Noe Calderón Bonilla
Expediente 113/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/04/2015
Partes del expediente
- Noe Calderón Bonilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
La suscrita Layla Kiyoko Muñúzuri Amano, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, certifica que: 1. Que las partes en el presente juicio fueron notificadas del auto de doce de marzo de dos mil quince, que tuvo por sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio, atento a las constancias que obran en las siguientes fojas: a) Agente del Ministerio Público Adscrito (foja 67). b) Quejoso Noé Calderón Bonilla (foja 68). c) Tercero Interesado Erick Giovanni Calderón Sánchez a través de su representante legal Elizabeth Sánchez Ibarrola (foja 77). d) Tercero Interesado Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal, con sede en esta ciudad (foja 69). e) Autoridades responsables Jueces Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia de lo Penal, Subprocuradora de Zona Ensenada, Comandante de Zona de la Policía Ministerial del Estado, Jefe Operativo del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado, Comandante de la Policía Estatal Preventiva (fojas 70 a la 76). 2. El término de diez días concedido a las partes para que recurrieran el auto de doce de marzo de dos mil quince, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, transcurrió para la última en ser notificada (foja 77) del veintitrés de marzo al ocho de abril de dos mil quince; con exclusión de los días veintiocho, veintinueve de marzo, así como el uno, dos, tres, cuatro y cinco del mes de abril de dos mil quince, por haber sido inhábiles. 3. Dentro del plazo computado, no se recibió en la oficialía de partes de este juzgado promoción alguna con la que se recurriera el auto dictado; 4. En el presente juicio existen dos tomos de pruebas y en el incidente de suspensión derivado del presente juicio, por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar. Ensenada, Baja California, nueve de abril de dos mil quince. La Secretaria. Layla Kiyoko Muñúzuri Amano. En nueve de abril de dos mil quince, doy cuenta con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. La Secretaria. Layla Kiyoko Muñúzuri Amano. Ensenada, Baja California, nueve de abril de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo de doce de marzo de dos mil quince, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra el referido acuerdo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por virtud del desistimiento de la parte quejosa respecto a la demanda de garantías. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse por una parte negado y por otra concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el cuaderno principal y el original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Por otra parte, en términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver al Juez Segundo de lo Penal y Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, ambos con sede en esta ciudad, las copias certificadas de la causa penal 357/2014 y juicio de amparo 1205/2014, respectivamente, que remitieron al rendir informes en el presente asunto
- Principal
Agréguese a los autos la constancia signada por el Actuario Judicial Adscrito a este Juzgado, en la que informa la imposibilidad de notificar el auto de doce de marzo de dos mil quince, al tercero interesado Erick Giovanni Calderón Sánchez, a través de su representante legal Elizabeth Sánchez Ibarrola, en virtud de que no se apersonó y no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, se advierte que el emplazamiento del tercero interesado Erick Giovanni Calderón Sánchez, a través de su representante legal Elizabeth Sánchez Ibarrola, se realizó el seis de marzo de dos mil quince (foja 47), surtió efectos el nueve de marzo del presente año, por lo que el término de tres días concedido para que señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones transcurrió del día diez al doce del mismo mes sin que esto ocurriera. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de cinco de marzo de la presente anualidad; por lo que, se ordena que el auto de doce de marzo de dos mil quince, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal se hagan por lista que se fije en los estrados de este Juzgado al tercero interesado de referencia; lo anterior, en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese y por lista al tercero interesado Erick Giovanni Calderón Sánchez, a través de su representante legal Elizabeth Sánchez Ibarrola, el auto de doce de marzo de dos mil quince
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa en proveído de dos de marzo del actual, para que informará la denominación correcta de la autoridad responsable señalada como "5. Ministerio Público Adscrito a la Agencia Estatal Contra el Narcomenudeo, con sede en esta ciudad", sin que hiciera alguna manifestación al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto y por tanto, se tiene por inexistente a dicha autoridad. Asimismo, agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas del juicio de amparo 1205/2014 de su índice, mismas que le fueron solicitadas en proveído de cinco de marzo de la presente anualidad. Circunstancia que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Ahora bien, atendiendo al grosor del anexo acompañado al informe remitido por la autoridad en comento; para un mejor manejo del expediente, se ordena la apertura del tomo de pruebas dos, para glosar dichas constancias. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Visto; analizadas las constancias del expediente y las copias certificadas del juicio de amparo 1205/2014 que remitió la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento de proveído de cinco de marzo de dos mil quince, esta juzgadora estima que el juicio de amparo en que se actúa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional que se encuentra señalada en autos, ya que ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. De la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que por supuesto, no son las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO A fin de evidenciar que se actualiza el motivo de improcedencia invocado, es oportuno destacar que el análisis íntegro de la demanda revela que el quejoso acudió a este juicio de garantías señalando como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución. Ahora bien, del oficio y las copias certificadas del juicio de amparo 1205/2014 que remitió la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, las cuales gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se aprecia que el seis de noviembre de dos mil catorce, ese órgano de control constitucional dictó sentencia en la que sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal solicitada por el también aquí quejoso Noé Calderón Bonilla, en contra de la orden de aprehensión dictada en la causa penal 357/2014 por el Juez Segundo Penal de esta ciudad. Asimismo, de las constancias del expediente que nos ocupa, las que por ser actuaciones judiciales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se observa que el Juez Segundo Penal de esta ciudad, al rendir su informe con justificación acompañó copia certificada de las constancias que integran la causa penal 357/2014, en la que obra la orden de aprehensión librada en contra del quejoso por su probable responsabilidad por la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar cometido en agravio de Erick Giovanni Calderón Sánchez (tomo uno de pruebas), por lo que se estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, a saber: El artículo 61 de la Ley de Amparo en su fracción XI dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior [.] De la anterior transcripción se desprende que se actualiza dicha causal de improcedencia cuando en un juicio de amparo, existe identidad de partes, esto es, quejoso, autoridades y actos reclamados, y haya sido resuelto mediante sentencia ejecutoria, lo que atañe a la figura de la cosa juzgada, entendida como aquella determinación que tiene los atributos de firmeza e inamovilidad, y que resuelve además, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la actuación reprochada, y en casos excepcionales, decreta el sobreseimiento. Así, esa causa requiere de manera estricta la concurrencia de los supuestos consistentes en: 1) Que el acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro; y, 2) Que los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sirve de sustento la tesis de la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 39, Tercera Parte, página veintiocho, con número de consulta rápida IUS 238796, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." Para una mejor comprensión del tema, se considera necesario hacer un relato de las principales constancias que obran en el juicio de amparo 1205/2014 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mismas que se glosaron en el tomo dos de prueba, de las que se advierten los siguientes datos. Mediante escrito de demanda presentado el dos de septiembre de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Noé Calderón Bonilla, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos de las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia Penal, así como de la Subprocuradora de Zona Ensenada, Ministerio Público Adscrito a la Agencia Estatal Contra el Narcomenudeo, Comandante de Zona de la Policía Ministerial del Estado, Jefe Operativo del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado de Zona Ensenada y Comandante de la Policía Estatal Preventiva, todas de esta ciudad, de quienes reclamó: la orden de aprehensión, presentación o cualquier otro mandato que al efecto se haya ordenado para privarlo de su libertad (fojas 2 a 5 del tomo de pruebas dos). En tres de septiembre de dos mil catorce, se admitió a trámite la demanda de que se trata, se solicitaron los respectivos informes justificados a las autoridades responsables (fojas 6 y 7 del tomo dos de pruebas). Las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia Penal (foja 17 del tomo de pruebas dos), Juez Tercero de lo Penal (foja 23 del tomo de pruebas dos), al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados y respecto de dichas autoridades el seis de noviembre de dos mil catorce, se decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías (fojas 104 a 112 del tomo dos de prueba). En dicha sentencia, también se analizaron los actos reclamados al Juez Segundo de lo Penal, con sede en esta ciudad y al Jefe Operativo del Grupo de Aprehensiones de esta ciudad, quienes al rendir sus informes en aquél juicio de amparo aceptaron la existencia de una orden de aprehensión girada en contra del quejoso por la probable responsabilidad del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, cometido en agravio de Erick Giovanni Calderón Sánchez, dentro de su causa penal 357/2014 del índice del citado Juzgado y al dictar sentencia el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, desvirtuó la negativa de las autoridades ejecutoras con las copias que al efecto acompañó la autoridad responsable ordenadora a su informe y negó el amparo y protección de la justicia federal solicitada por el también aquí quejoso Noé Calderón Bonilla (fojas 104 a 112 del tomo dos de prueba). Resolución que mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, causó ejecutoria (foja 121 del tomo dos de prueba). Razones que justifican la actualización de la causa de improcedencia invocada. Ahora bien, en el presente juicio de amparo Noé Calderón Bonilla, reclama de las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Ensenada; Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Ensenada; Juez Tercero de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Ensenada; Subprocurador de Zona Ensenada; Ministerio Público Adscrito a la Agencia Estatal Contra el Narcomenudeo Zona Ensenada; Comandante de Zona de la Policía Ministerial en Estado Zona Ensenada; Jefe Operativo del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado de Zona Ensenada y Comandante de la Policía Estatal Preventiva, todas con sede en esta ciudad, la orden de aprehensión, presentación o cualquier otro mandato que al efecto se haya ordenado para privarlo de su libertad. Y en el presente asunto, la autoridad Juez Segundo Penal de esta ciudad, al rendir su informe con justificación acompañó copia certificada de la causa penal 357/2014 (fojas 39 a 40), mismas que se glosaron en el tomo de pruebas uno del que a fojas cuarenta y cuatro a cincuenta y ocho, obra la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso Noé Calderón Bonilla, por su probable responsabilidad del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, cometido en agravio de Erick Giovanni Calderón Sánchez, misma que fue materia del juicio de amparo 1205/2014 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California. En consecuencia, de lo anterior se patentiza el supuesto normativo (causal de improcedencia) contenido en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado ya fue materia de otro juicio de amparo que culminó con sentencia ejecutoria, en la que se sobreseyó y negó el amparo en el juicio (juicio de amparo número 1205/2014 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad), habiendo identidad de partes (autoridades y quejoso) y de actos reclamados (orden de aprehensión). En efecto, la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso por su probable responsabilidad del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, cometido en agravio de Erick Giovanni Calderón Sánchez, según se advierte de los informes justificados rendidos en los juicios de amparo 1205/2014 y 113/2015-II-B, derivan de la misma causa penal 357/2014 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal, con sede en esta ciudad; por lo que resulta inconcuso, la exacta identidad del acto reclamado tanto en el juicio de amparo 1205/2014 como la orden de aprehensión que aquí reclama; de ahí que dicha orden no puede ser materia de estudio en este juicio porque ya fue analizada en el citado juicio de amparo del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, mismo que constituye cosa juzgada al haber causado ejecutoria el veintisiete de noviembre de dos mil catorce (foja 121 del tomo dos de prueba). Consecuentemente, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a las anteriores consideraciones, por identidad jurídica substancial, la jurisprudencia 1a./J. 40/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de dos mil ocho, página doscientos ochenta y seis, con número de registro 168602 en el Sistema de Compilación y Sistematización de Tesis IUS, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto a los actos de ejecución reclamados al 4. Suprocurador de Zona Ensenada; 6. Comandante de Zona de la Policía Ministerial en el Estado Zona Ensenada; 7. Jefe Operativo del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado de Zona Ensenada, y 8. Comandante de la Policía Estatal Preventiva, de ciudad, conforme a la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Por tanto, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con dos minutos del treinta de marzo de dos mil quince; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables y tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo Penal de esta ciudad
- Principal
