Oscar Axel González Guzmán y Otros.

Expediente 334/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
334/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Oscar Axel González Guzmán
  • Oscar Axel González Guzmán y Otros.
  • Sergio César Hernández Flores y Otros.
  • Ricardo Alberto Hernández Flores y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por la otra se negó la protección de la Justicia Federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por la otra se negó la protección de la Justicia Federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo número 334/2018-III, promovido por los licenciados ******* y *******, en su carácter de defensores particulares de los directamente quejosos *******, ******* y *******, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua con sede en Ciudad Juárez, remitido a este juzgado el veintiocho de los mismos, por razón de turno, *******, ******* y *******, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y actos siguientes: [.] 3.1.1.- C. JUEZ DE CONTROL DEL FUERO COMÚN, DE LA CIUDAD DE JUÁREZ, CHIHUAHUA, DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS (.) (.) 4.1.- Señalo el Ilegal e Inconstitucional, AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, en contra de nuestros representados, de fecha, Cinco de Mayo del Dos Mil Dieciocho, dentro de la Causa Penal *******, dictado por la autoridad señalada como responsable y de la cual reclamo en todos sus términos. 4.2.- La Medida Cautelar, consistente en la prisión preventiva (.) [.] SEGUNDO. Derechos humanos que se consideran violados. Los quejosos indicaron como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo expusieron los antecedentes de los actos reclamados y los conceptos de violación que estimaron pertinentes. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Por auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, que quedó registrada con el número de expediente 334/2018-III, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, recibido en este Juzgado de Distrito el quince de junio de ese año (fojas 16 a 29); se emplazó al agente del Ministerio Publico que es parte en el proceso de origen, así como a los terceros interesados *******, madre del menor ******* y *******, concubina de ******* (cuaderno de sigilo); se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos que tienen ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se deduce que el quejoso reclama:  De la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos: 1. La medida cautelar consistente en prisión preventiva decretada el treinta de abril de dos mil dieciocho en la causa penal *******, que se instruye a los quejosos por los delitos de homicidio calificado, privación de la libertad personal y lesiones calificadas. 2. El auto de vinculación a proceso pronunciado el cinco de mayo de dos mil dieciocho, en esa causa penal. Para la fijación de los actos se atiende a la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, del siguiente rubro y texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman a la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, porque así lo reconoció al rendir su informe justificado y se corrobora con las copias certificadas que anexó, así como con los discos versátiles digitales (DVD) relativos a las audiencias celebradas el treinta de abril, tres, cuatro y cinco de mayo de dos mil dieciocho; además de las constancias certificadas remitidas por la juez responsable en apoyo de su informe, respecto a la causa penal ******* (fojas 17 a 29). Asimismo, las documentales a que se ha hecho referencia, alcanzan eficacia demostrativa en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2, ya que se trata de documentos expedidos por autoridades en ejercicio de las facultades que la ley les concede. Igualmente, a la copia del audio y video de las audiencias que contienen los actos reclamados, se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su numeral 2, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la Ley y tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), considerados como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta en la tesis 1a./J.43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2004362, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Materia Común, cuyo rubro y texto son los siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de fondo del presente asunto, se procede a examinar las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, máxime que el artículo 63 fracción V, de la propia normatividad, dispone que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causales de improcedencia. Así, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se advierte que el acto que se combate, relativo a la medida cautelar consistente en prisión preventiva, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la Materia, misma que establece que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad. De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: 1. Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; 2. Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho inconforme se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y 3. Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso, se colman los tres requisitos; en efecto, el primer y segundo requisito para ser un acto consentido, pues éste resulta ser lo resuelto en audiencia de treinta de abril de dos mil dieciocho, en la que la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos declaró procedente la solicitud de la Representación Social respecto a la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva en contra de los quejosos, en la causa penal ******* misma que les causa un agravio. Por lo que hace al tercer requisito, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, éste se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido numeral señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el diverso 18 de la propia ley, establece que los plazos se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o bien, al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. En el caso, procede atender la primera de las hipótesis comentadas, a saber, la relativa al término genérico de quince días se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto reclamado. Así, es necesario transcribir los artículos 63, 67 y 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: [.] 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código. 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I.- Personalmente podrán ser: a) En audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán sus efectos el día siguiente de su publicación. [.] De lo que se desprende que en el Sistema de Justicia Oral, las resoluciones serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión; asimismo que estas surtirán efectos a más tardar el día siguiente. Por tanto, si el acto reclamado lo es la resolución de treinta de abril de dos mil dieciocho, dictada en audiencia oral, en la que estuvieron presentes los quejosos y sus defensores particulares, es evidente, que quedaron notificados de dicha resolución en la misma audiencia, surtiendo sus efectos al día siguiente hábil (dos de mayo de dos mil dieciocho). De ahí que el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto, inició el jueves tres de mayo y concluyó el miércoles veintitrés de mayo, sin contar los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de mayo, todas esas fechas correspondientes al año dos mil dieciocho; por tanto, si la demanda de amparo de este sumario fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, hasta el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, tal como se advierte del sello de recibido de la misma, así como de la papeleta de turno de demanda, es inconcuso que transcurrió en exceso el término de quince días a que se refiere el aludido artículo 17 de la Ley de Amparo; se itera, que la parte aquí quejosa quedó notificada de la resolución reclamada el mismo treinta de abril del dos mil dieciocho, surtiendo efectos dicha notificación al día siguiente hábil (dos de mayo); por ende, desde el tres de mayo dos mil dieciocho, estuvo en aptitud de ejercer su defensa, de ahí que es evidente que entre ambas fechas, transcurrieron más de quince días para la presentación de la demanda de amparo, es decir, fue presentada de manera extemporánea. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, relacionada con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de dicha legislación, procede sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Al no haber diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes o que este Juzgado de Distrito advierta de oficio; se procede al estudio del acto reclamado del auto de vinculación a proceso, a la luz de los motivos de inconformidad vertidos por la parte quejosa en sus conceptos de violación. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 13, del Tomo IX, Enero de 1999 Novena Época, registro 194697, cuyo rubro y texto establece: IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en la demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la Ley de la materia no establece como requisito de la sentencia que el juzgador los transcriba para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en aquélla, pues se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sostiene lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, registro 164618, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y contenido siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados, incluso al ser suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por tratarse de los indiciados en un proceso penal quienes formularon la demanda de amparo. En primer lugar, se estudia el sexto concepto de violación, relativo a que la Juez responsable no recabó el medio de prueba consistente en el informe que debe rendir la empresa en la que labora *******. El concepto de violación es infundado. Para evidenciar tal aserto, es conveniente hacer referencia a las videograbaciones contenidas en los discos que remitió la autoridad responsable, en lo que aquí interesa, en el horario 16:50:14 (disco 3 mayo 2018), del cual se advierte que la Juzgadora dio cuenta con el oficio que envió a *******, ******* en *******, en el que requirió la información que solicitó la defensa por escrito, y refirió que el Oficial Notificador adscrito a ese Tribunal, licenciado *******, realizó acta circunstanciada en la que asentó de acuerdo con la cita textual de la juzgadora, en lo que aquí interesa: -.* A fin de notificar a la empresa *******, el contenido íntegro del oficio (.) hago saber que el día de hoy en la fecha y hora que se indica en la presente acta fue recibido el oficio encomendado número ******* relacionado con la causa penal *******. [.] Asimismo, la juez responsable indicó que obraba sello de recibido del que se advertía *******, ubicado en *******, Ciudad Juárez, Chihuahua y el código postal. Acto continuo, en uso de la voz en el horario (16:58:05) la defensa insistió en que se volviera a girar oficio en los mismos términos a la citada empresa donde labora *******, esto es para que se informe si los días veintiséis y veintisiete de abril dos mil dieciocho laboró *******, qué horario tiene, desde cuándo trabaja y que informe la forma en que registra su entrada y salida de dicha empresa. A lo que la Juzgadora manifestó en el horario (16:53:39) que si era básicamente la misma petición que ya había ordenado a la empresa ******* y ante la respuesta afirmativa de la defensa, acordó que se girara inmediatamente el oficio a la referida empresa. Aunado a lo anterior, en la audiencia de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la duplicidad del término, después de que fueron desahogadas las pruebas aportadas por la defensa de los imputados, en el horario 14:28:37, en uso de la voz el abogado de la defensa insistió en saber si había llegado alguna información por parte de la empresa *******, por lo que una vez que la responsable se cercioró por conducto de la encargada de sala que no había llegado algo al respecto al Tribunal, lo informó a la defensa, quien solicitó que se le aplicara alguna medida a la empresa a fin de que hiciera llegar a la brevedad posible al tribunal la información, pues refirió que para la defensa es de vital importancia que esa prueba se incorpore, pues de ello depende la libertad de sus representados. La juez responsable preguntó al abogado de los quejosos si se refería a la información que requirió a la empresa maquiladora *******, a lo que la defensa contestó que así era, por lo que la Juez dijo que se les apercibió en el sentido de que arribaran a la audiencia programada para esa fecha a las nueve y media, y citó de manera textual el contenido del oficio que se envió: [.] Apercibido de que de no comparecer a la misma se le impondrá una multa hasta por treinta unidades de medida y actualización conforme a lo que establece el artículo 104, en su fracción II, en el inciso b), del Código Nacional. [.] Acto seguido, la Juez de Control en el horario (14:31:33) a fin de confirmar, volvió a preguntar a la encargada de sala si había llegado algo, y la respuesta fue que no, por lo que, en relación con la petición de la defensa, consideró que toda vez que apercibió a la moral de la información que le fue requerida, hizo efectiva una multa por veinte unidades de medida y actualización y ordenó que se girara el oficio al recaudador para que hiciera efectiva dicha sanción. La defensa en uso de la voz insistió en que se le aplicara alguna otra medida a la empresa para que hiciera llegar la información que se le requirió, si era posible la detención del titular o gerente de esa empresa, por hacer caso omiso al llamado de la información que le está solicitando el tribunal, a lo que la Juez acordó que la dirección de los medios de apremio corrían a su cargo y que ya había hecho efectiva la multa por la cual había quedado apercibida, y que le informaba que a petición del abogado, ese mismo día enviaría un oficio requiriendo dicha información. Finalmente, antes de que concluyera la audiencia, en el horario 14:58:55 del mismo (disco 4 mayo 2018), la juez anunció a los presentes que daría unos minutos para preguntar si había algo en relación con el oficio en el que hizo efectiva la multa, pero la respuesta fue, que no tenían dato de que se hubiera recibido algo relacionado con sus peticiones, por lo que procedió a fijar día y hora para la audiencia en la que se decidiría la situación de los imputados. En ese sentido, no asiste razón a los quejosos cuando aducen que la Juez de origen no recabó tal medio de prueba, pues se advierte que giró el oficio correspondiente, el cual fue debidamente entregado, según describió el Actuario de su adscripción; asimismo, hizo efectivo el medio de apremio ante la omisión de comparecer con la información solicitada a la audiencia de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, y más aún, ante la insistencia del abogado de los imputados, ordenó que se girara un diverso oficio requiriendo la información ya solicitada; de ahí que su concepto de violación devenga infundado. A mayor abundamiento, debe tenerse en consideración que de conformidad con los artículos 313, 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación constituye la fase en la que se recopilan datos de prueba, no pruebas en sí mismas, los cuales deben entenderse como el contenido o indicios probables que provienen de los actos de investigación que fueron recabados y registrados por el Ministerio Público para el esclarecimiento de un hecho que la ley señala como delito. De ahí, que el grado de certeza mínimo que ordena un auto de vinculación es de una mera probabilidad; por tanto, aun cuando la información de la empresa moral, por circunstancias no atribuibles a la Juez de la causa, no se rindió en los términos que se le requirió, a nada práctico conduciría conceder el amparo para ordenar recabar dicho informe, pues éste, según se ofreció para constatar que *******, labora para la empresa ******* o *******, ubicada en *******, si laboró los días veintiséis y veintisiete de abril de dos mil dieciocho, entre otras cosas, prueba que en la audiencia de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el abogado de la defensa dijo que dependía la libertad de sus representados. Empero, dicho informe por su naturaleza no tendría el alcance de invalidar los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público, específicamente las entrevistas o declaraciones de cargo, pues en el mejor de los casos se trataría de un dato contrario a dichas entrevistas o declaraciones ministeriales y ante la juez, pero que dada la etapa procesal en que se encuentran, no sería factible que la juez determinara válidamente cuál o cuáles de dichos datos de prueba (sin tener aún el carácter de pruebas) deben prevalecer frente a los otros, pues para el dictado del auto de vinculación a proceso es suficiente que existan dichos datos de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, aun cuando existan datos en contrario, pues será hasta la etapa de juicio en que se deba ponderar en definitiva el valor probatorio que cada medio de convicción debe tener y, por ende, si las pruebas de cargo son suficientes para acreditar la responsabilidad de los acusados más allá de toda duda razonable. En otro orden de ideas, no asiste razón a los peticionarios del amparo, al señalar en los conceptos de violación primero, segundo y tercero, que el acto reclamado contraviene lo dispuesto en los numerales 1, 14, 16, 19 y 20 Constitucionales, así como que la Juez de Control fue omisa en realizar un examen de razonabilidad de los datos de prueba aportados a fin de acreditar la probable participación de sus defensos en los hechos que se les imputan, pues el auto de vinculación a proceso, se dictó respetando los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16, así como el 19 de la Constitución. Además, respecto de las imprecisiones que destacan, al margen de que sí se hayan verificado, no tienen el alcance para determinar que el acto reclamado fue dictado contrario a las normas que lo rigen. Para demostrar el anterior aserto, se hace necesario traer a glosa, los elementos constitucionales y procesales que se estiman aplicables en asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio. En primer término, el artículo 14 constitucional, que establece: 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Asimismo, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, prevé: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. En ese sentido, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, los diversos artículos 313, párrafos primero, segundo y tercero, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad. 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa De acuerdo a las disposiciones transcritas, se advierte que para la emisión de un auto de vinculación a proceso es necesario satisfacer ciertos requisitos de forma y fondo, a fin de que no resulte violatorio de derechos humanos, debiéndose anotar como de los primeros: a) Debe ser dictado en la audiencia inicial inmediatamente después de hecha la solicitud de imputación y desahogado el debate, o dentro de las setenta y dos horas siguientes o su ampliación, después de desahogarse la audiencia relativa, y constar por escrito. b) Que se haya formulado imputación por parte de la representación social, y que se haya otorgado la oportunidad al imputado de declarar, en la forma y con los requisitos que establece el código procesal en cita, con independencia que aquél se rehúse a declarar. c) Los datos personales del imputado, y el delito que se le imputa. d) Las circunstancias de ejecución, de tiempo y de lugar. e) Los datos de prueba que consten en la carpeta de investigación y que hayan sido señalados por las partes. Como de los segundos, que los datos de prueba sean suficientes para establecer la existencia de indicios razonables de que se han cometido hechos que la ley señale como delito, debiéndose entender por esto, la realización fáctica de la descripción típica conforme a sus elementos objetivos, subjetivos y normativos, y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; además, que no esté actualizada a favor del imputado, alguna causa de extinción de la acción o excluyente de responsabilidad. Ilustra lo anterior la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, página 1940, del tenor literal siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Además, como requisito de todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso, debe estar debidamente fundado y motivado, debiéndose entender por motivación que en el acto de autoridad han de señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas que se hayan tomado en consideración para su emisión; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Resulta aplicable la tesis XX.102 K, sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, página 501, que dice: MOTIVACIÓN. TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional debe existir en todo acto de autoridad (orden de aprehensión, auto de formal prisión, sentencia, etc.), en razón de que debe justificarse la aplicación de las normas jurídicas respectivas precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que la parte afectada con el acto de molestia pueda conocerlo y estar en condiciones de producir o preparar su defensa. Es importante señalar, que para la emisión del auto de vinculación a proceso, el juez de control no debe imponerse de los medios de prueba que obren en la carpeta de investigación, pues tal cuestión es permitida únicamente al representante social, al imputado y a su defensa, quienes en la audiencia inicial, específicamente el fiscal que formule la imputación, deberán reseñar y relatar en forma precisa los denominados antecedentes de investigación o elementos de prueba que existan en la carpeta de investigación, y será con base en tal información que proporcionen las partes, con lo que el juzgador deberá emitir el auto de vinculación, motivo por el cual no puede exigírsele en este estadio procesal, describir de forma tan detallada los elementos de prueba, precisamente por no tenerlos a la vista, pues se insiste, el juzgador emitirá su determinación con base en la información que de viva voz le proporcionen las partes. De lo anterior se colige que si bien todo acto de autoridad debe emitirse de manera fundada y motivada, también se infiere que el constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal bajo el sistema acusatorio, basándose sólo en el grado de razonabilidad; el impedimento a los jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar no sólo la contaminación de los mismos y mantener con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, sino la de todo el proceso, así como resolver lo conducente con los datos que exponga el representante social en relación a un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, esto es, debe atenderse a su grado de certeza y no al nivel de prueba, dado que el auto de vinculación a proceso sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Es corolario de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, registro 2014800, Décima época, siguiente rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Sentadas las premisas anteriores, se procede a analizar el auto de vinculación a proceso de cinco de mayo de dos mil dieciocho, emitido dentro de la causa penal ******* por los hechos que la ley señala como lesiones calificadas, privación de la libertad personal y homicidio calificado. Así tenemos que, los hechos imputados por la representación social en el horario 14:36:10 (disco 30 abril 2018), son los siguientes: El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, aproximadamente a las veinte horas con treinta minutos, ******* arribó al exterior del domicilio ubicado en *******; ahí se encontraba el menor víctima *******, a quien le lanzó un golpe y es en compañía de un grupo de personas de los cuales se logra identificar a *******, *******, ******* alias "*******",*******,******* y otras personas no identificadas, empezaron a golpear al menor, causándole diversas lesiones. De este modo, a bordo de una camioneta color guinda, arribó al lugar ******* con el fin de defender a su hermano *******, siendo agredido por *******, *******, *******y otro grupo de personas, éste al ver en peligro su integridad, abordó de nuevo su camioneta color guinda con el fin de resguardase e inició su marcha, hasta el cruce de las calles Puerto Dover, Puerto Calais y Montes de Oca, donde es interceptado por un vehículo color blanco y una camioneta Ford, Explorer, color negro, llegando hasta el lugar *******, *******, *******, en compañía de otras personas, bajándolo de la camioneta para continuar con la agresión, privándolo de la libertad personal, subiéndolo a la camioneta Explorer color negro, llevándoselo con rumbo desconocido, siendo localizado el cuerpo sin vida de la víctima ******* el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, a las ocho horas con cincuenta minutos, en el cruce de las ******* en esta ciudad, siendo la causa de muerte traumatismo craneoencefálico severo. Hechos que -sustenta la Fiscalía- son sancionados por el Código Penal del Estado de Chihuahua, como lesiones calificadas, contemplado y penalizado por los artículos 129, fracción IV, 131 y 136, fracción II, inciso b; homicidio calificado, que prevé y reprimen los cardinales 123, 124, 127, en relación con el 136, fracción II, inciso b); injustos penales de consumación instantánea conforme lo establece el 17, fracción I; y el diverso de privación de la libertad personal, previsto y sancionado por el artículo 158, de realización permanente acorde a lo que prevé el numeral 17, fracción II; ilícitos cometidos en su calidad de coautores, en términos del numeral 21, fracción III, a título de dolo de acuerdo a lo establecido en el numeral 18, fracción I. La representación social les hizo saber los nombres de sus acusadores de conformidad con lo dispuesto en los artículos 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 20 constitucional. Asimismo, de la reproducción del disco versátil en el horario (14:50:22), la Juez de Control les informó su derecho a declarar o bien a guardar silencio, a lo cual, los imputados manifestaron que se reservaban su derecho a declarar. Posteriormente, al otorgarle la palabra a la representación social, la Fiscalía solicitó oportunidad para vincular a proceso (14:51:59), para lo cual invocó los siguientes datos de prueba:  Parte informativo de veintiocho de abril de dos mil dieciocho, elaborado por el agente de investigación *******, así como entrevistas que realizó a *******, Menor *******, *******, *******, *******, *******;  Serie fotográfica de quince tomas del lugar del hallazgo del cuerpo de veintisiete de abril de dos mil dieciocho;  Informe de Actividades de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, suscrito por *******, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal;  Oficio ******* de veintiocho de abril de dos mil dieciocho, signado por el licenciado *******, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra Narcomenudeo;  Testimoniales ante el Agente del Ministerio Público de veintiocho de abril de dos mil dieciocho de *******, del menor ******* en compañía de su madre *******, *******, *******, ******* y *******;  Reconocimiento de personas en las cámaras de gesell de veintiocho de abril de dos mil dieciocho, por los comparecientes *******, del menor ******* en compañía de su madre *******, *******, *******, ******* y *******.  Protocolo de investigación de veintiocho de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual ******* (concubina) y ******* (madre), identificaron el cuerpo de la víctima *******;  Informe de necrocirugía de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, realizado por el perito médico legista *******;  Dictamen en materia de criminalística de campo de veintinueve de abril de dos mil dieciocho, por la perito *******;  Informe médico de lesiones de veintiocho de abril de dos mil dieciocho, realizado por la perito médico legista *******, relativo al menor *******;  Denuncia y querella de veintiocho de abril de dos mil dieciocho, presentada por *******, por el delito de lesiones cometido en perjuicio de su menor hijo *******;  Acta de nacimiento del menor *******, con número de control *******, con fecha de nacimiento *******, siendo los nombres de los padres ******* y *******. De igual manera, debe decirse que en el horario 16:08:09 los imputados solicitaron la ampliación del plazo constitucional para resolver su situación jurídica, motivo por el cual la Juez de origen señaló en un inicio las nueve horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil dieciocho, a fin de celebrar audiencia en la que se resolvería la situación jurídica de los imputados; sin embargo, a petición de la defensa la cambió para las nueve horas con treinta minutos del tres de mayo de dos mil dieciocho. Enseguida la Representación Social solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que previo debate entre las partes, se ordenó imponer a los imputados la citada medida cautelar contemplada en el numeral 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales con vigencia de veinticuatro meses, esto es, hasta el treinta de abril de dos mil veinte (16:28:58). En la audiencia de tres de mayo de dos mil dieciocho la defensa desahogó los medios de prueba consistentes en:  Testimonial de la licenciada ******* defensora penal pública.  Testimonial del licenciado ******* defensor Público.  Testimonial de los imputados, lo cual la defensa hace del conocimiento de la juez de control en el horario 10:50:00, desahogados en el siguiente orden ******* (10:51:10), ******* (11:14:15) y ******* (14:15:02).  Nota periodística del periódico PM de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en la que se encuentra una fotografía en la que aparece *******.  Fotografía en la que aparece *******.  Testimonial de *******, Agente de la Dirección General de Tránsito Municipal.  Testimonial de *******, perito en materia de tránsito terrestre.  Testimonial de *******.  Testimonial de *******.  Testimonial de *******.  Testimonial de *******.  Testimonial de *******. En la audiencia de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la defensa ofreció los siguientes medios de prueba:  Testimonial de *******.  Testimonial de *******.  Testimonial de *******.  Testimonial de *******.  Testimonial del menor ******* asistido por *******, psicólogo adscrito a la Unidad de Estudios Psicológicos del tribunal de control.  Denuncia o querella de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, presentada por *******.  Reproducción de video de nota periodística de Canal 44, en el que se da noticia sobre un accidente vial.  Carpeta de investigación ******* seguida en contra de *******, ******* y ******* por el delito de narcomenudeo. Finalmente, después del debate entre la Representación Social y la defensa, sobre la solicitud de vinculación a proceso de los imputados, la juez de control fijó las catorce horas del cinco de mayo de dos mil dieciocho, para resolver la situación jurídica de los imputados. Con base en los antecedentes expuestos, se deduce que la resolución controvertida no se contrapone a lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, dado que, se colmaron los requisitos de forma. Lo anterior es así, pues en la audiencia inicial, se solicitaron a los imputados sus datos generales; sus defensores particulares aceptaron y protestaron el cargo; se formuló imputación en presencia de la Juez de Control, haciéndoles saber que se desarrollaba una investigación en su contra respecto de hechos que la ley señala como delitos, donde se concedió la palabra a la agente del Ministerio Público quien expuso a los imputados los hechos que se les atribuyen, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que se dice tuvieron en los mismos, así como los nombres de las personas que deponen en su contra. Asimismo, les otorgaron oportunidad para declarar, la Juez de Control preguntó a los imputados si era su voluntad declarar, quienes manifestaron en un inicio reservarse su derecho, aunque posteriormente dieron su anuencia y con asistencia de los defensores particulares que designaron, emitieron declaración; se solicitó por la Fiscalía vinculación a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión. Asimismo, atento a que los imputados previo cuestionamiento por parte de la Juez de Control, decidieron que se ampliara el plazo constitucional de setenta y dos a ciento cuarenta y cuatro horas para que se resolviera su situación jurídica, la Juzgadora señaló las nueve horas con treinta minutos del tres de mayo de dos mil dieciocho, posteriormente continuó la audiencia a las nueve horas con treinta minutos del cuatro de mayo siguiente, para llevar a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso, y una vez desahogados los medios de prueba que aportó la defensa, señaló las catorce horas del cinco de ese mes y año y procedió a resolver. De ahí que se demuestre, que se encuentran reunidos los requisitos de ley, resultando aplicable, la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, Pleno, Materia Constitucional y Común, visible en la página ciento treinta y tres del siguiente tenor: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Asimismo, la Juez de control observó que se cumplieran los requisitos previstos por el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales como a continuación se verá. Se reitera, del artículo 19 constitucional, se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: A. Que se haya formulado la imputación; B. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; C. De la investigación se desprendan los datos que establezcan: C.1. Que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y C.2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; D. Que no se actualice una causa que extinga la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión únicamente deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: A. FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. El treinta de abril de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente Ministerio Público formuló imputación en contra de los accionantes del amparo, por los hechos constitutivos de los delitos por los que se les dictó el auto de vinculación reclamado, en audiencia de cinco de mayo de dos mil dieciocho, esto, por solicitar la duplicidad del término constitucional a efecto de que se resolviera la situación jurídica de los imputados. B. SE HAYA OTORGADO AL IMPUTADO LA OPORTUNIDAD PARA DECLARAR. En la audiencia celebrada el tres de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la duplicidad del término constitucional, los ahora quejosos rindieron su declaración preparatoria, ante la Juez de la causa, respecto de los hechos que se les imputaron. C. DE LA INVESTIGACIÓN SE DESPRENDAN DATOS QUE ESTABLEZCAN QUE SE HA COMETIDO UN HECHO QUE LA LEY SEÑALE COMO DELITO Y LA PROBABILIDAD DE QUE EL IMPUTADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN. C.1. Hecho que la ley señale como delito. Con relación a este tópico, es oportuno precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, únicamente debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Para tal efecto, este Tribunal de amparo debe constatar que el Juez haya realizado un examen sobre el grado de racionabilidad, para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Apoya esta consideración, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, de Febrero de 2012, Tomo 3, materia penal, página 1942, del siguiente tenor: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. En el caso, la Juez de control estableció que de los datos de prueba aportados por la Representación social, así como de los datos de prueba que llevó a manera de descargo la defensa, se advertía que se cometieron hechos que la ley señala como delitos de lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 129, fracción II, 133 y 136, fracción II, inciso b), cometido en perjuicio de *******; privación de la libertad personal, que prevé y reprime el ordinal 158 y homicidio calificado, contemplado y sancionado por los numerales 123, 124, 127 y 136, fracción II, inciso b), injustos penales cometidos en perjuicio de *******; delitos los anteriores, en términos del numeral 21, fracción III, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, por los hechos ocurridos el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, aproximadamente a las veinte horas con treinta minutos, que inician en el exterior de domicilio ubicado en *******, en esta ciudad. Homicidio calificado En efecto, estimó que para acreditar el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, la representación social allegó el parte informativo que el agente