Noe Javier Armenta Beltrán

Expediente 40/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
40/2015
Año
2015
Actuaciones
17
Última actuación
11/09/2015

Partes del expediente

  • Noe Javier Armenta Beltrán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de doce de agosto de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva del acto reclamado. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de trece de agosto de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de la parte tercero interesada, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de doce de agosto de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE TERCERO INTERESADA que dice... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 18837, 20178 y 20561 (fojas 213-216, 224-372 y 379-388), la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Partido Judicial de esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable, en lo que interesa, al Juez Segundo de lo Penal del Partido Judicial y al Director del Centro de Reinserción Social, ambas de esta ciudad, de quienes reclamó, esencialmente: "El auto de plazo constitucional de ocho de septiembre de dos mil doce, por medio del cual se decretó la formal prisión del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, dentro de la causa penal 341/2012, y su ejecución." Ahora bien, mediante resolución firmada el diecisiete de junio de dos mil quince (fojas 169 a 189), este órgano jurisdiccional concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, la cual causó ejecutoria mediante acuerdo de trece de julio del citado año. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la referida ejecutoria, por lo que la autoridad responsable (a quo) quedó constreñida a cumplir con lo siguiente: "[.] lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California: a) Deje insubsistente el auto de formal prisión de ocho de septiembre de dos mil doce, pronunciado en la causa penal 341/2012, y reponga el procedimiento hasta la etapa de preinstrucción, a efecto de subsanar las violaciones a derechos fundamentales cometidas al momento de recabar al quejoso su declaración preparatoria, destacadas en el presente fallo constitucional; b) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva de nueva cuenta la situación jurídica del peticionario dentro del plazo constitucional. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad ejecutora, por no haberse impugnado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios que constan a fojas 213-216, 224-372 y 379-388, la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Partido Judicial de esta ciudad, informó que dejó insubsistente el auto de formal prisión de ocho de septiembre de dos mil doce, así como su declaración preparatoria de cuatro del mes y año citados, ordenando la reposición del procedimiento hasta la etapa de instrucción, y en el propia determinación señaló fecha y hora para tomar la declaración preparatoria del inculpado, y como consecuencia de lo anterior, el veintidós de julio del año en curso, pronunció el auto de término constitucional, actos que llevó a cabo dentro de la causa penal 341/2012 de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. ANÁLISIS EVALUATIVO Lo anterior se evidencia por el hecho de que la juez responsable, en principio, dejó sin efecto el acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de ocho de septiembre de dos mil doce, así como la declaración preparatoria de cuatro del citado mes y año, dentro de la causa penal 341/2012 de su índice; luego, con plenitud de jurisdicción emitió el auto de término constitucional de veintidós de julio de la presente anualidad. Así, con apego a los lineamientos establecidos en la ejecutoria motivo de análisis, la juez responsable subsanó las violaciones a los derechos fundamentales cometidas al momento de recabar la declaración preparatoria del ahora quejoso, es decir, la juez de la causa se aseguró del estado físico y emocional del peticionario de amparo, lo que le permitió comprender el significado de las actuaciones que pesaban en su contra, descartando con ello cualquier padecimiento transitorio o permanente que representara una disminución de sus capacidades intelectivas, dada la trascendencia de que conociera con exactitud la imputación a fin de rendir su declaración preparatoria. Hecho lo anterior, procedió a la celebración de la declaración preparatoria, diligencia en que la juez responsable, le hizo saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la imputación, a fin de que conociera bien el hecho punible que se le atribuía y pudiera contestar el cargo, en términos de la fracción III del artículo 20 de la Constitución General de la República. Así también, la autoridad responsable se cercioró, posterior a la lectura de las constancias que obraban en el sumario y previo a recabar la declaración del quejoso, si éste había entendido cabalmente los hechos que se le atribuían, esencialmente consistentes en el homicidio de una persona, y pese a ello, enseguida procedió a cuestionarlo en relación al reconocimiento de su declaración ministerial, es decir, verificó que el peticionario de amparo comprendiera en forma íntegra la acusación antes de comenzar a declarar. Luego entonces, el veintidós de julio de dos mil quince, pronunció el auto de término constitucional dentro de la causa penal 341/2012 de su índice -previo análisis de las pruebas que constan en la causa penal de origen- en que tuvo por acreditados los elementos del cuerpo del delito que se le atribuye, y su probable responsabilidad en la comisión del ilícito que se le imputa. Pues si bien es cierto que se establecieron lineamientos para cumplir en determinado sentido, también lo es que la autoridad responsable conservó su potestad gubernativa en las funciones de su competencia, pues a pesar de que en la sentencia de amparo se le concedido plenitud de jurisdicción, lo cierto es que el acto que emitió en cumplimiento a dicha determinación fue con apego a los lineamientos contenidos en la propia sentencia; es decir, el acto que se emitió con motivo del cumplimiento fue acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goza de un amplio margen de discrecionalidad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." De lo anterior se obtiene que -dentro del acto de autoridad- emitido en cumplimiento a la ejecutoria motivo de análisis, coexisten la libertad de decisión y el respeto a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, y ante tal eventualidad, la autoridad responsable no se encontraba constreñida a emitir una determinación -en favor de la parte quejosa- pues se reitera que la autoridad responsable -con libertad de decisión- estimó dictar auto de formal prisión en contra del ahora quejoso. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de veintinueve de julio de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de LA PARTE QUEJOSA, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación de el auto de veintiocho de julio de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica, que dice: Se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Juez Segundo de lo Penal por Ministerio de Ley y anexos, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento.

  4. Principal

    Hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de veintinueve de julio de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de la parte tercero interesada, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiocho de julio de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica, que dice: Se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Juez Segundo de lo Penal por Ministerio de Ley y anexos, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento.

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