Noemí Felíx Ortiz

Expediente 578/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
578/2015
Año
2015
Actuaciones
15
Última actuación
19/05/2016

Partes del expediente

  • Noemí Felíx Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    A las nueve horas del diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 578/2015-única; al tercero interesado LUIS ALFONSO GARCÍA LEÓN; en cumplimiento al auto de catorce de diciembre de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que sobreseyó y concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que mediante sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ordenó la readscripción y designó como titular de este órgano jurisdiccional a la licenciada Marisela Reyes Calderón, con efecto a partir del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo hago efectivo el apercibimiento contenido en el AVISO de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, por lo que se ordena la notificación del auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA NOEMÍ FÉLIX ORTIZ, publicada el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, que dice: "Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que sobreseyó y concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que mediante sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ordenó la readscripción y designó como titular de este órgano jurisdiccional a la licenciada Marisela Reyes Calderón, con efecto a partir del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis."

  3. Principal

    La suscrita Actuaria, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo hago efectivo el apercibimiento contenido en el citatorio de diecinueve de abril de abril de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, por lo que se ordena la notificación del auto de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA NOEMÍ FÉLIX ORTIZ, publicada el veintidós de abril de dos mil dieciséis, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, que dice: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 5437 (foja 221), la autoridad responsable Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Sexuales y Violencia Interfamiliar, con residencia en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable, en lo que interesa, al Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Sexuales y Violencia Interfamiliar, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "[.] La abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio de la acción penal en la averiguación previa 4521/14/311, radicada con motivo de la denuncia de hechos probablemente constitutivos del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar e insolvencia dolosa para cumplir con las obligaciones alimentarias.[.]" Ahora bien, mediante resolución pronunciada en la audiencia constitucional de veinte de enero de dos mil dieciséis, la cual causó ejecutoria el nueve de febrero siguiente, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando obligada la autoridad responsable Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Sexuales y Violencia Interfamiliar, con residencia en esta ciudad, a cumplir de la siguiente forma: "[.] En el estricto plazo de dos meses, contado a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, desahogue las diligencias que estime necesarias para la integración de la averiguación previa 4521/14/311/AP, radicada con motivo de la denuncia de hechos probablemente constitutivos del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar e insolvencia dolosa; y, Con libertad de criterio, se pronuncie sobre el ejercicio o no de la acción penal, o bien, emita diversa determinación que defina el resultado de la investigación. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 4229 (foja 87), la autoridad responsable Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Sexuales y Violencia Interfamiliar, de esta ciudad, remitió copias certificadas de actuaciones realizadas en la averiguación previa 4521/14/13/AP, así como la declaración del testigo Lázaro Félix Bojórquez, que tuvo verificativo el cuatro de febrero de dos mil dieciséis; asimismo informó que giró oficio al Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, solicitándole copia certificada del expediente 1641/2012-D relativo al juicio ordinario civil (divorcio necesario); documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO Así, mediante oficio registrado con el folio 5437 de uno de abril de dos mil dieciséis, el Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Sexuales y Violencia Interfamiliar, de esta ciudad, informó que se pronunció sobre el ejercicio de la acción penal, dentro de la averiguación previa 4521/14/311/AP de su índice, lo que se corrobora con la copia certificada de la resolución de treinta y uno de marzo del presente año (fojas 221 a 233 ), esto es ejerció acción penal, en contra de Luis Alfonso García León, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, y giró orden de aprehensión, en su contra. Lo anterior fue así, previo desahogo de las diligencias que estimó pertinentes, es decir, el desahogo de la testimonial a cargo de Lázaro Félix Bojórquez y la solicitud de copias certificadas del expediente 1641/2012-D, (divorcio necesario), tramitado ante el Juzgado Primero Familiar de esta ciudad, diligencia y documentales a las cuales le dio valor probatorio pleno, al momento de pronunciarse sobre el ejercicio de la acción penal, de ahí que se afirme que la violación cometida en perjuicio de la accionante de amparo quedó subsanada. Dicho en forma breve, del análisis a la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se evidencia que la autoridad responsable previo análisis de las pruebas y diligencias que ordenó desahogar, precisó los medios de convicción que sirvieron de base para ejercer acción penal en contra de Luis Alfonso García León, por el delito de incumplimiento a las obligaciones de asistencia familiar, al otorgarles valor probatorio a cada una de las pruebas examinadas, tanto en lo individual como en conjunto. En el mismo tenor, la suscrita juzgadora estima que la ejecutoria de amparo se encuentra debidamente cumplida, al haber acatado la autoridad responsable el núcleo esencial de la misma, pues en principio, se desprende que dejó insubsistente el acto reclamado; de ahí, mediante resolución de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se pronunció con libre decisión, esto es, libró orden de aprehensión en contra de Luis Alfonso García León, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Pues el hecho que se hayan establecido lineamientos para cumplir en determinado sentido, ello no impide que la autoridad responsable conserve su potestad gubernativa en las funciones de su competencia, pues a pesar de que en la sentencia de amparo se le concedido plenitud de jurisdicción, lo cierto es que el acto que emitió en cumplimiento a dicha determinación fue con apego a los lineamientos contenidos en la propia sentencia; es decir, el acto que se emitió con motivo del cumplimiento fue acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goza de un amplio margen de discrecionalidad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Sexuales y Violencia Interfamiliar, con residencia en esta ciudad, la resolución materia del acto reclamado, y al haber emitido una nueva subsanando las deficiencias señaladas en la sentencia dictada en el presente juicio, se afirma que la violación cometida en perjuicio de la accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria."

  4. Principal

    A las nueve horas del cinco de abril de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 578/2015-única; al tercero interesado LUIS ALFONSO GARCÍA LEÓN; en cumplimiento al auto de catorce de diciembre de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Sexuales y Violencia Interfamiliar, de esta ciudad con anexo, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento.

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