Noe Javier Armenta Beltran
Expediente 405/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 405/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 30/08/2016
Partes del expediente
- Noe Javier Armenta Beltran
- Teresa Rivera Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintinueve de julio de dos mil dieciséis (fojas 645 a 647), que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
A las nueve horas del uno de agosto de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 405/2015-única; a la tercero interesada TERESA RIVERA RAMÍREZ; en cumplimiento al auto de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, dictado dentro del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar si efectivamente la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso y a los terceros interesados para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubieren hecho manifestación alguna al respecto. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil quince (fojas 200 a 245), este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Noé Javier Armenta Beltrán; ahora bien, mediante ejecutoria de treinta de junio del año en curso (fojas 577 a 620), el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, revocó la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional y únicamente dejó firme la concesión de amparo por lo que hace a los actos de tortura alegados por el quejoso, modificando los efectos a fin de que la autoridad realizara lo siguiente: "[.] debe quedar firme la concesión del amparo por lo que hace a los actos de tortura alegados por el quejoso, pero modificándose los efectos precisados por la a quo, a fin de que la autoridad responsable realice lo siguiente: Dé vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción, a efecto de que este realice los trámites pertinentes para iniciar la investigación relativa para determinar si se acredita o no el delito de tortura cometido en agravio del quejosos, pues como se dijo este aspecto es autónomo al que realizará el juez de la causa a fin de determinar si la confesión del quejoso fue obtenida mediante coacción; y en su momento, continúe con la secuela procesal respectiva. En el entendido de que deberán declarase ilícitas las pruebas obtenidas a raíz de la misma, siempre que se demuestren que efectivamente existió la tortura denunciada. [.]" En data quince de julio del actual (fojas 621 y 622), se requirió a la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En auto de veintiuno del mes y año que transcurre (foja 638), se tuvo por recibido el oficio 1530-I signado por la 1. Juez Segundo de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, al cual anexó copia certificada del auto de diecinueve de febrero del presente año (foja 632), así como de diversos oficios (fojas 633 a 636), relativos a la causa penal 341/2012 de su índice, de los que se aprecia que la autoridad responsable dio vista al Agente del Ministerio Público de su adscripción, a efecto de que éste realizara los trámites pertinentes para iniciar la investigación, a efecto de determinar si se acredita o no el delito de tortura cometido en agravio del aquí quejoso. Con lo anterior, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, diera vista al Agente del Ministerio Público de su adscripción, a efecto de que éste realizara los trámites pertinentes para iniciar la investigación relativa para determinar si se acredita o no el delito de tortura cometido en agravio del aquí quejoso y continuara con la secuela procesal respectiva, lo cual, como se vio, realizó la autoridad responsable; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista al quejoso y a los terceros interesados, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
- Principal
hago efectivo el apercibimiento del aviso de uno de agosto de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA NOÉ JAVIER ARMENTA BELTRÁN publicada el cuatro de agosto de dos mil dieciséis, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 29, de la nueva Ley de Amparo, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar si efectivamente la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso y a los terceros interesados para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubieren hecho manifestación alguna al respecto. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil quince (fojas 200 a 245), este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Noé Javier Armenta Beltrán; ahora bien, mediante ejecutoria de treinta de junio del año en curso (fojas 577 a 620), el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, revocó la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional y únicamente dejó firme la concesión de amparo por lo que hace a los actos de tortura alegados por el quejoso, modificando los efectos a fin de que la autoridad realizara lo siguiente: "[.] debe quedar firme la concesión del amparo por lo que hace a los actos de tortura alegados por el quejoso, pero modificándose los efectos precisados por la a quo, a fin de que la autoridad responsable realice lo siguiente: Dé vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción, a efecto de que este realice los trámites pertinentes para iniciar la investigación relativa para determinar si se acredita o no el delito de tortura cometido en agravio del quejosos, pues como se dijo este aspecto es autónomo al que realizará el juez de la causa a fin de determinar si la confesión del quejoso fue obtenida mediante coacción; y en su momento, continúe con la secuela procesal respectiva. En el entendido de que deberán declarase ilícitas las pruebas obtenidas a raíz de la misma, siempre que se demuestren que efectivamente existió la tortura denunciada. [.]" En data quince de julio del actual (fojas 621 y 622), se requirió a la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En auto de veintiuno del mes y año que transcurre (foja 638), se tuvo por recibido el oficio 1530-I signado por la 1. Juez Segundo de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, al cual anexó copia certificada del auto de diecinueve de febrero del presente año (foja 632), así como de diversos oficios (fojas 633 a 636), relativos a la causa penal 341/2012 de su índice, de los que se aprecia que la autoridad responsable dio vista al Agente del Ministerio Público de su adscripción, a efecto de que éste realizara los trámites pertinentes para iniciar la investigación, a efecto de determinar si se acredita o no el delito de tortura cometido en agravio del aquí quejoso. Con lo anterior, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, diera vista al Agente del Ministerio Público de su adscripción, a efecto de que éste realizara los trámites pertinentes para iniciar la investigación relativa para determinar si se acredita o no el delito de tortura cometido en agravio del aquí quejoso y continuara con la secuela procesal respectiva, lo cual, como se vio, realizó la autoridad responsable; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista al quejoso y a los terceros interesados, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
- Principal
A las nueve horas del veintidós de julio de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 405/2015-única; a la tercero interesada TERESA RIVERA RAMÍREZ; en cumplimiento al auto de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, dictado dentro del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Agréguese a los autos el oficio suscrito por la 1. Juez Segundo de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, y anexo, mediante el cual informa los actos que realizó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista al quejoso y a los terceros interesados con el oficio de cuenta por el plazo de tres días a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidos que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento.
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