Obed Isaí Toledo Tapia
Expediente 1130/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1130/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Obed Isaí Toledo Tapia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa a las once horas del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve se desahogó la prueba de inspección ocular, dentro del juicio ordinario laboral 107/2017. Sin embargo, de los autos que integran el presente expediente se advierte que aún no causa ejecutoria la sentencia dictada el veinte de diciembre del año en curso. En ese sentido, se reserva acordar respecto de las manifestaciones que realiza la autoridad aludida hasta en tanto este órgano judicial se encuentre en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del veinte de diciembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1130/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con las documentales que anexó la autoridad responsable a su informe justificado. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas antes referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación los formuló. A lo que lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos descritos y se declara precluído el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Obed Isaí Toledo Tapia, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Segundo. Por acuerdo de diecisiete de octubre del dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde; y por auto de veintiocho de agosto del año en curso, se fijó fecha para la audiencia constitucional. Asimismo, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues se reclaman actos provenientes de una autoridad laboral con sede en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse que, en la especie, los actos reclamados consisten en: La omisión de emitir el laudo correspondiente dentro del juicio Ordinario laboral número 107/2017. Tercero. Certeza del acto reclamado. Al momento de rendir su informe justificado, la autoridad responsable manifestó que son ciertos los actos que se le reclaman, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral de origen que remitió dicha autoridad; documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, del Apéndice 1917-septiembre 2011, registro 1002815, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Procedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1o. J/5, octava época registro 222780, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En virtud de lo anterior, este Juzgado de Distrito no advierte de oficio causa de improcedencia que se actualice en el presente juicio ni alegada por las partes, por lo que procede el estudio de fondo del asunto. Quinto. Estudio. Al no existir causa de improcedencia que se actualice en relación con los actos reclamados, procede el estudio de los conceptos de violación atendiendo al principio de mayor beneficio contenido en el artículo 189 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía al amparo indirecto, de acuerdo con el cual deben abordarse aquéllas cuestiones que trasciendan a la plena restitución en el goce del derecho humano conculcado, a fin de garantizar a la parte quejosa con la mayor amplitud posible el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del Tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2010, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, en el caso conviene hacer un breve análisis de las actuaciones procesales relativas al juicio de origen de las que se advierte lo siguiente: 1. El nueve de noviembre del dos mil diecisiete, se declaró abierta la audiencia de alegatos, pruebas y resolución, en la que las partes ofrecieron pruebas, objetaron las de su contraria y en el mismo acto la autoridad responsable admitió, desahogo, preparo y desecho diversas pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia señalada con antelación; asimismo, en la propia fecha señalo las diez horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil dieciocho para el desahogo de la prueba de inspección ocular. 2. Mediante constancia de ocho de febrero de dos mil dieciocho, realizada por el actuario adscrito al tribunal burocrático responsable, se advierte la imposibilidad que tuvo para desahogar la diligencia consistente en inspección ocular; toda vez, que no especifican el departamento donde debe constituirse dentro de la secretaria de Educación en el Estado, ya que esta cuenta con varias dependencias. 3. Seguido por sus cauces legales el procedimiento de origen, el seis de noviembre de dos mil diecinueve la autoridad señaló las once horas del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo la diligencia consistente en la inspección ocular. Lo anterior, siendo esa la última actuación por parte de la autoridad responsable dentro de la contienda natural. Ahora bien, es menester destacar que el peticionario de amparo básicamente argumentó que el tribunal responsable vulnera el contenido del artículo 17 Constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De conformidad con el artículo 74, fracción II y 79, de la Ley de Amparo, en un análisis sistemático de los motivos de disenso que formula la parte quejosa en su demanda, suplidos en su queja deficiente, son fundados los conceptos de violación, ya que efectivamente se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ha incurrido en la dilación de la que se duele la parte quejosa. Lo anterior, en virtud de que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo, reconoce el derecho humano de acceso a la justicia y establece para su protección diversos derechos de seguridad jurídica que todas las autoridades del estado Mexicano que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales deben observar a saber: 1. Principio de prosecución judicial; por virtud del cual todo acto de autoridad que determine los derechos civiles y políticos de las personas debe provenir de un juez o tribunal formal y materialmente constituido y en caso contrario, que tal acto pueda ser revisado por un tribunal que satisfaga esos requisitos. 2. Principio de expeditez; por virtud del cual la justicia debe ser administrada en los plazos que fijen las leyes. 3. Principio de gratuidad; por virtud del cual las personas que ejercen la función jurisdiccional, no deben realizar cobro alguno a las personas por las actuaciones que realicen, ya que sus respectivos emolumentos deben ser pagados por el Estado. 4. Administración de justicia completa o principio de congruencia; por virtud del cual, las resoluciones que se emitan al decidir un caso concreto, deben ser acordes a lo pedido por las partes, resolviendo el fondo de la controversia planteada. 