Orson Alberto Meza Savedra

Expediente 896/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
896/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Orson Alberto Meza Savedra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido al directamente agraviado, *************, mediante proveído de diez de los actuales, para que se pronunciara respecto a la ratificación de la demanda de amparo presentada a su favor, sin que así lo hubiera hecho. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y, de conformidad con el artículo 14, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo en mención y se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, así como las providencias dictadas en este expediente y en el incidente de suspensión Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado signado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, residente en esta ciudad; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Por otra parte, en atención a la certificación que antecede se hace del conocimiento de las partes que, a partir del once de diciembre de dos mil diecinueve, se designó al licenciado Armando Guadarrama Bautista, como Secretario en Funciones de Juez de Distrito de este Órgano Jurisdiccional, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 43, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien quedará responsable de este Juzgado. Lo anterior, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Finalmente, en alcance al oficio 39770/2019, dirigido al Administrador de Recaudación de Chihuahua "2", líbrese uno nuevo informándole que la Clave Única de Registro de Población del sancionado *************, es ***********; ello, para los efectos legales conducentes. Notifíquese Lo proveyó y firma el licenciado *********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *************, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Sentencia Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; once de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 896/2019-I, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este juzgado el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, **, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal a favor del directamente agraviado **, así como la suspensión del acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, consistente en la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, por la que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra del directo agraviado. De igual forma, solicitó la suspensión del acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos y Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, de esta Ciudad, consistente en la ejecución de dicha resolución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, se solicitó el informe previo a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados materia del presente incidente de suspensión. Del análisis del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa solicita se le conceda la suspensión respecto de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra de **, así como su ejecución, y por cuanto hace a la orden de traslado a diverso centro penitenciario. Entonces, para los efectos de la presente medida suspensional tal acto será materia del presente incidente de conformidad con los artículos 128, 129 y 139, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 111/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 98, tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos.TERCERO. Inexistencia del acto reclamado consistente en orden de traslado. Al rendir informe previo, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, de esta ciudad, negó haber librado orden de traslado en contra de **. Ahora, respecto a la Coordinadora Jurídica del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres y el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en representación del Magistrado, si bien fueron omisos en rendir informe previo en torno a dicha orden de traslado, resulta improcedente presumir la certeza de dicho acto, en razón de lo siguiente. De conformidad con el artículo 133, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Tribunal de Alzada será legalmente competente para conocer de los medios de impugnación y demás asuntos previstos en dicho código. Sobre el particular, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, de esta ciudad, negó haber ordenado el traslado del directamente agraviado, por lo que, al no existir orden en tal sentido, el Magistrado responsable no tiene facultades para ordenar el traslado de aquél en segunda instancia, sin precedente alguno, pues lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Negativa formulada por el citado Juez, con la que también se desvirtúa la presunción de certeza que pudiera operar ante la omisión en que incurrió la Coordinadora Jurídica del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, pues ante la ausencia de una orden de traslado del directo agraviado por parte del juez conocedor de la causa, el director del centro penitenciario en el que actualmente se encuentra recluido no tiene materia que ejecutar. De ahí, que también deba tenerse por inexistente la orden de traslado reclamada al Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres. Entonces, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada respecto de dicha autoridad. Sirve de apoyo a lo antes considerado la jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe previo Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en representación del Magistrado y la Coordinador Jurídica del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, de esta ciudad, convinieron con la existencia de la determinación por la que se confirmó la vinculación del quejoso. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos refirió que el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve decretó auto de vinculación a proceso en contra de **, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en perjuicio de **; resolución que fue impugnada a través del recurso de apelación el tres de octubre de dos mil diecinueve y confirmada por el Magistrado responsable mediante resolución de veintisiete de noviembre pasado. Por su parte, el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia indicó que, efectivamente, el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve confirmó la resolución recurrida y vinculó a proceso al aquí quejoso, por el delito referido, cometido en perjuicio de las víctimas señaladas en líneas precedentes. Y, finamente, la Coordinador Jurídica del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, concluyó que sí es cierto el acto reclamado por el quejoso en su escrito inicial de demanda. CUARTO. Improcedencia de la suspensión definitiva. A efecto de proveer sobre la procedencia de la suspensión solicitada, debe atenderse a la naturaleza de los actos que se reclaman para estar en aptitud de determinar si existe algún efecto susceptible de suspenderse, o bien, si se trata de actos consumados o simplemente declarativos contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la tesis propugnada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, Octava Época, consultable en la página 312, Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, del texto siguiente: SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado es la resolución de segunda instancia, de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra del directamente agraviado **, el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en autos de la causa penal 9/2009. De tal forma, debe recordarse que en el sistema acusatorio, el auto de vinculación es, en estricto sentido, la decisión judicial de continuar con la etapa de investigación en su parte formalizada; es decir, el juez autoriza continuar con el proceso, pero esta decisión no implica una segunda consecuencia, como sucedía con el auto de formal prisión, pues éste tenía como secuela continuar con el proceso y traía aparejada, en la mayoría de los casos, la prisión preventiva; en tanto, en el sistema acusatorio, la prisión preventiva resulta una decisión separada de la vinculación a proceso, pues ella se decide a través de diversa determinación medidas cautelares. Bajo este contexto, tenemos que el auto de vinculación sólo implica la autorización de continuar con el proceso pero de forma judicializada, lo cual trae consigo dos efectos: a) pleno acceso al imputado a la investigación; y, b) que se establezca un periodo para cerrar la investigación. Establecida la naturaleza y efectos del auto de vinculación, lo cual constituye el acto reclamado, con fundamento en el numeral 107, fracción X, de la Constitución Federal y 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada en favor del directamente agraviado, en virtud de que, únicamente, constituye la sujeción a proceso y se trata de un acto consumado, pues en caso contrario se le daría efectos restitutorios a la medida cautelar, los que sólo son propios de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 12, visible en la página 13, del tomo VI, correspondiente a la Materia Común del Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, del tenor literal siguiente: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. Ahora, no obstante que el auto de vinculación a proceso tiene el carácter de acto consumado, contra el cual resulta improcedente el otorgamiento de la suspensión, se recuerda al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos que, a efecto de evitar un cambio de situación jurídica que acarree la consumación irreparable de las violaciones constitucionales alegadas en perjuicio de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo deberá suspender el procedimiento en lo que corresponde al quejoso de mérito, una vez concluida la etapa intermedia pero sin dictar el auto de apertura a juicio oral y hasta que sea notificada de la resolución definitiva dictada en autos del juicio principal. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a **, por el acto y autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuatro de esta resolución. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado **, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada **, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Coordinadora Jurídica en representación del Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, de esta ciudad; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante designando como delegados a las personas que indica en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado **, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ** secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.GMA

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano