Oscar David Galdamez Mejia

Expediente 581/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
581/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Encargado de la Estancia Provisional Juárez
  • Oscar David Galdamez Mejia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se concedió la suspensión de plano y se sobreseyó. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva en el incidente de suspensión original es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción I, inciso c) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con la fracción II, inciso a) del artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 581/2022-I-1. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito de uno de julio de dos mil veintidós, se recibió la demanda promovida por *******, en representación de *******, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, la cual fue turnada a este juzgado el mismo día. Dicha demanda se promovió contra actos los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo. Segundo. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los previstos en los artículos 1, 11, 14, 16, 21, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de primero de julio del año en curso, se admitió la demanda de amparo en el índice de este Juzgado con el número 581/2022-I; proveyéndose respecto a la suspensión de plano solicitada por la promovente. Cuarto. Ratificación de la demanda. El mismo primero de julio del año en curso, se recibido constancia actuarial, de la cual se desprende que el directamente agraviado *******, ratificó la demanda promovida en su favor por *******. Quinto. Admisión de la demanda. Por lo anterior, en auto de cuatro de julio del año en curso, se admitió la demanda de amparo promovida por *******, a nombre y en representación de *******, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Sexto. Audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de dictar sentencia, que es lo que ahora se hace. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se trata de actos ejecutados dentro del territorio donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados; por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se determina que el quejoso reclama lo siguiente: III. - Autoridades responsables: 1. El C. ENCARGADO DE LA ESTANCIA PROVISIONAL JUAREZ. 2. EL C. SUB REPRESENTANTE LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN ADSCRITO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN CHIHUAHUA. IV.- La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: A las precitadas autoridades señaladas como responsables les reclamó, en representación del directamente agraviado: La inconstitucional privación de la libertad del quejoso, en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido en contra de su voluntad, a través de orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, emitida en forma verbal o escrita. La ilegal e inconstitucional condición en que tienen al quejoso, esto es, incomunicado, lo que se traduce en una evidente privación de su libertad personal en franca violación de la libertad de tránsito por territorio nacional mexicano. El acta de rechazo emitida por las autoridades del Instituto Nacional de Migración, mediante la dual decretan la inadmisibilidad del quejoso al territorio nacional mexicano. La violación a las Leyes de Migración y Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, al negarle al quejoso su petición de que se le conceda visa humanitaria o su solicitud de registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dado que a pesar de que dicha persona busca regularizar su estancia en territorio mexicano, las responsables le impiden iniciar el trámite legal que le permitiría ser considerado como refugiado dentro del territorio mexicano, no obstante que huyó de su país de origen porque miembros del crimen organizado lo amenazaron de muerte al negarse a integrarse a grupos delictivos. El estado de hacinamiento insalubre en que tienen al quejoso, dado que en la estación migratoria en que se encuentra ilegalmente detenido y alojado no existen condiciones mínimas que le permitan sobrevivir dignamente, razón por la cual se encuentra en riesgo su salud física y emocional, habida cuenta que aún no ha sido erradicado el virus conocido como COVID-19 que actualmente azota a toda la humanidad y que, por eso, ha sido calificado como pandémico por la Organización Mundial de la Salud, por lo es muy riesgoso que el quejoso y otro gran número de migrantes detenidos convivan en los mismos espacios físicos, ya que en esas circunstancias insalubres siempre está latente la posibilidad de que eventualmente se contagie en caso de que alguna de las restantes personas con las que convive porte el virus citado. De manera que las dimensiones reducidas del lugar donde se encuentran alojados el quejosos y diversos migrantes, la inadecuada ventilación e iluminación del sitio, la escasa higiene del establecimiento y a suciedad de los recipientes en los que se les suministran los alimentos, se traducen en actos de tortura que menoscaban su integridad personal que le provocan degradación, envilecimiento y cosificación, y atentan contra su dignidad humana. El impedir al quejoso tener comunicación, a través de cualquier medio con un representante legal y la negativa de reconocer a la suscrita como su representante legal, lo que impide actuar en su representación en el expediente administrativo que se inició con su ilegal detención y alojamiento en una estación migratoria, por lo que el quejoso desconoce la situación legal en que se encuentra en nuestro país, de manera que en su agravio se viola el contenido de los artículos 70, 107, fracción VIII y 102 de la Ley de Migración, pues se le impide nombrar un representante legal y eventualmente recobrar su libertad colmando las condiciones que establece el último precepto invocado. La orden de deportación al quejoso emitida en forma verbal o escrita, así como su ejecución, pues al estar incomunicado y privado de su libertad personal, en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido injustificadamente y en contra de su voluntad es inminente su expulsión del país, pues de otra manera no se explica que se le niegue concederle visa humanitaria, se le impida registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se le niegue su petición de ser liberado pese a que no ha cometido delito alguno y se prepare de inmediato traslado a una estación migratoria ubicada en la frontera sur de nuestro país. De lo anteriormente transcrito se aprecia que la parte quejosa en esencia reclama los siguientes actos: La privación ilegal de su libertad; La incomunicación; El acto de rechazo para que este en territorio mexicano; La negativa al quejoso respecto a su petición de que se le conceda visa humanitaria o su solicitud de registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; El estado de hacinamiento insalubre en que tienen al quejoso; El impedir al quejoso tener comunicación con su representante legal; y La deportación Tercero. Inexistencia del acto reclamado. En su informe justificado, el Sub representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, y actual Encargado de la Estancia Provisional Migratoria de Ciudad Juárez, manifestó que no son ciertos los actos que se les reclaman, consistentes en la incomunicación; el acto de rechazo para que se establezca en territorio mexicano; la negativa a que se le conceda visa humanitaria o su solicitud de registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; el estado de hacinamiento insalubre en se encuentra el quejoso; el impedir al quejoso tener comunicación con su representante legal; y la deportación. Ahora bien, de las constancias que remitió el sub representante local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la oficina de representación en Chihuahua y actual encargado de la estancia provisional migratoria de Ciudad Juárez, se advierte que dicha autoridad, instauró el procedimiento administrativo en materia migratoria, en contra del quejoso *******, de las cuales se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Que el veintiséis de junio de dos mil veintidós, se recibió puesta a disposición del hoy quejoso *******, por no haber acreditado su regular estancia en el país, por lo cual, esa autoridad procedió a acordar el Registro e Inicio del Procedimiento Administrativo Migratorio, registrado con número *******, a efecto de resolver su situación migratoria, notificada al quejoso ese mismo día. Que en esa misma fecha, se le tomó comparecencia, y solicitó acogerse al beneficio de retorno asistido a su país de origen; no obstante lo manifestado por el quejoso, la autoridad migratoria consideró regularizar sus situación migratoria, al encuadrar en la hipótesis contemplada en el artículo 52 Fracción V último párrafo, de la Ley de Migración, haciendo de su conocimiento que contaba con un plazo de quince días naturales a efecto de iniciar el trámite correspondiente a fin de obtener el documento que acreditara su legal estancia en el País. Que el diecinueve de julio de dos mil veintidós, se tuvo por concluida la tramitación de dicho procedimiento y se ordenó proceder a dictar resolución mediante la cual se concluyera el mismo. Que en resolución de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se resolvió de manera definitiva la situación migratoria del quejoso, en la cual, determinó lo siguiente: Por lo que hace a *******. PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto y una vez que esta autoridad considera que la persona extranjera ******* de nacionalidad *******, considera por razón humanitaria para su regularización, esta autoridad tiene a bien otorgar la salida de estas instalaciones a la persona extranjera ******* de nacionalidad *******, salvaguardando su derecho de libre tránsito, para el efecto que acuda a las oficinas de Regulación Migratoria de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, y/o en donde establezca su domicilio a regularizar su situación migratoria en Territorio Nacional, por encuadrarse su situación de vulnerabilidad en la hipótesis contemplada en el artículo 52 Fracción V último párrafo, de la Ley de Migración, haciendo de su conocimiento que cuenta con un plazo de 15 días naturales a efecto de iniciar el trámite correspondiente a fin de obtener el documento que acredite su legal estancia en el País. Asimismo, con motivo de dicha resolución, el diecinueve de julio del año que transcurre, el quejoso salió de la estación migratoria en la que se encontraba interno. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública, que estampó su firma y el sello oficial originales, en la leyenda correspondiente. De las cuales se advierte claramente que si bien es cierto que se instauró procedimiento administrativo en materia de migración, en relación con el aquí quejoso, no son ciertos los actos consistentes en la incomunicación; el acto de rechazo para que se establezca en territorio mexicano; la negativa a que se le conceda visa humanitaria o su solicitud de registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; el estado de hacinamiento insalubre en se encuentra el quejoso; el impedir al quejoso tener comunicación con su representante legal; y la deportación. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este asunto, en relación con las autoridades responsables y acto reclamado a que se refiere este considerando. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Como se indicó en el considerando que antecede, de las constancias que remitió la sub representante local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la oficina de representación en Chihuahua y actual encargado de la estancia provisional migratoria de Ciudad Juárez, se advierte que dicha autoridad, instauró el procedimiento administrativo en materia migratoria, al quejoso *******, quien efectivamente se encontraba asegurado, en la Estación Migratoria relativa, pues fue puesto a disposición de la mencionada autoridad, el veintiséis de junio de dos mil veintidós, por los agentes Federales de Migración, *******, ******* y *******. Constancias ya valoradas, de las cuales se advierte que efectivamente el aquí quejoso se encontraba privado de su libertad deambulatoria, en virtud del mencionado procedimiento instaurado por la autoridad responsable indicada. Por lo tanto, dicho acto se tiene como fehacientemente demostrado. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues como se expuso en el considerando cuarto, el sub representante local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la oficina de representación en Chihuahua y actual encargado de la estancia provisional migratoria de Ciudad Juárez, en resolución de diecinueve de julio de dos mil veintidós, mediante oficios *******, relativo al expediente *******, ordenó la salida con fines de regularización del hoy quejoso *******, de la Estancia Provisional Juárez, en virtud de la resolución que resolvió la situación migratoria del mismo. De manera que, el quejoso dejó de estar privado de su libertad deambulatoria o asegurada, en virtud de dicho procedimiento administrativo; sin que se pierda de vista que obtuvo su libertad al haber resuelto la autoridad, el procedimiento administrativo de migración. Por lo tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y por lo tanto, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, se sobresee en este asunto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por *******, a nombre y en representación de *******, contra los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de julio de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional programada para las diez horas con diez minutos de hoy, en virtud de que el informe justificado rendido por la autoridad responsable Encargado de la Estancia Provisional Juárez y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Ciudad Juárez, se tuvo por recibido en auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, por notificado a las partes mediante lista publicada el veinticinco de julio del año en curso, esto es, no se presentó con los ocho días de anticipación a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del quince de agosto de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, dadas las razones expresadas la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Materia Común, que se consulta en la página 151, con registro 170081, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada ***, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la constancia levantada por la Actuaria de la adscripción en la cual informa que no fue posible notificar el proveído de veintidós del actual, al quejoso ***, en el domicilio ubicado en Calle ***, en esta ciudad, por los motivos que expone; de lo anterior, toma conocimiento este juzgado. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por la licenciada *** autorizada en términos amplios de la parte quejosa, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que el veintidós de julio del año en curso, ***, quien también es responsable del quejoso, se dirigía al Instituto Nacional de Migración a pedir información respecto a cómo debía cumplir la medida interpuesta al quejoso ***, consistente en asistir a firmar, y en el trayecto otra persona que iba con ellos, solicitó que se detuviera en algún establecimiento comercial para realizar compras de artículos para uso personal, accediendo a ello, y al momento de llegar al establecimiento dicha persona, así como el quejoso, salieron corriendo rumbo al puente Santa Fe, motivo por el cual desconoce el paradero del directamente agraviado; lo anterior, se tomará en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ***, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

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