Oscar David González González

Expediente 262/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
262/2019
Año
2019
Actuaciones
22
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Oscar David González González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el ocurso de cuenta, se tiene a la parte quejosa solicitando la devolución de los documentos presentados en el asunto que nos ocupa; de este modo, deberá estarse a lo proveído el trece de agosto de dos mil veinte, en el que se ordenó la entrega de los mismos. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. IRS

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el oficio que remite el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del ocurso en que se le remitió el recurso de revisión interpuesto en el presente asunto e informa que se admitió a trámite, en el toca 347/2019, de su índice; de lo cual toma conocimiento este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.*

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Glósese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso **********, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes de la sentencia, así como del recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo 262/2019-V y el escrito de agravios que se recibe. Por tanto, de conformidad con el artículo 88, del ordenamiento legal antes invocado, se ordena la distribución del escrito de agravios a las partes. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 262/2019-V. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el tres de abril del año en curso, así como con escrito aclaratorio exhibido el veinticuatro del mismo mes y año, ***********, presentó demanda de amparo contra actos del Fiscal General del Estado de Chihuahua y otras autoridades, de quienes reclama: IV. EL (los) ACTOS (s) RECLAMADO (S) a) A las autoridades ORDENADORAS las ordenes escritas o verbales que hayan dado para secuestrarme y/o decomisarme bienes de mi propiedad. b) Las órdenes de desposesión respecto de mi bien mueble debidamente identificados como vehículo **********, anexo título propiedad, con número de serie y en donde de manera arbitraria las autoridades responsables me lo decomisaron con el auxilio de una grúa que ellos llamaron por asuntos que desconozco en su totalidad, sin una orden previa y sin haberme oído y vencido en juicio. ACTO O ACTOS RECLAMADOS DE AS AUTORIDADES EJECUTORAS a) Se reclama la desposesión de mis bienes muebles de la cual fui objeto sin que mediare orden debidamente fundada y motivada sin cumplir con las formalidades básicas de un procedimiento. (.) (.) Reclamando de las autoridades responsables lo señalado en mi escrito inicial de demanda. Por lo anteriormente expuesto y considerando que las ulteriores autoridades responsables me dieron un término preciso de quince días antes de considerar que mi vehículo fue abandonado ante el fisco Federal. (.) SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Previa aclaración, por proveído de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el juicio el amparo 262/2019-V, se solicitaron los informes con justificación, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama: 1. La privación de la posesión y aseguramiento del automotor marca **********, línea **********, modelo ************, cuatro puertas y número de serie ************, sin que mediare orden debidamente motivada y fundada para ello. 2. La orden de verificación de vehículo de procedencia extranjera contenida en el oficio CVV0800203/19 de veinte de marzo de dos mil diecinueve, a través de la cual se le solicitó acreditara la legal importación, tenencia o estancia en el territorio nacional del citado vehículo. Cabe aclarar, respecto al acto reclamado destacado en el punto dos, que si bien el justiciable no señaló de manera expresa que se dolía de la orden de verificación aludida, también lo es que en su escrito aclaratorio de veinticuatro de abril del año que transcurre, indicó que el dieciséis de los mismos la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, le notificó la orden de verificación contenida en el oficio CVV0800203/19 de veinte de marzo pasado, otorgándole un término de quince días para que acreditara la legal estancia del automotor en el país, antes de considerar su abandono a favor del Fisco Federal. De ahí que se concluye que el quejoso reclama la orden de verificación contenida en el ocurso de marras, al destacar que se le otorgó un término perentorio para acreditar que el automotor que dice es de su propiedad se encuentra legalmente en territorio nacional, y que de lo contrario causaría abandono a favor del Fisco Federal. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus respectivos informes justificados, la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional, en ausencia del Fiscal de Distrito en la Zona Norte, el Fiscal General del Estado, el Secretario de Hacienda y la Subdirectora de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos, ambos de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, negaron la existencia de los actos que se les atribuyeron, consistentes en la privación de la posesión y aseguramiento del automotor descrito con antelación (fojas 39 y 47; 78 a 91). Así, al no haber ofrecido la parte quejosa prueba para desvirtuar tales negativas, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte y el Director de la Agencia Estatal de Investigación, al rendir sus informes justificados manifestaron que es cierto el acto reclamado por el quejoso consistente en el aseguramiento del vehículo marca ***********, línea **********, modelo ***********, color ********* y número de serie ***********, realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad Especializada de Delitos de Robo de Vehículos, Zona Norte. Lo que se corrobora a través de las documentales anexas a los informes justificados que rindieron el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte y la Directora Jurídica de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, de las que se desprende que el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el cruce de la Avenida Tecnológico y Agua caliente, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, le ordenaron que detuviera su marcha al conductor del vehículo marca **********, línea **********, modelo ***********, color ********** y número de serie ***********, y al solicitarle les mostrara la documentación del mismo, manifestó no contar con ella, advirtiendo de esta manera que el automóvil no está internado de manera legal en el país, comunicándole que el mismo sería puesto a disposición de la Coordinación de Comercio Exterior de la Dirección de Fiscalización de Gobierno del Estado, llevando a cabo acta de inventario de aseguramiento, registro de cadena de custodia e inventario de vehículo. Por su parte, la Directora Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en representación del Secretario de Hacienda del Estado y la Directora de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, manifestó que a través de la orden **********, derivada del expediente ********** de veinte de marzo de dos mil diecinueve, la Directora de Fiscalización de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, en aquella ciudad, libró orden de verificación del vehículo de procedencia extranjera que le fue puesto a disposición por la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; sin que de dicho ocurso se advierta que la autoridad haya emitido orden de aseguramiento del automotor, sino que le hizo saber al justiciable, que el personal de esa adscripción, podría decretar el aseguramiento del mismo; remitiendo al efecto copia certificada de la documental en comento, así como de las diversas que dan noticia del aseguramiento del automóvil mencionado. Constancias las anteriores que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Por tanto, deben tenerse como actos reclamados la privación de la posesión y el aseguramiento del automotor que el quejoso aduce es de su propiedad, realizado por elementos de la Fiscalía General del Estado Zona Norte y puesto a disposición de la Directora de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua; así como la orden de verificación contenida en el oficio **********, derivada del expediente *********** de veinte de marzo de dos mil diecinueve, suscrita por la Directora de Fiscalización de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, en aquella ciudad. QUINTO. Improcedencia del juicio de garantías. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa que de oficio se estima acreditada. (I) En el caso, el que suscribe estima que respecto del aseguramiento y la privación de la posesión del automotor que reclama ************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del dos mil once, con entrada en vigor a los ciento veinte días de su publicación (cuatro de octubre de dicha anualidad), se advierte que el artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo, dichos supuestos fueron recogidos por la actual Ley de Amparo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, visible en la página 1598, con registro 2019456, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Precisado lo anterior, procede analizar si en el presente juicio el quejoso se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si la conducta de las autoridades responsables es susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado sea de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes veinticuatro de enero de dos mil catorce, Décima Época, con registro 2005381, que dice: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. También, sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, abril de dos mil trece, Tomo 3, Materia(s): Común, con registro 2003293, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. La parte impetrante reclama el aseguramiento y privación de la posesión del vehículo de su propiedad, de marca **********, línea ***********, modelo ***********, color ********** y número de serie ************. Los actos que reclama son de aquellos que pueden engendrar una situación jurídica concreta en perjuicio de los gobernados, al ser de esos que con su emisión afectan a la persona o su patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, por ello, se estima que el juicio de amparo es procedente respecto de este tipo de actos, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte que acredita le perjudica el acto, en términos del artículo 5º de la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170500, publicada en la página doscientos veinticinco, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Por las razones expuestas, se infiere que para la promoción del presente juicio, la parte solicitante debió demostrar la afectación a su interés jurídico durante el transcurso del presente asunto, pues en el caso, no aplica la promoción del juicio por interés legítimo. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente, no inferirse con base en presunciones y la carga de demostrarlo fehacientemente corresponde a la quejosa; por ello, corresponde al tribunal de amparo analizar las probanzas con las que se pretenda demostrarlo por ser una cuestión de orden público la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia diversa 1/2002, pronunciada por la aludida Primera Sala, visible en la página 15, tomo XV, Novena Época, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187777, que dispone: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Sentado lo precedente, es conveniente precisar que el accionante del amparo en este sumario ofertó la documental que consistente en: a) Título de vehículo escrito en idioma inglés; b) Certificado de aprobación número 174660, de cuatro de agosto de dos mil dieciocho, expedido por el Programa de Verificación Vehicular de la