Nelida Sánchez Valverde

Expediente 936/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
936/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Nelida Sánchez Valverde

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de octubre de dos mil veintitrés. 1. Colegiado remite conflicto. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, informa que al haberse pronunciado sentencia el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial 29/2023, y en atención a las políticas de utilización de recursos humanos y materiales que ha adoptado el Poder Judicial de la Federación, en su Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no se adjuntó, y lo dejó disponible para su consulta a través de la herramienta electrónica "Portal de Servicios en Línea", en la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda., sin que haya lugar su impresión en razón de que la misma ya se adjuntó, de la que se advierte en sus puntos resolutivos, lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, es el legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por Nelida S********************; por tanto, envíesele a este último el expediente ********************, a fin de que se continúe con su conocimiento. TERCERO. Con testimonio de esta ejecutoria, hágase del conocimiento de la presente determinación al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Acúsese recibo. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 20, fracción X del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente cuaderno de incompetencia ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con la primera parte del referido artículo 20, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, destrúyase el mismo, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación, dentro de los treinta días naturales siguientes. 4. Constancia. Como lo establece el artículo 34, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. 5. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Acuse de conflicto competencial. Visto lo de cuenta, se tiene el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, acusando recibo del conflicto competencial, el cual se registró con el número 29/2023; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/4287/2023, suscrito por la secretaria técnica de comisión permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; dando fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.CLFS/MARA/vmv/

