Oscar Alejandro Kabata De Anda
Expediente 683/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Oscar Alejandro Kabata De Anda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Acuse de recibo Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, que remite el Secretario adscrita al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad, mediante el cual resolvió el conflicto competencial 18/2023 de su índice, bajo el siguiente punto resolutivo: [.] Único. Es al Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien por competencia le corresponde conocer de la demanda de amparo promovida por *******, por las razones contenidas en el último considerando de esta resolución. [.] Acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés Este cuadernillo es destruible una vez se hayan cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un cuaderno de antecedentes; ello, según lo establecido en la fracción I inciso b), del Artículo 19 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que conste como legalmente corresponda el oficio de cuenta, atento a su contenido, téngase al Secretario de Acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, con sede en la Ciudad de México, informando el contenido del proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés, relativo a la admisión a trámite del conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el cual se registró en el referido tribunal como conflicto competencial 18/2023, de lo cual toma conocimiento este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta que remite el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, a través del cual informa que dicho órgano jurisdiccional no comparte el criterio de este Juzgado en torno a la competencia declinada del juicio de amparo 592/2023, de su índice, por lo que remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para la substanciación del conflicto competencial suscitado entre ambos juzgados federales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.CRMR
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite el Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, al cual anexa el diverso ******* signado por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al cual anexa los autos del Juicio de Amparo *******, de su índice. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 683/2023-VI. Ahora, de la comunicación oficial que se recibe se advierte que el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, declina competencia por razón de territorio. Sentado lo anterior y a efecto de resolver lo conducente, es menester precisar que toda vez que mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo *******, el juez requirente se pronunció respecto a la suspensión de los actos reclamados; se procede a estudiar la demanda de amparo a fin de determinar la competencia de este juzgado para conocer de la misma. Sin que lo anterior contravenga lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, pues la salvedad que el propio precepto refiere (relativa a no declarar la incompetencia), resulta aplicable únicamente a la suspensión de plano, por lo que se estima que una vez que el juzgado declinante se pronunció sobre ésta, es factible proveer respecto a la competencia planteada. Al respecto, es preciso recordar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal, ello si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, con relación a la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgado federal procede a analizar la competencia legal planteada para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. Conviene señalar, que las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole algún derecho individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 06-06-2011 . VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; Ley de Amparo. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Así, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, será competente el Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades. En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que ******* señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES C. *******, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; C. *******, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; C. *******, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN; C. *******, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN; C. *******, FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA; C. *******, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA); C. *******, SECRETARIO DE MARINA (SEMAR); C. COMISARIO GENERAL *******, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL DEL GOBIERNO MEXICANO; C. *******, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA FEDERAL; C. *******, JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; C. *******, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; C. *******, SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; GENERAL DE DIVISIÓN *******, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA; COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (CEAV); C. *******, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH); *******, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. C. GENERAL *******, adscrito a la SEDENA, de acuerdo a los informes previos o justificados, se podrá determinar su calidad y su estatus jurídico. C. GENERAL *******, adscrita a la SEDENA, de acuerdo a los informes previos o justificados, se podrá determinar su calidad y estatus jurídico. *******, adscrita a la SEDENA o SEMAR, de acuerdo a los informes previos o justificados, se podrá determinar su calidad y estatus jurídico. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. La orden de privar de la vida al quejoso; La ejecución de un ataque para privar de la vida al quejoso; La orden de desaparición forzada del quejoso; La ejecución de desaparición forzada del quejoso el 26 de febrero de 2009; La orden de realizar penas inusitadas y trascendentales, como el espionaje físico, electrónico y de comunicaciones, a ciudadanos, específicamente, en contra del quejoso; La ejecución de una pena inusitada y trascendental, como el espionaje físico, electrónico y de comunicaciones, a ciudadanos, específicamente, en contra del quejoso; La orden de torturar psicológicamente al quejoso, con el espionaje físico, electrónico y de comunicaciones, a ciudadanos; La ejecución de tortura psicológicamente al quejoso, con el espionaje físico, electrónico y de comunicaciones, a ciudadanos; La orden de atacar la libertad personal fuera de procedimiento judicial al quejoso; La ejecución de atacar la libertad personal fuera de procedimiento judicial al quejoso; La orden de que particulares, es decir, paramilitares, ataquen al quejoso, para realizar una ejecución extrajudicial; La omisión de abrir la carpeta de investigación ex oficio en contra de los paramilitares, por la tentativa de privar de la vida, tortura física y psicológica, robo con violencia física y moral, y lo que resulte, en contra del quejoso; La orden de que particulares, es decir, paramilitares, ataquen al quejoso, para realizarle espionaje físico, electrónico y de comunicaciones; La orden de particulares, es decir, paramilitares, ataquen al quejoso, para realizar una ejecución extrajudicial; La orden de que servidores públicos, ataquen al quejoso, para realizar una ejecución extrajudicial, desaparición forzada y/o espionaje físico, electrónico y de comunicaciones, a ciudadanos; La orden de un Plan Nacional de Paz y Seguridad que ha fracasado; La orden de continuar con la misma estrategia de seguridad pública; La omisión jurídica de actualizarse en la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos; La omisión jurídica de legislar sobre desaparición forzada, en términos de los lineamientos supranacionales; La omisión de legislar sobre espionaje físico, electrónico y de comunicaciones, a ciudadanos, en términos de los lineamientos supranacionales, específicamente, en contra del quejoso; La omisión de investigar cualquier otro hecho o circunstancia que conduzca a la verdad de los delitos de privación de la vida y tortura psicológica; La omisión de investigar cualquier otro hecho o circunstancia que conduzca a la verdad de los delitos de espionaje físico, electrónico y de comunicaciones, a ciudadanos, específicamente, en contra del quejoso; La omisión de actuar en contra de particulares, es decir, paramilitares, servidores públicos o grupos criminales que hayan atacado al quejoso; La omisión de garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y el derecho al disfrute pacifico de los bienes; La omisión de investigar en cada una de las instalaciones y dependencia a su cargo, los ataques al quejoso; La omisión de investigar en cada una de las instalaciones y dependencia a cargo de alguno de sus subordinados, los ataques al quejoso; La omisión de inspeccionar los terrenos, inmuebles y archivos de todas y cada una de las instalaciones y dependencias a cargo, los ataques al quejoso, La omisión de inspeccionar los terrenos, inmuebles y archivos de todas y cada una de las instalaciones y dependencias a cargo de alguno de sus subordinados, los ataques al quejoso; La omisión de investigar en todas y cada una de las instalaciones y dependencias a cargo de cualquier otra autoridad del Estado, diferente a las señaladas en el presente juicio de garantías y derechos humanos, los ataques al quejoso; La omisión de investigar en todas y cada una de las instalaciones y dependencias a cargo de alguno de los subordinados de cualquier otra autoridad del Estado, diferente a las señaladas en el presente juicio de garantías y derechos humanos, los ataques al quejoso; La omisión de inspeccionar los terrenos, inmuebles y archivos de todas y cada una de las instalaciones y dependencias a cargo de cualquier otra autoridad del Estado, diferente a las señaladas en el presente juicio de garantías y derechos humanos, los ataques al quejoso; La omisión de inspeccionar los terrenos, inmuebles y archivos de todas y cada una de las instalaciones y dependencias a cargo de alguno de los subordinados de cualquier otra autoridad del Estado, diferente a las señaladas en el presente juicio de garantías y derechos humanos, los ataques al quejoso; La omisión de ordenar se realice de manera eficaz las investigaciones sobre privación de la vida, tortura psicológica y desaparición forzada; Los consistentes en cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. La omisión de crear un plan nacional en contra de la criminalización de las víctimas, específicamente, en contra del quejoso; La omisión de crear un plan nacional en contra de la estigmatización de las víctimas, específicamente, en contra del quejoso; La omisión de crear un plan en contra de la revictimización de las víctimas, específicamente, en contra del quejoso; El desplazamiento forzado del quejoso, siendo una consecuencia natural de los actos y omisiones de las autoridades responsables; y, La inconstitucionalidad en inconvencionalidad de los artículos 5, fracciones III, V y XI, 29, 30, 31, 33, 34 y 35 de la Ley de Seguridad Nacional y 100 de la Ley de la Guardia Nacional. De igual forma, de la narrativa de antecedentes se desprende lo siguiente: . 