Norberto Gonzalez Hernández

Expediente 909/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
909/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Norberto Gonzalez Hernández

Actuaciones

  1. Incidental

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************-V, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Tercer Distrito Judicial, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas y otras autoridades. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con la fracción II, del artículo 138 de la Ley de Amparo vigente. Sin que lo anterior implique demérito alguno al principio de justicia pronta y expedita, el señalamiento de la audiencia incidental, se estima que es el estrictamente indispensable para dar oportunidad a que las autoridades responsables foráneas alleguen el informe previo respectivo considerando el lugar de su residencia, cuestión que desde luego no se encuentra normada en el ordinal 141 de la Ley Amparo, dejando por tanto, la apreciación al criterio del Juzgador. A efecto, se invoca por identidad de razones la tesis de la anterior conformación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIX, página 2638, del rubro siguiente: AUDIENCIA, SEÑALAMIENTO TARDIO DE LA. INFORMES PREVIOS. Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, pídanse los informes previos a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo, en el que expresarán si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe de ley al correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. En esa medida, indíquese a las responsables, que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por ese medio electrónico, por lo que, resultará innecesario que lo hagan también por la vía ordinaria. INTEGRACIÓN DEL INCIDENTE. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expedites de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe previo proporcionen a este órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes la expedites a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe previo, se harán acreedoras a una multa una equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción I y 238 de la Ley de Amparo. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo origen de este asunto, se obtiene que el acto que se reclama consiste en: La orden de aprehensión, dictada respecto de la persona del quejoso, así como su ejecución. EFECTO PARA EL QUE SOLICITA LA MEDIDA. La parte promovente solicita se conceda la suspensión para que no se ejecuten los actos reclamados. CONCESIÓN DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará cuando concurran, entre otros, los siguientes requisitos: a) Que la solicite el agraviado; b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, En el caso, por cuanto hace a la primera de las exigencias, prevista por la fracción I del precepto invocado, se estima que ésta se encuentra satisfecha en sus extremos, toda vez que es el propio demandante de la protección federal quien solicita el otorgamiento de la suspensión contra la orden aprehensión emitida en su contra, así como su ejecución. En otro orden, por cuanto hace a lo dispuesto por la fracción II, del invocado ordinal 128, tendente a ponderar que, con la medida cautelar no se siga en perjuicio al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, debe decirse que, aun cuando no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, lo cierto es que al momento de ponderar sobre la procedencia de la medida cautelar es necesario atender su existencia en los casos concretos de que se trate; para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se contravienen disposiciones de orden público como lo es, que con la concesión de la medida cautelar se ocasionen perjuicios a la sociedad. Al caso, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia I.3°A. J/16, consultable en la página trescientos ochenta y tres, Tomo y, Enero de 1997, de Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro dice: SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. Lo mismo que la tesis consultable en la página 516, del Tomo III, Segunda Parte 1, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro es del siguiente tenor literal: ORDEN PÚBLICO. ALCANCE DEL CONCEPTO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN. Por tanto, se estima que en el caso a estudio, también se encuentra satisfecho a cabalidad dicho requisito; pues con su otorgamiento, no se ocasiona perjuicio al interés de la sociedad ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se priva a la colectividad de algún beneficio y, por el contrario, se estima que de no concederse la suspensión se privaría de su libertad personal a la parte quejosa (ello no obstante que se encuentre detenido por diverso delito). Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 128, 138 163 y 166 de la Ley de Amparo, toda vez que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, por lo que en el supuesto de que la privación de la libertad devenga de alguna orden de aprehensión, SE CONCEDE a ********************, la suspensión provisional de tal acto reclamado, así como su ejecución, para los efectos siguientes: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el justiciable quede a disposición de este juzgado en el lugar en que deba ser recluido en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; y, II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso NO sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que más adelante se detallarán, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Es aplicable a lo anterior, por similitud de razón, la tesis I.7º.50 P, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que puede ser consultada en la página 1678, tomo XX, Julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Penal, de rubro siguiente: ARRAIGO DOMICILIARIO POR LA COMISIÓN DE UN DELITO GRAVE. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN QUE LO DECRETA, LA SUSPENSIÓN DEBE OTORGARSE PARA EL EFECTO DE QUE EL INCULPADO QUEDE A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL SE REFIERE Y A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LA CONTINUACIÓN DE LA ORDEN RECLAMADA. Con fundamento en los artículos 125 y 126, se decreta la suspensión, para que bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, cese dicho acto, si es que no existiera causa legal que justifique el acto restrictivo de la libertad, y que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran. Es aplicable la jurisprudencia 8/2013, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro número 2003171, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, visible en la página 187, que a la letra dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA CONCEDERLA EN LOS JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS CONTRA ÓRDENES DE APREHENSIÓN, TRATÁNDOSE DE DELITOS NO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PRECISIÓN 1. Cabe acotar que la presente medida tampoco surte efectos en supuestos de flagrante delito y casos de urgencia previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRECISIÓN. Es preciso enfatizar que la presente medida cautelar no surtirá efectos si el acto reclamado por el cual es otorgada la suspensión provisional, obedecen a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si dichos actos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables. PRECISIÓN 3. La presente medida únicamente surte efectos por los actos reclamados que provienen de las responsables, existentes a la fecha de la presentación de la demanda en estudio. PRECISIÓN 4. La suspensión concedida no surte efecto legal alguno si se trata del auto que ordena la citación del investigado a una audiencia de formulación de imputación, toda vez que dicha orden es una simple comunicación en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia, por lo que, en ese caso, el juicio de amparo deviene improcedente, por lo tanto no podría concederse la suspensión de dicho acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes siete de diciembre de dos mil dieciocho, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 201828 y rubro: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.) REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se requiere a las autoridades responsables para que informen dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que queden notificadas de esta resolución, el cumplimiento que den a dicha medida suspensional. A quienes se les hace saber lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, esto es: Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.). VIGENCIA DE LA MEDIDA. Así las cosas, la medida cautelar concedida surte sus efectos desde esta fecha en que se decreta, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución de la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en lo previsto en el párrafo segundo del artículo 147, de la Ley de Amparo, siendo que a partir de esa data quedará sin efecto legal lo aquí resuelto, esto es, cesarán los efectos de la suspensión concedida. Dicha determinación encuentra sustento en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a.lJ. 33/2014 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 431, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro 20006797 y de rubro: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE y NO AL NOTIFICARSE. GARANTÍA. Sin que en el caso se estime procedente fijar garantía como medida de aseguramiento, considerando que el justiciable se encuentra recluido. CONSIDERACIÓN FINAL. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien están obligadas a acatar la suspensión desde este momento en que se concede, también lo es que están obligadas a revocar su actuación considerando el instante en que se otorgó la suspensión y deben componer la ejecución, siempre que la naturaleza del acto ejecutado lo admita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1ª./J. 34/2014 (10ª), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página 430, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SE ORDENÓ Y HAYAN SIDO EJECUTADOS POR LA AUTORIDAD ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE AQUELLA, DEBEN SER REVOCADOS PARA RETROTRAERLOS AL MOMENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. CONSIDERACIÓN FINAL. En ese orden, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que si bien están obligadas a acatar la suspensión desde este momento en que se concede, también lo es que están obligadas a revocar su actuación considerando el instante en que se otorgó la suspensión y deben componer la ejecución, siempre que la naturaleza del acto ejecutado lo admita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1ª./J. 34/2014 (10ª), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página 430, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SE ORDENÓ Y HAYAN SIDO EJECUTADOS POR LA AUTORIDAD ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE AQUELLA, DEBEN SER REVOCADOS PARA RETROTRAERLOS AL MOMENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. DOMICILIO. Como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que le resulten en el lugar de su reclusión -Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán"-. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). NOTIFICACIÓN QUEJOSO. En ese sentido tomando consideración de que el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 17 CPS-Michoacán; comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para que por su conducto, se constituya en el mencionado centro penitenciario y le notifique el presente auto. Se precisa que en el acta de la diligencia correspondiente, el Actuario adscrito deberá especificar que se notifica el proveído de que se trata a la indicada persona, con la instrucción que dicha diligencia se limite única y exclusivamente a enterar su contenido, sin que sea receptor de escritos o manifestaciones ajenas al mismo En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ********************, por su propio derecho (privado de su libertad personal en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán), contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal en Nuevo Laredo, Tamaulipas y otras autoridades.******************** EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número ********************, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ADMISIÓN. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. PRECISIÓN. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente, señaló como autoridades responsables ordenadoras a: "todos y cada uno de los Jueces de lo Penal de Primera Instancia en el Estado de Tamaulipas con residencia en Nuevo Laredo"; empero, de una consulta realizada en la página oficial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se obtuvo que el municipio de Nuevo Laredo, corresponde al Tercer Distrito Judicial de aquélla entidad, en el cual, solo existe un Juzgado Primera Instancia en Materia Penal. Por tanto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias y con la finalidad de no violentar el acceso a la justicia, así como garantizar los derechos constitucionales y humanos del quejoso quien se encuentra privado de la libertad personal, en aras de agilizar el trámite del juicio en que se actúa, téngase como como autoridad responsable jurisdiccional, en su denominación correcta, al JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. Tiene aplicación a lo anterior, jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017). Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en el cual alegó que los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que prevén la resolución del recurso de revisión en sede administrativa, son contrarios al mandato previsto en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no contemplan que se privilegie la resolución de fondo del asunto sobre los formalismos procedimentales. La Jueza de Distrito que conoció del asunto consideró que la disposición constitucional de referencia contiene una regla que confiere poder a la autoridad legislativa, mas no un derecho subjetivo público a favor de la persona, lo cual implica que hasta en tanto no se ejerza esa atribución por parte del Congreso de la Unión, a fin de adecuar las normas legales al texto del artículo 17 de la propia Constitución, las situaciones jurídicas imperantes en materia de resolución de recurso de revisión en sede administrativa no debían cambiar. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que a la entrada en vigor de la adición al artículo 17, tercer párrafo, contenida en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, todas las autoridades judiciales y aquellas con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país deben privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Lo anterior, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión. Justificación: Del análisis de la reforma constitucional mencionada, se advierte que el Constituyente Permanente consideró que, para hacer frente a la problemática consistente en la cultura procesalista, la cual genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado el fondo y, por tanto, sin resolver la controversia efectivamente planteada, debía adicionarse al artículo 17 constitucional, el deber de las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución de fondo del asunto. Se dijo, que este deber exige también un cambio en la mentalidad de las autoridades para que en el despacho de los asuntos no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por el estudio que clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial. Además, se precisó que la incorporación explícita de tal principio en la Constitución General pretende que éste permee el sistema de justicia a nivel nacional, es decir, que todas las autoridades judiciales y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país se vean sometidas a su imperio, pero más allá de su obligatoriedad, reconozcan la razón y principio moral que subyacen a la adición al artículo 17 constitucional. Por lo anterior, esta Sala concluye que a la entrada en vigor de la referida adición, todas las autoridades jurisdiccionales deben privilegiar la resolución de los conflictos sometidos a su potestad, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión, puesto que del análisis teleológico de la reforma constitucional, se desprende la intención relativa a que este principio adicionado apoyara todo el sistema de justicia nacional para que las autoridades privilegiaran una resolución de fondo sobre la forma, evitando así reenvíos de jurisdicción innecesarios y dilatorios de la impartición de justicia. También es exactamente aplicable, la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados. SE INSTRUYE AL ANALISTA JURÍDICO SISE ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En ese aspecto, se instruye al analista jurídico encargado del SISE, para que actualice la denominación de las autoridades responsables en el expediente electrónico correspondiente a este asunto, la que quedará como se precisó en el párrafo que antecede; en el entendido que si durante el trámite del asunto se conoce que la denominación es incorrecta, inexistente, imprecisa, cambió o diversa cuestión que incida en el tema, deberá atenderlo puntual y oportunamente a la luz del acuerdo que se emita. Para lo cual, el Secretario encargado de la mesa deberá verificar que la anterior instrucción se efectúe en sus términos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con el artículo 3 en relación con el diverso 128 de la Ley de Amparo, por cuerda separada, tramítese el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, sin que sea necesario su formación por duplicado de manera física, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Sin que lo anterior implique demérito alguno al principio de justicia pronta y expedita el señalamiento de la audiencia constitucional, pues se estima que es el estrictamente indispensable para dar oportunidad a que se lleve a cabo el emplazamiento a juicio de la totalidad de las partes; ello, tomando en consideración las cargas de trabajo y los periodos vacacionales por parte del personal de este Tribunal, dejando, por tanto, la apreciación al criterio de esta Juzgadora. Al respecto, se invoca la tesis de la anterior conformación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIX, página 2638, del rubro siguiente: AUDIENCIA, SEÑALAMIENTO TARDIO DE LA.******************** INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe de ley al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. En esa medida, indíquese a las responsables, que basta con que dé cumplimiento al presente requerimiento por ese medio electrónico, por lo que, resultará innecesario que lo haga también por la vía ordinaria.******************** CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REMITA COMO APOYO AL INFORME JUSTIFICADO. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberán remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de que este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente.******************** Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente.******************** INTEGRACIÓN DEL JUICIO. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expedites de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades jurisdiccionales responsables, que al momento de que rindan su informe justificado proporcionen a este órgano federal algún correo electrónico oficial, para garantizar a las partes el derecho fundamental a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PARTE TERCERA INTERESADA. Una vez se tengan las constancias que integran el juicio de origen del acto reclamado, y se obtengan datos de la persona a quien le resulta tal carácter, provéase lo concerniente a su emplazamiento ********************EMPLAZAMIENTO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO DE LA CAUSA. Asimismo, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso e), en relación con el 26, fracción II, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, remítase al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, vía oficio, copia de la demanda de amparo, con efectos de emplazamiento al presente juicio, sólo en caso de que sean ciertos los actos reclamados al Juzgado de su adscripción, a fin de que se encuentren en condiciones de actuar en términos de lo establecido por el artículo 124 de la invocada legislación. En la inteligencia de que para tener la certeza de lo anterior -emplazamiento del agente del Ministerio Público, al presente juicio, sólo en caso de que sean ciertos los actos reclamados-, solicítese al Juez responsable, lo realice, para lo cual deberá enviarse las constancias respectivas.******************** REQUIERE POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, como a la parte quejosa y, a quienes en su caso les revista el carácter tercero interesado, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento. MULTA. En el entendido que de hacer caso omiso al presente requerimiento, si en el trámite o resolución del juicio se advierte una posible causal que las partes hayan sido omisas en comunicarlo a este órgano, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que éstos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resuelto definitivamente.******************** Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante diversa promoción.******************** Es aplicable la jurisprudencia de rubro: DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.******************** INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley, corriéndole traslado con las copias de la demanda. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. DOMICILIO. Como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que le resulten en el lugar de su reclusión -Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán"-. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase vía electrónica al Delegado del Instituto de la Defensoría Pública Federal, con sede en Morelia, Michoacán, para que en el término de tres días, contado a partir de que reciba el oficio de notificación del presente proveído (al que deberá adjuntarse copia simple de la demanda de amparo), designe un Defensor Público Federal para que asista en este asunto al citado promovente. Lo anterior, en acatamiento a lo sustentado en la jurisprudencia de la décima época de rubro y texto: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Asimismo encuentra apoyo en la tesis, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto: ASESOR JURÍDICO. SI EN LA DEMANDA DE AMPARO EL QUEJOSO SOLICITA EXPRESAMENTE AL ÓRGANO CONSTITUCIONAL QUE LE DESIGNE A UNO, POR ENCONTRARSE PRIVADO DE SU LIBERTAD, DESCONOCER LOS ACTOS RECLAMADOS Y PARA TENER ACCESO AL EXPEDIENTE, AQUÉL DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA ELLO. Si de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se encuentra en un estado que le obstaculiza ejercer plenamente la defensa de sus intereses, ya que está privado de su libertad; aquélla se presentó de su puño y letra, no contiene argumentos defensivos; aunado a la falta de precisión y técnica de los actos y autoridades responsables; no se efectuó autorización en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y solicita expresamente el auxilio al órgano constitucional para acceder a una asistencia técnica jurídica que haga valer sus derechos efectivamente en el juicio de derechos fundamentales, el juzgador de amparo debe girar oficio al Instituto Federal de Defensoría Pública, para que le nombre un asesor jurídico, en aras de tutelar sus derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada, de conformidad con los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1 a 4 de la Ley Federal de Defensoría Pública, y garantizar que el juicio de amparo no resulte ilusorio, sino que cumpla con las características de un recurso judicial efectivo, en términos del numeral 25 de la Convención Americana mencionada. Sin que pase desapercibido que en la propia Ley de Amparo, en lo que respecta a la materia penal, se establece como tutela a los derechos fundamentales la suplencia de la queja deficiente; sin embargo, lo anterior se fundamenta bajo el principio de dar un tratamiento distinto en un asunto a quienes por alguna situación especial no se encuentren en condiciones de hacer valer correctamente sus derechos de aquellos que pueden ejercerlos plenamente, pues dicho beneficio tiene por objeto perfeccionar, completar o aclarar las deficiencias en que el quejoso haya incurrido al formular los conceptos de violación, pero sujetándose estrictamente al señalamiento que aquél hubiese hecho de los actos y autoridades responsables. Bajo ese contexto, procede que el órgano constitucional provea lo necesario para que se le designe a un asesor jurídico que lo asista en la tramitación del juicio constitucional y garantice su asesoramiento efectivo. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. ********************HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós.******************** HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.******************** EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito.******************** En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes:******************** COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados.******************** SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios.******************** CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal.******************** EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). NOTIFICACIÓN QUEJOSO. En ese sentido tomando consideración de que el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán"; comisiónese a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para que por su conducto, se constituya en el mencionado centro penitenciario y le notifique el presente auto.******************** Se precisa que en el acta de la diligencia correspondiente, el Actuario adscrito deberá especificar que se notifica el proveído de que se trata a la indicada persona, con la instrucción que dicha diligencia se limite única y exclusivamente a enterar su contenido, sin que sea receptor de escritos o manifestaciones ajenas al mismo En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.******************** FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD; MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

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