Orson Alberto Meza Savedra

Expediente 741/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
741/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Orson Alberto Meza Savedra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia emitida en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II, del numeral vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 741/2021-III, promovido por la moral *******, por conducto de su representante legal. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinte de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por la moral *******, la cual fue turnada a este juzgado el día hábil siguiente. En ese aspecto, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad responsable, Juez de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, a quien reclamó lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Se reclama de la autoridad responsable, el silencio administrativo y falta de respuesta a las peticiones escritas al juzgado correspondiente por una persona de confianza." SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derecho vulnerado el contenido en los artículos 6, 8 y 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, la demanda de amparo se registró bajo el consecutivo 741/2021-III y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable el respectivo informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CUARTO.- Mediante escrito presentado en fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el quejoso amplió la demanda de amparo, en contra de las autoridades y actos siguientes: "a) JUEZ DEL TRIBUNAL DE EJECUCIÓN DE PENAS CON FUNCIONES DEL SISTEMA TRADICIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, RESIDENTE EN ESTA CIUDAD. b) TITULAR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NÚMERO TRES. 1.- El silencio administrativo y falta de respuesta a las peticiones escritas ingresadas al Juzgado Correspondiente. 2.-Así como la omisión de dar debida contestación a la petición contenida en el escrito de petición presentado ante la autoridad responsable respecto a que se me de contestación si puedo ser objeto del beneficio de preliberación. 3.- Omisión de remitir las constancias de el quejoso ******* al JUEZ DEL TRIBUNAL DE EJECUCIÓN DE PENAS CON FUNCIONES DEL SISTEMA TRADICIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, RESIDENTE EN ESTA CIUDAD a fin de que me de contestación a mi petición." CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto omisivo reclamado es atribuido a una autoridad de cuya circunscripción territorial este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; lo anterior de conformidad con el numeral 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclamó al Juez de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos y Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en esta Ciudad, las omisiones de solicitar el plan de actividades del ahora quejoso; remitir dicho plan por la autoridad encargada para ello y señalar fecha para la audiencia de debate de algún beneficio de preliberación. TERCERO. Existencia del acto reclamado. En su informe justificado el JUEZ DEL TRIBUNAL DE EJECUCIÓN DE PENAS CON FUNCIONES DEL SISTEMA TRADICIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, así como el TITULAR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NÚMERO TRES, ambos con sede en esta Ciudad, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados, pues mediante proveído de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, el Juez de Ejecución admitió la solicitud presentada por el quejoso, auto que se notificó personalmente en fecha catorce de mayo del mismo año, así, en fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad penitenciaria el plan de actividades del quejoso al interior del centro de Reinserción Social, en el cual se encuentra interno. Por su parte, el TITULAR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NÚMERO TRES, en su informe justificado, menciona que esa autoridad envió el cumplimiento del plan de actividades del ahora quejoso, elaborado por la autoridad encargada de remitirlos, mediante oficio *******, de fecha veinte de diciembre del dos mil veintiuno, que envió al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, el cual fue recibido el día cuatro de enero del dos mil veintidós. Una vez lo anterior, el Juez De Ejecución De Penas responsable, informó que mediante proveído de fecha doce de enero de dos mil veintidós, señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia en la cual se debatirá sobre la concesión de un beneficio a favor del sentenciado, esto, el día veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Así, de las constancias que remitieron dichas autoridades, se desprende que mediante oficio *******, de fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno, el Titular Del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, rindió el plan de actividades del ahora quejoso, elaborado por la autoridad encargada de remitirlos, y fue mediante proveído dictado hasta el doce de enero de dos mil veintidós, que el juez responsable señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia en al cual se debatirá sobre la concesión de un beneficio a favor del sentenciado, el cual fue notificado de manera personal al hoy quejoso, en fecha dos de febrero de dos mil veintidós. Al respecto, tomando en cuenta que este juicio de amparo se promovió el veinte de octubre de dos mil veintiuno, mediante demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y, en el procedimiento natural, carpeta de ejecución *******, en fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno, el Titular Del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, rindió el plan de actividades del ahora quejoso, a lo cual, en fecha doce de enero de dos mil veintidós, el Juez de Ejecución, señaló fecha para la audiencia a que hace referencia la quejosa, esto es, para el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Por lo tanto, se desvirtúa la negativa del Juez Del Tribunal De Ejecución De Penas Con Funciones Del Sistema Tradicional Del Distrito Judicial Bravos, así como el Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, y la omisión reclamada se tiene como existente, pues lo expuesto se deriva de las constancias que remitieron, en original del juicio natural, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues consiste en las originales del juicio de origen. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. Dicho numeral preceptúa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ..." De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que, con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se analiza, por virtud de la sustitución procesal de actos en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis indicada, es de señalarse que la expresión, cesación de los efectos del acto reclamado, implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si este, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso, se actualiza tal causal de improcedencia, pues la parte quejosa señaló como actos reclamados, las omisiones del Juez de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, de solicitar el plan de actividades del ahora quejoso; del Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, de remitir dicho plan de actividades a la primera autoridad responsable y de esta última, señalar fecha para la audiencia de debate de algún beneficio de preliberación. Lo que se advierte de la constancias remitidas, a la cuales se concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que se destaca que mediante oficio número *******, de fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno, el Titular Del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, rindió el plan de actividades del ahora quejoso, y mediante proveído de fecha doce de enero de dos mil veintidós, el juez de Ejecución señaló fecha para llevar a cabo la audiencia para debatir la procedencia de algún beneficio de preliberación. La cual fue debidamente notificada, de manera personal al quejoso, interno en el Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, en fecha dos de febrero de dos mil veintidós. Por tanto, se estima que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado en comento, habida cuenta que ya no existe la omisión reclamada, al haberse solicitado y a su vez remitido el plan de actividades del quejoso, así como señalar fecha para la audiencia de debate sobre la procedencia de algún beneficio de preliberación; lo cual fue debidamente notificado al quejoso. De ahí que, la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente, Jurisprudencia con número de Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38: que reza de la siguiente manera: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así mismo, la tesis con número de Registro: No. 197367, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, Noviembre de 1997, Página: 71, Tesis: P. CL/97, Tesis Aislada, Materia(s): Común, la cual establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esa tesitura, es incontrovertible que, cesaron los efectos del acto reclamado y queda evidenciada la actualización de esta causal de improcedencia, siendo procedente en consecuencia, sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Así mismo, en la tesis con número de Registro No. Registro: 196,820 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, febrero de 1998, Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210. "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por la moral *******, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables, así como por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el informe justificado rendido en torno a la ampliación de demanda, por parte de la autoridad responsable, Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta ciudad, así como el anexo con que lo acompañó; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. En distinto orden, agréguese a los autos el oficio y anexo que remite la autoridad responsable, Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado mediante auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, remite el copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el cuadernillo número ******* de su índice, las cuales serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe. *

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que se omitió girar oficio al Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta ciudad, respecto de la ampliación de demanda realizada por la parte quejosa en auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno: por lo tanto gírese oficio a dicha responsable solicitándole el informe justificado, remitiéndole copia certificada del auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, así como el escrito de ampliación de demanda. Por otro lado, a efecto de estar en posibilidad de resolver el presente asunto y en su caso advertir alguna causal de improcedencia que impida que la suscrita entre al estudio del fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Tribunal de Ejecución de Penas con funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, a fin de que dentro del término de tres días, computado legalmente, remita a este juzgado copia certificada de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de ejecución [*******] de su índice; o en su caso, informe el impedimento que tuviere para tal efecto. Apercibida que una vez que fenezca el plazo concedido y no cumplir con lo que este auto ordena, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de Amparo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de ocho mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional ($8,962.00). En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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