL.497/202-6*En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las once horas con seis minutos del veinticinco de enero de dos mil veintiuno, hora y fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, estando presente el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco; ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. Apertura de la audiencia. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia, por lo que el secretario, una vez revisado el expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), hace relación de las constancias que conforman los autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo promovida por el quejoso Ovidio López Jiménez, misma que fue presentada el diez de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta población y recibida en esa misma fecha en este Juzgado; auto admisorio de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado por este juzgado; informe justificado rendido por el 1) agente del Ministerio Público de la Fiscalía local de Asunción, Nochixtlán, Oaxaca; así como la documental pública que adjuntó a su informe (anexo I); asimismo, CERTIFICA: Que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que en la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio se omitan sus datos personales. Sin que exista algún otro documento con el cual deba darse cuenta. Enseguida, se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias; y respecto a la omisión de las partes de oponerse para que en la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio se omitan sus datos personales, provéase tal circunstancia en la consideración respectiva. Etapa probatoria. Acto continuo, se abre el periodo probatorio; por lo que en este acto se recibe la documental que anexó a su informe justificado el 1) agente del Ministerio Público de la Fiscalía local de Asunción, Nochixtlán, Oaxaca (anexo I); por lo cual, se acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitida la citada documental, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Al no existir alguna otra probanza que desahogar, se cierra este periodo. Fase de alegatos. Abierta esta fase, se hace constar que únicamente la parte tercera interesada Jenifeer Bolaños Salazar, como representante del menor E.G.B. a través de los medios electrónicos presentó escrito de alegatos, mismos que, de ser necesario, se tomarán en cuenta en esta resolución; por lo que se cierra esta última etapa y quedan vistos los autos para dictar sentencia. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 497/2020; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta población y recibida en esa misma fecha en este Juzgado, el quejoso Ovidio López Jiménez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del agente del Ministerio Público de la Fiscalía local de Asunción, Nochixtlán, Oaxaca, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda. En proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado por este juzgado, se admitió la demanda; además, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde y se le notificó de la presentación de la misma; de igual forma, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, descrita con antelación. Asimismo, se ordenó emplazar a los terceros interesados y mediante auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, se tuvo apersonando a Jenifeer Bolaños Salazar, por sí y como representante del menor E.G.B. Por lo que se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer, tramitar y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales SEGUNDO, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el CUARTO, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y el diverso 46/2016, del mismo Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como a las reglas de turno, sistema de recepción, registro y distribución de asuntos, por tratarse de un asunto de naturaleza penal; además de que la autoridad responsable tiene su domicilio dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado por el que se realizará el estudio, el cual es: I. El acuerdo dictado el veinte de febrero de dos mil veinte, por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía local de Asunción, Nochixtlán, Oaxaca, dentro de la carpeta de investigación 25378/FMIX/NOCHIXTLÁN/2019, en el que se negó la devolución del vehículo marca Dodge, tipo Ram 2500, color blanco, modelo 2019, con número de identificación vehicular 3C6RRBFT4KG523621, motor QR25245800H, placas RX90786 del Estado de Oaxaca. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable, agente del Ministerio Público de la Fiscalía local de Asunción, Nochixtlán, Oaxaca, aceptó el acto reclamado; lo que se corrobora con las constancias que exhibió como apoyo a dicho informe justificado (anexo I). Documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, publicada en el Tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causa de improcedencia. En el caso, tal como lo hizo valer la autoridad responsable, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 17, primer párrafo, y 18 de la citada ley, al tratarse de un acto consentido, por no haberse promovido el amparo dentro de los plazos previstos en la norma. Los referidos artículos prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación gramatical de los preceptos transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. De la interpretación del precepto citado, se advierte que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 163172, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora, a fin de dar claridad a esta determinación y conocer por qué motivo el quejoso Ovidio López Jiménez, no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, se hace necesario indicar que el auto que causa agravio a la parte quejosa lo es dictado el veinte de febrero de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación 25378/FMIX/NOCHIXTLÁN/2019; en dicho acuerdo, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía local de Asunción, Nochixtlán, Oaxaca, negó la devolución del vehículo marca Dodge, tipo Ram 2500, color blanco, modelo 2019, con número de identificación vehicular 3C6RRBFT4KG523621, motor QR25245800H, placas RX90786 del Estado de Oaxaca. Argumentando que el automotor intervino en un hecho que la ley señala como el delito de homicidio, lesiones y daños culposos, el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, aproximadamente a las quince horas, sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, ruta 135-D, en el kilómetro 160+120, con diverso vehículo; por lo que fueron asegurados como lo establece el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de que no se alteren y al ser fundamental como indicio. Asimismo, consideró que se debía dar vista a las partes, a las víctimas y aseguradoras, con la finalidad de que manifiesten sobre la devolución de la citada unidad de motor, en un término considerable, atendiendo que es un derecho de la víctima a que se realice una relación integral de daños, como lo establece la Ley General de Víctimas. Además, al haber sido asegurado, se encontraba dentro de la excepción para la devolución del vehículo y en ningún momento el imputado había garantizado la reparación del daño. Ahora, de las constancias de autos se puede advertir que la determinación de veinte de febrero de dos mil veinte, que constituye el acto reclamado, fue notificada el veinticinco de ese mismo mes y año al autorizado del ahora quejoso, licenciado Ángel Salas Pérez, tal como se aprecia en la imagen que en seguida se escanea (Anexo