Neftalí Cruz Vergara

Expediente 1539/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1539/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Neftalí Cruz Vergara

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ********************, quien se ostenta como defensor particular de los investigados ******************** y ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Federal en el Estado de Michoacán, del Centro de Justicia Penal Federal, licenciado ********************, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número ********************. 1.1. Requerimiento a la autoridad responsable. Tomando en consideración que ********************, promovente del juicio, refiere tener el carácter de defensor particular de los investigados ******************** y ********************, en el expediente de impugnación ********************, de donde deriva el acto reclamado, requiérase al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Federal en el Estado de Michoacán, del Centro de Justicia Penal Federal, licenciado ********************, con sede en esta ciudad, a efecto de que informe si efectivamente dicho promovente tiene el carácter con que se ostenta. 2. Suspensión. Por separado, tramítese el incidente de suspensión. 3. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. 4. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá: 4.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1181, salvo que por la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos y otros documentos análogos. 4.2. Remitir copia certificada legible de las constancias de donde deriva el acto reclamado. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a ********************moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 5. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 6. Tercero interesado. Se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de los terceros interesados que pudieran surgir en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se reciban los informes justificados. 7. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa en su demanda y autorizando para tal efecto a la persona que menciona, por así haberlo solicitado. 8. Correo electrónico y número telefónico. De igual forma se tiene proporcionado correo electrónico y número telefónico a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto, sin que haya lugar a realizar notificaciones a través los medios que proporciona, toda vez, que la Ley de Amparo no lo prevé. Por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto. 11. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 10. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Apertura del incidente de suspensión. Como está ordenado con esta fecha, en el expediente principal y con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, con una copia simple del libelo constitucional, tramítese por separado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, quien se ostenta como defensor particular de los investigados ******************** y ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Federal en el Estado de Michoacán, del Centro de Justicia Penal Federal, licenciado ********************, con sede en esta ciudad. 2. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la ley de la materia, pídase informe previo a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por duplicado dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente proveído, enviándoles al efecto copia simple del libelo constitucional. 3. Audiencia incidental. Hágase saber a las partes, que en este asunto se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental. 4. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa destaca como acto reclamado: La resolución de emitida el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, dentro del expediente de impugnación ********************, mediante la cual se determinó revocar la diversa determinación de veintinueve de junio pasado, de no ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación ********************, ordenando la continuación de la investigación. 4.1 Pretensión de la suspensión. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no solicita la suspensión del acto reclamado para algún efecto específico. 5. Se niega suspensión. Es menester precisar que para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado, de conformidad con el dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 128 de la Ley de Amparo, se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. Que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza sea susceptible de suspenderse; 2. Que exista la solicitud del agraviado; 3. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El primer requisito se encuentra colmado, al tratarse de un acto declarativo que conlleva efectos de ejecución que repercuten en la esfera jurídica de los impetrantes de amparo. De igual manera, el segundo de los extremos, se encuentra colmado toda vez que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, y por ende, existe la petición de parte agraviada. En el particular no se advierte satisfecho el tercero de los requisitos antes descritos, puesto que de conceder la medida para los efectos solicitados por la parte quejosa, se paralizará el procedimiento penal, proceder que sería inaceptable por infringir disposiciones de orden público. En ese sentido, cabe mencionar que la Ley de Amparo en su artículo 129, dispone de manera enunciativa diversos supuestos en que se considerará que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, sin que en ellas se advierta que la paralización de la investigación en un carpeta de investigación pueda considerarse como un elemento que evidencie el perjuicio al interés social o que contravenga disposiciones de orden público, con motivo de la suspensión. No obstante lo anterior, el artículo 150 de la Ley de Amparo, señala expresamente que en los casos en que la suspensión sea procedente (se reúnan los requisitos del numeral 128), se deberá conceder de tal forma que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él. Es decir, la Ley de Amparo es categórica en establecer que los procedimientos no deberán ser suspendidos, no obstante se otorgue la medida cautelar, pues éstos deben continuar por su cauce legal hasta el dictado de la resolución firme. Recordemos que el acto reclamado es la resolución de emitida por el juez responsable que revocó la diversa de no ejercicio de la acción penal decretada el veintinueve de junio del presente año, dentro del expediente de impugnación ********************, derivado de la carpeta de investigación ********************; dicha determinación trae como consecuencia que en la referida carpeta se continué con la investigación de los hechos con apariencia de delito que fueron denunciados. Ahora bien, la investigación constituye una de las fases de procedimiento penal en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que no sería procedente su paralización; además, de concederse la medida cautelar solicitada se vería afectado el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Lo anterior porque de conceder la suspensión en la continuación de la carpeta de investigación se impediría que el Ministerio Público ejerza la facultad de investigación que le otorgan los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual, se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Máxime que, la continuación de una carpeta de investigación no afecta de forma irreparable la esfera jurídica de los quejosos, puesto que no se le está privando de algún derecho subjetivo contemplado en la Constitución Federal, tales como la vida, la integridad personal o la libertad en sus diversas manifestaciones, pues se insiste la investigación es una facultad del Ministerio Público, prevista en el orden constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno del Decimoquinto Circuito, de voz y contenido siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA LA DIVERSA QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ORDENA LA REAPERTURA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar y tiene por objeto conservar la materia del juicio y, durante su tramitación, evitar perjuicios al agraviado o a terceros. Ahora bien, tratándose de la resolución que revoca la diversa que confirma el no ejercicio de la acción penal y ordena la reapertura de la carpeta de investigación resulta improcedente conceder la suspensión contra sus efectos, toda vez que con su concesión se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, al impedir que el Ministerio Público reinicie la facultad de investigación que le otorgan los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales." De igual forma, por ilustrativa la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL FISCAL SE ABSTENGA DE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE EXISTEN DATOS DE PRUEBA SUFICIENTES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA QUE CELEBRE LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la posibilidad de que se conceda la suspensión del acto reclamado para mantener viva la materia del amparo, evitando al quejoso los perjuicios que su ejecución pudiera ocasionarle durante la sustanciación del juicio. En ese sentido, el artículo 150 de la Ley de Amparo establece que la suspensión deberá concederse de tal forma que no impida la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado hasta dictarse resolución firme en él; sin embargo, como excepción a dicha regla, para determinar si la suspensión puede tener como efecto paralizar el procedimiento, debe analizarse si el daño que pueda causar la violación al quejoso es irreparable. Ahora bien, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos u omisiones del fiscal en la investigación inicial que atenten contra el derecho de defensa del investigado y éste solicite la suspensión provisional, no procede conceder dicha medida cautelar, toda vez que su concesión obstaculizaría la continuación del proceso penal sin estar justificado el daño irreparable al quejoso, aunado a que no se ocasiona un perjuicio irreparable a sus derechos fundamentales, en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 218 y 219 garantiza el derecho de defensa, pues permite varios momentos en los que el investigado puede imponerse de la carpeta de investigación, particularmente cuando, convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia, con la debida oportunidad para preparar su defensa. Máxime que, en la etapa de investigación inicial del proceso penal, en la que se desarrollan tales actos, el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que, con la judicialización de la carpeta, transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez sea quien tutele, entre otros, el referido derecho fundamental. Además, una eventual paralización del inicio del proceso penal puede incidir negativamente en el derecho de reparación de las víctimas de delito, debido a que esa medida evita que continúe el proceso y retarda la posibilidad de que les sea reparado el daño ocasionado y que conozcan la verdad de lo sucedido desde la perspectiva de una "reparación integral"." Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional respecto de los actos reclamados. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

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