Se notifica por lista a la parte tercero interesada el auto de doce de marzo de dos mil quince, que dice: "Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa en proveído de dos de marzo del actual, para que informará la denominación correcta de la autoridad responsable señalada como "5. Ministerio Público Adscrito a la Agencia Estatal Contra el Narcomenudeo, con sede en esta ciudad", sin que hiciera alguna manifestación al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto y por tanto, se tiene por inexistente a dicha autoridad. Asimismo, agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas del juicio de amparo 1205/2014 de su índice, mismas que le fueron solicitadas en proveído de cinco de marzo de la presente anualidad. Circunstancia que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Ahora bien, atendiendo al grosor del anexo acompañado al informe remitido por la autoridad en comento; para un mejor manejo del expediente, se ordena la apertura del tomo de pruebas dos, para glosar dichas constancias. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Visto; analizadas las constancias del expediente y las copias certificadas del juicio de amparo 1205/2014 que remitió la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento de proveído de cinco de marzo de dos mil quince, esta juzgadora estima que el juicio de amparo en que se actúa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional que se encuentra señalada en autos, ya que ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. De la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que por supuesto, no son las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO A fin de evidenciar que se actualiza el motivo de improcedencia invocado, es oportuno destacar que el análisis íntegro de la demanda revela que el quejoso acudió a este juicio de garantías señalando como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución. Ahora bien, del oficio y las copias certificadas del juicio de amparo 1205/2014 que remitió la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, las cuales gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se aprecia que el seis de noviembre de dos mil catorce, ese órgano de control constitucional dictó sentencia en la que sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal solicitada por el también aquí quejoso Noé Calderón Bonilla, en contra de la orden de aprehensión dictada en la causa penal 357/2014 por el Juez Segundo Penal de esta ciudad. Asimismo, de las constancias del expediente que nos ocupa, las que por ser actuaciones judiciales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se observa que el Juez Segundo Penal de esta ciudad, al rendir su informe con justificación acompañó copia certificada de las constancias que integran la causa penal 357/2014, en la que obra la orden de aprehensión librada en contra del quejoso por su probable responsabilidad por la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar cometido en agravio de Erick Giovanni Calderón Sánchez (tomo uno de pruebas), por lo que se estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, a saber: El artículo 61 de la Ley de Amparo en su fracción XI dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior [.] De la anterior transcripción se desprende que se actualiza dicha causal de improcedencia cuando en un juicio de amparo, existe identidad de partes, esto es, quejoso, autoridades y actos reclamados, y haya sido resuelto mediante sentencia ejecutoria, lo que atañe a la figura de la cosa juzgada, entendida como aquella determinación que tiene los atributos de firmeza e inamovilidad, y que resuelve además, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la actuación reprochada, y en casos excepcionales, decreta el sobreseimiento. Así, esa causa requiere de manera estricta la concurrencia de los supuestos consistentes en: 1) Que el acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro; y, 2) Que los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sirve de sustento la tesis de la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 39, Tercera Parte, página veintiocho, con número de consulta rápida IUS 238796, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." Para una mejor comprensión del tema, se considera necesario hacer un relato de las principales constancias que obran en el juicio de amparo 1205/2014 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mismas que se glosaron en el tomo dos de prueba, de las que se advierten los siguientes datos. Mediante escrito de demanda presentado el dos de septiembre de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Noé Calderón Bonilla, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos de las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia Penal, así como de la Subprocuradora de Zona Ensenada, Ministerio Público Adscrito a la Agencia Estatal Contra el Narcomenudeo, Comandante de Zona de la Policía Ministerial del Estado, Jefe Operativo del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado de Zona Ensenada y Comandante de la Policía Estatal Preventiva, todas de esta ciudad, de quienes reclamó: la orden de aprehensión, presentación o cualquier otro mandato que al efecto se haya ordenado para privarlo de su libertad (fojas 2 a 5 del tomo de pruebas dos). En tres de septiembre de dos mil catorce, se admitió a trámite la demanda de que se trata, se solicitaron los respectivos informes justificados a las autoridades responsables (fojas 6 y 7 del tomo dos de pruebas). Las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia Penal (foja 17 del tomo de pruebas dos), Juez Tercero de lo Penal (foja 23 del tomo de pruebas dos), al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados y respecto de dichas autoridades el seis de noviembre de dos mil catorce, se decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías (fojas 104 a 112 del tomo dos de prueba). En dicha sentencia, también se analizaron los actos reclamados al Juez Segundo de lo Penal, con sede en esta ciudad y al Jefe Operativo del Grupo de Aprehensiones de esta ciudad, quienes al rendir sus informes en aquél juicio de amparo aceptaron la existencia de una orden de aprehensión girada en contra del quejoso por la probable responsabilidad del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, cometido en agravio de Erick Giovanni Calderón Sánchez, dentro de su causa penal 357/2014 del índice del citado Juzgado y al dictar sentencia el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, desvirtuó la negativa de las autoridades ejecutoras con las copias que al efecto acompañó la autoridad responsable ordenadora a su informe y negó el amparo y protección de la justicia federal solicitada por el también aquí quejoso Noé Calderón Bonilla (fojas 104 a 112 del tomo dos de prueba). Resolución que mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, causó ejecutoria (foja 121 del tomo dos de prueba). Razones que justifican la actualización de la causa de improcedencia invocada. Ahora bien, en el presente juicio de amparo Noé Calderón Bonilla, reclama de las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Ensenada; Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Ensenada; Juez Tercero de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Ensenada; Subprocurador de Zona Ensenada; Ministerio Público Adscrito a la Agencia Estatal Contra el Narcomenudeo Zona Ensenada; Comandante de Zona de la Policía Ministerial en Estado Zona Ensenada; Jefe Operativo del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado de Zona Ensenada y Comandante de la Policía Estatal Preventiva, todas con sede en esta ciudad, la orden de aprehensión, presentación o cualquier otro mandato que al efecto se haya ordenado para privarlo de su libertad. Y en el presente asunto, la autoridad Juez Segundo Penal de esta ciudad, al rendir su informe con justificación acompañó copia certificada de la causa penal 357/2014 (fojas 39 a 40), mismas que se glosaron en el tomo de pruebas uno del que a fojas cuarenta y cuatro a cincuenta y ocho, obra la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso Noé Calderón Bonilla, por su probable responsabilidad del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, cometido en agravio de Erick Giovanni Calderón Sánchez, misma que fue materia del juicio de amparo 1205/2014 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California. En consecuencia, de lo anterior se patentiza el supuesto normativo (causal de improcedencia) contenido en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado ya fue materia de otro juicio de amparo que culminó con sentencia ejecutoria, en la que se sobreseyó y negó el amparo en el juicio (juicio de amparo número 1205/2014 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad), habiendo identidad de partes (autoridades y quejoso) y de actos reclamados (orden de aprehensión). En efecto, la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso por su probable responsabilidad del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, cometido en agravio de Erick Giovanni Calderón Sánchez, según se advierte de los informes justificados rendidos en los juicios de amparo 1205/2014 y 113/2015-II-B, derivan de la misma causa penal 357/2014 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal, con sede en esta ciudad; por lo que resulta inconcuso, la exacta identidad del acto reclamado tanto en el juicio de amparo 1205/2014 como la orden de aprehensión que aquí reclama; de ahí que dicha orden no puede ser materia de estudio en este juicio porque ya fue analizada en el citado juicio de amparo del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, mismo que constituye cosa juzgada al haber causado ejecutoria el veintisiete de noviembre de dos mil catorce (foja 121 del tomo dos de prueba). Consecuentemente, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a las anteriores consideraciones, por identidad jurídica substancial, la jurisprudencia 1a./J. 40/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de dos mil ocho, página doscientos ochenta y seis, con número de registro 168602 en el Sistema de Compilación y Sistematización de Tesis IUS, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto a los actos de ejecución reclamados al 4. Suprocurador de Zona Ensenada; 6. Comandante de Zona de la Policía Ministerial en el Estado Zona Ensenada; 7. Jefe Operativo del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado de Zona Ensenada, y 8. Comandante de la Policía Estatal Preventiva, de ciudad, conforme a la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Por tanto, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con dos minutos del treinta de marzo de dos mil quince; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables y tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo Penal de esta ciudad
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