Orlando Nistal Muñoz
Expediente 27/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 28 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 04/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Orlando Nistal Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Antecedente Agréguense a los autos para que obren únicamente como antecedentes el oficio y anexo enviados por el Subcomisionado Jurídico del instituto Nacional de Migración, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación jurídica del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, mediante los cuales desahoga el requerimiento efectuado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, toda vez que el treinta y uno del mismo mes y año, se sobreseyó el presente juicio de amparo y el veintiséis de abril siguiente, se ordenó su archivo definitivo. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia por la cual se sobreseyó este asunto, sin que se presentara promoción al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, este expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al haberse sobreseído, pero concedido la suspensión de plano respecto de los actos reclamados. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente principal, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público adscrito. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 27/2023-II, promovido por *******, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de enero de dos mil veintitrés en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, el siete de enero de dos mil veintitrés, turnado al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, el mismo día, *******, promovió demanda de amparo en favor de ******* y otros. Segundo. Derechos constitucionales que se estimaron transgredidos. La parte promovente del amparo consideró que con los actos reclamados, se vulneraron en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda y admisión a trámite. Mediante acuerdo de siete de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, registró tal asunto como el juicio de amparo 25/2023, se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa y se mandó ratificar la demanda. Posteriormente, tras haberse ratificado la demanda, el diez de enero de dos mil veintitrés, dicho órgano declaró la separación del juicio, por las razones ahí asentadas. Cuarto. Admisión de la demanda de amparo en este juzgado. Tras recibirse dicha determinación, en auto de doce de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el asunto; se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Quinto. Declaración de inexistencia de autoridades. Primero, en proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara la denominación correcta de la autoridad que señaló como responsable y denominó "Director y/o Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez", pues a la Actuaria de la adscripción -como se desprende de la constancia actuarial relativa, de dieciséis de ese mismo mes y año- al buscar entregar el oficio relativo, le fue informado que es inexistente. De modo que, al haber transcurrido tal periodo, en auto de siete de febrero de dos mil veintitrés se declaró inexistente y se comisionó a suspender toda comunicación con la misma. Después, en proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se otorgó nueva vista a la parte quejosa, al recibirse devuelto el oficio relativo al auto de admisión, girado al "Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua" pues fue rehusado en razón de que la autoridad en cita resultó desconocida en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Tras no desahogarse dicha vista, en acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por inexistente y se ordenó suspender comunicación con ella. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que la parte accionante del amparo reclamó lo siguiente en este asunto: I. Del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad; Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual Encargado de la Estancia Provisional, en Chihuahua, Chihuahua; así como de Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita a la Estación Migratoria Janos: La privación de la libertad, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. La orden de deportación o expulsión emitida en su contra, así como la devolución a su lugar de origen. Incomunicación. La negativa a permitir que la parte quejosa tenga comunicación, por cualquier medio, con un asesor legal. El traslado a diversa estación migratoria. II. De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión: La aprobación y emisión de la Ley de Migración, particularmente de los artículos 99 y 111. III. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México: La promulgación de dicho ordenamiento. IV. Del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua: La aplicación de las porciones normativas reclamadas, a través de la privación de la libertad de la quejosa, mediante su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Tercero. Inexistencia de actos reclamados. El Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad; el Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual Encargado de la Estancia Provisional, en Chihuahua, Chihuahua; así como la Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita a la Estación Migratoria Janos; negaron los actos que les fueron reclamados. Lo anterior sin que la parte quejosa, por sí ni por conducto de su autorizado en amplios términos, haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar las negativas de las responsables; razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [...] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Dichas negativas cobran relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos -porque la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo- sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dichos informes", en los que las autoridades admitan su existencia y aduzcan su constitucionalidad, pero no cuando esas autoridades negaron categóricamente el acto que se les imputa, pues, en tal supuesto, el Juez Constitucional no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de amparo, en primer término, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. Cuarto. Existencia de los restantes actos reclamados. El Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, al rendir su informe justificado negó el acto que le fue atribuido, sin embargo, de autos se desprende su certeza, de modo que se tiene por cierto. Por su parte Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, aceptaron los actos que les fueron reclamados, de modo que se tienen por ciertos. Además, la existencia del ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la publicación oficial, por tratarse de una norma general, abstracta e impersonal que no está sujeta a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento de este juzgado, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Quinto. Precisión especial. Es necesario precisar que, en atención a que este juicio de amparo se promovió contra una ley de de carácter general (indicada en el considerando segundo), con motivo del que el quejoso estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: Se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida, Se analizará si en relación con el mismo se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Así como la tesis de jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Sexto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto consistente en la privación de la libertad de la quejosa, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el catorce de enero de dos mil veintitrés, se emitió en favor de la aquí parte peticionaria del amparo, acuerdo de salida, dejándola en libertad deambulatoria con motivo de la suspensión de plano concedida; donde se le sujetó a no abandonar la demarcación geográfica de esta ciudad y a comparecer todos los martes y jueves de cada semana; asimismo, se dejó sin efecto el acuerdo de presentación de siete de enero de dos mil veintitrés, donde se determinó su alojamiento temporal en la citada estación migratoria; sin que, después de obtener su libertad, haya comparecido de nueva cuenta ante la autoridad migratoria, como ésta lo informó. Bajo ese contexto, ha sido eliminada permanentemente la afectación generada por el alojamiento decretado en su favor, en las instalaciones de la Estación Migratoria, en esta ciudad, a la esfera jurídica de la quejosa. De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional, pues se restituyó a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que estimó violado, consiguiéndose así la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la vulneración nunca se hubiera realizado; trayendo consigo la actualización de la hipótesis de improcedencia ya aludida. Resulta aplicable la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del contenido siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesados los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfrutara del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De igual modo, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Con esto no hay duda que se destruyó el acto reclamado de aplicación de la norma en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos, porque a final de cuentas la autoridad responsable ya cesó en su actuar al haberse liberado a la parte quejosa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el alojamiento decretado el siete de enero de dos mil veintitrés, acorde a lo prescrito en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, del ordenamiento legal en cita; y, de igual modo, respecto de las porciones normativas reclamadas, al haberse actualizado dicha causa de improcedencia. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido en favor de *******, por las razones expuestas en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. Notifíquese; mediante oficio a las responsables; al agente del Ministerio Público adscrito y a la parte quejosa, por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, mediante el cual atiende la solicitud realizada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, pues indica que habilitó la herramienta electrónica para permitir la consulta del juicio de amparo *******, de su índice, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin embargo, no se emite mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que la finalidad de tal vinculación era verificar si en dicho expediente obraba el acuerdo de salida del aquí quejoso; lo cual ya fue acreditado por el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y Encargado de la Estancia Provisional Juárez, con sede en esta localidad y recibido el dos de los actuales. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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