Norma Alicia Pacheco Peñaloza

Expediente 594/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
594/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Norma Alicia Pacheco Peñaloza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. FIRME FALLO. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de febrero de dos mil veintitrés. ACUSE SENTENCIA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Arteaga, Michoacán de Ocampo, mediante el cual acusa recibo del comunicado 1264/2023, por el que se le notificó la sentencia definitiva dictada en autos; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de enero de dos mil veintitrés. SENTENCIA Vistos, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto ******************** R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda presentado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, ante buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado ese mismo día a este Juzgado, ********************, por propio derecho, solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. II. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales que al parecer le fueron violados los contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós, la demanda de amparo se radicó con el número ********************, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Asimismo, en auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercero interesado a ********************, al ser la parte actora en el contradictorio familiar de origen; quien fue debidamente emplazado a este juicio y SI compareció a hacer valer sus derechos. Posteriormente proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo como autoridad sustituta al Juez Mixto de Primera Instancia en Arteaga, Michoacán de Ocampo quien se avocó al conocimiento del expediente ********************, remitido por el Juez de origen, relativo al Juicio Ordinario Oral Familiar, que sobre divorcio sin expresión de causa, promovió ********************, frente a ********************- ahora quejosa-, registrándolo bajo el número ********************. Finalmente se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se verificó a las diez horas con cuatro minutos del doce de enero de dos mil veintitrés, conforme al acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; lo anterior, teniendo en cuenta que en la especie se reclama un acto cuya ejecución se llevó a cabo dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional -de inicio ciudad y Arteaga, Michoacán-. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. En el caso, debe tenerse como acto reclamado en atención al escrito de demanda de amparo, así como a las constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe de ley: Del Juez Mixto de Primera Instancia en Arteaga, Michoacán de Ocampo, autoridad sustituta, misma que se avocó al conocimiento del expediente ********************, remitido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, relativo al juicio ordinario oral Familiar, que sobre divorcio sin expresión de causa, promovió ********************, frente a ********************- ahora quejosa-, registrándolo bajo el número ********************. Lo es el auto de ******************** emitido en los autos del Juicio Ordinario Oral Familiar número ******************** -******************** actual -, que sobre divorcio sin expresión de causa que promueve ********************, frente a ********************, en el que el entonces juez responsable tuvo a la parte actora informando el domicilio actual en el que habita con sus menores hijas y que no había lugar a solicitarle al referido ********************, la reintegración de las menores a esta ciudad de Uruapan, Michoacán. TERCERO. Certeza de acto. La autoridad señalada como responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar con sede en esta ciudad (autoridad sustituida por el Juez Mixto de Primera Instancia en Arteaga, Michoacán de Ocampo), al rendir su informe de ley, aceptó la existencia del acto reclamado. Para acreditar lo anterior, la autoridad responsable remitió copias certificadas de diversas documentales afectas al acto reclamado; las cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, foja doscientos treinta y uno, Tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Igualmente es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, tomo VI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Las partes no alegaron alguna causa de improcedencia, y este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa la actualización de alguna. QUINTO. Estudio de fondo. Bajo ese contexto, se procede a la calificación y estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda, los que no se transcriben por no constituir una exigencia legal ni considerarlo necesario, pues no es la falta de transcripción de tales argumentos lo que podría ocasionar perjuicio a la parte quejosa sino la ausencia del análisis de la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y que conlleva a la falta de la resolución efectivamente planteada en el juicio de amparo. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXI, mayo de 2010, página 830, registro electrónico 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante lo anterior, se precisa que de manera toral, el solicitante del amparo aduce lo siguiente: "PRIMERO". Que el acto reclamado lesiona sus derechos humanos, específicamente los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la igualdad entre el hombre y la mujer la no discriminación y la seguridad jurídica, derechos se ha violado en su perjuicio en el transcurso de todo el procedimiento donde emana el acto reclamado. Que la determinación de la autoridad responsable es a todas luces incongruente; dado que si bien es cierto que en el procedimiento se ratificó que el ahora tercero interesado tuviera la guarda y custodia provisional de sus menores hijas, sin que se pusiera en ningún momento la obligación de no cambiar de domicilio, esto no lo exime al actor de la obligación de avisar a la autoridad responsable de que va a cambiar de domicilio para que a su vez a la suscrita se me hubiera dado la oportunidad de manifestar lo que a su parte corresponde respecto al cambio de domicilio de sus menores hijas. Agrega que el progenitor que detenta la guarda y custodia sobre las menores, no puede cambiar unilateralmente el domicilio de éstas, ya que la titularidad de esos derechos no implica un poder omnímodo y exclusivo para determinar el lugar en que debe vivir las infante, porque tratándose de esa decisión tan importante debe intervenir también el otro progenitor, ya que al estar en pleno ejercicio de la patria potestad, conservo el derecho de convivir con sus hijas e, incluso, la obligación de velar por la formación física, espiritual y moral de ellas, así como atender a la preparación para una profesión o actividad determinada, que le represente utilidad, lo que no podría llevar a cabo si éste es trasladado a un lugar distante sin su consentimiento o sin que se fijen previamente las bases de la convivencia y visitas entre ambos, por lo que es inconcuso que los dos padres deben resolver de común acuerdo, ese cambio y en defecto de convenio, debe ser el Juez competente el que determine todo lo conducente a la formación y educación de las menores, entre lo que destaca lo relativo al lugar y ambiente en que ha de desenvolverse. Insiste que no es posible que sin una debida justificación se distancie a los hijos de sus padres, en tanto esto puede implicar una separación fundamental, ya que de cambiar el domicilio a un lugar muy lejano, sea dentro o fuera del país, es patente que la suscrita que no tengo la guarda y custodia no podrá disfrutar de la convivencia con mis menores hijas en la forma en que se decretó en el procedimiento. Añade que es entendible que, aunque no se hubiera puesto esa prohibición al actor de no cambiar de domicilio, este no puede cambiar de domicilio sin previa autorización del juez natural y sin darme cuenta de dicha determinación ya que las menores deben estar dentro del radio de jurisdicción del juez responsable para que este sirva teniendo la competencia que le establece la ley, ya que de cambiar de domicilio de su jurisdicción sus actos son incompetentes. Apoyando sus argumentos en la tesis con número de registro digital 185133, de rubro "MENORES. SU CAMBIO DE DOMICILIO NO PUEDE SER DETERMINADO UNILATERALMENTE POR EL PROGENITOR TITULAR DE LA GUARDA Y CUSTODIA, SI AMBOS PADRES CONSERVAN EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD". Reitera que es incongruente la determinación de la autoridad responsable al concluir en el auto que se ataca en donde dice "por lo que en dado caso, un cambio abrupto de ciudad seria en perjuicio de la menor." ya que, con esta afirmación acepta que el cambio de las menores a un lugar distinto al lugar donde actualmente residen es un cambio abrupto que les causaría un perjuicio a las menores. Insta que el juez natural no resuelve las cuestiones del procedimiento con perspectiva de género ya que lo está resolviendo en base a situaciones de estereotipos ya que por ser mujer la demandada el juzgador se ha inclinado en favor del ahora tercero interesada por ser varón ya que petición que le realiza el actor le toma sumo intereses en aras del intereses superior de las menores involucradas y lo acuerda procedente, lo cual así debe ser, tópico en el cual la autoridad responsable también debería tener sumo interés como lo hace con los alimentos de las menores, ya que tanto los alimentos y la convivencia de sus menores hijas son unos derechos humanos de las menores los cuales debería cuidar el juez natural y éste solo cuida el derecho humano de los alimentos de mis menores hijas pero no la convivencia que deber tener las menores. Finalmente, agrega que como ahora el padre cambio de domicilio a sus hijas ya menos podrá convivir con ellas. Relatado lo anterior devienen de infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, y por tanto no le asiste razón, veamos el porqué. Antes y para una mejor comprensión del asunto, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado, los que se advierten de las constancias que fueron allegadas a los autos por las partes y a las que se les fue otorgado valor probatorio pleno en autos, a saber: 1. Previo desahogo de prevención, mediante acuerdo de ********************, emitido por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta Ciudad, admitió a trámite en la vía oral familiar, a ******************** por propio derecho, su solicitud de divorcio sin expresión de causa frente a ********************, dándole como número de expediente ********************, asimismo, entre otras cosas mando a emplazar a la parte demandada y como estaban involucrados derechos de las menores de edad de iniciales ******************** de apellidos ********************, les designó tutora especial y ofreciendo las pruebas ofrecidas por la parte actora. 2. el ********************, el entonces juez responsable, tuvo a la parte demandada ********************, contestando la demanda entablada en su contra, así como exhibiendo contra propuesta de convenio y pruebas de su parte, y dándole vista a la parte actora con la contestación y documentales. 3. E********************, el juez responsable y resolvió negar la medida cautelar consistente en la restitución de menores de edad que le fue planteada por la demandada, por no cumplir con las exigencias establecidas en el numeral 881 del Código Familiar del Estado de Michoacán, asimismo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de mediación, conciliación y escucha de menores. 4. el ********************, el juez responsable, tuvo al actor dando contestación de la demanda, así como ofreciendo pruebas a su favor. 5. así las cosas, siendo las ********************, el entonces juez responsable celebró la audiencia conciliatoria y de escucha de menores, en la cual se entrevistó únicamente a dos de las menores hijas y la parte actora y demandada no fue su voluntad de llegar a un convenio. 6. el ********************, el juez responsable en términos del artículo 260 del Código Familiar del Estado de Michoacán, ratificó la guarda y custodia provisional de las menores de edad de iniciales ********************, y en relación a la convivencia, se estimó pertinente que la misma se siguiera realizando de manera abierta, dado el lugar de residencia de la progenitora, asimismo, le fijo como medida cautelar mientras que durara el procedimiento los alimentos provisionales a favor de las referida menores de edad. 7. Seguido el trámite del contradictorio familiar, el ********************, el juez responsable, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia conciliatoria de escucha de menores, audiencia que se llevó a cabo el ******************** presentes las partes actora y demandada y sus menores hijas. 8. Proveído de ******************** en el que a petición de la parte demandada el juez responsable requirió al actora para que manifestara el domicilio en el que actualmente radican cada una de sus descendientes menores de edad. 9. el nueve de septiembre de ese año dos mil veintidós el juez responsable emitió el siguiente acuerdo: "Visto el escrito y documentos que exhiben ******************** en cuanto actor dentro del presente juicio, téngase desahogando la vista que se le ordeno dar mediante proveído de data ********************, lo que hace informando que el domicilio actual en el que habita con sus menores hijas lo es el ubicado en la calle ********************, toda vez que es ********************, aunado a ello, que su hija -********************, decidió estudiar la ******************** Michoacán y que sus hijas ******************** se encuentran estudiando el ********************, Michoacán, que por tales motivos es que viven en dicho domicilio, lo que se tiene por hecho para todos los efectos legales a los que haya lugar. Por otro lado, se ordena poner a la vista mediante notificación personal a ********************, del escrito presentado por su contraria respecto del adeudo de la acreedora alimentista para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a sus interés conviniere. finalmente, dando cuenta con el escrito presentado por ******************** el día 22 veintidós de agosto del año en curso, dígasele que no ha lugar a solicitarle al accionante la reintegración de las menores a esta ciudad, pues contrario a lo que afirma ******************** no ha desacatado ninguna medida cautelar, virtud de que el auto de fecha ********************- visible a fojas ********************- se ratificó que este tuviera la guarda y custodia provisional de sus menores hijas, sin que se pusiera en ningún momento la obligación de no cambiar de domicilio máxime que al parecer las menores se encuentran recibiendo su preparación escolar en aquel municipio y donde el ascendiente tiene su fuente laboral sin que exista prueba que desvirtué lo anterior, por lo que en dado caso, un cambio abrupto de ciudad seria en perjuicio de la menor. Acto reclamado en este Jucio de derechos fundamentales. 10. finalmente mediante proveído de ******************** y en atención a las manifestaciones de la residencia de las menores de edad afectas al contradictorio familiar de origen el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, declaró carecer de competencia para resolver contradictorio familiar ********************, tunando los autos a los Juzgados de Primera Instancia con sede en Arteaga Michoacán de Ocampo; tocándole conocer del mismo al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en la referida ciudad de Arteaga, quien mediante acuerdo de ********************, se avocó al conocimiento del mismo, dándole como nuevo número ********************. Sentado lo anterior y con el objeto de discernir los puntos de disentimiento de la parte quejosa los cuales como se adelantó resulta infundados, para lo cual, es importante puntualizar algunos tópicos. Interés superior de la infancia en contienda familiar que verse sobre régimen de convivencias. Es necesario enfatizar que toda contienda judicial en el que se vean involucrados menores de edad, debe regirse por el interés superior del niño, previsto en el artículo 4° Constitucional. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha afirmado que el principio de interés superior ordena a todas las autoridades estatales que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas "reforzadas" o "agravadas", y que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad. En las contiendas de guarda y custodia, al ordenar que los jueces decidan con base en lo que resulte más beneficioso para el niño; es decir, basta con que el juzgador evidencie que las circunstancias que ponderó hagan más probable "que el niño se encuentre mejor" únicamente bajo el cuidado del otro de los progenitores. Sin embargo, lo anterior, no puede de ninguna manera ser especulativo o imaginario. Esto es, si la guarda y custodia se motiva en la afectación que pueden sufrir los bienes y derechos de los niños, para cumplir el convenio elevado a categoría de cosa juzgada o en su caso un acurdo emitido en el trámite del asunto (un que sea de manera provisional), dicha circunstancia debe ser real, esto es, basado en evidencia, no en consideraciones generalizadas. De otro modo, la decisión judicial resultaría injustificada y por tanto ilegal. Tal como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el ********************, una determinación a partir de presunciones infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar, promover el bienestar y desarrollo del niño no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del niño Régimen de convivencias. La Convención sobre los Derechos del Niño, en los dispositivos 3, 9 y 27, en forma preponderante, constriñen a los tribunales judiciales a velar por el interés superior del niño, en los siguientes términos: "Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. Artículo 9. 1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas. Artículo 27. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño". En este panorama, la aparición del concepto interés superior de la niñez supedita, con mayor claridad, los derechos que las personas adultas pudieran tener sobre un niño o niña, al deber de atenderlos y cuidarlos, buscando siempre el mayor beneficio posible para ellos, como un imperativo de la comunidad hacia las personas que ejercen la patria potestad; con ello, la función social es ahora explícitamente de orden público e interés social. Bajo esa óptica, en cumplimiento a lo convenido ante la comunidad internacional, ha sido emitida la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil, en cuya exposición de motivos se estableció la necesidad de ese ordenamiento para allegarse de una legislación encaminada a la protección integral de los menores, para que así resultaran tutelados no solamente por instituciones especializadas, sino por toda la sociedad, para integrarlos a ella y permitirles el goce pleno de sus derechos como seres humanos. Esta nueva ley procuró desarrollar los lineamientos que derivan del artículo 4o. constitucional, con el fin de atender a la necesidad de establecer los principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habría de proteger que niñas, niños y adolescentes ejercieran sus garantías y sus derechos, estableciendo las bases de acción concurrente de los municipios, de los Estados y la Federación, para permitir que las Legislaturas Locales emitiesen disposiciones sobre el orden normativo que obligara a que garantías y derechos constitucionales se hicieran efectivos también a los menores, de conformidad con los principios jurídicos dispuestos en la referida convención internacional. Se precisó el derecho a vivir en familia en la forma en que lo comprende la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es el de permanecer en el seno familiar de origen, reunirse con sus integrantes cuando por diferentes razones ha habido una separación, vincularse con ambos progenitores en casos de conflicto entre éstos e integrarse a una nueva familia cuando es imposible la vida con la de origen, determinándose la obligación de velar porque los menores sólo sean separados de sus progenitores mediante sentencia judicial que declare, válida y legítimamente, la necesidad de hacerlo y de conformidad con los procedimientos legales en los que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, así como el derecho a mantener el contacto y la convivencia con el progenitor de quien se esté separado. Ante los lineamientos axiológicos y jurídicos descritos, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes consagró en su artículo 3o., entre otros, los principios del interés superior de la infancia; el derecho de vivir en familia como espacio primordial de desarrollo; el de la corresponsabilidad de los miembros de la familia, el Estado y la sociedad, y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. A la vez, en su artículo 4o., para respetar el interés superior de la infancia, se determina que las normas aplicables a los menores se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, y que para atender a ese principio el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El artículo 7o. del mismo ordenamiento estableció como obligación para las autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a los menores la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, demás ascendientes, tutores y custodios u otras personas que sean responsables de los mismos, siendo deber y obligación de la comunidad y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos. Dentro del ejercicio de esos derechos reconocidos a la niñez, se encuentra sin duda alguna, la prioridad del amor paterno filial, el cual debe desarrollarse paulatinamente, dado que el trato frecuente es el que genera, los vínculos familiares y su fortaleza ante el núcleo social, principios todos ellos que deben tomarse en cuenta para determinar judicialmente un régimen de convivencias. Esta decisión judicial debe apoyarse en los datos con los que cuenta el juez del proceso y en las presunciones legales que la ley establece a favor de las partes y en especial de las menores de edad atendiendo a su interés superior determinar prudente y objetivamente un régimen de convivencia entre los menores con sus progenitores, que por alguna razón se encuentren separados o divorciados. Facultad del juzgador de origen de tomar en cuenta el interés superior del menor. Como se indicó, el régimen de convivencia entre el menor y sus progenitores tiene como base el interés de aquél por encima de cualquier otro, y compete a los juzgadores de lo familiar tomar en cuenta dicho interés al momento de pronunciarse sobre cuestiones que afectan el menor, como en el caso, el régimen de convivencia entre ascendientes y progenitores. De igual forma, el juzgador familiar debe considerar las circunstancias especiales del caso y determinar el régimen de convivencia, tomando como referencia el bienestar del menor, lo que entraña la valoración de los elementos probatorios indispensables para determinar tales extremos. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 591, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. AL PONDERAR SUS DERECHOS DE CONVIVENCIA CON LOS DEL PROGENITOR CUSTODIO A DECIDIR EL LUGAR DE RESIDENCIA, EL JUZGADOR DEBE GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE CONCILIAR LOS INTERESES EN CONFLICTO Y PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO DE AQUÉL. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. LXIX/2013 (10a.),(1) de rubro: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A CONVIVIR CON SUS PADRES. MODOS DE RESOLVER SU CONFLICTO CON EL DERECHO DEL PROGENITOR CUSTODIO A DECIDIR SU LUGAR DE RESIDENCIA.", estableció que, por regla general, debe privilegiarse el derecho de los menores para convivir con sus padres; sin embargo, dicha tesis debe leerse a la luz de los deberes que impone el interés superior del menor, entre otros, el atender a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en la familia, buscando la protección reforzada de los derechos de aquél. Es decir, al ponderar los derechos de convivencia con los derechos del progenitor custodio a decidir el lugar de residencia, el juzgador no puede resolver en automático, sino que debe valorar las particularidades del caso, gestionando la posibilidad de conciliar los intereses en conflicto y, en todo caso, procurando el mayor beneficio para los menores." Sentado lo anterior, para esta resolutora, se estima legal la determinación del juzgador primigenio, en virtud de que si bien expresó en el acuerdo combatido de ******************** en el que tuvo a ******************** en cuanto actor dentro de ese juicio, desahogando la vista que se le ordeno dar mediante proveído de data ********************, informando que el domicilio actual en el que habita con sus menores hijas lo es el ubicado en la calle ********************, toda vez que es ********************, aunado a ello, que su hija -********************, decidió estudiar la ******************** Michoacán y que sus hijas ******************** se encuentran estudiando el ********************, Michoacán, que por tales motivos es que viven en dicho domicilio. Y que respecto a la petición de la parte demandada ******************** acordando que no había lugar a solicitarle al accionante la reintegración de las menores a esta ciudad de Uruapan Michoacán, pues contrario a lo que afirmaba ******************** no había desacatado ninguna medida cautelar, virtud de que el auto de fecha ********************- visible a fojas ********************- se ratificó que este tuviera la guarda y custodia provisional de sus menores hijas, sin que se pusiera en ningún momento la obligación de no cambiar de domicilio máxime que al parecer las menores se encuentran recibiendo su preparación escolar en aquel municipio y donde el ascendiente tiene su fuente laboral sin que exista prueba que desvirtué lo anterior, por lo que en dado caso, un cambio abrupto de ciudad seria en perjuicio de la menor. Se explica, en el proveído reclamado de ********************, se acordó a petición de la parte demandada, el domicilio actual en el que habita el actor ********************, con sus menores hijas; así también que no había lugar a solicitarle al referido ******************** la reintegración de las menores a esta ciudad de Uruapan Michoacán, ya que éste no había desacatado ninguna medida cautelar, porque del auto de ********************, se ratificó que éste tuviera la guarda y custodia provisional de sus menores hijas, sin que se