Nereida Lizbeth Álvarez Chávez
Expediente 107/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Nereida Lizbeth Álvarez Chávez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante. Cuestión previa. Ahora bien, es menester precisar que en el asunto que nos ocupa, la quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "ACTO RECLAMADO: La omisión de impartir justicia de manera pronta y expedita, así como la dilación u omisión de futuros actos procesales fuera de los plazos y términos legales dentro del juicio de origen, los cuales son de naturales inminente". Además, de una lectura integra a su demanda se desprende que pretende se le conceda el amparo y protección de la justicia federal para que la responsable tramite y concluya en forma expedita el procedimiento especial de origen, conforme a los plazos y términos previstos en la ley, argumentos que sustenta en la jurisprudencia 44/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS". En efecto, de la jurisprudencia en cita la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales -señaladas en la demanda de amparo-, sino también las subsecuentes. Sin embargo, de una nueva reflexión determinó abandonar dicho criterio, en razón de que -sostuvo- los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Argumentos de los cuales surgió la jurisprudencia 2ª.CV/2013(10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, de rubro y texto: ... De ahí que, atendiendo a dicho criterio, se tiene que en el caso, del informe rendido por la autoridad responsable, se desprende que el quince de febrero de dos mil diecinueve radicó el escrito inicial de demanda, dando origen al expediente laboral 1223/2018, y de conformidad con el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, citó a las partes a una audiencia de conciliación, misma que habrá de llevarse a cabo a las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de mayo de la presente anualidad. Bajo esa premisa, se tiene que a la presentación de la demanda constitucional la etapa en la que se encuentra el procedimiento de origen es en la radicación o no de la demanda laboral, de ahí que se atenderá a esa circunstancia para resolver el presente asunto. Sobreseimiento. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de impartir justicia de manera pronta y expedita, en específico, la radicación de la demanda ordinaria laboral promovida por Nereida Lizbeth Álvarez Chávez, a través de sus apoderados jurídicos Paublino Ávila García, José de Jesús Cerpa Estrada y Eric Castro Ávila; así como la falta de citación de las partes a la audiencia conciliatoria. Mas cierto es que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el quince de febrero de dos mil diecinueve, radicó el escrito inicial de demanda, dando origen al expediente laboral 1223/2018, y de conformidad con el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, citó a las partes a una audiencia de conciliación, misma que habría de celebrarse a las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Entonces, como ya se mencionó, el acto de autoridad que le causaba agravio a la parte quejosa, lo era precisamente la omisión de admitir la demanda, dentro del expediente ordinario laboral 1223/2018; y, como se advierte de las copias certificadas que acompaña al oficio de cuenta, radicó la demanda, señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación y ordenó el emplazamiento de la parte demandada se emitió el quince de febrero de dos mil diecinueve. Pues no debe pasar inadvertido, que la demanda de amparo fue presentada el seis de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, y como ya se dijo con antelación, el quince de febrero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable emitió el acuerdo de radicación de demanda, citando a las partes a la audiencia de conciliación, lo que hace indudable que cesaron los efectos del acto reclamado. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audie ncia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Alegato Ministerio Público. Téngase por recibido el alegato suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual se le tiene formulando alegatos, los que se ordenan tomar en consideración en el momento procesal oportuno. Copias. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se dicte la resolución correspondiente, expídasele a su costa, copia certificada de las constancias que solicita, previo recibo que se deje en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
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