Oscar Adrian Hernandez Ramos

Expediente 607/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
607/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Oscar Adrian Hernandez Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en la Fracción I, del Artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a seis de octubre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 607/2023-III, promovido por********************contra actos del Congreso y Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua. RESULTANDO PRIMERO. Tramitación de la demanda. Mediante escrito recibido el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, *** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, de quienes reclamó: 1. DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la discusión, aprobación y expedición del Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera que se refiere a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, en específico, el artículo 29, fracciones I, II, IV y V, que contienen las tarifas tildadas de inconstitucionales. 2. DE LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la promulgación del ordenamiento legal expedido por el H. Congreso del Estado de Chihuahua. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró vulnerados los derechos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 28 último párrafo, 31, fracción IV, 115 fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 607/2023-III, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio: a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición del siguiente ordenamiento legal: Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera que se refiere a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, en específico, el artículo 29, fracciones I, II, IV y V, que contienen las tarifas tildadas de inconstitucionales. b) De la Gobernadora del Estado de Chihuahua, la promulgación del ordenamiento legal descrito en el inciso que antecede. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso y el Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, en representación de la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación del Decreto impugnado, respectivamente. Además, la existencia de dicho ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del mismo, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. CUARTO. Procedencia. Procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al estudio del fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 5º, fracción I, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conforme a dicho numeral, se advierte que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1598, del Tomo II, Libro 64, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Marzo de 2019, Materia Común, con número de registro 2019456, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Precisado lo anterior, procede analizar si en el caso, el quejoso se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si los actos reclamados son susceptibles de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes veinticuatro de enero de dos mil catorce, Décima Época, con registro 2005381, que dice: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. También, sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en el Libro XIX, Tomo 3, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, abril de dos mil trece, Materia Común, con número de registro 2003293, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. En el caso, el quejoso, reclamó la aprobación, expedición y promulgación, del siguiente ordenamiento legal consistente en el "Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera que se refiere a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, en específico, el artículo 29, fracciones I, II, IV y V, que contienen las tarifas tildadas de inconstitucionales. Sin embargo, dentro de la secuela procesal, el quejoso********************no demostró que dichos numerales le fueran aplicados o que con su sola expedición le irrogaran algún perjuicio en su esfera jurídica de derechos, como se demostrara. Si bien es cierto, en la demanda de amparo, el quejoso manifiesta la fecha de operación en que aduce fueron realizados los pagos ante la Notaría Pública número Uno, consistentes en los pagos del derecho por prestación de servicios de la dirección del registro público de la propiedad y del notariado que hoy se reclama, no menos cierto es, que dicha manifestación no es apta ni suficiente, para demostrar que la aquí quejosa fue sujeta al cobro de ese derecho. No pasa inadvertido para esta resolutora el hecho de que en el presente juicio, en fecha seis de julio del año en curso, fue recibido un escrito mediante el cual, el quejoso ofreció como prueba la testimonial hostil por informe, por parte del Notario Público número Uno, para este Distrito Judicial Bravos, para lo cual exhibió cuestionario para que fuera contestado por aquél. Una vez que se dio vista a las partes y autoridades con el cuestionario de referencia, con el fin de que si fuese su deseo ampliaran las preguntas contenidas en el mismo, se requirió al Notario Público número Uno, para que emitiera las respuesta a dichos cuestionamientos. Así, de las respuestas dadas al cuestionario de referencia se obtuvo la siguiente información: Ante la fe del Notario Público número Uno, fueron celebrados por el quejoso un contrato de compraventa, un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria y un contrato de mandato, lo cual consta en la escritura pública número 9698 nueve mil seiscientos noventa y ocho, volumen 255 doscientos cincuenta y cinco, de fecha veintiséis de mayo del dos mil veintitrés, del protocolo a mi cargo. Respecto de dicha operación, el quejoso en lo personal no entregó o transfirió al suscrito recurso económico alguno por concepto de derechos registrales, la trasferencia electrónica de recursos económicos fue realizada al Notario Público número Uno, por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con cargo al crédito hipotecario. La cantidad que se trasfirió al Notario Público número Uno, por el Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores con cargo al crédito hipotecario fue de $18,978.00 (Dieciocho mil novecientos setenta y ocho pesos moneda nacional), lo cual fue realizado el día doce de junio del dos mil veintitrés. Se pagó por concepto de Derechos de Registro la cantidad de $16,695.00 (Dieciséis mil seiscientos noventa y cinco pesos moneda nacional): numerario que el quejoso no entregó al Notario Público número Uno, por concepto de derechos registrales, sino que la trasferencia electrónica de recursos económicos fue realizada al suscrito por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con cargo al crédito hipotecario. El día de la firma de la escritura, el Notario Público número Uno, mostró al quejoso el presupuesto que contiene a detalle el monto que por derechos se generó con motivo de la inscripción de la escritura pública referida; en cuanto al comprobante del pago de los derechos de registro que se realizó al Gobierno del Estado de Chihuahua, en la fecha de firma no se entregó al quejoso (por imposibilidad material para hacerlo), ya que una vez integrado el testimonio previos los trámites requeridos, se pagan los multicitados derechos expidiéndose por la autoridad el recibo de pago correspondiente y hecho lo anterior se ingresa dicho testimonio al Registro Público de la Propiedad para sus inscripción. Para calcular el pago de los derechos de registro se aplicó específicamente el artículo 29 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua. Sin embargo, dicha información no demuestran por sí sola la existencia del acto de aplicación de la norma combatida y por ende, no acredita la existencia del agravio personal y directo que justifique interés jurídico del quejoso en el presente asunto. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que las autoridades responsables hayan admitido la existencia del acto reclamado, por lo que hace a la aprobación, expedición y promulgación, del ordenamiento legal consistente en el "Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera que se refiere a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, en específico, el artículo 29, fracciones I, II, IV y V, pues ello no exime al quejoso de demostrar su interés jurídico plenamente en el juicio de amparo, pues se insiste, a través del juicio de amparo, si bien es cierto que se tutela el derecho de proporcionalidad y equidad tributaria, presupuesto de ello es la demostración de haber resentido en su esfera jurídica, el acto de aplicación correspondiente. Lo anterior se corrobora, en su parte conducente, con lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/34 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2357, Décima Época, con registro digital 2021479, del contenido siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO LO ACREDITA LA ACEPTACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO ÉSTE SE HACE CONSISTIR EN EL LANZAMIENTO DECRETADO EN LA CAUSA DE ORIGEN RESPECTO DE LA CUAL EL QUEJOSO ES TERCERO EXTRAÑO. El hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado acepte la existencia del acto reclamado, cuando éste se hace consistir en el lanzamiento decretado en la causa de origen, respecto de la cual el quejoso es tercero extraño, no implica que la acción constitucional ejercida sea procedente, ya que tal reconocimiento no demuestra su interés jurídico para promover el juicio de amparo, pues aun con esa aceptación no se acredita que dicho inconforme efectivamente esté en posesión del inmueble objeto de la referida desocupación. Así pues, ya que el quejoso no demostró haber resentido algún perjuicio en su esfera jurídica, al realizar el pago de los derechos por prestación de servicios de la dirección del registro público de la propiedad y del notariado, contenidos en la norma reclamada, Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O, en consecuencia, no demostró su interés jurídico, lo que actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Finalmente, se hace la precisión que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, ya que contienen los mismos principios de la ley vigente y son aplicables al caso; lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por********************en contra de las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa en el cual se le tiene realizando diversas manifestaciones en torno a las respuestas emitidas por el Notario Público Número ******* del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, respecto al interrogatorio formulado por el quejoso, las cuales serán tomados en cuenta en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, en torno a lo solicitado a esta juzgadora a fin de que requiera al Notario Público número *******, del Distrito Judicial Bravos, en ejercicio para este Distrito Judicial Bravos, a fin de que remita lo siguiente: DOCUMENTAL ORIGINAL. Certificado o constancia de recepción de dinero entregado por parte del infonavit al señalamiento notario, destinado para los gastos de escrituración entre los que se encuentran los relativos a los derechos registrales. DOCUMENTAL ORIGINAL. Desglose o presupuesto que el notario mencionado en su contestación al cuestionario de la prueba testimonial, en el que conste detallados los conceptos relativos a los gastos de la escritura que la quejosa celebró ante la fe del referido fedatario. DOCUMENTAL ORIGINAL. El acuse o documento elaborado por el referido fedatario que le informó al quejoso del fundamento que justifica la retención de los cobros por los derechos registrales. En tal sentido indíquesele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, dado que al ser una prueba de su intención, a la parte que representa le corresponde allegar a este juicio las documentales que refiere. Lo anterior, sin soslayar que el artículo 121 de la Ley de Amparo, indica que los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que las partes les hubieren solicitado y prevé que para el caso de que no lo hicieren, la parte interesada podrá solicitar al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos, siempre que acredite haber realizado la solicitud referida, lo cual se acordará de conformidad, sólo si tal petición tiene lugar cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia; lo que en el caso no se cumple, toda vez que al notario que nos ocupa no le reviste el carácter de autoridad o funcionario público. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 75/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 177903, de la Novena Época, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de julio de 2005, página 795, que a la letra dice: NOTARIOS. NO SON SERVIDORES PÚBLICOS. Conforme al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reputan como servidores públicos, entre otros, los representantes de elección popular y quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en la administración pública. Ahora bien, toda vez que el notario actúa por medio de una patente otorgada por el Estado, no puede ser considerado servidor público, en atención a que su cargo no es de elección popular ni se halla dentro de la administración pública estatal o municipal, además de que el notario no depende del gobierno o de una entidad paraestatal, ya que si bien actúa por delegación del Estado, no está dentro de su organización administrativa ni burocrática. Sin soslayar, que el justiciable, a efecto de dar sustento a su petición, cita la jurisprudencia 2a./J. 32/2009 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 167410, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, de abril de 2009, página 721, de la que destaca que si lo pretendido es aportar alguna copia o documento en poder de cualquier funcionario o autoridad y de cuya existencia el oferente tenía un conocimiento previo, aun cuando éste solicite que se remita "vía informe", ese medio de convicción tendrá la naturaleza de una prueba documental, sujeta a las reglas que para tal efecto establece el artículo 152 de la Ley de Amparo anterior, de similar contenido al numeral 121 de Amparo vigente. En este sentido, del escrito signado por el autorizado del quejoso se desprende que pretende acreditar que éste último realizó un pago y se le aplicó un cobro con motivo de los derechos registrales contemplados en la ley, circunstancia de la que tiene conocimiento desde el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés -según lo narrado en su escrito de demanda- pues inquirió que en esa data firmó contrato de traslación de dominio y/o hipoteca el cual fue otorgado en escritura pública ante la Notaría Pública Número ******* del Distrito Judicial Bravos, de ahí que evidentemente se trata de una prueba documental la que intenta aportar el justiciable y por ende le son aplicables las directrices contenidas en el ordinal 121 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el Notario Público número *******, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se le tiene dando cumplimento al requerimiento formulado de auto treinta y uno de agosto del año en curso, y al efecto remite las respuestas al interrogatorio ofertado por el quejoso, con el contenido del mismo dese vista a éste último, por el término de tres días legalmente computados, para que manifieste lo que a su interés convenga. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el mencionado en su escrito de cuenta y como autorizados para tales efectos a las personas que refiere. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano