Óscar Carrasco Flores

Expediente 193/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
193/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Óscar Carrasco Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de junio de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez que se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, de conformidad con lo establecido en el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con la fracción II, inciso a) del artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de mayo de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 193/2022-I, promovido por ******* y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El nueve de marzo de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficialía Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******, que fue remitida a este juzgado por razón de turno, en esa misma fecha, contra las siguientes autoridades a quienes reclamo: [.] 3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Como lo son: I.- EL FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO, ZONA NORTE, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. II.- EL C. COORDINADOR DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO de la FISCALÍA ZONA NORTE ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. III.- La C. COORDINADORA DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO de la UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y DAÑOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ZONA NORTE. IV.- El C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO de la UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y DAÑOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ZONA NORTE. V.- EL C. COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL ADSCRITA A UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FISICA Y DAÑOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ZONA NORTE. VI.- El C. AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y DAÑOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ZONA NORTE. 4.- ACTOS RECLAMADOS: I.- De todas y cada una de las responsables, la violación de los derechos humanos de propiedad, seguridad jurídica, debido proceso, legalidad, defensa y convencionalidad, al disponer el aseguramiento del vehículo de mi propiedad marca *******, línea *******, modelo *******, con serie número *******, con placas *******, sin contar con orden judicial que, para tal efecto, haya decretado Juez de Control alguno. II.- De las responsables individualizadas con los números romanos del I al IV en el capítulo 3 correspondiente a "Autoridades Responsables" de esta Demanda de Amparo, la violación de derechos humanos de propiedad, seguridad jurídica, debido proceso, legalidad, defensa y convencionalidad al 1) violar mi derecho a una defensa técnica y negar la intervención de mi defensor dentro de la carpeta de investigación *******, del índice de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte y 2) violar mi derecho a la no autoincriminación al pretender citarme a declarar ante la Representación Social sin la asistencia de mi defensor.[.] En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades que se precisaran en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 párrafo segundo, 16, 17, párrafo segundo y 22 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de diez de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró con el consecutivo 193/2022-I, se admitió a trámite, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia penal en el que se reclaman actos privativos cuya ejecución tienen lugar en el lugar donde esta juzgadora ejerce su jurisdicción. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción II de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables los siguientes actos: 1.- El aseguramiento del vehículo de su propiedad marca *******, línea *******, modelo *******, con serie número *******, con placas *******. 2.- La negativa a proporcionar una defensa técnica mediante la designación de un defensor. 3.- La citación a declarar ante la Representación Social sin la asistencia de su defensor. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados con anterioridad y que serán estudiados enseguida; Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con registro digital 192097, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de distrito Zona Norte en ausencia de las autoridades responsables Fiscal de Distrito Zona Norte, Coordinador de Agentes del Ministerio Público y de la Coordinadora y Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Integridad Física y Daños, manifestó que es inexistente el acto reclamado consistente en el aseguramiento del vehículo de propiedad de la parte quejosa, marca *******, línea *******, modelo *******, con serie número *******, con placas de circulación *******. Por su parte, el Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Integridad Física y Daños de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte (en su denominación correcta de las señaladas como Comandante de la Policía Ministerial adscrita a la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito contra la Integridad Física y Daños, Zona Norte y del Agente de la Policía Ministerial adscrita a la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito contra la Integridad Física y Daños, Zona Norte), no hizo pronunciamiento alguno en torno a la existencia del aseguramiento del vehículo propiedad del quejoso y , por lo cual debe tenerse por presuntivamente cierto; sin embargo, considerando que este última autoridad únicamente acata las determinaciones emitidas por las primeras autoridades responsables, en auxilio e investigación de los delitos, si aquellas negaron la existencia del aseguramiento, queda desvirtuada la presunción de ese acto reclamado. En este contexto, debe sobreseerse en el juicio de amparo, respecto de dicho acto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si una autoridad niega los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Debido a lo anterior, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que hace a dicho acto. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Deben tenerse por ciertos los diversos actos reclamados por el quejoso a las autoridades responsables la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de distrito Zona Norte en ausencia de las autoridades responsables Fiscal de Distrito Zona Norte, Coordinador de Agentes del Ministerio Público y de la Coordinadora y Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Integridad Física y Daños (en sus denominaciones correctas), consistentes en: 1.- La negativa a proporcionar una defensa técnica mediante la designación de un defensor; y 2.- La citación a declarar ante la Representación Social sin la asistencia de su defensor. Por su parte, el Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Integridad Física y Daños de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte (en su denominación correcta), al rendir su informe justificado en lo que respecta al acto reclamado consistente en la citación, manifestó que elementos adscritos a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Integridad Física y Daños, se constituyeron en el domicilio ubicado en *******, con el objetivo de entregar varios citatorios y al no encontrar presente al quejoso en su domicilio, procedieron a dejarlos en el barandal, ello en apoyo y coadyuvancia del Agente del Ministerio Público para lograr el esclarecimiento de la carpeta de investigación *******; razón por la cual también debe tenerse por cierto el acto atribuido a dicha autoridad. Quinto. Análisis de la improcedencia del juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta resolutora examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Con relación al acto consistente en la citación a declarar ante la Representación Social sin la asistencia de su defensor, esta resolutora advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.] En relación con la porción normativa reproducida, debe decirse que, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados se pueden clasificar atendiendo a su naturaleza y efectos en: a) Actos consumados de modo reparable; y b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros, son aquéllos que, a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable; de ahí que sí proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable, son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo intentado en su contra. Es decir, que los actos consumados son aquéllos que han producido en forma total todos sus efectos o cuya finalidad perseguida se ha obtenido con todas sus consecuencias jurídicas. En esa tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Lo que significa que acorde a la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a la reparabilidad física y material de estos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido. Atento a lo anterior, se puede concluir que los actos consumados de modo irreparable son aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Sobre el tema, resulta ilustrativa la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXII, página 2047, con número de registro 323053, de rubro y texto: ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. La disposición de la Ley de Amparo que se refiere a actos consumados de un modo irreparable, alude a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación. Ahora bien, como lo informa la responsable es cierto que se emitió un citatorio para que el quejoso compareciera ante el Agente del Ministerio Público a efecto de lograr el esclarecimiento de la carpeta de investigación *******, razón por la cual, los elementos adscritos a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Integridad Física y Daños, procedieron a entregar varios citatorios, sin embargo, no localizaron a persona alguna en el domicilio señalado para tal efecto, por lo que procedieron a dejarlo en el barandal; luego, de las constancias remitidas por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad en la Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, se desprende que el quejoso compareció ante dicha autoridad el veintiuno de febrero del año en curso a las trece horas con treinta y cinco minutos. Así entonces, es de afirmarse que en el caso, se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado; lo anterior es así, ya que si el quejoso compareció ante la representación social en fecha anterior a la presentación de la demanda, misma que fue presentada el nueve de marzo del año en curso, el acto que reclama consistente en la citación a declarar ante la Representación Social sin la asistencia de su defensor, es un acto que se ha consumado de modo irreparable. Por consiguiente, se hace improcedente el juicio de amparo, toda vez que el análisis de la inconstitucionalidad de tal acto carece de efectos prácticos. Sexto. Conceptos de violación. Los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado, por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación y con esa omisión no se priva a los quejosos de derecho alguno, máxime que, por la naturaleza del acto reclamado, como se indicará, opera la suplencia de la queja. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Séptimo. Estudio de fondo. Por otra parte, en lo que respecta al acto reclamado consistente en la negativa a proporcionar una defensa técnica mediante la designación de un defensor dentro de la carpeta de investigación *******, peticionado mediante ocurso recibido en la Fiscalía de Distrito de la Zona Norte Especializada en Delitos Contra la Integridad Física y Daños, en esta ciudad, el veintiuno de febrero del año en curso, la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de distrito Zona Norte en ausencia de las autoridades responsables Fiscal de Distrito Zona Norte, Coordinador de Agentes del Ministerio Público y de la Coordinadora y Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Integridad Física y Daños (en sus denominaciones correctas), al rendir el informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, lo que sustentó con la copia certificada del acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mi veintidós, que se transcribe a continuación: [.] Número Único de Caso: ******* En ciudad Juárez Chihuahua, siendo las once horas, del día Veinticuatro del mes de Febrero de dos mil veintidós, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, visto para resolver el escrito de fecha veintiún días del mes de febrero del año en curso, relativo de la carpeta de investigación *******, signado por el C. *******, mediante el cual solicita se le tenga nombrando como su defensor particular al C. Lic. *******, así como la expedición de copias simples de la misma, visto lo anterior se procede a resolver lo siguiente: Primero.- No ha lugar, al nombramiento del defensor que solicita, esto en términos del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Segundo.- No ha lugar a la expedición de copias al solicitante, en virtud de que de las constancias que forman la presente carpeta de investigación, no se desprende a la fecha que sea parte de la misma, esto en términos del artículo 105 último párrafo del código citado. Así lo acordó el C. Lic. *******, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General Zona Norte, del Estado de Chihuahua, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de delitos Contra la Integridad Física y Daños. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, en los términos legales establecidos para tal efecto. LIC. ******* AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y DAÑOS [.] El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos Contra la Integridad Física y Daños, fundamento su respuesta a la petición del quejoso en lo dispuesto en los artículos 112 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen lo siguiente: Artículo 112. Denominación Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarada firme. Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico. De dichos preceptos se desprende que el aquí quejoso en la carpeta de investigación *******, no tiene el carácter de imputado, acusado o sentenciado, ya que de las constancias remitidas por la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de distrito Zona Norte en ausencia de las autoridades responsables Fiscal de Distrito Zona Norte, Coordinador de Agentes del Ministerio Público y de la Coordinadora y Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Integridad Física y Daños, se advierte que se encuentra en etapa de investigación, pues la citada autoridad giró el oficio UIDDYL- 036/2022, al Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Integridad Física y Daños, del cual se desprende que le solicitó realizara las investigaciones pertinentes para lograr el esclarecimiento de los hechos constitutivos del delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES cometido en perjuicio ******* y en el que aparece como imputado QUIEN RESULTE RESPONSABLE en el entendido de que el resultado y/o avances obtenidos de dicha investigación se hicieran de su conocimiento. Asimismo, del numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprenden las siguientes etapas del procedimiento penal: Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. Tal precepto establece en la fracción I, inciso a), que la investigación inicial, comienza con la presentación en este caso de la querella y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, es por ello, al no tener la calidad de imputado no es viable que técnicamente sea representado por un defensor dentro de la carpeta de investigación; es por ello, que esta Juzgadora, considera correcta la determinación de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad en la Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, al negar al quejoso la designación de un defensor, pues no tiene la calidad de imputado o acusado dentro de la carpeta de investigación *******, es por ello que se consideran infundados los conceptos de violación esgrimidos, ya que la determinación de veinticuatro de febrero del año en curso, se encuentra debidamente fundada y motivada. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis VI.2o.P.59 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en el libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5071 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2020052, cuyo rubro y texto es el siguiente: ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA ESTÉ SIENDO INVESTIGADA DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE ADQUIRIÓ LA CALIDAD DE IMPUTADA Y, POR TANTO, QUE DEBE OTORGÁRSELE. El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correspondencia con el diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen una restricción de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, la cual está supeditada a hipótesis específicas, a saber: 1) cuando se encuentra detenido; 2) se pretenda recabar su declaración; 3) sea citado para comparecer ante la autoridad judicial; y, 4) cuando sea sujeto de un acto de molestia; momentos a partir de los cuales la persona investigada y su defensa pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Bajo este contexto, en la fase inicial de investigación, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando se formule imputación a la persona investigada, el indiciado tendrá acceso pero bajo ciertas restricciones, lo cual es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que el derecho de defensa técnica surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, sobre todo cuando se recibe su declaración. Así, la denuncia o querella con la que da inicio esta fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan la apertura de la investigación, ello debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Es por lo anterior que éste sólo puede recabar en esta fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no. Por tanto, los actos de investigación direccionados a requerir información de las personas en la fase inicial de investigación no deben considerarse como actos de molestia, entendidos éstos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva, pues en un escenario contrario, cualquier persona involucrada en la información, sin contar con el carácter de indiciado, víctima u ofendido, podría tener acceso a una investigación donde, como se ha establecido, al tratarse de la fase inicial, la operatividad del sistema permite recabar los actos de investigación sin involucrar la afectación de algún derecho de las personas. En consecuencia, la sola circunstancia de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputada y, por tanto, otorgar el acceso a los registros de la carpeta de investigación, pues contrario a ello, como ya quedó establecido, esta calidad sólo ocurre en los supuestos señalados en los artículos invocados. De igual forma, encuentra apoyo en la Jurisprudencia 1a./J. 72/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, visible en el Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2020891, cuyo contenido es: DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, contra las autoridades y actos precisados en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Se niega el Amparo y Protección de la Justicia Federal a *******, contra las autoridades y actos precisados en el considerando séptimo por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese personalmente a las partes,

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de abril de dos mil veintidós. Alegatos Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, con el cual formula diversas manifestaciones en vía de alegatos. En consecuencia, téngase al representante social de la federación formulando los alegatos contenidos en el escrito de cuenta, mismos que, serán relacionados al momento de celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, y de ser procedente se tomarán en consideración al momento de dictar el fallo definitivo, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Solicitud de copias Por otro lado, respecto a las copias certificadas que solicita, indíquesele que deberá estarse a lo acordado en proveído de diez de marzo del año en curso, en el que autorizó la expedición a las partes, de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de abril de dos mil veintidós. Cumple requerimiento y remite constancias Glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda la comunicación de la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de distrito Zona Norte, en ausencia del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños de la Fiscalía de distrito Zona Norte, con sede en esta ciudad, a través de la cual, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de veintinueve de marzo del año en curso, remite copia certificada de la carpeta de investigación *******; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Prueba documental Téngase a la oficiante ofreciendo la prueba documental que, en alcance a su informe justificado remite, la que se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ésta en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia En consecuencia, ante la imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional y para dar margen a lo anterior, se difiere su celebración y se señalan las nueve horas con veinte minutos del cuatro de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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