Octaviano Soriano Martínez

Expediente 739/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
739/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
13/10/2020

Partes del expediente

  • Octaviano Soriano Martínez
  • Subdelegado de Prestaciones del Departamento de Afiliaciones y Prestaciones Edonomicas del Instituo de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Mario Everardo Ruiz Morell)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y en atención a su contenido, remítasele mediante diversa comunicación oficial las copias que solicita para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución veinticinco de noviembre dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvase las documentales que allegaron al presente juicio el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia, consistente en un disco compacto y al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación, con residencia en esta ciudad, que obra en un tomo de prueba, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte Quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado y en el sistema SISE, el acuerdo y/o resolución de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la ley de amparo.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 739/2019; y, R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Octaviano Soriano Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, Michoacán y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los que se contienen en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede, así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, C O N S I D E R A N D O : Primero. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso 8/2013, del mismo órgano, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la quejosa consiste en: Al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia: El auto de tres de junio de dos mil diecinueve, pronunciado en el cuaderno de antecedentes 85/2019, formado con motivo de la impugnación que formuló el catorce de mayo de dos mil diecinueve; mediante el cual, negó la solicitud del quejoso en el sentido de que requiriera de nueva cuenta al agente del Ministerio Público a efecto de que se pronunciara en relación a la carpeta de investigación 1003201900957. Al Agente del Ministerio Público Adscrita la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia. La omisión de pronunciarse si es o no competente para seguir conociendo de la carpeta de investigación 1003201900957; asimismo la negligencia o abstención en darle trámite en caso de que sea competente. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (fojas 34 y 38). Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañaron, consistente en copias certificadas del cuaderno de antecedentes 85/2019, copia digital de la totalidad de las constancias, así como de la carpeta de investigación 1003201900957 (un tomo de prueba), Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego, se tienen por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así se advierte de las copias certificadas que acompañaron las autoridades responsables como soporte de su informe justificado. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados precisados en esta consideración. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Este juzgador de manera oficiosa advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo [cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado], que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." La hipótesis legal contiene la cesación de efectos del acto reclamado, la cual de manera abstracta consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón que justifica la improcedencia de que se trata, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: Por revocación; y Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, la cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino lo innecesario de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. El segundo supuesto se materializa por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el acto ulterior por el cual fue sustituido. Es aplicable, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicado en la página dos mil quinientos cuarenta y seis, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2013461, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." En la especie, se estima actualizada la segunda hipótesis en mención, es decir, la cesación de efectos por sustitución procesal. Se sostiene lo anterior, en razón de que en la especie se reclamó al juez responsable el auto -tres de junio de dos mil diecinueve- por el que negó al quejoso su solicitud en el sentido de que requiriera de nueva cuenta al ministerio público a efecto de que se pronunciara en relación a su competencia para conocer de la carpeta de investigación 1003201900957; asimismo al representante social la omisión de pronunciarse en tal sentido y en su caso, la negligencia o abstención en darle trámite en caso de que sí fuese competente. Y de las constancias que obran en autos se advierte que el cuatro de abril de la anualidad que transcurre, se decretó el archivo temporal de la carpeta de investigación que nos ocupa, lo que fue notificado al impetrante del amparo el veintitrés de octubre siguiente. Incluso, de las constancias que obran en autos deriva que el propio quejoso impugnó el auto de archivo temporal (foja 106) y se señaló fecha para audiencia el siete de noviembre de la anualidad que transcurre (foja 85) y se difirió para hoy veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve (según manifestación del quejoso foja 95). De esta manera, la negativa del juez de requerirle al ministerio público para que se pronuncie respecto a si es competente o no para conocer de la carpeta de investigación que nos ocupa, así como la omisión del representante social de pronunciarse en tal sentido y la negligencia o abstención en darle trámite a la carpeta de investigación, quedó sustituida procesalmente con la determinación que declaró el archivo de la carpeta de investigación, o en su caso, con lo que se resuelva en la inconformidad; de suerte que, no es posible que este juzgador emprenda el estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso. Por tanto, este órgano de control constitucional considera que el juicio de amparo es improcedente ante la imposibilidad de analizar los actos reclamados que ya no surtirán sus efectos por haber sido substituido procesalmente por la diversa resolución que ordenó el archivo temporal de la carpeta de investigación. En consecuencia, al encontrarse probado en autos que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee el juicio de amparo contra el aludido acto reclamado. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la tesis I.3o.C.769 C emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, visible en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, Registro 165869: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en el juicio de conformidad con el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Quinto. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Octaviano Soriano Martínez, por su propio derecho, en términos del considerando cuarto de esta determinación. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

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