investigador *******, realizó el veintiocho de abril de dos mil dieciocho, en el que dio cuenta de diversas circunstancias que dijo la juzgadora quedaron videograbadas, en lo que aquí interesa, que encontró el cuerpo de la víctima mortal en el sitio precisado y asentó en el parte referido que entrevistó a diversas personas que también se encontraban en el sitio. También consideró el informe de actividades que realizó el Agente Municipal *******, el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en el que indicó que recibieron un llamado al 911 reportando que habían encontrado a un hombre en posición de decúbito ventral, con lesiones en la cabeza, ya sin signos vitales, por lo que dicho agente solicitó apoyo ministerial. La juez responsable acertadamente atendió a tales actuaciones policiacas con fundamento en lo dispuesto en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que provienen de efectivos policiacos que actúan facultados legal y constitucionalmente para intervenir en los hechos que les son denunciados. Asimismo, la juez de control consideró el dictamen en materia de necrocirugía realizado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, por el doctor ******* al cuerpo de *******, en el que el perito concluyó que la víctima perdió la vida por un traumatismo encefálico severo, que la etiología de la muerte fue mecánica, que el agente vulnerante externo es un objeto duro con filo, que le aplicó fuerza en cráneo y cara, lo que desencadenó en que resultara con estallamiento de globo ocular y diversas lesiones corto penetrantes de las que dio cuenta. Así como el dictamen de criminalística de campo elaborado por la experta ******* el veintinueve de abril de dos mil dieciocho, respecto del cadáver referido, ello en el sitio del hallazgo, examen que realizó el veintisiete de abril de ese año y que da cuenta que tuvo a la vista un masculino con diversas lesiones, excoriaciones y concluye diversas hipótesis, destacando la juzgadora, que se le encontró al cadáver referido heridas en cuello por una tijera incrustada, también determinó que se utilizaron dos agentes externos, un objeto contuso y otro cortopenetrante; asimismo, asentó que las heridas apreciadas al cadáver no pudieron haber sido autoinferidas, sino que se trata de una muerte violenta con características de homicidio. La juzgadora correctamente consideró digno de atender tales dictámenes, ya que fueron recabados y realizados por expertos en la materia que cada uno dictaminó, aunado a que tales peritos son ajenos a los hechos que se ventilan y fueron realizados según dispone el numeral 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También atendió a las diligencias de identificación de cadáver que realizaron el veintiocho de abril de dos mil dieciocho, ******* y *******, concubina y madre, respectivamente, de quien en vida respondiera al nombre de *******, pues consideró que derivan de personas vinculadas emocional y consanguíneamente con la víctima, por lo que pueden dar cabal cuenta de la identidad de éste. En relación con la calificativa que invocó la Representación Social prevista por el numeral 136, fracción II, inciso b), del Código Penal del Estado de Chihuahua, consistente en que el hecho que la ley prevé como delito de homicidio se haya cometido con ventaja relativa a que sea superior el agente por las armas empleadas por la mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que intervengan en él. La Juzgadora responsable la tuvo por acreditada, con el resultado de la necropsia de la que derivó que la víctima mortal perdió la vida por un traumatismo craneoencefálico con motivo de un agente vulnerante externo, esto es, un objeto duro con filo que fue utilizado en la cara y cráneo, así como lo asentado en el parte informativo en el sentido de que el cadáver fue localizado con tijeras con un mango incrustado en cuello y la juzgadora lo tuvo por corroborado con la laceración de cuello a que se refirió en el dictamen de necrocirugía. Lesiones calificadas Por lo que respecta al diverso hecho que la ley prevé como delito de lesiones, la juzgadora lo tuvo por acreditado, en perjuicio de la persona menor de edad *******, con la denuncia interpuesta por *******, madre de la persona menor de edad víctima de las lesiones, el veintiocho de abril de dos mil dieciocho, en la que refirió que su menor hijo resultó con diversas lesiones y agregó copia del acta de nacimiento del menor, de la que se advierte que nació el diecinueve de agosto de dos mil. La juzgadora con acierto atendió tal denuncia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222, así como el 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque proviene precisamente de la madre del menor víctima que tiene a su cargo la seguridad y la formación del menor. Asimismo, refirió que el hecho de lesiones se acreditaba con la testimonial de la propia víctima menor de edad ******* que rindió ante ese Tribunal, que quedó videograbada y en la que dio cuenta de las múltiples lesiones que presentó el día de los hechos, quien como bien dijo la responsable, por haberlo resentido en su humanidad, puede dar cuenta a cabalidad de la agresión referida. Además, la juez de control corroboró la conducta de lesiones con el informe de las lesiones causadas al menor ******* y de las que diera cuenta el veintiocho de abril de dos mil dieciocho, la doctora *******, quien clasificó las múltiples lesiones que encontró como de las que no ponen en peligro la vida, tardan más de quince días en sanar y menos de sesenta días y pueden dejar fractura de hueso de nariz así como cicatriz permanente en la cara. Tal dictamen fue atendido por la juez responsable, ya que consideró que proviene de una experta que es ajena a los hechos que se estudian, y que puede dar cuenta de esos resultados en virtud de la ciencia de la que es experta y hasta ese momento no había dato alguno que lo controvirtiera. En relación con el incremento de la penalidad respecto al hecho de lesiones que la representación social encuadró en el numeral 131, relativo a la minoría de edad de la víctima, la juez de control acertadamente tomó en cuenta el acta de nacimiento de ******* de la que se advierte que en el momento de los hechos contaba con diecisiete años de edad. A tal documento, la juez responsable con acierto le otorgó valor probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque contiene el soporte material de la cualidad específica requerida, en este caso, que es la minoría de edad de la víctima. Por lo que respecta a la calificativa que también pidió la representación social por el hecho de homicidio, previsto en la fracción II del inciso a) del cardinal 136 relativa a que la ventaja sea por el número de las armas empleadas, la mayor destreza en ellas o por el número de los que intervengan en el hecho delictivo, la responsable tomó en cuenta el dicho de la víctima quien ante ese Tribunal dio cuenta a cabalidad del número de agresores que asistieron el día del evento, es decir, que fueron varios los sujetos activos. Lo anterior, la juez responsable lo corroboró con los relatos de los diversos testigos que se allegaron, de los que advirtió de manera coincidente que las víctimas fueron agredidos por varios sujetos con las circunstancias que quedaron videograbadas. Privación de la libertad Por lo que hace al diverso hecho que la ley prevé como delito de privación de la libertad previsto y sancionado por el numeral 158 del Código Penal del Estado, la Juez de control refirió que se allegaron las entrevistas ministeriales que dentro de su parte informativo realizara el agente ******* el veintiocho de abril de dos mil dieciocho, tanto al menor *******, así como a *******; y las testimoniales que ante el Ministerio Público rindieron *******, *******, *******, ******* y el menor *******. En las que, refirió la juzgadora, manifestaron que advirtieron que el día de los hechos y luego de que resultara lesionado el menor víctima *******, lograron advertir que eran diversos sujetos los que persiguieron, algunos a pie y algunos en dos vehículos que refieren como un auto blanco y una camioneta negra, a la víctima mortal *******, que posteriormente lo bajan del vehículo que éste conducía, lo suben a la camioneta negra y se lo llevan y todos manifiestan que ya no supieron nada de *******, hasta el día siguiente que supieron que había sido encontrado sin vida, tirado en la calle; relatos que para la juzgadora resultaron creíbles, dignos de confianza y veraces. Ahora, al margen de determinar si las razones que dejó plasmadas la juez de la causa resultan o no correctas en este tópico, es necesario precisar que acorde con el artículo 19 constitucional, el estándar probatorio que se exige al Juez para el dictado del auto de vinculación a proceso no es igual que el que se exige para el dictado de una sentencia, sino que es más laxo, sin que ello llegue al extremo de diluir el control judicial de los datos de prueba recabados por el agente del Ministerio Público para ejercer acción penal. En la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)", el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso, el Juez de Control no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, señaló que de conformidad con el contenido del artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el citado Tribunal determinó que por hecho ilícito no debía entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debía limitarse al estudio conceptual, es decir, acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal, con el propósito de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debía evitarse la formalización de los medios de prueba para no contaminar o anticipar juicio sobre el delito y su autor, razón por la cual, el Juez de garantía debía resolver, por regla general, sólo con los datos que le fueran relatados. En esa medida, para la emisión del auto de vinculación a proceso, no deben ser objeto de valoración formal los elementos emanados de la investigación, sólo se requiere que el órgano acusador con datos idóneos, pertinentes, suficientes y legalmente obtenidos que obren en la carpeta correspondiente, establezca razonablemente la existencia del hecho imputado y la probabilidad de la participación del inculpado; es decir, que con un estándar bajo de prueba se pueda determinar que existe el hecho y que es probable que el imputado participó en él; además, de la ponderación jurídica de que el hecho se tipifica como delito en la ley; sin que tales datos constituyan prueba fehaciente para ser tomados en cuenta al dictar la sentencia pues en ese caso únicamente se pueden tomar en consideración las que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio oral. De lo anterior, se concluye que para demostrar el estándar probatorio necesario en el juicio natural, sólo es necesario que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que el Juez estime idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En tales condiciones, este Juzgado de Distrito comulga, en lo esencial, con lo determinado por la autoridad responsable, porque en esta etapa del procedimiento sólo es factible analizar los elementos objetivos del ilícito en cuestión, que se refieren al aspecto material del mismo, de ahí que resulta legal la consideración de la Juez de Control, porque en este momento procesal, los datos de prueba que ante ella se desahogaron y relataron son suficientes para tener por acreditados los componentes de los delitos de lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 129, fracción II, 133 y 136, fracción II, inciso b), cometido en perjuicio de *******; privación de la libertad personal, que prevé y reprime el ordinal 158 y homicidio calificado, contemplado y sancionado por los numerales 123, 124, 127 y 136, fracción II, inciso b), injustos penales cometidos en perjuicio de *******; delitos los anteriores, en términos del numeral 21, fracción III, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, por los hechos ocurridos el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, aproximadamente a las veinte horas con treinta minutos, que iniciaron en el exterior del domicilio ubicado en *******, en esta ciudad. De modo que la responsable no lesionó los derechos de los quejosos al considerar que de la investigación se desprendían datos que establecieron que se cometieron hechos que la ley señala como delitos, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esta etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito comparte la conclusión a la que arribó la responsable, porque obran datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos de los delitos precisados. Es sustento de esta determinación, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que fue citada en líneas precedentes, del siguiente tenor: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. C. 2. Probabilidad de que los imputados participaron en la comisión de los hechos que la ley reputa como delito. Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que los imputados participaron en la comisión de los hechos que la Ley reputa como delitos, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal que se encuentra vigente en esta entidad, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahogaron en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-; por ende, basta que existan indicios de que los ahora quejosos hayan intervenido en los hechos que la ley prevé como delitos. En el caso, la Juez responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación de los imputados *******, ******* y *******, en la comisión de los hechos que se identificaron en líneas previas, al considerar que existen los señalamientos que le resultan de las testimoniales del menor *******, *******, *******, *******, quienes en sus relatos ante el Tribunal de Control según la juez "de manera conteste" los señalan como los tres sujetos que aproximadamente a las veinte horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciocho, causaron las lesiones referidas al menor ******* y luego persiguieron a la víctima *******, que lo bajan de su camioneta y posteriormente se lo llevan a diverso vehículo, que finalmente a éste lo encuentran sin vida. Asimismo, la juzgadora destacó el señalamiento que realizó el menor víctima, quien ante esa Juzgadora de forma tajante reconoció a *******, ******* y *******, como tres de los sujetos que lo lesionaron y señala específicamente a ******* como el que iba manejando la camioneta negra, así como a ******* y a ******* que iban a pie mientras perseguían a su hermano *******. Refiere la juez de control que el menor víctima incluso destacó que fue diverso activo quien sacó un cuchillo y logró advertir que hirió a su hermano ******* y que éste iba sangrando. Señalamientos que consideró la juez responsable suficientes para establecer en el grado de probabilidad que fueron *******, ******* y *******, ambos de apellidos *******, quienes cometieron los hechos que la ley prevé como lesiones calificadas en los artículos 129, fracción IV, 131 y 136, fracción II, inciso b), del Código Penal del Estado en perjuicio del menor víctima *******; privación de la libertad personal previsto en el numeral 158, así como el homicidio calificado, previsto y sancionado por los numerales 123, 124, 127, 136, fracción II, inciso b), del citado código, estos dos ilícitos en perjuicio de *******, en hechos ocurridos según la Representación Social el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, en el exterior del domicilio ubicado en ******* en esta ciudad. Afirmaciones que este órgano jurisdiccional federal considera apegadas a derecho, pues efectivamente, existe imputación directa de la víctima, así como de los testigos que declararon ante el Agente del Ministerio Público y que fueron testigos aportados por la defensa en la duplicidad del término, quienes ante la Juez de Control señalaron de manera contundente a los hoy quejosos como las personas que participaron en los hechos que se les imputan. Por ello, se estima correcta la afirmación a que arribó la Juez respecto a la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión de los hechos referidos en el auto de vinculación a proceso en estudio. Máxime que, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no es factible realizar una valoración probatoria definitiva, esto es, determinar qué valor probatorio tiene cada uno de los medios de convicción y/o datos de prueba expuestos en la audiencia, sino que para justificarlo es suficiente que haya datos de prueba que sustenten, en un grado razonable, la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Efectivamente, hasta este estadío procesal son suficientes los medios de convicción analizados para tener por acreditada su probable responsabilidad; ya que como se indicó anteriormente, para dictar un auto de vinculación a proceso es innecesario que se acredite de manera plena la responsabilidad penal del quejoso, sino únicamente en grado de probabilidad, conforme a lo previsto por el artículo 19 de la Constitución General de la República. En tal orden de ideas, hasta este estadío procesal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de hechos descritos por la ley penal como delitos de lesiones calificadas, contemplado y penalizado por los artículos 129, fracción IV, 131 y 136, fracción II, inciso b y homicidio calificado, que prevé y reprimen los cardinales 123, 124, 127, en relación con el 136, fracción II, inciso b), injustos penales de consumación instantánea conforme lo establece el 17, fracción I; y el diverso de privación de la libertad personal, previsto y sancionado por el artículo 158, de realización permanente acorde a lo que prevé el numeral 17, fracción II; ilícitos cometidos en su calidad de coautores, en términos del numeral 21, fracción III, a título de dolo de acuerdo a lo establecido en el numeral 18, fracción I, también se ha demostrado la probabilidad de que los quejosos cometieron los hechos considerados como delitos, con lo que se cumple con los requisitos que exige para la emisión de la vinculación a proceso el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. D. QUE NO SE ACTUALICE UNA CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL O EXCLUYENTE DEL DELITO. En lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, los quejosos tampoco la hicieron valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. De esta manera, quien ahora resuelve, estima se encuentran reunidos los requisitos de fondo, pues la Juez de Control, previo