Norma Santoyo Aguilera

Expediente 730/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
730/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
22/08/2022

Partes del expediente

  • Norma Santoyo Aguilera
  • Ángel de Los Santos García López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el pedimento que formula la agente del Ministerio Público Federal, toda vez que el tres de agosto del año en curso a las diez horas con cincuenta minutos, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Por otro lado, como lo solicita la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del tres de agosto de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 730/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con la documental exhibida por las autoridades responsables. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas en comento; asimismo, a las demás partes se les tiene por precluído el derecho para ofrecerlas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez provee: Se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el uno de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Norma Santoyo Aguilera, a favor del quejoso directo Ángel de Los Santos García López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: Subdirectora Jurídica del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto número 1; y, Jefe de Seguridad del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto número 1. Ambos con sede en Charo, Michoacán. Actos reclamados. Incomunicación, tortura física y psicológica y actos que refiere el artículo 22 Constitucional del quejoso Ángel de Los Santos García López. Segundo. Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, declina competencia. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; órgano jurisdiccional que en auto de uno de julio de dos mil veintidós, declinó la competencia a este órgano jurisdiccional, por considerar que se actualiza la hipótesis prevista en el artículos 45 y 46 fracción II, ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Tercero. Este juzgado acepta competencia planteada y admite demanda. En proveído de uno de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada, la cual registró bajo el número 730/2022; asimismo, por auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, previa ratificación del quejoso directo se admitió a trámite la demanda, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional en relación con las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos de naturaleza positiva y la demanda se presentó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, el acto reclamado consiste en: Incomunicación, tortura física y psicológica y actos que refiere el artículo 22 Constitucional del quejoso Ángel de Los Santos García López. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes al momento de rendir sus informes manifestaron que no llevaron a cabo las conductas que les atribuyen la parte quejosa. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, sin que haya aportado prueba para desvirtuar dicha negativa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado precisado en esta consideración, es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Ahora bien, no pasa desapercibido para este juzgado que la parte quejosa al momento de presentar la demanda y de las constancias que anexaron las autoridades responsables, que el quejoso directo se encontraba en el módulo A, pasillo A2 estancia número 15 del centro de Alta Seguridad para delitos de Alto Impacto número 1, en Charo, Michoacán, en donde sí había sido víctima de agresiones y amenazas por parte de diversos internos y no por dichas autoridades. Sn embargo, se advierte que el uno de julio del año en curso a las veinte horas, fue trasladado al área médica para su respectiva certificación de integridad corporal para posteriormente ser reubicado en el área de ingresos, modulo A, pasillo A2, estancia número 04, del centro de Alta Seguridad para delitos de Alto Impacto número 1, en Charo, Michoacán, para proteger su integridad física y psicológica. Documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. Cuarta. Vista por actos de incomunicación. El quejoso en su demanda aduce actos de incomunicación, tortura física y psicológica y actos que refiere el artículo 22 Constitucional hacia su persona; en esas condiciones, surge la obligación de dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para que inicie la carpeta de investigación correspondiente y realice todas las diligencias que considere necesarias para que de resultar actualizado algún hecho ilícito inicie todas las diligencias que considere necesarias para comprobar el delito y la probable responsabilidad en relación con los actos manifestados por el aquí quejoso. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Por las razones expresadas en la consideración tercera de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ángel de Los Santos García López, contra los actos reclamados a las autoridades responsables referidas en el resultando primero. Segundo. Se ordena a la autoridad responsable dar vista al Ministerio Público de su adscripción, en términos de la consideración cuarta de este fallo. Notifíquese por lista, personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido, el oficio que remite la Subdirectora Jurídica del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto número 1, por el cual informa lo relativo a su informe justificado, así como el del Jefe de Seguridad del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto número 1; lo anterior sin necesidad de hacer mayor pronunciamiento ya que el doce de julio del año en curso, se tuvieron por recibidos los mismos y se proveyó sobre sus contenidos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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