pusiera en ningún momento la obligación de no cambiar de domicilio, aunado de que las menores se encuentran recibiendo su preparación escolar en aquel municipio (nivel licenciatura y primaria respectivamente) y donde su padre garante de la guarda y custodia provisional de las menores tiene su fuente laboral y que existiera prueba que desvirtué lo anterior, y acertadamente el juez responsable finalizó sosteniendo por lo que en dado caso, un cambio abrupto de ciudad seria en perjuicio de la menores. De lo que se sigue que, el juzgador responsable se apegó al proveído de que emitió el ********************, el en del Juicio Ordinario Oral Familiar ******************** -número actual******************** del índice Juez Mixto de Primera Instancia de Arteaga, Michoacán de Ocampo-, en el que se confirmó que ********************, tuviera la guarda y custodia provisional de sus menores hijas, y sin que se pusiera en ningún momento la obligación de la posibilidad de cambiar de domicilio. Aunado a lo plasmado, es ostensible que en el estado de cosas, atendiendo al interés superior de las menores, por el momento era menos lesivo que estas permaneciera con su padre en la ciudad de Arteaga, Michoacán, ya que ordenar que vuelvan al domicilio que tenían antes en esta ciudad, ocasionaría perjuicio a las menores, quienes verían menoscabada su actual entorno social y estabilidad, por la simple circunstancia de una declaración judicial, que en caso de menores, siempre debe atender a su interés superior. Aunado a lo sustentado, se estima que no se transgreden los derechos de la quejosa al haber un acuerdo donde no se establecía el cambio de domicilio de las menores; además que está posibilidad de continuar con su régimen de visitas con sus hijas, pues el hecho de que sus hijas estén en la ciudad de Arteaga, Michoacán, no hace nugatorio el ejercicio del derecho de las menores a las visitas y convivencias que ya están establecidas, pues ello debe ser materia de solicitud de modificación o cambio por parte de los interesados, mediante convenio que en ello se estipule e incluso un lugar intermedio para llevar acabo las mismas, empero siempre velando por el interes superior de las hijas menores de edad. De lo que se sigue que, es legal la determinación adoptada por el juzgador de origen. Es aplicable, a contrario sensu, la tesis de la Primera Sala del Supremo Tribunal del país, con registro: 2007793, localizable en la página 596 del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y contenido siguientes: "CAMBIO DE DOMICILIO DEL PROGENITOR QUE TIENE LA GUARDIA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD. EL DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS CONSTITUYE UN LÍMITE A ÉSTE. Como regla general, los padres que detentan la guarda y custodia no pueden cambiar el domicilio del menor sin la autorización del juez, ya sea en el supuesto de que exista una determinación judicial donde se haya establecido el domicilio donde se ejercerá la guarda y custodia o cuando hay un acuerdo expreso al respecto entre los padres. A contrario sensu, puede decirse que el padre custodio puede cambiar libremente su domicilio y el del menor cuando no exista una decisión judicial o un convenio donde se establezca el domicilio del menor. No obstante, esta posibilidad tiene como limitante que el cambio de domicilio no haga nugatorio o dificulte de manera excesiva el ejercicio del derecho del menor a las visitas y convivencias. Esta situación ocurriría, por ejemplo, si el padre custodio decide cambiar el domicilio del menor a un lugar muy lejano del domicilio del padre no custodio, de tal manera que por razones económicas o de distancia sea prácticamente imposible mantener un contacto frecuente entre padre e hijo." En este sentido, se declaran infundados los conceptos de violación; por ello, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. PRECISIÓN. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". SEXTO. Se requieren acuses de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en la referida ciudad de Arteaga, quien tramita el contradictorio familiar número ********************, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciban el oficio que derive de la presente determinación, informen a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificados de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conform|idad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. SÉPTIMO. Versión pública de la sentencia. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudiera contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública. OCTAVO. Firma electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra el acto reclamado a la autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. NOTIFÍQUESE personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ A LA PARTE QUEJOSA NORMA ALICIA PACHECO PEÑALOZA Y TERCERO INTERESADO RODRIGO CHÁVEZ MATEO, MEDIANTE AVISO DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR LO QUE SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DE VEINTICUATRI DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra el acto reclamado a la autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. NOTIFÍQUESE personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables.

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