Norma Patricia Sarmiento Marroquin

Expediente 1083/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1083/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Norma Patricia Sarmiento Marroquin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de fecha 14 de noviembre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por la Jefa del Departamento de Asuntos de lo Contencioso Administrativo y apoderada jurídica de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerarquico y por ende representante legal del Director del Hospital General "Doctor Miguel Silva" y Director del Hospital de la Mujer, por medio del cual informa sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, manifestando lo siguiente: 1. La quejosa recibe el tratamiento de manera subrogada en la Clínica NausLife, ubicada en calle Isidro Huarte número 525, colonia Centro Histórico, Morelia, Michoacán, los días lunes y jueves de cada semana a las trece horas con cincuenta minutos, donde acude desde el mes de agosto del año en curso; 2. Que sus representadas celebraron contrato abierto para la adquisición y contratación del servicio de otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (servicio de terapia sustitutiva renal extracorpórea - hemodiálisis), con la empresa ARQUINA S.A. DE C.V., con la finalidad de garantizar el tratamiento médico que requiere el peticionario de amparo, es decir, las sesiones de hemodiálisis, cumpliendo con la suspensión de plano y al efecto remite copia cotejada del mismo; y, 3. Sus representados se encuentran obligados a la apertura del expediente clínico, al ser este el conjunto único de información y datos personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual, consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales, el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables, a decir, Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico. En tal virtud, se deja sin efectos el apercibimiento decretado al respecto y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, computado a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia********************Michoacán********************treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente********************acúsese recibo del oficio que remite el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito********************con residencia en esta ciudad********************al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 1201/2021 consistentes en dos tomos procesales********************un tomo de pruebas y copia certificada de la resolución dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés********************dentro del recurso de queja civil 169/2023********************por el cual se advierte que el tribunal colegiado desechó por improcedente el recurso de queja promovido por la parte quejosa contra el auto dictado el uno de junio del año en curso. En virtud de lo anterior********************resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado********************por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo********************previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste********************toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. Por tanto********************se reanuda el procedimiento del presente juicio de amparo y se fijan las once horas con cuarenta minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés********************para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte********************del estado que guardan los autos se advierte que en proveído de trece de junio del año en curso********************se reservó acordar el escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa********************mediante el cual interpuso incidente de nulidad de actuaciones. Por tanto********************con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Amparo********************se le tiene promoviendo incidente de nulidad de actuaciones********************contra las actuaciones con las que se emplazó en el domicilio del tercero interesado ******************** y la tercera moral Grupo de Oro Fuerte********************Sociedad Anónima de Capital Variable. En consecuencia********************con copia del escrito de cuenta córrase traslado a las partes por el término de tres días a efecto de que ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes********************de conformidad con el citado artículo 67 de la Ley de Amparo. Asimismo********************se tienen por anunciadas las pruebas documentales ofrecida por la parte quejosa********************así como las consistentes en la instrumental de actuaciones********************la presuncional legal y humana así como la testimonial que refiere********************de lo que se ordena proveer en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista********************personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González********************Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán********************quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala********************secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ... Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la agente del Ministerio Público Federal y con éste dese cuenta en el momento procesal oportuno dentro del desarrollo de la presente audiencia; asimismo, dígasele que una vez que sea pronunciado el fallo constitucional, le será expedida la copia en los términos que solicita. Enseguida se da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se da cuenta al Juez con las documentales ofertadas por la parte quejosa así como con las exhibidas por las autoridades responsables con sede en esta ciudad. El Juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen anunciadas, admitidas y desahogadas debido a su propia y especial naturaleza las referidas probanzas ofertadas por las partes en comento y, por perdido el derecho para ofrecer algún otro medio de convicción. Abierto el periodo de alegatos la Secretaria certifica que presentó alegatos el autorizado de la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado. El Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del quejoso y la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado y por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés (fojas 2), en el Portal de Servicios en Línea, Santiago Orozco Valencia, a favor de Norma Patricia Sarmiento Marroquín, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Salud en el Estado de Michoacán con sede en esta ciudad y otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 8°, 17, 22, 103 fracción I, 107 fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; órgano de control constitucional que la registró con el número de expediente 1083/2023; en proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés (foja 26), decretó la suspensión de plano únicamente por lo que ve a las autoridades Secretario de Salud en el Estado de Michoacán, Director del Hospital Civil Doctor Miguel Silva y Director del Hospital de la Mujer, todas las autoridades residentes en esta Ciudad de Morelia, a favor de la quejosa Norma Patricia Sarmiento Marroquín, en los siguientes términos: "[.] SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que se brinde a Norma Patricia Sarmiento Marroquín de inmediato la atención médica necesaria respecto de los padecimientos que le aquejan y para que se garantice su vida e integridad física y mental, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituirlo en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcione la asistencia médica que requiere en este momento, esto es, le proporcione la atención médica que requiere para sus enfermedades de inmediato (tratamiento de hemodiálisis). En caso de que las autoridades responsables Secretario de Salud en el Estado de Michoacán, Director del Hospital Civil Doctor Miguel Silva y Director del Hospital de la Mujer no se encuentren en condiciones de otorgar la Terapia Sustitutiva Renal Extracorpórea (Hemodiálisis), deberán de realizar las gestiones necesarias para que se le practiquen de manera subrogada en las clínicas particulares con las que tengan contrato o convenio de licitación celebrado. De la misma forma, para que en el supuesto que la parte quejosa se encuentre en el área de urgencias del Hospital Civil de Morelia, Michoacán o del Hospital de la Mujer otorguen de inmediato la atención médica que requiere, de acuerdo a la normativa y los protocolos hospitalarios que correspondan, acorde a sus padecimientos. De la misma forma, para que se le otorguen todos los medicamentos que le fueron recetados, conforme a las constancias que acompañó a su escrito de demanda. En la inteligencia que la medida cautelar que se concede, NO desconoce la autoridad de los médicos tratantes del quejoso para que conforme a la praxis médica y la lex artis ad hoc, otorguen la atención médica que requiere, atendiendo a su criterio, así como a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica; entendiendo a la primera (praxis médica) como la facultad que tiene el experto de la salud en anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o la recuperación, conservación, y preservación de la salud de las mismas; el asesoramiento público o privado, así como las pericias que practican. Y por la segunda (lex artis ad hoc) como el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo; dicho concepto puede resumirse en el deber de ajustar la actuación a las reglas técnicas, normas legales y principios deontológicos, el deber de preparación adecuada para adaptar los conocimientos al progreso científico y a la experiencia profesional, y el deber de omitir acciones peligrosas, es decir, actos para los que no se está suficientemente capacitado, atendiendo a las circunstancias del estado de la ciencia, de tiempo y lugar; sobre todo porque en materia sanitaria, es el médico tratante quien responde por el acto médico que realice. (.).". Previa ratificación (veintiuno de agosto de dos mil veintitrés foja 45), en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, admitió la demanda de amparo (foja 62) únicamente por lo que ve a las autoridades Secretario de Salud en el Estado de Michoacán, Director del Hospital Civil Doctor Miguel Silva y Director del Hospital de la Mujer, todas las autoridades residentes en esta ciudad de Morelia; se requirió a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas rindieran su informe sobre el cumplimiento de la suspensión otorgada; otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado (foja 67 vuelta) (quien presentó pedimento el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, foja 90); y fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la omisión reclamada requiere ejecución material dentro del territorio en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, de contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y en atención además al contenido de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa al Secretario de Salud en el Estado de Michoacán, Director del Hospital Civil Doctor Miguel Silva y Director del Hospital de la Mujer, todas las autoridades residentes en esta iudad de Morelia, es: La omisión de proporcionarle atención médica, en el tratamiento de insuficiencia renal crónica grado 5, y no otorgarle los insumos e instrumentos necesarios para tal efecto. Tercero. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y/u Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, el Hospital Civil Doctor Miguel Silva, así del Hospital de la Mujer, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados. Al respecto manifestaron que no han emitido acto u omisión que implicara en forma alguna, la falta de atención a la quejosa Norma Patricia Sarmiento Marroquín, porque no ha acudido al Hospital de la Mujer. No obstante lo anterior, también manifestaron que la peticionaria debía presentarse el veinticinco de agosto del año en curso en la clínica "Naus Life", por lo que la fecha de presentación de la demanda -veintiuno de agosto de dos mil veintitrés- sí existía el acto reclamado consistente en la omisión de proporcionarle atención médica, en específico de brindarle el tratamiento de hemodiálisis. Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno por ser expedidas por institución pública, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 394182, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. En ese sentido, del informe de la suspensión de plano (foja 49) y del justificado (foja 79) de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y/u Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, el Hospital Civil Doctor Miguel Silva, así como del Hospital de la Mujer, manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama a sus representados, toda vez que no han emitido acto u omisión que implique en forma alguna, la negativa a brindar atención médica a la parte quejosa o negar diversos medicamentos y el tratamiento de hemodiálisis, asimismo refieren que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se encontró en los archivos del nosocomio expediente clínico del que se advierta que haya omisión a solicitar atención médica. De igual forma, que en aras de cumplir con las medida cautelar otorgada por este órgano constitucional adujeron "[.] que a fin de brindar el la atención médica que requiere la quejosa, el representante legal de la moral Arquina, Sociedad Anónima de Capital Variable., ha informado que la peticionaria de amparo Norma Patricia Sarmiento Marroquín, deberá de presentarse el día 25 de agosto de 2023, a las 12:00 pm., en la "Naus Life Morelia", ubicada en Isidro Huarte número 525 colonia Centro en esta Ciudad de Morelia, Michoacán, con la finalidad de que le agenden las sesiones de hemodiálisis [.]. No obstante dichas consideraciones, el que ahora resuelve estima que en el caso no aconteció la cesación de efectos del acto reclamado. En primer término, en atención a que en la técnica de amparo se define a la cesación de efectos, como la causal de improcedencia que impide el estudio del fondo del amparo cuando los actos que al momento de promover la demanda existían, cesaron durante la substanciación del juicio y destruyen de manera total e incondicional sus efectos, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. Siguiendo con esa línea, la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Para continuar con este argumento, en el caso debe establecerse que, la atención médica que se otorgó a la inconforme, esto es, el otorgamiento del tratamiento de hemodiálisis y el suministro de los insumos necesarios para tal efecto, obedeció al cumplimiento de la suspensión de plano que las autoridades responsables dieron. Así, la suspensión de plano que se decreta en el juicio de amparo tiene la naturaleza de una medida cautelar, que de acuerdo con lo señalado por el jurista Miguel Alejandro López Olvera, son actos procesales del órgano jurisdiccional adoptados en el curso de un proceso o previamente a él, a pedido de un interesado o de oficio, para asegurar bienes o pruebas o mantener situaciones de hecho. Igualmente refiere que, son instrumentos que puede decretar el juzgador para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave o irreparable daño a las partes o la sociedad, con motivo de la tramitación del proceso; asimismo, que también pueden ser utilizadas para dar justicia anticipada o autónoma. Entre las diferentes características que atribuye dicho autor a las medidas cautelares, destaca, para el caso exclusivo, la relativa a la provisionalidad, que define, como el carácter no definitivo de las medidas cautelares, pues éstas desaparecen, perdiendo toda su eficacia, cuando faltan los presupuestos que originaron su adopción, y en todo caso, cuando finaliza el proceso principal. La nota de la provisionalidad, señala, se entiende bien, si se conecta con la finalidad de las medidas cautelares; si lo que se trata de proteger y tutelar mediante la adopción de tales medidas es la efectividad de una ulterior sentencia, lógico es que las mismas tengan una vigencia limitada en el tiempo, concretamente aquella en la que dicha sentencia tarde en obtenerse. De modo que, si en el presente asunto se otorgó el tratamiento de hemodiálisis así como los insumos que requiere para la insuficiencia renal (las hemodiálisis que requiera para su tratamiento), y los demás padecimientos que le aquejan que sufre, es claro que, de acuerdo con lo antes expuesto, dicha actuación asumida por las autoridades responsables obedeció al cumplimiento que otorgaron a la medida cautelar, que si se observa superficialmente, en apariencia pudiera establecerse que dicha medida cautelar restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho a la salud que estimó violado, en tanto que, con la misma obtuvo a la pretensión fundamental a la que aspiró al promover este amparo. No obstante ello, lo cierto es que técnicamente no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado, en atención a que no se declaró en definitiva una violación de derechos que le haya constituido la prerrogativa a recibir la atención médica en tanto dure la vigencia de la medida cautelar decretada en autos. Lo anterior determinara sobreseer el presente juicio de amparo, la vigencia de la suspensión de plano que le fue concedida en el presente expediente para que las autoridades responsables le otorgaran el más amplio acceso y garantizaran su derecho a la salud, por la negativa de las responsables de otorgarle el tratamiento de hemodiálisis (la cantidad de sesiones que requiera para su tratamiento), así como el suministro de los insumos que necesita para tal efecto y demás padecimientos que le aquejan, quedaría sin efectos una vez que la misma causara ejecutoria; ello, al margen que no se le hubiera declarado en definitiva la violación a derecho alguno que le constituyera la prerrogativa a recibir la atención médica que buscó con este amparo. Es así pues la suspensión de plano que se concedió a la parte quejosa fue dictada no sólo con efectos preventivos, sino de tutela anticipada, pero de ninguna manera constituyó una declaración de violación de derechos definitiva a su favor, en el caso para determinar el tránsito de esa declaración provisional a una definitiva que se consolide en la sentencia como cosa juzgada, por ende, resulta necesario que este juzgador realice el análisis correspondiente. Por tanto, toda vez que las partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna otra, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los promoventes de amparo hicieron valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/2010 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], registro digital 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En este punto es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, en suplencia de la queja deficiente, verificará el estudio del auto reclamado, al margen de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Lo anterior, porque constituye obligación del juzgador de amparo, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analizar las disposiciones legales aplicables y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder a la quejosa. Así, en la especie conviene