I). Así, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, relativas a la carpeta de investigación 25378/FMIX/NOCHIXTLÁN/2019, valoradas en su carácter de instrumental de actuaciones, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, revelan que el acto reclamado consistente en el proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, fue notificado al autorizado del quejoso el veinticinco siguiente; por lo cual, al iniciarse conforme a las reglas del nuevo sistema de juicio oral, se siguieron las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales; en específico, conforme a los numerales 82, fracción I, inciso a), y 84, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: (.) c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. (.) "Artículo 84. Regla general sobre notificaciones Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. (.)". En ese contexto, en atención a lo dispuesto en el citado artículo 18 de la Ley de Amparo, el término para la presentación de la demanda de amparo debe computarse desde el día siguiente a aquél en que surtió efectos la citada notificación, es decir, a partir del veintisiete de febrero de dos mil veinte. De modo que los quince días que tuvo para la presentación de la demanda, transcurrieron de la siguiente manera: Del veintisiete de febrero al diecisiete de marzo de dos mil veinte, trece días; sin computar los días veintinueve de febrero, uno, siete, ocho, catorce y quince de marzo de ese año, por ser sábados y domingos; asimismo, el dieciséis del mismo mes y año por ser inhábil. Por otro lado, como hecho notorio se tiene, que el año pasado, con motivo de la pandemia, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, decidió suspender los plazos y términos, como una forma de evitar mayores contagios, a saber, de la forma siguiente: A. Mediante acuerdos generales 4/2020 y 6/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la suspensión total de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, entre los periodos comprendidos del dieciocho de marzo al cinco de mayo de dos mil veinte. B. En el diverso acuerdo general 8/2020 reiteró, como regla general, la interrupción de plazos, términos y todo tipo de actos procesales, incluyendo la interposición de recursos; durante el periodo comprendido del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. C. Asimismo, el seis de mayo del año pasado, la Comisión Especial de dicho Consejo aprobó el punto de acuerdo que dio Iugar a la emisión de la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en la que se precisan algunos aspectos sobre la aplicación del referido acuerdo general 8/2020, para su debido cumplimiento. D) En el diverso Acuerdo General 10/2020 se precisaron los lineamientos para continuar con el trámite de los juicios de amparo y prolongó la suspensión de actividades hasta el quince de junio de dos mil veinte. E) En el acuerdo general 13/2020 se extendió el periodo de contingencia sanitaria, que comprendió del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte; y en el diverso 18/2020, con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, durante el periodo del dieciséis de junio al treinta y uno de julio de dos mil veinte, la función jurisdiccional debía regirse por diversos postulados, por lo que se adicionó, únicamente, el artículo 1 del Acuerdo General 13/2020. F) El veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; en el que entre otras cuestiones, levanta la suspensión de plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte. En este último acuerdo, por ser el que interesa, se levantó la suspensión de plazos y términos; y al ser así, continuó el cómputo para la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, al no tratarse de un caso considerado como urgente. Así, el tres y cuatro de agosto de dos mil veinte, se computaron los dos días restantes que tenía para la presentación de la demanda de amparo, al haberse reanudado los plazos y términos. Por tanto, se arriba a la conclusión que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo ha transcurrido en exceso, tomando en consideración que la notificación se hizo desde el veinticinco de febrero de dos mil veinte, por lo que tuvo hasta el cuatro de agosto de ese año para la presentación de la demanda; y el escrito de demanda de amparo, se presentó hasta el diez de septiembre de ese mismo año ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, con lo cual se considera tácitamente consentido el acto reclamado e independientemente que se hubieran suspendido los plazos y términos, pues los mismos, como se dijo, se reanudaron a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Máxime que el propio quejoso, en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad manifestó que el veinte de febrero de dos mil veinte, el representante social le notificó del auto de esa misma fecha, en la que se le niega la devolución del vehículo. Es aplicable, por similitud de condiciones jurídicas, la Tesis Aislada de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3212, Tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Registro 328325, cuyo contenido dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidentes que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte." Asimismo, en lo que interesa, la tesis I.9o.A.20 K (9a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1852, Libro VIII, Mayo de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO DE SU CONTENIDO SE ADVIERTEN MANIFESTACIONES EXPRESAS DE DIVERSAS FECHAS EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales puede computarse el plazo de quince días para la promoción del juicio de garantías, los cuales se cuentan a partir del día siguiente que: a) Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) El quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) El quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Así, la esencia del citado artículo se sustenta en el conocimiento del acto reclamado. Por tanto, si en una demanda de amparo el quejoso señala diversas fechas que pueden considerarse como aquella en la que conoció los actos reclamados, el juzgador debe justipreciar el contenido de la demanda y, en su caso, de las constancias que la acompañan para determinar la data en la cual el promovente tuvo realmente conocimiento pleno de aquéllos, tanto del acto mismo como de las autoridades que lo hubieren ordenado y ejecutado para poder llamarlas a juicio y, a partir de ahí, realizar el cómputo para la interposición del escrito inicial." De ahí que, en la especie, se surte la causa de improcedencia prevista en el párrafo primero, fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, se sobresee en este juicio. Es importante mencionar que el sobreseimiento, impide emprender el análisis de las cuestiones de fondo planteadas por la parte quejosa; atento a la tesis 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Registro 394465, del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el asunto, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso Ovidio López Jiménez, contra la autoridad responsable, agente del Ministerio Público de la Fiscalía local de Asunción, Nochixtlán, Oaxaca; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta resolución en términos de lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; mediante oficio que se gire, remítase copia de esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, hasta el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva.

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