Nancy Alexandra Rodríguez Ramírez

Expediente 663/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
663/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
27/10/2021

Partes del expediente

  • Nancy Alexandra Rodríguez Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, y la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por desechó de plano la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado en el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, se ordena marcar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "no relevancia documental" y "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a ocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la constancia actuarial que antecede de la que se desprende que la parte quejosa Nancy Alexandra Rodríguez Ramírez, ratificó el contenido del escrito, mediante el cual desahogó la prevención realizada en auto de veintitrés de septiembre del año en curso. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, del estudio íntegro de la demanda que se analiza, así como del escrito aclaratorio de la misma, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "[.] bajo protesta de decir verdad, manifiesto que reclamo lo determinado en audiencia de revisión de beneficios de fecha 14 de julio del 2021 por la autoridad responsable Juez de Control en Funciones de Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, por los motivos expuestos en mi escrito inicial de demanda, y así mismo, que el Juez de Control en Funciones de Ejecución, dejo de observar que la pena ya se encontraba prescrita, con fundamento en el artículo 120 del código Penal de Baja California vigente. [.] bajo protesta de decir verdad, manifiesto que no se interpuso ningún recurso o medio de defensa en contra de lo determinado en audiencia de revisión de beneficios de fecha catorce de julio del 2021. 4. En cuanto al cuarto punto de prevención, ya no es aplicable en virtud de que se reclama lo determinado en la audiencia 14 de julio del 2021". Atento a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo y para análisis conviene precisar lo que previenen los citados numerales, así como el diverso 18 del ordenamiento legal en cita, los cuales son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará de la siguiente manera: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo que se reclame; b) A partir del día siguiente al en que la quejosa haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, c) A partir del día siguiente al en que la quejosa se haya ostentado sabedora de los referidos actos. Respecto de la primera regla, debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber a la agraviada el acto reclamado. Como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto la quejosa no combata su nulidad o ilegalidad. En cuanto a la segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación), de una autoridad diversa, o incluso de la propia quejosa, que conlleve a la certeza de que ésta última haya tenido conocimiento en determinada fecha de los actos reclamados. Pero tal conocimiento, debe producir la convicción de que la peticionaria de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. Ahora bien, como se precisó, la parte promovente bajo protesta de decir verdad, manifestó hacerse sabedora de los hechos que constituyen el acto reclamado desde el catorce de julio de dos mil veintiuno; como se advierte de su escrito inicial de demanda en el capítulo de antecedentes en la que señaló lo siguiente: "[.] 5.- Ahora bien fecha 14 de Julio de 2021 en donde se llevó la audiencia de revisión de los beneficios, el C. Juez de Control en funciones de Ejecución, me informó que aún me restaban 2 años y 8 meses de la condena, y que podía seguir gozando del beneficio de semi-libertad, pero que por el momento no me internara debido a la pandemia del COVID-19[.]."(sic) Situación que reitera en su escrito aclaratorio que le recayó a la prevención formulada por este órgano jurisdiccional en auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en donde precisó puntualmente que el acto que reclama es -lo determinado en audiencia de revisión de beneficios de catorce de julio de dos mil veintiuno.- De lo anterior se destaca, en lo que aquí interesa, que la quejosa tuvo conocimiento de la existencia del acto que reclama desde el catorce julio de dos mil veintiuno, surtiendo sus efectos legales dicha notificación al siguiente día hábil, por lo que el término de quince días, ha transcurrido en exceso a la presentación de la demanda, por lo que al haber presentado su demanda hasta el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, es evidente que no lo hizo dentro del término de quince días que establece la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 38, décima época, Tomo I, Mayo de 2015, materia común, con número de registro 2009174, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Ahora, conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo en vigor, se aprecia que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, siempre y cuando no se actualice alguna de las excepciones previstas en el numeral en comento, lo que en el caso no acontece, toda vez que no se reclama una norma general autoaplicativa, ni el procedimiento extradición, ni actos relativos al disfrute de derechos agrarios o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Entonces, si la quejosa presentó su demanda de garantías el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, una vez que había fenecido el término de quince días que prevé la Ley de Amparo, es inconcuso que la misma resulta extemporánea, dentro de los cuales no se incluyen los sábados ni domingos, en los que por disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a Ley de Amparo no se laboran en los Juzgados de Distrito, como se advierte del recuadro siguiente: Fecha de notificación del acto reclamado: Surte efectos Transcurre plazo de quince días: Fecha de la presentación de la demanda: Días inhábiles entre la fecha de notificación y presentación de la demanda 14 de julio de 2021 15 de julio de 2021 Del 16 de julio al 26 de agosto de 2021 17 de septiembre de 2021 Del 19 de julio al 16 de agosto de 2021. Los días 07, 08, 14, 15, 21 y 22 de agosto de 2021. Apoyan lo anterior, las Jurisprudencias 13 y 14 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en la página 11 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que a la letra dicen: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo". "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los "actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XIV, y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la presente demanda de amparo. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por Nancy Alexandra Rodríguez Ramírez, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de uno de octubre pasado, acredita la imposibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional a ratificar el escrito registrado bajo folio 7162, toda vez que cuenta con el virus Covid-19. Atento a lo anterior, y atendiendo a la situación de emergencia sanitaria decretada en el país, en virtud de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia. Es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar, entre otras cosas, la integridad física de las partes; por lo que de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el similar 21/2020 relativos a las medidas de contingencia de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se instruye a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, para que realice la ratificación del escrito registrado bajo número de folio 7162, por mensajería instantánea WhatsApp vía videollamada al teléfono 664-669-41-78 proporcionado para tal efecto. Debiendo asentar en la constancia que para tal efecto elabore, que previo a la debida identificación de la quejosa Nancy Alexandra Rodríguez Ramírez le puso a la vista el escrito de que se trata, y asiente si fue o no ratificado por la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese al presente expediente el escrito de cuenta presentado por la quejosa Nancy Alexandra Rodríguez Ramírez, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en acuerdo de veintitrés del mes y año en curso, informa la imposibilidad para ratificar su diverso escrito registrado con número de correspondencia 7162, por las razones que aduce; sin embargo, una vez que acredite su dicho ante este órgano jurisdiccional con la documental correspondiente para ello, se acordara lo que corresponda, procurando resguardar en todo momento la salud de los intervinientes en el presente juicio de amparo. Por tanto, subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el entendido de que el plazo de tres días con el que contaba para dar cumplimiento a la prevención realizada, se interrumpió con motivo del escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno ante la Oficialía de Partes Común. Ahora, tomando en consideración que en veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se notificó a la parte quejosa el auto de veintitrés del mismo mes y año, el cual surtió efectos el día veintiocho de septiembre pasado, le restan dos días para desahogar el requerimiento mismo que iniciará nuevamente a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído. Notifíquese personalmente a la promovente.

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