Nelly Gabriela Hernández Salgado
Expediente 361/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 361/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Nelly Gabriela Hernández Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil veintitrés. Acuse de revisión. Visto lo de cuenta, se tiene al actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, acusando recibo del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia definitiva de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, el cual se registró con el número ********************; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase al apoderado jurídico de las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación de Michoacán, con residencia en esta ciudad, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en el presente juicio. Distribúyase entre las partes los agravios, y una vez que se recabe la constancia de notificación correspondiente de este auto, previa certificación que se realice, dentro del término de tres días siguientes, remítanse los autos originales de este asunto, los agravios, así como copia de éstos y póngase a disposición de la superioridad el expediente electrónico, para el ulterior trámite del recurso de mérito. Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECIOCHODE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase al apoderado jurídico de las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación de Michoacán, con residencia en esta ciudad, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en el presente juicio. Distribúyase entre las partes los agravios, y una vez que se recabe la constancia de notificación correspondiente de este auto, previa certificación que se realice, dentro del término de tres días siguientes, remítanse los autos originales de este asunto, los agravios, así como copia de éstos y póngase a disposición de la superioridad el expediente electrónico, para el ulterior trámite del recurso de mérito. Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 361/2023, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 1, 4 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del: Director; Jefatura de Cirugía; y, Jefe de Almacén y Abasto; Todos del Hospital General de Zona Número 83, adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada y Titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, con residencia en esta ciudad: La negativa de realizarle los estudios de laboratorio, mismos que si bien es cierto le fueron ordenados, también lo es que fueron programados a más de un mes de la cita. La negativa de darle pronta atención médica con un experto en la enfermedad de epilepsia, que de manera presuncional le fue diagnosticada. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver este juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud, de que en el caso se reclaman omisiones y la demanda se presentó, por turno ante este Juzgado. TERCERA. Norma, acto u omisión reclamada cuya existencia sí quedó demostrada. Los actos reclamados que se atribuyen son ciertos; no obstante que al rendir el informe justificado, el apoderado de las autoridades responsables, los haya negado. Lo anterior, si se toma en consideración que lo impugnado por la quejosa, parte de las cuestiones de salud que manifiesta padecer y que se refieren a la atención médica relacionada con los estudios de laboratorio que si bien es cierto ya están ordenados, también lo es que se duele de la temporalidad que transcurre para la programación de aquéllos, y que son los que permitirán conocer su diagnóstico para efectos de que se pueda constatar o no, y en su caso, proporcionarle el tratamiento correspondiente. Lo que se corrobora con las constancias que la propia quejosa adjuntó a su demanda, de las que es posible apreciar que tanto la solicitud, como los comprobantes de cita, tienen una fecha de expedición y captura del trece de marzo de dos mil veintitrés, siendo que los estudios solicitados fueron programados para el "Viernes, 28 de Abril a las 7:00 a.m.". Ese contexto permite comprobar el argumento esencial en el que sostiene su reclamo la quejosa; por tanto, como se dijo, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados y por ende, lo procedente es el análisis constitucional del acto reclamado. CUARTA. Causas de improcedencia. El apoderado de las responsables invoca la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del precepto 63, ambos de la Ley de Amparo, manifestando que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- los actos reclamados son inexistentes. Empero, tal argumentación se desestima, en virtud de que en el considerando que antecede se tuvieron como ciertas las negativas reclamadas. Máxime, es técnicamente imposible sustentar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con la fracción IV del diverso 63, ambos de la ley de la materia, de conformidad con lo que se expone en el siguiente criterio que por identidad jurídica sustancial se cita, cuyo rubro y texto es: "SENTENCIAS DE AMPARO. ES TÉCNICAMENTE IMPOSIBLE SUSTENTAR LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN LA FRACCIÓN IV DEL DIVERSO 63, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó diversas normas generales en su carácter de heteroaplicativas; sin embargo, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo, al considerar que a la presentación de la demanda el acto de aplicación era inexistente. Inconforme, aquélla interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es técnicamente imposible sustentar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en la fracción IV del diverso 63, ambos de la ley de la materia. Justificación: Lo anterior, porque si se toma en consideración que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sólo podrán estudiarse las causales de improcedencia cuando los actos reclamados resultan probados, sería contrario a la lógica analizar en sentencia una causal de improcedencia si un acto reclamado fuera inexistente, pues se decretaría el sobreseimiento en términos del precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sin