Nelson Ricardo Gonzalez Linares

Expediente 927/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
927/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/09/2022

Partes del expediente

  • Nelson Ricardo Gonzalez Linares

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. 1. Causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el veintinueve de agosto pasado, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 2.3. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, quien da fe.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA NELSON RICARDO GONZALEZ LINARES LA DETERMINACION DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Nelson Ricardo González Linares, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 927/2022. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: El acuerdo de once de julio de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 2C-1298/2021, donde la autoridad responsable declina competencia y se ordena se turnen los autos a la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje. 1.3. Desechamiento de la demanda de amparo. En relación con lo anterior, se obtiene que deviene improcedente, pues el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones V y VIII, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y (.)" Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Ahora, el hecho de que la autoridad responsable se haya declarado legalmente incompetente para conocer del juicio ordinario laboral promovido por Nelson Ricardo González Linares, en contra de la Grupo Ameresteel S.A. de C.V. y otros, para declinar dicha competencia a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no es de los actos que se consideren que tengan una ejecución irreparable, puesto que aún no se sabe si la autoridad en cuyo favor se declinó la competencia, resuelve si la acepta o no, y sólo en el primer caso, podrá considerarse definitivo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P. /J. 17/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Entonces, con base en la jurisprudencia que precede, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la determinación de declinar o inhibir competencia, cuando no es definitivo, porque no se trata de un acto en juicio de imposible reparación, ya que no afecta derechos sustantivos y porque es un aspecto contrario al previsto en la citada fracción VIII del numeral 107 de la ley reglamentaria de la materia. No varia el anterior criterio lo manifestado por el quejoso en el sentido de que se retarda la tramitación del juicio al haberse dejado insubsistente el día y hora señalados para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, pues sólo se produce una afectación en los denominados derechos adjetivos. Máxime que, el quejoso podrá presentar el juicio de amparo una vez que, en su caso, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, acepte la competencia planteada por la autoridad responsable. 1.4. Por tanto, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones V y VIII, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por ser notoria su improcedencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia. 1.5. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. No ha lugar a reconocer a Iván Torres Hernández y Bulmaro Rodríguez Bautista, el carácter de apoderados jurídicos del quejoso puesto que no anexó documento alguno con el que acredite la representación. No obstante, en tanto acredita tal representación, se les tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo atendiendo a que el quejoso acude al amparo en cuento parte trabajadora. Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Nelson Ricardo González Linares, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 927/2022. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: El acuerdo de once de julio de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 2C-1298/2021, donde la autoridad responsable declina competencia y se ordena se turnen los autos a la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje. 1.3. Desechamiento de la demanda de amparo. En relación con lo anterior, se obtiene que deviene improcedente, pues el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones V y VIII, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y (.)" Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Ahora, el hecho de que la autoridad responsable se haya declarado legalmente incompetente para conocer del juicio ordinario laboral promovido por Nelson Ricardo González Linares, en contra de la Grupo Ameresteel S.A. de C.V. y otros, para declinar dicha competencia a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no es de los actos que se consideren que tengan una ejecución irreparable, puesto que aún no se sabe si la autoridad en cuyo favor se declinó la competencia, resuelve si la acepta o no, y sólo en el primer caso, podrá considerarse definitivo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P. /J. 17/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Entonces, con base en la jurisprudencia que precede, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la determinación de declinar o inhibir competencia, cuando no es definitivo, porque no se trata de un acto en juicio de imposible reparación, ya que no afecta derechos sustantivos y porque es un aspecto contrario al previsto en la citada fracción VIII del numeral 107 de la ley reglamentaria de la materia. No varia el anterior criterio lo manifestado por el quejoso en el sentido de que se retarda la tramitación del juicio al haberse dejado insubsistente el día y hora señalados para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, pues sólo se produce una afectación en los denominados derechos adjetivos. Máxime que, el quejoso podrá presentar el juicio de amparo una vez que, en su caso, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, acepte la competencia planteada por la autoridad responsable. 1.4. Por tanto, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones V y VIII, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por ser notoria su improcedencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia. 1.5. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. No ha lugar a reconocer a Iván Torres Hernández y Bulmaro Rodríguez Bautista, el carácter de apoderados jurídicos del quejoso puesto que no anexó documento alguno con el que acredite la representación. No obstante, en tanto acredita tal representación, se les tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo atendiendo a que el quejoso acude al amparo en cuento parte trabajadora. Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.

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