Noemi Martinez Lechuga

Expediente 333/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
333/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/07/2018

Partes del expediente

  • Noemi Martinez Lechuga

Actuaciones

  1. Principal

    IV.-De la cuenta secretarial se advierte, el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de junio pasado, en que se desechó la demanda de garantías. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Finalmente, en términos del punto décimo primero, párrafo tercero del capítulo tercero del referido Acuerdo General, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, comparezca ante este Juzgado, con identificación fehaciente, en día y hora hábiles de labores, a efecto de recoger los documentos que exhibió con la demanda de garantías; en el entendido que de no hacerlo en el plazo indicado, los documentos podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    IV._Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia civil, con residencia en Zamora, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 188/2018 (C.O 1053), que le fue enviado a efecto de notificar a la quejosa Noemí Martínez Lechuga, el contenido del proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho; asimismo, lo previniera para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales. Diligencia que se realizó personalmente el catorce de julio actual, como se advierte de las constancias que se anexan al oficio de cuenta. Dése de baja el exhorto de referencia y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Acúsese recibo. Finalmente, toda vez que de la diligencia de notificación se advierte que se entregó a la quejosa copia del despacho 188/2018, comunicación oficial 1053/2018, en el que se le previene, para que señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, sin que lo haya hecho en el término de tres días concedido para tal efecto. En consecuencia, hágasele efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que, las subsecuentes notificaciones que les resulten, aún las de carácter personal, practíquense por lista de acuerdos que sea publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señalen uno en esta ciudad para tales efectos. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    iv.-Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Noemí Martínez Lechuga, contra actos del Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Jacona, Michoacán y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 333/2018-IV. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 1, fracción I, y 6, estos dos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados son de realización futura e incierta. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna a disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Ahora, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado por la quejosa lo hace consistir en lo siguiente: "A) En la PROBABLE SUSPENSIÓN, RESTRICCIÓN O PRIVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN MI DOMICILIO" Luego, debe precisarse que el acto que se reclama es de aquellos de realización futura e incierta, pues no puede considerarse de ninguna manera de ejecución inminente, esto es así, porque de los datos que arroja la demanda de garantías, no se advierte la existencia de algún acto que afecte la esfera jurídica de la promovente, toda vez que como expresamente lo manifiesta, la responsable pretende ordenar actos tendentes a restringir o suspender el servicio de agua potable en su domicilio; lo que significa que el acto de molestia, aún no ha sido pronunciado; de ahí que, sea válido establecer que no se desprende una ejecución inminente contra su persona; sino que se trata de una mera especulación de la peticionaria del amparo, por tanto, tiene calidad de futuro e incierto, dado que no deriva de la certeza de algún otro, que implique como consecuencia lógica e inminente su consumación; por ello, el hecho de que presuma que probablemente se ordene el mandamiento de que se duele, no afecta su esfera jurídica. Lo que además se corrobora con la documental que anexa la quejosa a su escrito de demanda, consistente en el acta de notificación realizada el trece de junio actual, en el que la autoridad responsable refiere: ".que cuenta con el término de seis días hábiles contados a partir de que surta efecto la notificación de la presente para que comparezcan a las oficinas del organismo operador.a efecto de liquidar el adeudo que se especifica en el requerimiento. apercibiéndose. en uso de las facultades que le confiere el Reglamento Interior del Servicio del Organismo Operador de Jacona se procederá a RESTRINGIR (o SUSPENDER), según sea el caso, el servicio de Agua Potable." Por tanto, los actos reclamados que tilda de inconstitucionales, tienen la calidad de futuros e inciertos, dado que no derivan de la certeza de algún otro, que implique como consecuencia lógica e inminente su consumación. Pues como se especificó, la promovente se basan en presunciones subjetivas que resultan insuficientes para actualizar el supuesto de procedencia del amparo indirecto, establecido en el artículo 115 de la ley de la materia; motivo por el cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista por en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 6º, éstos interpretados en sentido contrario del citado ordenamiento legal. A mayor abundamiento, el ánimo que motivó al Constituyente a prever la institución de amparo no puede identificarse con la posibilidad de obtener una especie de privilegio, con alcances universales, que impida de forma absoluta y general la operación de la autoridad señalada como responsable en la esfera jurídica del gobernado, cuando la afectación que aduzca no encuentre un enlace, basado en principios razonables, con hechos verosímiles o de probable realización, pues su finalidad no consiste en escudar a los particulares para que desarrollen de forma incontrolada las actividades reguladas por el orden jurídico, lo cual funda la obligación del Juez constitucional de analizar, desde la promoción del juicio, su conexión efectiva con la finalidad constitucional pensada para dicho medio de impugnación, que consiste en remediar un exceso concreto proveniente de uno o varios órganos del Estado, lo que orilló al legislador a prever la exigencia a cargo del justiciable de señalar, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado en su demanda, cuya ratio legis es evitar el goce ilícito de beneficios cautelares o restitutorios mediante una demanda de garantías sustentada en la narración de hechos apartados de la realidad. Por lo que el carácter excepcional de una promoción de ese grado justifica que su tramitación requiera de la aportación, no de las pruebas de la certeza de los actos reclamados, pero sí de los elementos que hagan creíble la intervención de la autoridad que teme el particular, considerando que una demanda sustentada en hechos de realización incierta, cuya suscitación se aparta de las reglas de la lógica y de la experiencia judicial, no puede gozar, como el común de los casos, de presunción de veracidad, si se atiende a principios de racionalidad, destacando que el acceso de la parte quejosa a los tribunales se vería afectado, en ese caso, por cuestiones imputables a ella. Sustenta la anterior consideración, en lo conducente, la jurisprudencia 26, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V y 4° de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio al interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". Asimismo, resulta aplicable por analogía, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 56, tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICIÓN FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados". Finalmente tiene aplicación sobre el particular la tesis XX.308 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, Febrero de 1995, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS.- Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Máxime, que de la documental que anexa se advierte que no se le ha cortado el servicio de agua potable, toda vez que del contenido del mismo, como se adelantó, se advierte que se le está requiriendo del pago de dicho servicio; por lo que es inconcuso que de efectuarlo no se le dejaría de suministrar dicho servicio. En esas condiciones, por los motivos anteriormente expuestos, al haber resultado notoria e indudable la causal de improcedencia invocada, se desecha de plano la demanda de garantías; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Téngase como autorizado de la quejosa, con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Leonel Ruiz Villaseñor, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional, que lo acredita como licenciado en derecho. Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." Ahora, respecto de la solicitud que refiere el promovente a efecto de autorizar al licenciado Leonel Ruiz Villaseñor para que presente promociones, consultar notificaciones electrónicas consultar documentos de los acuerdos judiciales e imprimir acuses, ya que cuenta con firma electrónica; al respecto, dígase al ocursante que una vez que proporcione su nombre de usuario, previa realización del protocolo correspondiente para su registro, se acordara lo conducente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Consecuentemente, tomando en consideración que el promovente del amparo, refiere tener su domicilio en Circuito Curutarán, número 5-A, del Fraccionamiento Residencial Orandino, de Jacona, Michoacán, el cual se encuentra fuera del ámbito territorial en que se ubica este Juzgado de Distrito, por tanto, de conformidad con el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda, notifique el presente auto a la parte quejosa, en el domicilio precisado. Asimismo, la prevenga para que dentro del término de tres días, computados legalmente, designe domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, le serán ordenadas por medio de lista, como lo establece el artículo 27, fracción III, inciso a). De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se delegan facultades al Juez despachado, a efecto de que habilite días y horas inhábiles para la realización de la diligencia encomendada. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Notifíquese, personalmente mediante despacho a la parte quejosa.

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