tener en cuenta lo resuelto en la ejecutoria relativa al amparo en revisión 173/2008, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que al tenor de lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, determinó que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Indicó que, el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Que el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. Igualmente, que el contenido de esta norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado esta Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: Del párrafo 1o. del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios). Del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho). Del artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" (toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social). De lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales. En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la ejecutoria de amparo en comento, determinó que la protección del derecho a la salud, depende de la forma como son reguladas las condiciones de acceso a los servicios médicos y la regulación de todas aquellas peculiaridades que incidan en la calidad de ésta. Asimismo, que la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar porque la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. Concluyó señalando que, el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo XII, página siete, define el derecho a la salud como "el conjunto de normas de derecho público que regulan las actividades de las instituciones del Estado y los sujetos públicos, privados y sociales que tengan por objeto común proteger la salud.". Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. Ahora bien, en esta instancia se reclama en esencia la omisión de proporcionarle atención médica para el tratamiento de hemodiálisis (la cantidad de sesione que requiera), así como otorgarle los insumos e instrumentos necesarios para su padecimiento. En cumplimiento a la suspensión de plano, el apoderado de las autoridades responsables mediante escrito de veintitrés de agosto del año en curso (foja 49), a fin de brindar la atención médica que requiere la quejosa, refiere que el representante legal de la moral Arquina, Sociedad Anónima de Capital Variable., ha informado que la peticionaria de amparo Norma Patricia Sarmiento Marroquín, debería de presentarse el día veinticinco del citado mes y año, a las doce horas, en "Naus Life Morelia", ubicada en Isidro Huarte número 525 colonia Centro en esta Ciudad de Morelia, Michoacán, con la finalidad de que se le agenden sus sesiones de hemodiálisis. Asimismo la autoridad responsable mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto del año en curso, informó que las sesiones de hemodiálisis de la quejosa quedaron calendarizadas para los días lunes y jueves en a las trece horas con cincuenta minutos, en "Naus Life Morelia", ubicada en Isidro Huarte número 525 colonia Centro en esta Ciudad de Morelia, Michoacán. (foja 79). De lo anterior, se aprecia que la queja toral aducida por la quejosa Norma Patricia Sarmiento Marroquín, consistente en la omisión de proporcionarle atención médica, en específico de brindarle el tratamiento de hemodiálisis, así como de otorgarle los insumos e instrumentos necesarios para tal efecto, y demás padecimientos que le aquejan, quedó satisfecha, vía tutela anticipada, en la medida que ya se subrogó dicho servicio, se le han otorgado algunos de los medicamentos que necesita. No obstante lo antes expuesto, se estima que la restitución a ese derecho acontecerá con entera plenitud, con la declaración de violación de derechos definitiva a su favor, en el caso la violación a su derecho a la salud; de ahí que, la presente resolución tenga como efecto hacer la declaración formal de violación al derecho a la salud para que en lo subsecuente, las autoridades responsables brinden el tratamiento y servicios que requiere la impetrante de amparo para el padecimiento que le aqueja, dado que conforme a los postulados derivados del artículo 4º Constitucional, la protección de la salud está garantizada por el Estado como derecho humano irrestricto; y conforme al artículo 2, punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Mexicano debe adoptar las medidas especialmente económicas y técnicas para lograr, progresivamente, garantizar y proteger el derecho a la salud, hasta el máximo de los recursos de que disponga. Lo que se aplica en la especie porque el Estado Mexicano no demostró haber excedido de los recursos disponibles y debe, por ende, costear los tratamientos de atención de la salud de la quejosa". Sirve de apoyo, la tesis VI.2o.37 P sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro digital 203666, que establece: "SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si conforme a lo establecido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la protección de su salud y acceso a los servicios correspondientes, el quejoso tiene tal derecho, lo que se traduce en recibir el tratamiento requerido. Luego, con el hecho de que el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, no proporcione la atención médica a un procesado y niegue su traslado a un hospital especializado, es inconcuso que viola esa garantía individual consagrada en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución General de la República." También es aplicable la tesis aislada 1a. LXV/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 169316, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.". Por lo tanto, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proporcionar atención médica, en específico de brindarle el tratamiento de hemodiálisis, así como otorgarle los insumos e instrumentos necesarios para tal efecto; con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo solicitado, para que las autoridades responsables continúen otorgando el tratamiento completo y servicios que requiere el peticionario de amparo para el padecimiento de insuficiencia renal crónica que le aqueja. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Norma Patricia Sarmiento Marroquín, por propio derecho, en términos del quinto considerando de la presente resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el sexto considerando de este fallo. Notifíquese por lista; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

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