9. El caso es que, en el mes de agosto de 2021, sin recordar con precisión día y hora, familiares, amistades y el quejoso nos encontrábamos realizando una manifestación en las afueras de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en la Ciudad de México, cuando llegó a presentarse con nosotros una persona del sexo femenino, que se ostentó como periodista o periodista, quien se identificó con el nombre de "*******" 26. Otro caso, es que el día martes, 21 de marzo de 2023, ******* y el quejoso, nos encontrábamos en las inmediaciones de uno de los edificios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México, específicamente, a las afueras del edificio denominado Fix Zamudio de la CNDH, porque desde el 26 de enero del 2023, otros compañeros y compañeras de otros colectivos, decidimos instalar un plantón de protesta en ese lugar. . 29. Los graves hechos del día 21 de marzo de 2023, aproximadamente a las 11:30 horas, sobrepasaron a los ataques anteriores, toda vez que, la compañera *******, se percató de la presencia en el puente peatonal (a que nos referimos anteriormente), de dos personas perfectamente identificables como policías uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, que estaban tomando fotos y tratando de quitar la lona y los muñecos. . 36. De la misma forma, pasó con la escolta de nombre *******, del quejoso, quien al acercarse o antes de que se acercara, toda vez que atrás de nosotros, venían otros dos paramilitares, vestidos con pantalón, botas de militar y chamarras negras de civil, uno de ellos con lentes. Ninguno de los cuatro paramilitares, llevaba uniforme, que lo identificara como miembro de alguna corporación del Estado Mexicano, solamente existe el antecedente de las patrullas de la Ciudad de México y los uniformes militares que portaban, al igual que se comunicaban por radio, como se puede observar en la imagen siguiente: (lo subrayado es propio) . Sobre el caso particular, resulta que el promovente de la demanda reclama los referidos actos a autoridades residentes dentro del territorio en donde ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito de Amparo en la Ciudad de México, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Corolario de lo anterior, la competencia para conocer de este asunto recae en el Jueces de Distrito de Amparo en la Ciudad de México, que ejercen jurisdicción en tal ciudad, pues es en esa demarcación territorial donde se ejecutaron los actos reclamados; por lo cual, debe atenderse en principio al lugar en donde tuvieron ejecución los actos reclamados para determinar a favor de qué Juez de Distrito se surte la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de cuenta. En esta tesitura, la competencia para conocer de la presente demanda de amparo no corresponde a este juzgado, puesto que de acuerdo a lo antes transcrito, el lugar en el que los actos reclamados se ejecutaron es en la Ciudad de México, el cual está sujeto a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo la Ciudad de México; por ende, de conformidad con el artículo 37, de la Ley de Amparo, este órgano declara carecer de competencia, por razón de territorio, para conocer del presente asunto. Ahora, no se soslaya que el órgano requirente sustenta su incompetencia por razón de territorio en razón del domicilio señalado por el quejoso, ubicado en esta ciudad, argumentando que es el lugar donde tendrán ejecución material los actos reclamados; al respecto, es oportuno precisar que cuando se reclama actos que pueden tener ejecución en distritos judiciales distintos y que son de tracto sucesivo, se actualiza la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo, así que resulta competente para conocer del asunto el Juez de Distrito que previno, con lo cual se respeta el principio de acceso efectivo a la justicia que establece el artículo 17 de la Constitución Federal. Además, en relación a los actos que por su naturaleza, no requieren ejecución material es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del referido numeral 37 de la Ley de Amparo. Conclusión que resulta acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta el solicitante del amparo, para ocurrir al Juzgado del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, situando a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. Corrobora lo antes expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 83/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 617, que dice: DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE. La desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, se concluye que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el juez ante quien se presente la demanda de amparo. Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus. Por los motivos antes señalados, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, este juzgado federal no acepta la competencia legal por razón de territorio declinada para conocer de la demanda de amparo promovida por ******* y se ordena devolver el presente asunto, al Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Autorizados y domicilios Conforme al artículo 24 de la ley de la materia se autoriza solamente para oír y recibir notificaciones a ******* y *******, por así haberlo solicitado expresamente. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley en cita, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito, dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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