Dirección de Ecología del Gobierno Municipal de Juárez, Chihuahua; c) Inventario de vehículo expedido por Grúas y Servicios Marín de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Ahora, en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor. En consideración del que suscribe, con las documentales que exhibió el quejoso no demuestra tener algún interés respecto del automotor marca **********, línea ***********, modelo ***********, color ********** y número de serie ************, toda vez que el documento descrito en el inciso a) que exhibe se encuentra redactado en un idioma distinto del castellano. De tal suerte que, si el supuesto título de propiedad elaborado en idioma inglés no cuenta con la apostilla y la traducción necesaria, entonces no puede llegarse a la convicción de que su contenido es auténtico. Misma consideración se realiza por lo que hace al certificado de aprobación número 174660 expedido por el Programa de Verificación Vehicular de la Dirección de Ecología del Municipio de Juárez, Chihuahua, en la que aparece como propietario del vehículo marca **********, línea **********, modelo ********* y número de serie **********, pues el objetivo principal de su expedición es lograr el cumplimiento de los requerimientos en materia del cuidado y protección al medio ambiente, que se encuentran contenidos en el Reglamento Municipal de Ecología y Protección al Ambiente del municipio de Juárez, Chihuahua; sin que dicha documental sea la idónea para acreditar la propiedad del automotor en comento. Finalmente, por lo que hace al inventario número 0640 expedido por Grúas Marín, de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, éste deriva del aseguramiento del automotor citado, que realizaron los elementos de la Agencia Estatal de Investigación; y por tanto, no acredita que el justiciable sea el propietario del multicitado vehículo. En esta tesitura, con tales documentales la parte accionante no acredita que cuenta con algún derecho de propiedad y que, por consecuencia, le causen agravios los actos reclamados, ni que el acto reclamado le haya sido dirigido a su persona, porque se reitera, no se exhibieron documentos que acrediten un derecho real o personal posesorio del citado vehículo. En suma dado que los documentos en idioma extranjero deben acompañarse de la apostilla para que tengan validez, al carecer de la misma no se estiman pruebas idóneas y eficaces para acreditar el interés jurídico. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada XV.1o.21 C emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, que se publicó en el visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, página 431, con registro 200916, del rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO. PARA QUE TENGAN VALIDEZ EN EL PAÍS REQUIEREN DE LA "APOSTILLA" QUE EXIGE LA CONVENCIÓN PROMULGADA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. La sola traducción del documento público proveniente del extranjero, es insuficiente para darle valor probatorio, pues si bien es cierto que fue derogado el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Civiles que exigía su legalización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no menos cierto resulta que en el Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco se publicó la "Convención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros", aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la cual en su artículo 1o., establece cuáles son considerados documentos públicos y en el artículo 2o., dispone: "Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique la presente Convención y que deban ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido de la presente Convención, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente." En su artículo 3o., prevé: "La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4o., expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento. Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento." Atento a lo anterior, en nuestro sistema, para certificar la autenticidad de un documento público proveniente del extranjero, se requiere de la fijación de la "apostilla" descrita en el artículo 4o. de la referida Convención, pues no existe precepto que rechace, simplifique o dispense de legalización al propio documento. En este orden, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que se reclama y su ejecución, de modo que, al no aportar prueba fehaciente que acredite el derecho que tiene para impugnar el aseguramiento y la privación de la posesión del vehículo que aduce es de su propiedad, es claro que deviene improcedente el juicio de amparo por no acreditar de forma fehaciente el interés jurídico. Lo anterior, con independencia de que se haya tenido por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable atinente, pues esa circunstancia no relevaba al quejoso de la obligación de acreditar su interés jurídico. Cobra aplicación, el criterio jurisprudencial 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala del más alto Tribunal del País, con registro 187777, consultable en la hoja 15, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido indica: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Tampoco es óbice que en su escrito constitucional, el peticionario del amparo haya narrado, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, pues ello no acredita su interés jurídico, en la medida en que era necesario que aportara pruebas fehacientes en ese sentido, según así fue razonado. Lo que encuentra sustento jurídico, en la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 207221, inscrita a foja 229, tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. Corolario de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos anteriormente analizados, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. (II) Ahora, respecto al diverso acto reclamado por el quejoso, consistente en de la orden de verificación contenida en el oficio **********, derivada del expediente ********** de veinte de marzo de dos mil diecinueve, también se actualiza la causal de improcedencia expuesta, pero por diversos motivos. En efecto, si bien en la aludida acta la Directora de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, le requirió que exhibiera la documentación que acreditara la legal importación, tenencia o estancia en el territorio del vehículo de que se trata, ello lo hizo de conformidad con las facultades de verificación con que cuenta, lo que de ninguna manera impacta en la esfera jurídica del quejoso, pues en ese acto únicamente se le requirió que cumpliera con los requisitos indicados, y sólo en caso de que no lo hiciera dentro del término de quince días, entonces la autoridad procedería a emitir el embargo precautorio del automotor y posteriormente el inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera, lo cual, hasta el momento no se advierte que haya acontecido. Adicionalmente, se precisa que respecto de tal acta de verificación, el quejoso también estuvo en aptitud, en todo caso, de impugnarla en sede administrativa, con el fin de respetar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, lo cual, según los datos que obran en el expediente, no ocurrió, por lo que también encuadra en la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.7o.A.166 A, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a foja 791, del tomo XV, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Novena Época, materia administrativa, con número de registro 187824, de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD. ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, CUANDO SE COMBATE EL ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN Y LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA SANCIÓN PECUNIARIA, EMITIDAS POR AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. Conforme al artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, las personas afectadas por actos y resoluciones de dichas autoridades pueden interponer el recurso de inconformidad establecido en la propia ley, o bien, promover el juicio de nulidad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Por su parte, el artículo 60 de la ley de ese tribunal dispone que para obtener la suspensión de actos que impongan multas y determinen créditos fiscales se requiere, para quien la solicite, garantizar el importe correspondiente en alguna de las formas establecidas en el propio numeral. Los anteriores requisitos no son mayores a los exigidos en el artículo 135 de la Ley de Amparo, en atención a que ese numeral prevé que en caso de que el amparo se pida contra cobros de contribuciones, procede otorgar la medida cautelar, la que surtirá efectos previo depósito que se haga de la cantidad que se cobre en la oficina correspondiente. Así pues, en ambos casos se debe garantizar el monto de la multa o de la contribución de que se trate. En consecuencia, en la hipótesis narrada no se actualiza la excepción prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ello, previamente a la promoción del juicio constitucional, debe agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con el fin de respetar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional. Asimismo, la tesis aislada pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a foja 557, Volumen 205-216, Sexta Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, materia administrativa, con número de registro 248266, de rubro y texto siguientes: VISITA DOMICILIARIA, ORDEN Y SU EJECUCION VERIFICADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION A QUE SE REFIERE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA. Resulta improcedente el juicio de garantías en los casos en que se ordena la práctica de una visita domiciliaria pues constituye una actuación de la autoridad administrativa como una de las etapas del procedimiento administrativo, que en sí misma, busca tan sólo dejar constancia de ciertas situaciones fácticas a efecto de verificar el acatamiento de ciertos ordenamientos y no produce efectos jurídicos definitivos, los que son propios y exclusivos de la resolución con que concluya el procedimiento aludido, aunado al hecho de no generar directamente y por sí mismas la orden de visita y su ejecución, actos de imposible reparación, circunstancias que se deducen de lo expuesto en la propia demanda de garantías pues el supuesto de afectación alegado sólo puede ser consecuencia de la resolución que eventualmente y en definitiva dicten las autoridades en términos de lo dispuesto en los artículos 210 a 215 de la Ley de Invenciones y Marcas. En ese orden de ideas el juicio de garantías es improcedente en base a lo dispuesto por las fracciones II y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y se surte la causal prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la aludida ley, debiendo por ello de sobreseerse en el juicio de garantías al tenor de lo establecido por el artículo 74, fracción III, del citado ordenamiento. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia de las que se ha dado noticia y se decretó el sobreseimiento de la contienda constitucional en que se actúa, tal situación imposibilita a este juzgador para efectuar el análisis de los conceptos de violación planteados. Al respecto resulta aplicable, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 244, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 195741, de rubro y texto siguientes: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 262/2019, promovido por ***********. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado David César Aranda González, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada María Isabel Olivas Domínguez, hoy treinta de agosto de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

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