Noe Alejandro Cuadras Rodríguez
Expediente 861/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/08/2023
Partes del expediente
- Noe Alejandro Cuadras Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que cuenta; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena: Destruir el presente expediente, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. Notifíquese.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, el que suscribe Karlos González Bautista, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del AVISO de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, dejado en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Armando Méndez Lecuanda, en representación de *** contra actos de la siguiente autoridad 1. Policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California; y, 2. Juez Calificador en turno de Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 861/2023-III-D. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable. El primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Ahora, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias relativas al diverso juicio de amparo ***del índice de este órgano de control constitucional, que en copia certificada se agregan al presente asunto como hecho notorio, se advierte que Armando Méndez Lecuanda, en representación de *** promovió la vía constitucional en contra de las mismas autoridades y por los mismos actos que se reclaman en el juicio de derechos fundamentales en que se actúa; por tanto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; precepto que dispone "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Del contenido de este precepto, se deduce que para que opere la causa de improcedencia por litispendencia que prevé, se requiere de la existencia de otro juicio de amparo en el que el quejoso hubiese reclamado los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades, y que se encuentre pendiente de resolución en cualquier instancia, sin importar la violación alegada, lo cual encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo, y por añadidura, la propia causal también evita la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias. Sirve de apoyo la tesis*** las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. Establecido lo anterior, conviene retomar que la parte quejosa señala como actos reclamados en el escrito que dio origen al presente juicio los siguientes*** Ahora, de las constancias relativas al diverso juicio de amparo 860/2022-II-B, del índice de este órgano jurisdiccional, se corrobora que Armando Méndez Lecuanda, en representación de *** promovió demanda de amparo contra las mismas autoridades, cuyos actos reclamados hizo consistir en*** De lo anterior, se colige que, los actos aquí reclamados, son materia de estudio del juicio de amparo 860/2022-II-B, del índice de este Juzgado, el cual fue admitido en proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés. En ese sentido, es dable sostener que se actualiza la litispendencia existente entre los juicios de amparo promovidos por Armando Méndez Lecuanda, en representación de *** en contra de la misma autoridad, y por los propios actos reclamados. En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por tanto con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Lo anterior, guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el peticionario promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Jurisprudencia*** en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS | Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones de manera excepcional el ubicado en Avenida Ruiz, número 315-4, Zona Centro, de esta ciudad. Asimismo, se tienen como autorizado en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Armando Méndez Lecuanda, en virtud de que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Atendiendo a su solicitud, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, y en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por el virus Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se autoriza al usuario***a fin de que tengan acceso al expediente electrónico del presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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Ensenada Baja California dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente al promovente
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