Nadia Ramos Sánchez

Expediente 1152/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1152/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Nadia Ramos Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Sentencia Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 1152/2023-G, promovido por Nadia Ramos Sánchez, contra actos de la Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California -en su denominación correcta-; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, en esta ciudad, el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, Nadia Ramos Sánchez, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos atribuidos a las autoridades responsables, como se precisa: 1. Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad -en su denominación correcta-. 2. Titular del Agente del Ministerio Público del Orden Común de la Unidad de Investigación UTMC Zona Mariano Matamoros. 3. Titular del Agente del Ministerio Público del Orden Común de la Unidad de Investigación UTMC Zona Centro, 4. Comandante de la Policía Ministerial del Estado de la Zona de Tijuana, Baja California, y 5. Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial, Zona Tijuana. "IV. ACTO RECLAMADO. "A las autoridades señaladas como responsables en su carácter de ordenadoras y ejecutoras, les reclamo la INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGAL ORDEN DE DETENCIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL de la suscrita quejosa sin que medie procedimiento judicial alguno en que se funde y motive la causa legal del procedimiento de los actos de autoridad que reclamamos. Al resto de las autoridades señaladas como responsables les reclamamos el intentar ejecutar tales orden de actos de molestias en contra del suscrito." Segundo. Admisión y trámite del juicio de amparo. Este órgano de control constitucional en el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, tuvo por recibida la demanda de amparo y ordenó su registro con el número 1152/2023, la admitió a trámite, dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación y solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, asimismo, mediante el proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés, se tuvieron como inexistentes las autoridades que la quejosa señaló en la demanda como "Titular del Agente del Ministerio Público del Orden Común de la Unidad de Investigación UTMC Zona Mariano Matamoros", "Titular del Agente del Ministerio Público del Orden Común de la Unidad de Investigación UTMC Zona Centro", "Comandante de la Policía Ministerial del Estado de la Zona de Tijuana, Baja California" y "Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial, Zona Tijuana", por lo que en esta resolución no se ocupará el análisis de los actos a ellas reclamados. Sin que existan terceros interesados, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de actos atribuidos a autoridades cuya ejecución, tendrán lugar en la ciudad de Tijuana, esto es, en la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción por razón de territorio. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos atribuidos a las autoridades responsables son: La orden aprehensión, comparecencia, presentación y/o cualquier otra tendente a privar de la libertad personal y su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California -en su denominación correcta- negó la existencia de los actos que le fueron atribuidos, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa allegara medio probatorio idóneo y suficiente tendente a desvirtuar dicha negativa, no obstante que en su momento se impuso del contenido de dicho informe. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ella se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, cuyo rubro establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En mérito de lo anterior, al actualizar la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto a dicha autoridad. Cuarto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Nadia Ramos Sánchez, contra actos de la Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. Segundo. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentran debidamente integrados los recursos de revisión interpuestos por las autoridades responsables, Congreso y Gobernadora, ambos del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en contra de la sentencia dictada; en consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en turno, los originales de los escritos de expresión de agravios, así como la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; al cual se deberá acompañar el expediente original del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente juicio de amparo. Por último, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que haga las modificaciones correspondientes a fin de hacer disponible el expediente electrónico a la superioridad, para que esté en aptitud de imponerse del expediente electrónico relativo al presente asunto. Notifíquese.

  3. Incidental

    Resolución. Vistos para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1152/2023-G, promovido por********************, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; y de otras autoridades, R e s u l t a n d o s: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, en esta ciudad, el veinte de septiembre de dos mil veintitrés,********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos atribuidos a las autoridades responsables, como se precisa: 1. Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad -en su denominación correcta-. 2. Titular del Agente del Ministerio Público del Orden Común de la Unidad de Investigación UTMC Zona Mariano Matamoros. 3. Titular del Agente del Ministerio Público del Orden Común de la Unidad de Investigación UTMC Zona Centro, 4. Comandante de la Policía Ministerial del Estado de la Zona de Tijuana, Baja California, y 5. Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial, Zona Tijuana. "IV. ACTO RECLAMADO. "A las autoridades señaladas como responsables en su carácter de ordenadoras y ejecutoras, les reclamo la INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGAL ORDEN DE DETENCIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL de la suscrita quejosa sin que medie procedimiento judicial alguno en que se funde y motive la causa legal del procedimiento de los actos de autoridad que reclamamos. Al resto de las autoridades señaladas como responsables les reclamamos el intentar ejecutar tales orden de actos de molestias en contra del suscrito." Segundo. Admisión, trámite e integración. Este órgano de control constitucional en auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, tuvo por recibido el escrito inicial de demanda, ordenó su registro con el número 1152/2023, admitió a trámite la demanda de amparo, ordenó formar por cuerda separada el incidente de suspensión en que se actúa, en el que se proveyó respecto de la suspensión provisional del acto reclamado, solicitó a las autoridades responsables su informe previo, y señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Tercero. Mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés se tuvieron como inexistentes las autoridades que la quejosa señaló como "Titular del Agente del Ministerio Público del Orden Común de la Unidad de Investigación UTMC Zona Mariano Matamoros", "Titular del Agente del Ministerio Público del Orden Común de la Unidad de Investigación UTMC Zona Centro", "Comandante de la Policía Ministerial del Estado de la Zona de Tijuana, Baja California" y "Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial, Zona Tijuana"; por lo que en esta resolución no se ocupará el análisis de los actos a ellas reclamados. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que deriva de un juicio de amparo indirecto 1152/2023-G, que se tramita por este órgano de control constitucional, ya que conserva jurisdicción para conocer de las cuestiones relativas a las incidencias que deriven de tal procedimiento, atento al principio de unidad que rige al juicio de amparo, asimismo de conformidad con los Acuerdos Generales 3/2013, 13/2019 y 107/2022, emitidos por el del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se señala que la parte quejosa reclama: La orden aprehensión, comparecencia, presentación y/o cualquier otra tendente a privar de la libertad personal y su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California -en su denominación correcta- negó la existencia de los actos que les fueron atribuidos, sin que la parte quejosa haya aportado prueba tendente a desvirtuar dicha negativa; por tanto, procede negar la suspensión definitiva solicitada por lo que hace a las autoridades responsables antes mencionadas, ya que no existe materia sobre qué decretarla. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.J/19 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que textualmente dice: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 125, 128 y 144 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa********************. Por lo expuesto y fundado, se; R e s u e l v e: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por********************, respecto a la autoridad y acto reclamado, por los motivos precisados en el considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido al quejoso, para que acreditara la existencia o indicara la denominación correcta de las autoridades que señaló en la demanda de amparo como "Titular del Agente del Ministerio Público del Orden Común de la Unidad de Investigación UTMC Zona Mariano Matamoros", "Titular del Agente del Ministerio Público del Orden Común de la Unidad de Investigación UTMC Zona Centro", "Comandante de la Policía Ministerial del Estado de la Zona de Tijuana, Baja California" y "Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial, Zona Tijuana"; sin que lo hubiera hecho, no obstante, estar notificado para ello. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por inexistentes a dichas autoridades y se suspende toda comunicación con ellas. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

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