a establecer los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, fundó y motivó su determinación, al considerar reunidos los requisitos en términos del artículo 19 Constitucional, con relación al precepto legal 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sustentándose en los datos de prueba aportados, y de los que se actualizaban hechos constitutivos de los delitos nombrados. Lo anterior, pues los medios de prueba invocados por la Juez de Control y aportados por la Representación Social, conllevan a determinar -como lo sostuvo la Juez de Control- su suficiencia para la emisión del auto de vinculación a proceso, esto es, el establecimiento que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, en el que es suficiente que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte el tipo penal aplicable. Ello es así, pues debe precisarse que la autoridad responsable en la resolución por la cual dictó el auto de vinculación a proceso, lo hizo en atención a lo que disponen los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así, del contenido de los discos versátiles digitales que fueron remitidos por la juez responsable en apoyo al informe justificado que rindió, se aprecia que se colmaron los requisitos constitucionales y legales para la emisión de una resolución como la combatida, ya que en la resolución de vinculación a proceso, la juez responsable realizó el análisis respectivo del porqué consideraba que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendían datos de prueba que establecían que se han cometido hechos que la ley sustantiva penal señala como delitos, fijó las circunstancias de ejecución de los delitos como ha quedado ya precisado, y a las que se remite en obvio de inútiles repeticiones, y de igual manera, de forma fundada y motivada expresó porqué existe probabilidad de que los imputados los cometieron, señalando que del análisis de los autos no se advertía la actualización de alguna causa excluyente de responsabilidad o del delito. Aunado a lo anterior, la autoridad responsable expresó los datos de prueba que le permitieron arribar a tal conclusión y los hechos que acreditaban; de igual forma, indicó cómo de esa sucesión de hechos se desprendía que existe probabilidad de que los quejosos desplegaron las conductas atribuidas; lo que resulta suficiente para fundar y motivar la resolución reclamada, siendo evidente que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, se emitió una resolución fundada y motivada, dentro del plazo constitucional y con los requisitos que en el mismo se establecen, en términos de los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional adjetivo Penal. De lo que se sigue que hasta este momento procesal, la juez responsable ha respetado el derecho de los imputados a contar con un debido proceso. Resulta procedente invocar la jurisprudencia 1a./J.11/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 396 del Libro 3, correspondiente a Febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, que dispone: DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. Máxime, que para el dictado del auto de vinculación a proceso que se reclama, la Juez de Control no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad de los inculpados, sino basta que la juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar el tipo penal aplicable, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2017 (10a.), en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete, Décima Época, tesis que ha quedado transcrita en párrafos precedentes. Con base en lo expuesto, queda demostrado que la Juez responsable de acuerdo al estándar probatorio que se requiere para la emisión del auto de vinculación a proceso, realizó el análisis respectivo de porqué consideraba que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprenden datos de prueba que establecen que se han cometido hechos que la ley señala como delitos de lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 129, fracción II, 133 y 136, fracción II, inciso b), cometido en perjuicio de *******; privación de la libertad personal, que prevé y reprime el ordinal 158 y homicidio calificado, contemplado y sancionado por los numerales 123, 124, 127 y 136, fracción II, inciso b), injustos penales cometidos en perjuicio de *******; delitos los anteriores, en términos del numeral 21, fracción III, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua; fijó las circunstancias de ejecución de los delitos, y de igual manera, de forma fundada y motivada expresó porqué existe probabilidad de que los imputados los cometieron. La autoridad responsable expresó los datos de prueba que le permitieron arribar a tal conclusión y los hechos que acreditaban; de igual forma, indicó cómo de esa sucesión de hechos se desprende que existe probabilidad de que los quejosos desplegaron las conductas atribuidas; lo que resulta suficiente para fundar y motivar la resolución reclamada; de ahí que resulten infundados los conceptos de violación primero, segundo y parte del tercero. También resulta infundado el segundo concepto de violación, en el que los quejosos refieren que la Juez de control fue omisa en realizar un examen de razonabilidad de los datos de prueba aportados, pues no se acreditó quién causó las lesiones al menor víctima *******, así como los injustos penales de privación de la libertad y homicidio en contra de *******. Así se considera, porque con los datos de prueba aportados por la Representación Social, consistentes en las entrevistas realizadas por el agente de investigación ******* a *******, así como a *******; y las testimoniales que ante el Ministerio Público rindieron *******, *******, *******, ******* y el menor *******, quienes en lo conducente señalaron que fue un grupo de personas las que golpearon al menor víctima ******* y se llevaron a *******, reconociendo entre ellos a *******, ******* y ******* y a otras personas, quienes fueron los que bajaron de la camioneta al occiso y se lo llevaron, incluso, realizaron el señalamiento directo de los imputados ante la Juez de Control al ser ofrecidos como testigos por la defensa, se puede advertir la probable participación de los justiciables en los hechos que se les imputan. Sin que sea necesario precisar con exactitud el probable daño que cada uno de los aquí quejosos hayan causado en la humanidad de las víctimas, pues debe entenderse que éstas sufrieron una agresión por un grupo de aproximadamente diez personas, de ahí que resulta difícil que la víctima de lesiones, así como los testigos que presenciaron los hechos, señalen con escrupulosidad cuál fue el daño que le causó cada uno de los imputados, con la finalidad de producir las lesiones, así como que perdiera la vida la diversa víctima, por lo que hasta esta etapa procesal son suficientes los indicios de que realizaron dichas conductas de manera conjunta. Siendo irrelevante lo que los quejosos dicen en diversa parte del segundo concepto de violación, entorno a que los testigos de cargo al ser familiares de la víctima de privación de la libertad y homicidio tenían la obligación de dar a conocer a las autoridades que su familiar había sido objeto de la privación de la libertad, porque es precisamente la denuncia de tales hechos la materia del acto que se impugna. De igual manera no asiste razón a los quejosos cuando aducen en otra parte del primer concepto de violación que la Juez responsable únicamente consideró valorar los testimonios de *******, *******, ******* y *******, quienes en sede judicial realizaron un señalamiento en contra de los justiciables; sin embargo, previo a ello, ante la autoridad ministerial los testigos llevaron a cabo diligencia de reconocimiento, sin que los quejosos estuvieran asistidos de defensor, por lo que la imputación en contra de los promoventes de amparo carece de validez. Se afirma lo anterior, porque si bien es cierto que entre los datos de prueba que aportó la Representación Social se encuentran las diligencias de reconocimiento de persona de veintiocho de abril de dos mil dieciocho, por los comparecientes *******, del menor ******* en compañía de su madre *******, *******, *******, ******* y *******; también lo es que de la lectura de la resolución que se impugna, se advierte que tal dato de prueba no fue tomado en cuenta por la Juez de control para emitir auto de vinculación a los aquí quejosos, de ahí que no les cause perjuicio alguno. Además, tales diligencias de reconocimiento de personas, en modo alguno incide en lo considerado por la Juez de Control, porque como bien lo afirmó, ante su presencia los testigos ofrecidos por la defensa *******, el menor *******, *******, *******, ******* y *******, fueron contestes en señalar a los aquí quejosos como quienes probablemente cometieron los hechos que la ley prevé como delitos de lesiones calificadas, privación de la libertad y homicidio calificado, lo que fue suficiente para la Juez de control para emitir su resolución en el sentido en que lo hizo; de ahí que su concepto de violación devenga infundado. Máxime que no es en esta etapa procesal en que se deban valorar las pruebas en definitiva. En parte del tercero concepto de violación, los peticionarios del amparo afirman que la autoridad responsable desacreditó