Óscar Armando Orpinel Hernández

Expediente 790/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
790/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Óscar Armando Orpinel Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte a quien le pudiera causar perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veintisiete de noviembre del año en curso, (quejoso ************) la recurriera, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción III del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiéranse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ************, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada **************, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 790/2019-III. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, turnado ese mismo día a este órgano, *******, en representación del directamente agraviado *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Fiscal de Distrito Zona Norte, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que hicieron consistir en: IV. ACTO RECLAMADO.- Se hace consistir en lo siguiente: a) Del C. COORDINADOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL ZONA NORTE reclamo la privación ilegal de la libertad que ordenó hacer de mi esposo el C. ******* el día hoy viernes 25 de Octubre de 2019, así como las torturas físicas y psicológicas, amenazas e incomunicación de las que ha sido objeto. b) Del FISCAL DE DISTRITO ZONA NORTE, LIC. JORGE ARNALDO NAVA LÓPEZ, reclamo la incomunicación, torturas, amenazas de que ha hecho víctima a mi esposo el C. *******, así como la orden de trasladarlo a otra ciudad para que sea procesado. Mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, este juzgado advirtió que la parte quejosa reclamaba la orden de trasladarlo a otra ciudad para que sea procesado; sin embargo, se precisó que no es propiamente una orden de traslado, sino que, en su caso, corresponde a la puesta a disposición del agraviado ante la autoridad judicial competente, en cumplimiento a la obligación constitucional que establece el artículo 16 constitucional. Asimismo, mediante constancia actuarial de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, el directamente agraviado *******, ratificó la demanda de amparo presentada a su favor por los actos precisados, excepto por la tortura física, ya que precisó que no sufrió tortura física pero psicológica sí, ya que le dijeron que del centro penitenciario ya no saldría y lo amenazaron con lo mismo y ha estado incomunicado porque no había podido hablar con nadie. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 5º, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del asunto. Mediante auto de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó formar expediente y registrar el asunto con el número 790/2019-III; una vez que fue ratificada la demanda de amparo, en proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se emplazó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, quedando el presente asunto en estado de resolución; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y de los presentes autos se desprende que el peticionario del amparo reclama del Fiscal de Distrito Zona Norte y Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, ambos residentes en esta ciudad, en sus denominaciones correctas, lo siguiente: 1. Tortura psicológica; 2. Malos tratos (amenazas); 3. Incomunicación; y 4. Ataques a la libertad personal del quejoso. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, con residencia en esta ciudad y en su denominación correcta, al rendir su informe justificado negó categóricamente la existencia de los actos que se le atribuyeron, consistentes en la tortura psicológica, malos tratos (amenazas); incomunicación; y ataques a la libertad personal del quejoso ******* (foja 38). Por su parte, el Fiscal de Distrito Zona Norte, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación negó la existencia de los actos que se les endilgan consistentes en la tortura psicológica, incomunicación, malos tratos (amenazas) y ataques a la libertad personal del inconforme (foja 46). Ante esa negativa a la parte quejosa toca demostrar la existencia de los propios actos, en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por expresa disposición del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones la autoridad está en una imposibilidad jurídica de demostrar la negación de un hecho, en lo particular, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin. A juicio de este resolutor, las pruebas en el juicio resultan insuficientes para desvirtuar la negativa de los actos de que se trata, aunque adquieren valor probatorio pleno en los términos de los artículos 161, 197 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, ya que, en ellas, no hay dato o elemento del cual se advierta, siquiera indiciariamente, la intervención o participación en los actos que nos ocupan. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 226. Página: 153.) DOCUMENTOS PRIVADOS NO OBJETADOS. VALOR PROBATORIO DE LOS. Los documentos privados no reconocidos, pero tampoco objetados por la parte a quien perjudican, determinan que sí pueda otorgárseles valor probatorio, el que, según las circunstancias, puede ser pleno. (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: XX, Cuarta Parte. Página: 122.) DOCUMENTOS PRIVADOS, VALOR PROBATORIO DE LOS. Los documentos privados provenientes de terceros, rendidos como prueba en el juicio y relacionados con el asunto que se ventila, cuando no son objetados por las partes contrarias, deben tenerse por admitidos y surtir sus efectos como si hubieren sido reconocidos. (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLVIII. Página: 2171.) Por lo anterior, lo que impone es sobreseer en el juicio, conforme a lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades antes precisadas, ante su inexistencia, lo que imposibilita a este resolutor abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por su aplicación, es de citarse la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos, rubro y el texto son los que siguen: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.) CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Fiscal de Distrito Zona Norte, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la detención de *******. Efectivamente, son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Fiscal de Distrito Zona Norte, lo cual se corrobora tanto con las manifestaciones vertidas en su informe, como con las constancias que obran en este juicio, pues lo cierto es que el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, la parte quejosa fue detenida en cumplimiento a la orden de aprehensión librada en la causa penal *******. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Segunda Sala y el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 226. Página: 153.) Por lo anterior, no hay duda que en el juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto reclamado que nos ocupa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Improcedencia del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este resolutor examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. A criterio de este resolutor, en este caso, la presente vía resulta improcedente ante la actualización, oficiosa, de una causal de ese talante. Para el suscrito es clara la causal de improcedencia del artículo artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, porque en el caso operó un cambio de situación jurídica respecto de la parte quejosa, por virtud del cual deben estimarse consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas en torno a los actos reclamados. Para advertirlo así, conviene tener en cuenta el contenido del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en el cual se prevé la causal de improcedencia que se actualiza en el caso que nos ocupa. En lo que interesa, ese numeral dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.--- Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. [.] Así pues, la lectura de tal precepto legal obliga a considerar improcedente el juicio de amparo, cuando en un procedimiento judicial o en alguno administrativo seguido en forma de juicio, se actualiza un cambio de situación jurídica respecto de la parte quejosa, por virtud del cual deban estimarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento relativo. En relación con la causal de improcedencia de que se trata, cabe acotar que el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad se llama situación jurídica. Desde luego, la libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: i. La detención realizada por una autoridad no jurisdiccional. ii. La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de la causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica. iii. La prisión preventiva que se inicia con la solicitud de medidas cautelares y el auto de vinculación a proceso en la audiencia inicial. iv. La sentencia de primera instancia y, en su caso, la de segunda instancia. v. La que abarca la fase de ejecución de la pena relativa. Como se puede apreciar, cada situación jurídica excluye a la que le antecede, de ahí que cuando por actos posteriores cambia la situación jurídica de la parte quejosa, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones atacadas, pues no podría decidirse sin afectar a la nueva situación jurídica creada. Con lo anterior se tiene que el cambio de situación jurídica debe entenderse como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente y, aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos que, por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de manera que pueden subsistir con independencia de que los previos sean ilegales, por lo que estos actos con autonomía cambian la situación jurídica que existía y, como consecuencia, acarrean la irreparabilidad jurídica, en su caso, de las violaciones constitucionales que se hayan realizado en el procedimiento de que se trate. Por tanto, para que se surta la causal de improcedencia de que se trata, es necesario que se demuestre no sólo que se está en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento y que al promoverse la vía constitucional la parte impetrante se halla en un estado jurídico determinado, sino también que después de admitida la demanda sobrevino otro acto en el procedimiento, así como que entre el acto reclamado y el nuevo acto no existe una relación de causalidad tal, que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y que, al producirse el nuevo acto, se agotaron los efectos del acto inicialmente atacado, creándose frente a la parte quejosa una nueva situación jurídica que no derivó de este último. En el caso, debe tenerse presente que al acudir a esta vía constitucional, la parte quejosa reclamó la orden de captura ejecutada el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve; sin embargo, se advierte que tal orden se cumplimentó con motivo de la orden de aprehensión librada en su contra en la causa penal *******, en la cual, por cierto, a decir del quejoso se le otorgó la libertad mediante una medida cautelar. Con esto queda claro que, en la especie, operó un cambio de situación jurídica respecto de la parte quejosa, en virtud del cual deben considerarse consumadas las violaciones que, en su caso, se hubieren cometido en los actos reclamados en este juicio. Lo anterior es así, pues, además de que ambas etapas procedimentales son de naturaleza jurídica diferente, y se rigen por normas procesales también distintas, debe tenerse en cuenta que son producto de actuaciones de naturaleza diversa, por lo cual, sin duda, los efectos de las normas aplicables en estas etapas procedimentales también son diferentes. Desde luego, no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente el derivado de las diferentes fases en las que se divide el procedimiento penal, lo cual obedece a la figura procesal llamada preclusión, la que regula la pérdida de un derecho adjetivo por el transcurso del tiempo, más la realización de una posterior actuación judicial, en virtud de que el cambio de situación jurídica se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Efectivamente, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que se hubieran ocasionado en el acto que por esta vía se reclamó, pero hay un impedimento jurídico para ello, en razón de que el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio de amparo, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio y, que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia de los actos que se reclamaron en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conceder el amparo invalidándose, como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida, ni resuelta conforme a derecho. Así, las razones anteriores conducen a considerar que, en el caso, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, porque operó un cambio de situación jurídica respecto de la parte quejosa, por virtud del cual deben estimarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en torno a los actos atacados en este juicio. En congruencia con todo lo anterior, lo procedente en este caso es sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia, lo que imposibilita a este resolutor abordar el fondo del asunto. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.) Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 790/2019-III promovido por *******, contra actos del Fiscal de Distrito Zona Norte y Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, ambos residentes en esta ciudad, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los informes sobre la suspensión de plano y justificado, rendidos por la autoridad responsable Fiscal de Distrito en la Zona Norte, a través de la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional, en su ausencia, con sede en esta ciudad. Respecto al informe sobre la suspensión de plano de cuenta, se le tiene haciendo las manifestaciones que señala, en acatamiento a la medida suspensional, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, en relación al informe justificado, tal como dispone el artículo 117 de la ley en aplicación, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegadas a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, con sede en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por otro lado, se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso **, mediante el cual formula su desistimiento de la demanda de amparo que dio inicio al juicio en que se actúa, por así convenir a sus intereses; atento a lo anterior, requiérasele, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este juzgado -debidamente identificado- a ratificar el contenido y firma de dicho ocurso, apercibido que de no hacerlo así, se continuará el trámite del presente asunto, con fundamento en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo. Finalmente, a efecto de que el quejoso tenga conocimiento de esta determinación, se faculta al actuario judicial para que realice la notificación de este acuerdo en forma personal, en el domicilio procesal señalado en la demanda de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el licenciado **, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada **, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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