Nolberto Zamora Arzola

Expediente 49/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
49/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • Nolberto Zamora Arzola
  • Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", Morelia, Michoacán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. INFORMA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio recibido vía correo electrónico y firmado por Andrea Sofía López Orozco, apoderada legal de las autoridades responsables la Secretaria de Salud y/o Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, por si y en cuanto representante legal del Director del Hospital General Dr. Miguel Silva, con residencia en Morelia, Michoacán, por el cual informa, que el quejoso Nolberto Zamora Arzola puede comenzar a tomar las sesiones de hemodiálisis los días lunes y miércoles a las catorce horas en la clínica privada "DIF-Chilchota" ubicada en carretera nacional número 156, colonia el Madrigal, en la ciudad de Chilcholta. VISTA. Asimismo, con el oficio de que se trata dese vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, asimismo, para que éste en oportunidad de acudir a la cita programa en la fecha citada con anterioridad, siguiendo los lineamientos ahí descritos. COMISIONA ACTUARIO. Finalmente, en atención a la premura por la presentación de la quejosa en la clínica que se trata, se comisiona al actuario de la adscripción conforme al rol correspondiente, para que notifique de manera inmediata el contenido del presente auto a la quejosa; lo anterior, para que la quejosa éste en condiciones de recibir el tratamiento a que se hace referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de julio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que el once de julio de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable Director del Hospital Regional "Dr. Miguel Silva" con sede en la ciudad de Morelia, y Secretario de Salud, ambos del Estado de Michoacán, para que informara respecto de la reactivación del servicio de hemodiálisis en la clínica Bermel, con sede en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo. Asimismo, se le requirió a la autoridad responsable a efecto de que se le designe una clínica más cercana a su domicilio donde pueda continuar recibiendo las sesiones de hemodiálisis que requiere para vivir. REQUIERE CUMPLIMIENTO. En ese orden de ideas y toda vez que el cumplimiento de las sentencias es de orden público e interés social, de tal manera que este órgano federal debe vigilar su eficaz observancia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Director del Hospital Regional "Dr. Miguel Silva" con sede en la ciudad de Morelia, y Secretario de Salud, ambos del Estado de Michoacán, para que dentro del término de doce horas, contadas a partir de la legal notificación del presente auto, informen las gestiones que han realizado a fin de cumplir con la ejecutoria pronunciada en autos. En el entendido de que quedan subsistentes los apercibimientos con los que se les conmino mediante proveído de once de julio de dos mil veintitrés, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de julio de dos mil veintitrés. QUEJOSO INFORMA NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el escrito de cuenta signado el quejoso ********************, por medio del cual hace del conocimiento que desde el pasado uno de junio de la presente anualidad, tiene suspendido el servicio de hemodiálisis en la clínica Bermel, con sede en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo; lo anterior, en virtud de la falta de pago por parte de las autoridades responsables a la mencionada clínica. Asimismo, solicita se requiera a la autoridad responsable a efecto de que se le designe una clínica más cercana a su domicilio donde pueda continuar recibiendo las sesiones de hemodiálisis que requiere para vivir pudiendo ser esto en la ciudad de Zamora, Michoacán de Ocampo, lo anterior, en virtud de que actualmente se encontraba recibiendo el tratamiento que requiere para vivir en la ciudad de Jiquilpan, siento que el quejoso de mérito tiene su domicilio en Huecato, Michoacán de Ocampo, lo que representa un promedio de tres horas de traslado en transporte público y dos horas en vehículo particular. REQUERIMIENTO. En ese orden de ideas y toda vez que los actos reclamados constituyen omisiones por parte de las autoridades responsables relacionadas con el derecho a la salud que, por su naturaleza, CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA VIDA DE LA QUEJOSA, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional. Por lo tanto, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Director del Hospital Regional "Dr. Miguel Silva" con sede en la ciudad de Morelia, y Secretario de Salud, ambos del Estado de Michoacán, para que PARA QUE DE MANERA INMEDIATA cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo con todos y cada uno de los efectos precisados en la misma, esto es, presten a la quejosa la atención médica necesaria respecto del tratamiento (hemodiálisis que requiere para vivir), así como el medicamento necesario para la enfermedad diagnosticada, y lo que se estime necesario para su posterior tratamiento, con la finalidad de tener una adecuada salud. Asimismo, gire las instrucciones necesarias para que se le sigan proporcionando con la periodicidad requerida las sesiones hemodialíticas a la quejosa relativa al padecimiento de insuficiencia renal crónica, ya por conducto de la institución en cualquiera de sus unidades hospitalarias o de forma subrogada, ya en lo público, ya en lo particular, sin que sea obstáculo el presupuesto. INCLUSO, DEBERÁ DICTAR CUANTA MEDIDA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE REQUIERA, A FIN DE SEGUIR BRINDANDO LA ATENCIÓN MÉDICA NECESARIA TANTO EN CANTIDAD COMO EN CALIDAD, NECESARIOS PARA PRESERVAR LA VIDA Y SALUD DEL HOY QUEJOSO. Es preciso disponer que la atención adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En la inteligencia que dicha autoridad deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren tal extremo, o bien, informen los actos que realicen para ese efecto, o en caso contrario, indiquen la imposibilidad legal que tenga para ello. Asimismo, requiere a la autoridad responsable a efecto de que realice las gestiones necesarias para lograr el cambio de clínica donde le puedan ser bridadas la sesiones de hemodiálisis que requiere para vivir, en el entendido que esta deberá encontrarse lo MÁS CERCANO AL DOMICILIO DONDE ACTUALMENTE HABITA LA PARTE QUEJOSA, pues dicha circunstancia es precisamente una de las directrices de la concesión de amparo otorgado a la parte quejosa. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, de apercibe a las autoridades requeridas que de no cumplir con lo solicitado en el plazo concedido para tal efecto, se impondrá DE MANERA INDIVIDUAL una multa equivalente a QUINIENTOS DÍAS el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el valor de la medida citada es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 pesos Moneda Nacional), la cual asciende a la cantidad total del $51,870.00 (CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículo 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo; cantidad que se estima necesaria ante los múltiples requerimientos que se han formulado a las referidas autoridades responsables dentro del presente juicio de garantías; lo anterior, aunado a que ante la contumacia de las citadas autoridades responsables, se pone en peligro con el derecho a la salud que, por su naturaleza, CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA VIDA DEL QUEJOSO. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que el término de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes en proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió del veinte al veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el nueve de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la que, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Resolución que fue declara firme mediante auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, requiriéndose en esa misma fecha a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos. Seguido el trámite de ejecución, las autoridades responsables Secretario de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud; Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", con sede en Morelia; ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, informaron el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por las autoridades responsables, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANALISIS DE LA RESPONSABLE " Las autoridades responsables, Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, en el ámbito de sus respectivas competencias y, en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", residente en esta Morelia, Michoacán de Ocampo, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del quejoso ********************, enfocada a otorgar el tratamiento para la insuficiencia renal crónica que padece, para lo cual deben hacer su diagnóstico médico de salud, proporcionarle la atención médica y medicamentos que requiere; además, en forma destacada, deben atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de ********************que tiene prescritas médicamente, en la actualidad o con posterioridad, debiendo, para ello, tomar en cuenta: En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso, en la localidad de Chilchota, Michoacán de Ocampo, a efecto de que sea la más cercana a su domicilio; Se adopten las medidas sanitarias debidas, a efecto de que el tratamiento definitivo al quejoso al padecimiento que presenta, en el lugar donde se le deba suministrar, contrarreste el riesgo a la salud ante los efectos de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, al menos dos veces por año, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de ********************semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de ********************que requiera (actualmente tres). Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General "Dr. Miguel Silva", en Morelia, Michoacán de Ocampo, para que sea valorado medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto, al menos dos veces por año. En caso de que el servicio de ********************para su enfermedad de insuficiencia renal crónica, se siga prestando en instituciones privadas, como la que actualmente lo presta la clínica denominada "Bermel", en Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, bajo el pago de la autoridad responsable, ésta se encontrará obligada a estar reportando mensualmente a la autoridad responsable que le hace el pago, si el quejoso ha recibido, cuántas veces y cuándo, las sesiones de ********************contratadas. Por lo que, deberán dictar cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios se requiera, a fin de seguir brindando la atención médica necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida y salud del directo quejoso. Respecto a los efectos de la reparación del derecho a la salud, es preciso disponer que la atención médica adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requiera, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En el caso de que las autoridades responsables carecieran de ellas deberán recurrir a instituciones públicas privadas o de la sociedad civil especializad. Finalmente, las autoridades responsables deberán cubrir los gastos necesarios para el restablecimiento de su salud. En ese sentido, corresponderá -en su momento- a las autoridades responsables acreditar ante este Juzgado la culminación o restablecimiento íntegro del derecho a la salud, para el cese de los efectos del amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, cumplan con la ejecutoria de amparo teniendo en consideración que el acto reclamado es de tracto sucesivo, deberán informar lo que hayan dispuesto sobre el tratamiento