5. Principio de imparcialidad; por virtud del cual las personas que integran los órganos depositarios de la función jurisdiccional deben permanecer ajenos a cualquier presión tanto de índole interno como externo, para resolver el caso sometido a su jurisdicción de forma objetiva. Estos principios son los que garantizan de manera mínima el acceso a la justicia dado que al faltar uno de ellos, se desconocería el derecho humano en comento, por ello es necesario que todos los principios se presenten de manera concomitante para lograr que las personas efectivamente accedan al derecho fundamental. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que rige la materia del acto reclamado, desarrolla estos principios de manera puntual en su artículo 685, en el que fundamentalmente señala que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte, y establece como una subespecie de garantía procesal, la obligación a cargo de las Juntas de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Ahora bien, en relación con el trámite y sustanciación del procedimiento laboral, los artículos 99, 103, 104, 105 y 110 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, prevén lo siguiente: "Artículo 99. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje consistirá en la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; contestación que se hará en igual forma; una sola audiencia en la que se recibirán, las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo." "Artículo 103. El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes, y en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución." "Artículo 104. El día y hora de la audiencia se abrirá el período de ofrecimiento y recepción de pruebas; el Tribunal calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que no resulten notoriamente inconducentes contrarias a la Ley o a las buenas costumbres o que no tengan relación con la litis. Acto continuo señalará el orden de su desahogo, primero, las del actor y después las del demandado en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento." "Artículo 105. En la audiencia se aceptarán las pruebas ofrecidas en ella o con anterioridad a la misma." "Artículo 110. Antes de pronunciarse el laudo los integrantes del Tribunal podrán solicitar mayor información para mejor proveer en cuyo caso acordarán la práctica de las diligencias necesarias." "Artículo 114. Cualquier término no especificado en esta Ley, será de tres días. En ningún término se contarán los días inhábiles que señale el Calendario Oficial del Estado." Lo expuesto revela fundamentalmente, que en materia laboral burocrática el principio de celeridad rige con mayor severidad, dado que una vez formulada la demanda y su contestación, el procedimiento -por regla general- se limita a una sola audiencia, en la que la que se reciben las pruebas y los alegatos de las partes y se dicta la resolución que corresponda. Lo anterior, salvo que a consideración del tribunal se requiera el desahogo de nuevas pruebas, supuesto en el cual, una vez desahogadas éstas, se procede a emitir el laudo respectivo. En ese sentido, asiste razón a la parte quejosa al afirmar que la autoridad responsable no ha desahogado la totalidad de pruebas que fueron ofrecidas en la etapa procesal correspondiente y en consecuencia tampoco ha emitido el laudo respectivo dentro del plazo que marca la legislación aplicable. En esas condiciones, resulta indudable que la autoridad responsable vulnera los derechos de la parte quejosa, dado que en su calidad de tribunal responsable de la administración de justicia en materia laboral, debe acatar lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo; pues si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado en la solución de las controversias sometidas a su conocimiento; y de actualizarse dicho retardo, se configura la violación al derecho previsto en el citado precepto constitucional. Ello, aun cuando en el fondo del asunto llegare a emitirse laudo favorable a los intereses del quejoso, pues aun así, no podrá remediarse la violación del derecho ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. En consecuencia, al estar demostrada la violación aducida, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia o ésta sea confirmada por un órgano superior, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, previo requerimiento, realice lo siguiente: a) Informe a este juzgado si se desahogó la prueba de inspección ocular señalada para el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve dentro del juicio ordinario laboral 107/2017; b) En caso contrario, proceda de inmediato a su desahogo, realizando cuanta actuación y diligencia sea necesaria; c) Una vez realizado lo anterior y en caso de que no requerir la práctica de otras diligencias, de inmediato ordene el cierre de instrucción; y d) Emita el laudo que corresponda, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la luz de la regla genérica prevista en el artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios. Lo anterior, tomando en cuenta que la concesión del amparo abarca únicamente la dilación a estudio en el presente juicio y no respecto de aquéllas futuras o inciertas que lleguen surgir de manera posterior, acorde con lo establecido en el criterio 2a CV/2013 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E : Único. Por las razones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Obed Isaí Toledo Tapia, contra los actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal informó a este juzgado que se le concedió licencia académica al titular de este órgano jurisdiccional quedando encargada del despacho por Ministerio de Ley la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, en términos del artículo 43, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo y en atención a lo previsto en dicho numeral, se advierte que la suscrita secretaria únicamente puedo practicar las diligencias, dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. Por tanto, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas del veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/5098/2019, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y con éste dése cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia definitiva, dígase a la agente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/5098/2019, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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