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de agosto de dos mil veintitrés. 1. Juzgado homólogo no acepta competencia. Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, a través del cual devuelve el original del juicio de amparo 936/2023, el cual fue registrado con el número 535/2023, de su índice, en razón de que dicho órgano jurisdiccional no acepta la competencia que le fue planteada en proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, por las razones que expone. 2. Se insiste en declinar la competencia. En ese tenor, este órgano jurisdiccional insiste en declinar la competencia para conocer del juicio de amparo en que se actúa, pues no se comparte el criterio esgrimido por la Juez de Distrito oficiante. Cabe recordar que de las constancias anexas por la quejosa a la demanda de amparo obra la tarjeta de circulación de servicio de autotransporte, de la que se advierte que dicho servicio será prestado en Playa Azul, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Es decir, el territorio en el que el quejoso eventualmente desarrolla su actividad transportista es en el Municipio mencionado en el párrafo que precede y no en otro, lo que significa que aquello que lo pudiera poner en una situación jurídica concreta como resultado de la aplicación de la Ley, de modo alguno ocurre en Morelia, sino en Playa Azul, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Dicho de otra forma, si bien el domicilio de las autoridades responsables se ubica en Morelia, Michoacán, lo cierto es que el título de Concesión de Transporte Público fue expedido para ser prestado el servicio en la localidad de Playa Azul, Lázaro Cárdenas, Michoacán; con lo anterior, debe entenderse que la ejecución material de los actos reclamados en su caso, ocurrirían en éste lugar. Por otra parte, el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto impugnado establece: "DÉCIMO PRIMERO. En lo referente a esta Ley, hasta en tanto no sea creado el Instituto, las atribuciones de éste serán entendidas como las de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán." Acerca de lo anterior, se tiene que no existe certeza sobre que la ciudad de Morelia es el lugar en que debe acudir la quejosa a realizar los trámites concernientes a la concesión de la que es titular y estar en condiciones de cumplir con la norma que tilda de inconstitucional, puesto que ello acontecerá una vez que sea creado el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán; y si bien la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, lo hará en lugar del mencionado Instituto, la verdad es que ello puede ocurrir en el lugar en que se presta el servicio o en su caso en alguna de las Delegaciones de tal Comisión, al interior del Estado. Se dice lo anterior, porque de la página de internet de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán la que constituye un hecho notorio para este Juzgado que puede ser invocado de oficio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo a su numeral 2º, último párrafo, se advierte que existen delegaciones en los Municipios de Sahuayo, Pátzcuaro, Zamora, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Uruapan. Así, el hecho de que existan delegaciones de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán fuera del Municipio de Morelia, Michoacán, provoca que no exista convicción del lugar en que los concesionarios de Playa Azul, Lázaro Cárdenas, Michoacán deben acudir a cumplir con la normatividad que los rige. En consecuencia, se considera que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio, de dichos actos reclamados. De modo que se insiste en que debe ser un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, quien conozca del presente juicio. 3. Se plantea conflicto competencial. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el punto Décimo, fracción II, del Acuerdo General número 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remítanse los autos originales del presente juicio, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para que tenga bien determinar lo que estime conducente respecto del presente conflicto competencial que se plantea. Por tanto, continúese actuando en el cuaderno de antecedentes formado previamente; en su oportunidad elabórense las anotaciones correspondientes. Lo anterior, hágase del conocimiento a la Juez homóloga, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por Valente Álvarez Reyes, apoderado jurídico de Nélida Sánchez Valverde -carácter que se le reconoce en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo, al tenor del instrumento notarial que en documento electrónico anexa a su escrito inicial de demanda, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que el mismo es copia íntegra e inalterada del documento impreso, con lo que cumple con lo establecido en el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo-; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 936/2023. 2. Se declara incompetencia por razón de territorio. Ahora, se estima que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio. Lo anterior conforme con lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el presente caso, se advierte que la parte quejosa reclama la iniciativa, discusión, votación, aprobación de la expedición y promulgación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el dos de junio de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, específicamente los artículos 20, fracción XV y XVI, 206, 223, fracción IV, 224, 228, 229, 234, 252, 254, 256, 258, 259, fracción II, y último párrafo, 261, 297 y 298 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierten anexas la constancia de concesión de servicio público de autotransporte, la tarjeta de control de servicio público de autotransporte y la tarjeta de circulación de servicio público de autotransporte, de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a favor de la parte quejosa. En consecuencia, se considera que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio, porque los actos reclamados tienen como efecto la realización de actos que se materializarán en el lugar en donde fue expedida la concesión de autotransporte expedida a la parte quejosa. De modo que debe ser un Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, el que conozca del presente juicio, atendiendo a que dicho órgano es quien ejerce jurisdicción en aquél lugar, y que será en éste en donde en donde habría de ejecutarse los actos que reclama. Consecuentemente, se toma en cuenta que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en lo conducente expresamente dispone: "(.) XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro." En mérito a lo anterior, lo procedente es remitir la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que sea turnada al Juzgado de Distrito residente en esa ciudad, en turno. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Octava Época Julio-Septiembre de 1989, con número de registro 820159, de rubro y texto siguientes: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se les identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos". Igualmente es aplicable por su contenido jurídico sustancial la jurisprudencia emitida por el Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página, 2459, Libro 7, noviembre de 2021, Tomo III, de la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2023765, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO, CUANDO SE RECLAMA LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, GESTIÓN INTEGRAL Y ECONOMÍA CIRCULAR DE LOS RESIDUOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON CARÁCTER DE AUTOAPLICATIVA, Y EN LA DEMANDA DE AMPARO SE EXHIBEN DOCUMENTALES (FACTURAS) EN LAS QUE SE APRECIA EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DICHO LUGAR. El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, señala que será competente el Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; asimismo, de tal precepto se aprecia que tales actos son aquellos que después de su emisión, requieren de una ejecución material. Ahora bien, si se reclaman diversos artículos de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, con carácter de autoaplicativa, afirmando medularmente que los quejosos realizan actividades comerciales en el Estado de Quintana Roo, demostrando dicha situación con diversas documentales (facturas), y de ellas se advierte que tales transacciones fueron concretadas en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y dicha localidad es donde tendrán ejecución las normas tildadas de inconstitucionales, el Juez de Distrito competente para conocer del asunto, es aquel que ejerza jurisdicción en la localidad donde tendrán ejecución material las normas reclamadas como autoaplicativas, siempre y cuando de las documentales anexas al ocurso de derechos fundamentales se aprecie el lugar de ejecución del acto reclamado, pues se trata del lugar de ejecución de dichas disposiciones legales". Así mismo se cita, la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1687, tomo XXVI, diciembre de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES QUE REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE EL QUEJOSO TENGA EL PRINCIPAL ASIENTO DE SUS ACTIVIDADES, AUN CUANDO MANIFIESTE LLEVARLAS A CABO EN DIFERENTES CIUDADES DEL TERRITORIO NACIONAL. Cuando se trata de un juicio de amparo contra leyes que requieren de ejecución material, es aplicable la primera regla de competencia contenida en el artículo 36 de la ley de la materia, es decir, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto, la competencia debe resolverse en función de los elementos objetivos existentes en autos, como puede ser el domicilio donde el quejoso tiene el principal asiento de las actividades que lo vinculan a las normas impugnadas; porque en ese lugar es donde debe, en principio, acatarlas, no obstante que manifieste llevarlas a cabo en diferentes ciudades del territorio nacional. De ahí que sea competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que tiene jurisdicción en el lugar donde el quejoso tenga el principal asiento de sus actividades". . Sin que pase desapercibido que el domicilio de las autoridades responsables lo es en Morelia, Michoacán, lo cierto es que el Título de Concesión de Transporte Público fue expedido para ser ejecutado en la

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