poder examinar dicha causal. De ahí que no sea válido que el Juez de Distrito decrete la inexistencia del acto reclamado con sustento en una causal de improcedencia, pues aun cuando ambas conduzcan al sobreseimiento en el juicio de amparo, éste deriva de distintos supuestos normativos, el primero, de la fracción IV y, el segundo, de la fracción V, ambas del artículo 63 referido, por tanto, al ser causas de sobreseimiento autónomas, no pueden analizarse de manera conjunta, sino separada en los considerandos respectivos, atendiendo el orden de prelación lógica establecido por el legislador en el artículo 74 de la Ley de Amparo." Al no advertir este órgano de control constitucional causal de improcedencia de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTA. Estudio de fondo. En sus motivos de inconformidad, la quejosa esencialmente aduce que requiere los estudios que se le ordenan con urgencia por el deterioro que está teniendo en su salud. Lo anterior es esencialmente fundado, atento a las siguientes consideraciones. El derecho humano a la salud está contemplado en el artículo 4º de la Constitución Federal que textualmente señala: "Artículo 4º. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución..." La fundamentación Internacional acerca del Derecho a la Salud, en la que el Estado Mexicano es parte, se encuentra en algunos de los ordenamientos siguientes: Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. "Artículo 12. 1.- Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". Declaración Universal de Derechos Humanos. "Artículo 25. 1.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. "Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad". A mayor abundamiento sobre la regulación internacional cabe señalar que la Constitución de la Organización Mundial de la Salud ha precisado que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente de ausencia de afecciones o de enfermedades. Asimismo, el goce del máximo grado de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. La salud involucra entonces actividades de prevención, promoción y protección e implica un enfoque integral en donde se incluyen los entornos físico y social y los demás factores relacionados con la existencia. Ahora, en relación con el tema resulta conviene tener en cuenta lo resuelto en la ejecutoria relativa al amparo en revisión 173/2008, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que al tenor de lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, determinó que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Indicó que, el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Que el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. Igualmente, que el contenido de esta norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado esta Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: a) Del párrafo 1o. del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios); b) Del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho); c) Del artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" (toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social); d) De lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales. En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la ejecutoria de amparo en comento, determinó que la protección del derecho a la salud, depende de la forma como son reguladas las condiciones de acceso a los servicios médicos y la regulación de todas aquellas peculiaridades que incidan en la calidad de ésta. Asimismo, que la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar porque la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. Concluyó señalando que, el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. No se debe pasar por alto, que el derecho a la salud previsto en el artículo 4 de la Constitución Federal tiene una doble vertiente una individual y otra social, es decir respecto al primero la protección a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, y respecto del segundo consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." En resumen, el Constituyente Federal y la comunidad internacional han tenido como tarea primordial la creación de normas, cuya finalidad es obtener el pleno ejercicio del derecho fundamental a la protección de la salud, a través del establecimiento de reglas obligatorias para el Estado tendentes a la prestación del servicio médico de prevención y asistencial de la salud física y mental de las persona sujetas a su jurisdicción. En adición a lo anterior, el artículo 37 de la Ley General de Salud, dispone: "Artículo 37. Son servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social los prestados por éstas a las personas que cotizan o a las que hubieren cotizado en las mismas conforme a sus leyes y a sus beneficiarios, los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal presten tales instituciones a otros grupos de usuarios. Estos servicios se regirán por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones prestadoras y por las contenidas en esta Ley, en lo que no se oponga a aquéllas. Dichos servicios, en los términos de esta Ley y sin perjuicio de lo que prevengan las leyes a las que se refiere el párrafo anterior, comprenderán la atención médica, la atención materno-infantil, la planificación familiar, la salud mental, la promoción de la formación de recursos humanos, la salud ocupacional y la prevención y control de enfermedades no transmisibles y accidentes." El precepto legal reproducido, en lo que aquí interesa, establece que son servicios de instituciones públicas de seguridad social los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado en las mismas conforme a sus leyes y a sus beneficiarios. Además, que estos servicios se rigen por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones prestadoras, así como por las contenidas en la legislación general de salud, en lo que no se oponga a las mismas. En la especie, la quejosa manifestó ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, registrada bajo el número de