Nohemi García Barrera

Expediente 249/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
249/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
04/06/2019

Partes del expediente

  • Nohemi García Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    EJ. I. De la cuenta secretarial se advierte que transcurrió el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintiuno de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo presentada por Nohemí García Barrera. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción transcurridos más de cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    I. Agréguese el escrito de cuenta, signado por la promovente del amparo, por medio del cual, desahoga la prevención de la demanda, ordenada en proveído de quince de mayo del año en curso, esto es, manifiesta que acude a la presente instancia constitucional por su propio derecho. DESECHAMIENTO Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII y 5°, fracción I, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Esto es así, porque el referido precepto 61, fracción XXIII, y 5°, fracción I, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Así, es preciso puntualizar que, el segundo precepto invocado establece las bases de la capacidad legal dentro del juicio de amparo, en relación con el quejoso o promovente de la acción constitucional; es decir, la parte a quien perjudique la ley o acto de autoridad reclamado. Del numeral de referencia, se advierte la existencia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, conocido como el de agravio personal y directo y, que implica que la acción de amparo sólo puede ser ejercitada por la persona que vea afectada su esfera jurídica con motivo de la emisión o ejecución de un acto de autoridad, que considere lesiona sus garantías individuales. Por su parte, la doctrina concibe la legitimación en dos tipos: ad causam y ad procesum. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quiénes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia; a esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercido por quien conforme a la ley está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular; por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto que, la legitimación ad causam se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Lo anterior, encuentra sustento en la siguiente jurisprudencia. Tesis: 2a./J. 75/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196956 1 de 1 Segunda Sala Tomo VII, Enero de 1998 Pag. 351 Jurisprudencia(Común) LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable. Ahora, la quejosa acude a este juicio de amparo por su propio derecho, sin embargo, la solicitante del amparo carece de legitimación para promover este juicio de amparo, ya que los actos reclamados se hacen consistir en: El proveído de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, emitido en el juicio sucesorio testamentario 515/2015, en el que se ordena la entrega real y material del inmueble que conforma el caudal hereditario a la albacea Nohemí García Barrera, materia de dicho juicio sucesorio. Asimismo, del proveído de que se trata (fojas 126), se acordó lo siguiente: ".Asimismo, atendiendo a que de los documentos antes señalados se desprende que Ma. Sara Barrera Villa y/o Sara Barrera Villa, es la cónyuge supérstite del autor de esa sucesión y por ende, con derecho a poseer el inmueble que constituye el caudal hereditario de conformidad con el artículo 1064 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se requiere mediante notificación personal a la albacea Nohemí García Barrea, para que dentro del término de 3 tres días, entregue la posesión del referido inmueble, apercibida que de no hacerlo se dictarán las medidas que establece la ley para hacer cumplir esta determinación." (lo resaltado es propio de este tribunal). Por tanto, es a la citada Nohemí García Barrera, en cuanto albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Luis García Magaña, a quien corresponde, en su caso, acudir a defender los derechos de la masa hereditaria y no por propio derecho, como lo expone en su libelo de garantías, así como en el escrito aclaratorio. Esto es así, porque el artículo 872 del Código Civil para el Estado de Michoacán, establece: "Artículo 872. Son obligaciones del albacea general: I. La presentación del testamento; II. El aseguramiento de los bienes de la herencia; III. La formación de inventarios; IV. La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; V. El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias; VI. La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios; VII. La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; VIII. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieron contra de ella; y, IX. Las demás que le imponga la ley. De lo expuesto se advierte que si en el proveído reclamado, se requirió a Nohemí García Barrera, en cuanto albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Luis García Magaña, por lo que, en términos de la fracción VII del artículo transcrito, la citada albacea, es quien debe representar a la sucesión en los juicios; de ahí que la promovente carece de legitimación para reclamar en esta vía los actos precisados, ya que como lo señaló en su escrito de aclaración de demanda, comparece a la presente instancia constitucional por su propio derecho. Atendiendo a lo anterior y la naturaleza del juicio del que emanan los actos reclamados, se llega a la conclusión que la quejosa carece de legitimación para promover el juicio de amparo por propio derecho, ya que en su caso, es la albacea de la sucesión a bienes de Luis García Magaña, la parte legitimada para acudir a la presente instancia constitucional, en su representación, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y no en lo individual, como en el caso lo pretende la aquí quejosa. Tesis: II.2o.C.395 C Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 184859 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XVII, Febrero de 2003 Pag. 1082 Tesis Aislada(Civil) LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS. De una correcta interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con lo señalado en los dispositivos 1533 y 1534 del Código Civil de la entidad, anterior al vigente, se llega a la conclusión de que cuando un heredero reconocido en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación activa para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa del derecho de posesión que deriva del citado artículo 1533, esto es, en su calidad de heredero respecto de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su título no es individual sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos en cuanto representante de la sucesión, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y no a los herederos en lo individual. En efecto, tal afirmación se sustenta en que la ahora quejosa no tiene un título individual respecto del bien que integra la masa hereditaria, sino que acude en lo individual, así como poseedora de dicho inmueble; por tanto, como se adelantó, quien debe acudir a la vía constitucional para impugnar los actos reclamados, sería la propia quejosa, empero, con el carácter de albacea de la sucesión, por corresponder a ésta la defensa de los bienes de la sucesión. Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 248429 Tribunales Colegiados de Circuito Volumen 199-204, Sexta Parte Pag. 87 Tesis Aislada(Civil) HEREDEROS. CARECEN DE LEGITIMACION PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE ACTOS QUE AFECTEN EXCLUSIVAMENTE BIENES DE LA HERENCIA. El quejoso carece de legitimación procesal para intentar la acción constitucional, cuando la demanda de amparo la promueve en su carácter de heredero de una sucesión, si la sentencia que impugna afecta exclusivamente bienes de la herencia, pues conforme a los artículos 2478 y 2479, ambos del Código Civil del Estado de Yucatán, la defensa de los bienes de la sucesión corresponde únicamente al albacea y no a los herederos. En esa tesitura, es inconcuso que en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu; por tanto, con fundamento en el artículo 113, del propio ordenamiento legal, procede desechar la demanda de amparo, promovida por Nohemí García Barrera, por su propio derecho. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. ACLARACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase a la quejosa aclarando que su domicilio correcto es calle Yucatán número 85-A, esquina con calle Colima, Colonia Ramón Farías, de esta ciudad, asimismo, como autorizado para tales efectos, con los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor Hugo Mendoza Villaseñor, toda vez que se constató que en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, obra registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, sin que haya lugar a proveer respecto de los demás profesionistas que señala, por haberse acordado en el auto de quince de mayo actual. Lo anterior encuentra sustento en la tesis siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    I. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Nohemí García Barrera, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán y otra autoridad, por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 249/2019-I, se comisiona al Secretario la revisión de integración del expediente. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. A fin de acordar lo procedente respecto de la admisión o desechamiento del libelo constitucional, con fundamento en el artículo 108, fracciones II y III, en relación con el numeral 114, fracciones I, IV, V, en relación con los numerales 110 y 114, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, computados legalmente y tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes e integrar los cuadernos del incidente de suspensión solicitado, aclare la demanda en cuanto a lo siguiente: Manifieste si acude a la presente instancia constitucional por su propio derecho o en representación de la sucesión testamentaria a bienes de Luis García Magaña. Lo anterior, toda vez que del apartado correspondiente a los actos reclamados se advierte que éste consiste en el proveído de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, emitido en el juicio sucesorio testamentario 515/2015, en el que se le ordena la entrega a Ma. Sara Barrera Villa y/o Sara Barrera Villa, cónyuge supérstite del autor de dicha sucesión del inmueble que constituye el caudal hereditario y del cual la promovente refiere tener la posesión. Asimismo, de las constancias que acompaña a su demanda, relativas al juicio sucesorio del cual deriva el acto reclamado, se advierte que la citada quejosa Nohemí García Barrera, es la albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Luis García Magaña y del citado proveído que reclama se desprende que se le requirió para la entrega del citado bien, en cuanto albacea de la citada sucesión. Apercibida que de no dar cumplimiento con lo requerido, se le tendrá promoviendo por su propio derecho. AUTORIZACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS A LAS PARTES. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en calle Durango número 85, colonia Ramón Farías, de esta ciudad, asimismo, como autorizados para tales efectos, con los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Julio César Rodríguez Virelas, Jorge Enrique Pasallo Morales y Gustavo Javier Olvera del Río, toda vez que se constató que en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, obran registradas sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho. Lo anterior encuentra sustento en la tesis siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. NOTIFÍQUESE, personalmente.

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