correspondiente de forma definitiva a este Juzgado sobre el cumplimiento, a fin de estar en aptitud de archivar el juicio de amparo de que se trata, a partir de tal información (en una sola ocasión) (.) Las autoridades responsables Secretario de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud; Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", con sede en Morelia; ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, para cumplir con la sentencia de amparo, realizaron lo siguiente: a) Mediante promociones registradas bajo los números de control interno 13896, 16152, 2069, y 5663, mismos que fueron recibidos en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional los días cinco de septiembre y diez de octubre de dos mil veintidós; y, ocho de febrero y doce de abril, ambos de dos mil veintitrés, hicieron del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se encuentran suministrando la atención médica correspondiente a la parte quejosa, así como el número de sesiones de ********************que requiere para vivir, el cual le es brindado de forma subrogada. b) De igual manera, hicieron del conocimiento que a efecto de garantizar la atención médica requerida por la aquí quejosa celebraron contrato abierto de compraventa y prestación de servicios por licitación pública por medios de identificación electrónica, con la empresa denominada ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que la aquí quejosa continuará recibiendo dicha atención médica en la clínica particular "Bermel", con domicilio conocido en Jiquilpan, Michoacán de Ocampo. c) Asimismo, se tuvo a las autoridades responsables de referencia reiterando su compromiso a efecto de seguir suministrando el número de sesiones que requiere la parte quejosa para vivir, señalando además que el quejoso de referencia tiene cita abierta en el nosocomio señalado como responsable a efecto de que le sea brindada la misma, por lo que en caso de estimarlo necesario, deberá acudir al mismo a efecto de que sea atendido medicamente. d) Finalmente, hizo del conocimiento que se pone a disposición de la quejosa el recurso humano y médico del nosocomio señalado como autoridad responsable, a fin de que continúe recibiendo la atención médica necesaria. Así, del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que se ha restituido a la parte quejosa en el derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la autoridad responsable ha seguido con su actuar los lineamientos descritos en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." Lo anterior, sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional que el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo es de tracto sucesivo; sin embargo, es importante destacar que el fallo protector del cual ahora se declara su cumplimiento, no debe entenderse como una medida sin limitación material o temporal alguna, pues además de la incertidumbre que con ello se generaría tanto a la parte quejosa, como a las autoridades responsables y a la misma población en la que radica la aquí quejosa, implicaría ejercer sobre las autoridades responsables una vigilancia permanente de sus actividades por parte de este órgano jurisdiccional, lo cual no está previsto expresamente en la norma constitucional, convencional o legal alguna, ya que de procederse así se estaría dejando de lado la propia actividad jurisdiccional de este Juzgado Federal y en su caso el cumplimiento de la prestación de atención médica por parte de las citadas autoridades responsables. Reiterándose que el vigilar de manera permanente la actividad propia de las autoridades responsables, no encuentra justificación alguna e implicaría una invasión desmedida a las actividades propias de las autoridades responsables. SE EXHORTA A LAS PARTES. Sin embargo, no obstante el cumplimiento decretado en párrafos precedentes, se exhorta a las autoridades Gobernador Constitucional, Secretario de Salud; Titular de la Dirección Administrativa de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud, Director del Hospital General de Apatzingán; y, Titular de la Subdirección de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud, todos ellos del Estado de Michoacán de Ocampo, para que continúen girando las instrucciones necesarias para que se le sigan proporcionando con la periodicidad requerida las sesiones hemodialíticas o dialíticas a la quejosa relativo al padecimiento de insuficiencia renal crónica, ya por conducto de la institución en cualquiera de sus unidades hospitalarias o de forma subrogada, ya en lo público, ya en lo particular, sin que sea obstáculo el presupuesto; en el entendido que deberá asentarse en el expediente clínico de la parte quejosa que le tratamiento brindado lo es con motivo de la concesión del amparo y protección de la justicia federal, dentro del presente juicio de garantías. SUBSISTEN APERCIBIMIENTOS. Se hace del conocimiento que quedan subsistentes los apercibimientos con los que se les conminó en autos, esto es, para el caso de no realizar las gestiones necesarias con la finalidad de observar el fallo protector, se harán acreedoras a una multa de manera individual equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, toda vez que los actos reclamados dentro del presente juicio de garantías constituyen omisiones por parte de las autoridades responsables relacionadas con el derecho a la salud que, por su naturaleza, CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA VIDA DE LA QUEJOSA, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional, se exhorta a la PARTE QUEJOSA para que en caso de que exista negativa de la atención médica materia de la Litis dentro del presente expediente, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional a efecto de que se provea lo que en derecho corresponda. ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 18 del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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