seguridad social 5305770776, lo que así se acredita con las documentales que adjuntó a su demanda. En consecuencia, las negativas reclamadas y relacionadas con no realizarle los estudios de laboratorio, que si bien es cierto le fueron ordenados, también lo es que fueron programados a más de un mes de la cita, lo cual se traduce en no darle una pronta atención médica -como ya se dijo-, parten de las cuestiones de salud que manifiesta padecer la quejosa y que dada la temporalidad que transcurre de acuerdo a la fecha en que fueron programados aquéllos, esto es, para el "Viernes, 28 de Abril a las 7:00 a.m.", se traduce en una circunstancia que no le permite conocer su diagnóstico para que se pueda constatar o no, el que se advierte de la SOLICITUD DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, de fecha 13 de marzo de dos mil veintitrés, signada por la Doctora ********************, que cuenta con la leyenda: "Diagnóstico Presuncional: Epilepsia estado de pequeño mal. Complemento de Dx.: PROBABLE MIGRAÑA", y en su caso, proporcionarle el tratamiento correspondiente, lo que se relaciona con la prestación de servicios básicos de salud, que inciden directamente en el derecho fundamental de protección a la salud y, desde luego, en la esfera jurídica de la quejosa como derechohabiente. Por su parte, el apoderado de las autoridades responsables niegan los actos reclamados, partiendo de la hipótesis de que derivado de su última consulta médica, se le dieron indicaciones y fueron agendadas fecha y hora para la realización de los estudios de laboratorio ordenados por su médico tratante, atendiendo a la agenda previamente establecida en la Unidad de Medicina Familiar y salvaguardando en todo momento el derecho humano a la salud de cientos de derechohabientes, que al igual que a la quejosa, les fueron ordenados estudios de laboratorio. En ese sentido, y sin soslayar lo expuesto por el apoderado de las responsables, el estudio de la presente resolución se basa en la particular circunstancia relativa a la temporalidad que aconteció en la programación de los estudios de laboratorio. De ahí que, si a la fecha en que esto se resuelve, no se le han practicado los estudios de laboratorio ordenados para el "Viernes, 28 de Abril a las 7:00 a.m."; entonces, el efecto del presente juicio consistirá en vigilar que se le practiquen, para que ello permita conocer su diagnóstico y se pueda constatar o no, el que se advierte de la SOLICITUD DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, de fecha Lunes, 13 de Marzo del 2023, signada por la Doctora ********************, que cuenta con la leyenda: "Diagnóstico Presuncional: Epilepsia estado de pequeño mal. Complemento de Dx.: PROBABLE MIGRAÑA", y en su caso, proporcionarle el tratamiento correspondiente. Lo anterior, para evitar dilaciones que puedan ocasionar un menoscabo en la salud de la impetrante. Por tanto, la presente resolución no solamente tiene como efecto constituirle el derecho a la salud a la quejosa, sino para que en caso de necesitar atención médica, se le suministren todos los tratamientos que requiera para enfrentar los padecimientos que llegaren a constatarse y prevenir otros futuros. Se considera aplicable al caso el siguiente criterio: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos, es decir, en aquellos casos en los que la adherencia deficiente al tratamiento sea determinante para la progresión de la enfermedad. Justificación: Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño." En consecuencia, al haber resultado esencialmente fundado el concepto de violación hecho valer por la quejosa, lo procedente es concederle la protección de la Justicia Federal, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SEXTA. Efectos del fallo protector. Con fundamento en el artículo 77, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, a fin de garantizar la no repetición de una práctica violatoria de derechos humanos, como cumplimiento al efecto protector de amparo, las autoridades responsables, deberán: Informar si en la fecha programada para el "Viernes, 28 de Abril a las 7:00 a.m.", le fueron practicados los estudios ordenados en la SOLICITUD DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, de fecha Lunes, 13 de Marzo del 2023, signada por la Doctora ********************, que cuenta con la leyenda: "Diagnóstico Presuncional: Epilepsia estado de pequeño mal. Complemento de Dx.: PROBABLE MIGRAÑA"; De superarse la fecha señalada sin habérselos practicado; entonces, deberán reprogramarlos a la brevedad posible, para que de constatarse el diagnóstico presuncional, se le proporcionen a la quejosa, todos los servicios médicos de manera completa e integral, así como los medicamentos que le sean prescritos y adecuados para su recuperación, hasta que sea dada de alta, o en su defecto, que se garantice su otorgamiento por los subsecuentes cuatro meses. Sin que ello implique desde luego, que una vez transcurrido dicho periodo termine la obligación y/o el deber de las responsables para continuar prestando el servicio de salud al quejoso, pues no debe perderse de vista que se trata de un derecho de salud constituido en su favor que no termina por el hecho de que en su caso, pueda culminar la observancia de su cumplimiento. Tiene aplicación la tesis aislada 1a. CCCXLIII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes." Así como la jurisprudencia 2a./J. 35/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano." No pasan inadvertidos los alegatos formulados; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe, en el caso concreto, a lo expuesto en la demanda de amparo y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen, mayormente que ya fueron atendidos al sustentar el sentido de la determinación adoptada. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando primero; de conformidad a lo expuesto en el considerando quinto y para los efectos precisados en el diverso sexto de la presente resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.
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