Obed Isai Toledo Tapia
Expediente 1200/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1200/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Obed Isai Toledo Tapia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído de treinta de diciembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Vista el estado de autos, se advierte que al momento de rendir su informe justificado la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, remitió copia certificada del proveído de veintitrés de noviembre del dos mil veintidós, por el cual da contestación al escrito del quejoso presentado ante ésta el veintiuno de octubre del dos mil veintiuno, en el que ordenó girar oficio al enlace jurídico de la Secretaría de Educación para que informe sobre el otorgamiento y reconocimiento definitivo de la clave presupuestal ********************; asimismo, señaló las doce horas del nueve de diciembre del dos veintidós, para que tenga verificativo la reinstalación del trabajador actor aquí quejoso, documental que de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, adquiere valor probatorio pleno; omisión que constituyó el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En el presente asunto, el acto reclamado consiste en lo siguiente: ACTO RECLAMADO- El acto de autoridad que se reclama consiste en la omisión para acordar la promoción presentada por el quejoso el 20 veinte de octubre de 2021 dos mil veintiuno, mediante la cual solicitó se le tenga a la demandada Secretaría de Educación en el Estado por requiriendo al cumplimiento a la brevedad del otorgamiento y reconocimiento en definitiva de la clave presupuestal ********************, realizando los trámites administrativos de acuerdo a la normatividad interna para el otorgamiento del nombramiento, así como para señalar fecha para la real y formal reinstalación en el empleo. Por tanto, resulta claro que con el auto emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el veintitrés de noviembre del año en curso, dentro del expediente ******************** de su índice, en el cual proveyó sobre el escrito presentado por el aquí quejoso ante la responsable el veinte de octubre de dos mil veintiuno, y ordenó en este girar oficio al enlace jurídico de la Secretaría de Educación para que informe sobre el otorgamiento y reconocimiento definitivo de la clave presupuestal ********************; asimismo, señaló las doce horas del nueve de diciembre del dos veintidós, para que tenga verificativo la reinstalación del trabajador actor aquí quejoso, trajo como consecuencia que el actor reclamado cesara en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Constancias de las cuales se anexó copia debidamente certificada al oficio de cuenta y a las que se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia. De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En atención a lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, dando cumplimiento a lo solicitado por este juzgado y para tal efecto, remite las constancias relacionadas con el acto reclamado. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales que anexa a su oficio de cuenta. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva, dése vista a las partes con dichas documentales, y se ordena formar un tomo de pruebas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obra la totalidad de las constancias relacionadas al acto reclamado, las cuales fueron solicitadas en auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, a la autoridad responsable. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del cuatro de enero de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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