su dicho, al sostener que su deposado en sede judicial es igual (sic) sin precisar qué frases o palabras fueron las que se utilizaron, lo cual los deja en estado de indefensión. El concepto de violación es infundado. En efecto, la juez de control precisó: "(.) No pasan inadvertidas las diversas testimoniales que allegó la defensa en las que incluso dan cuenta llama la atención de este Tribunal de frases que coinciden y de frases que resultan idénticas y que diversos testigos se manifestaron con las mismas palabras, refiriendo mismas intenciones (.)"; sin embargo, también dijo: "(.) y que no logran -insisto- destruir los señalamientos que sí les resultan de los testigos a los que ya me hice cargo y a los que ya me referí (.)". De lo transcrito se advierte que la juez responsable efectivamente refirió que los testigos que aportó la defensa usaron frases coincidentes, idénticas y mismas palabras, refiriendo mismas intenciones, pero no citó expresamente cuáles; sin embargo, no era necesario que hiciera referencia a cada frase coincidente e idéntica o las palabras que fueron iguales, porque el sentido de su resolución no cambiaría, pues ella misma refiere que tales testimoniales no destruyen los señalamientos de los testigos aportados por la Representación Social y que también fueron ofrecidos por la defensa; de ahí que devenga infundado su concepto de violación. En el cuarto concepto de violación, los quejosos sostienen que acreditaron ante la Juez de Control que fueron detenidos de manera ilegal por el delito de posesión simple de droga, esto para retenerlos de manera ilegal y posterior a ello solicitar orden de aprehensión en su contra; y que durante dicha detención ilegal se llevaron a cabo diligencias de reconocimiento de personas y entrevistas con los imputados, los cuales sirvieron de base para librar la orden de captura, lo cual resulta ilegal. El concepto de violación es infundado. Así se considera, porque la Juez de control, al hacerse cargo de ese argumento por parte de la defensa, indicó que la presencia de los imputados, aquí quejosos, obedeció al cumplimiento de un mandamiento de captura vigente que pasó por el tamiz de diverso juzgador, que estimó colmados los requisitos previstos para tal efecto. Asimismo, consideró que es ajena completamente al contenido de la carpeta de investigación con la que dio cuenta el abogado de la defensa y de la que desde su punto de vista le fue iniciada a los quejosos por diverso hecho de contra la salud. No obstante, con esas manifestaciones la juez responsable dio vista al Agente del Ministerio Público para que haga llegar a ese tribunal los datos relativos a la investigación. En ese sentido, al ser la juez ajena al contenido de la carpeta de investigación que refirió la defensa, es evidente que no pudo constatar los argumentos que expuso entorno a que fueron detenidos de manera ilegal por el delito de posesión simple de droga y que durante dicha detención se llevaron a cabo diligencias de reconocimiento de personas y entrevistas con los imputados y que estos sirvieron de base para librar la orden de captura, por lo que hasta este momento, no se encuentra acreditada afectación alguna en contra de los imputados. En una parte del quinto concepto de violación, los peticionarios del amparo refieren que existe una inexacta valoración de las pruebas relativas a las noticias emitidas por televisión y en un periódico, destacando que en la nota periodística aparece uno de los imputados, por lo que cómo es posible que estuviera presente o dando muerte a la víctima si se encontraba en un lugar distinto al que se encontraba la víctima privada de su libertad y de la vida. El concepto de violación es infundado. Para evidenciar lo anterior, cabe precisar que en la nota periodística narran un accidente vehicular y en una de las fotografías aparece el quejoso *******, pues así lo reconoció en la audiencia de tres de mayo de dos mil dieciocho, cuando al rendir su declaración su abogado defensor le puso a la vista la fotografía. Asimismo, en relación con la reproducción del video de la nota periodística, el locutor da noticia sobre un accidente vial, al parecer por personas que ingirieron bebidas embriagantes, en el que dos mujeres y un menor de edad resultaron lesionados, cuando el conductor de un vehículo tipo Explorer, color rojo, antiguo, atropelló a dos mujeres y a un menor; los presuntos responsables estaban afuera de una casa habitación, consumiendo bebidas embriagantes, luego se inició un pleito entre ellos, de pronto uno de ellos se sube a la camioneta Explorer, color rojo, le da de reversa y golpea un vehículo tipo Neón, color rojo, y al dar la marcha hacia enfrente le pega a una camioneta tipo Quest, a un barandal, y en ese momento atropella a dos mujeres y a un menor de edad, los posibles responsables se dan a la fuga, pero luego regresa uno de ellos quien fue señalado por los vecinos como el conductor, sin embargo éste negó los cargos, hechos ocurridos en la calle Puerto Niza y Puerto Palma de la colonia Tierra Nueva. En relación con lo alegado por los quejosos, la Juez de Control determinó: [.] Respecto a la nota periodística que le fue incorporada por la Defensa de la que se evidencia según se vio en la audiencia precedente, que en una fotografía aparece el señor ******* y que la defensa insiste en que eso hace que el señor ******* no se haya encontrado en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que le fueron materia de la formulación; esta juzgadora no comulga con lo manifestado por la Defensa, pues es evidente que la fotografía de la que se dio cuenta y que sale publicada en el periódico que se allegó, fue realizada con posterioridad a la realización de los hechos de los que se están dando cuenta. Pues incluso en la fotografía se advierte que ya había llegado la ambulancia, es decir la fotografía fue tomada, esta Juzgadora ignora cuánto tiempo exactamente después, pero evidentemente con posterioridad -insisto- en la temporalidad que la Representación Social les atribuye los hechos en su formulación de imputación. Respecto de la nota de la televisión de la que se reprodujo en este Tribunal, también dan cuenta de un evento de tránsito en el cual según se advierte ahí resultaron dañados diverso vehículos así como lesionadas personas de las que aquí se dieron cuenta; sin embargo insisto ni la nota del periódico referido, ni el video reproducido, logran destruir los señalamientos que los testigos advirtió esta Juzgadora en este Tribunal, les realizaran los señores *******, ******* Y *******. [.] Lo anterior, se considera acertado, porque efectivamente no se puede precisar el lugar, fecha y hora en que se emitió tanto la nota periodística como la nota informativa. Además, dicha información se transmite a través de un tercero, tan es así que durante el desarrollo de las respectivas notas no se advierte qué persona proporcionó la versión de los hechos acontecidos, por lo que los datos que se aportan resultan ser imprecisos; de ahí que fue acertada la conclusión de la Juez responsable en el sentido de que tales notas no aportan medio de prueba que desvirtúe los señalamientos que los testigos de descargo realizaron en contra de ******* y los diversos quejosos, para establecer en grado de probabilidad su participación en los hechos materia de la imputación que realiza la Representación Social. En las relacionadas condiciones resulta congruente, lógico y jurídico afirmar, que el auto de vinculación a proceso combatido, reúne los requisitos Constitucionales, previstos en los artículos 14, 16, 19, debido a que existe denuncia, se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, existen datos de prueba suficientes para tener por demostrada la existencia de hechos constitutivos del delito en análisis y para hacer probable la responsabilidad de los indiciados en su comisión y el auto de vinculación a proceso se encuentra fundado y motivado. Por tanto, al haber realizado el estudio de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales de los quejosos y ante lo infundado de los conceptos de violación que expresaron, sin advertir deficiencia de la queja que suplir de oficio, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo presentado por *******, ******* y *******, respecto al acto reclamado y autoridad que quedó precisado en el considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, ******* y *******, respecto al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de este fallo, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando sexto. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    vista la constancia de la acturia, se hace efectivo el apercibimiento y se notifica por medio de lista a la parte tercero nteresada, la sentencia de diecinueve de febrero del año en curso, misma que en lo conducente dice; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo presentado por *******, ******* y *******, respecto al acto reclamado y autoridad que quedó precisado en el considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, ******* y *******, respecto al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de este fallo, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando sexto.

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