Nancy Alexandra Rodríguez Ramírez

Expediente 775/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
775/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Nancy Alexandra Rodríguez Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo, dese los avisos de ley, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos que estimen necesarios, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos de los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General en cita, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo décimo octavo del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación, el presente proveído y demás que se consideren necesarios. Asimismo, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible". Finalmente, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que dentro del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa, la parte quejosa exhibió el billete de depósito N919192, valioso por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos moneda nacional), a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional; sin embargo, toda vez que en dicho billete no se advirtió el concepto que se debe garantizar, en proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional no tuvo por exhibida la garantía y dejó a disposición de la parte quejosa el billete de referencia; en consecuencia se reitera a la parte quejosa el proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, y se deja a disposición el billete de depósito N919192, valioso por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos moneda nacional). En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional señala las once horas del veinte de enero de dos mil veintiuno, a fin de que se presente ante Juzgado con identificación oficial vigente, en la hora y fecha señalada, para la entrega del referido billete. En consecuencia, se comisiona indistintamente a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que notifiquen personalmente el presente proveído a la parte quejosa, y al momento de realizar la notificación correspondiente, haga entrega del código QR generado para su comparecencia. Apercibida que de no comparecer para la entrega del citado billete de depósito en la hora y fecha señaladas o bien dentro del término de dos años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, se declarará prescrito y se hará efectivo a favor del Erario Federal. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 775/2021-F, promovido por Nancy Alexandra Rodríguez Ramírez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California y otras responsables; y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido en veintinueve del mismo mes y año en este órgano jurisdiccional, Nancy Alexandra Rodríguez Ramírez, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y otras autoridades. Cuyo acto reclamado hizo consistir en: Actos reclamados "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- De las Autoridades Ordenadoras, se reclama la posible y/o dictado de una ilegal orden de aprehensión en contra del quejoso. B).- De las Autoridades Ejecutoras, se reclama el cumplimiento que se le pretendía dar a una posible y/o dictada ilegal orden de aprehensión, o de una ilegal detención en contra del quejoso por las autoridades ordenadoras." Segundo. Derechos humanos y garantías cuya violación se reclama. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 3, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno ordenó la formación del expediente impreso bajo el registro número 775/2021-F; y admitió la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables el informe justificado y dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Cuarto. Inexistencia de autoridades. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por inexistentes a las autoridades que el quejoso denominó Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra Robo de Vehículo de la Fiscalía General del Estado de Baja California y Secretario de Seguridad Pública Municipal, por lo que la presente sentencia no se ocupará de los actos reclamados a dichas autoridades. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el presente caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que el peticionario del amparo señala como acto reclamado, el siguiente: La orden de aprehensión y/o detención, librada en su contra y su ejecución. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de la materia, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registro 212775, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." No. Autoridad responsable Sentido 1 Juez Primero Penal, en esta ciudad Niega. 2 Juez Segundo Penal, en esta ciudad Niega. 3 Juez Tercero Penal, en esta ciudad Niega. 4 Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, en esta ciudad Niega. 5 Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en esta ciudad Niega. 6 Fiscalía General del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali Niega. 7 Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali Niega. 8 Fiscal Regional Tijuana, en esta ciudad. Niega. 9 Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al municipio de Tijuana, en esta ciudad, en su denominación actual y correcta, autoridad que el quejoso denomino Jefe de Grupo de la Unidad de Investigaciones Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado. Niega. En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas con anterioridad -en sus denominaciones actuales y correctas- consistentes en la orden de aprehensión y/o detención, librada en contra de la parte quejosa y su ejecución, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dichas negativas, no obstante de que fue debidamente notificada de la vista concedida al haberse agregado los informes justificados. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ellas se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Ello es así, dado que la demostración del acto reclamado es una cuestión de hechos que debe acreditarse con las pruebas adecuadas e idóneas; de ahí que, cuando la autoridad responsable niega categóricamente el acto que se le imputa, en tal supuesto, el Juez no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata y, luego, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; por tanto, es evidente que corresponde a la parte quejosa la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado haga la autoridad responsable, y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Es aplicable la jurisprudencia 308, consultable en la página 77, agosto de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Asimismo, apoya a lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." Por lo cual, al no estar demostrado que con motivo de los hechos plasmados en el escrito de demanda, las autoridades responsables hayan emitido la orden de aprehensión y/o detención, librada en contra de la parte quejosa y su ejecución. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Ello tiene sustento también, en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Nancy Alexandra Rodríguez Ramírez, contra actos de las autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en el mismo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de la presente resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha aún no transcurre el término que refiere el segundo párrafo del artículo 117, de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables en auto de doce y diecisiete de noviembre del año en curso. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las once horas con veinte minutos del quince de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 125, 128, 141 y 144 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Nancy Alexandra Rodríguez Ramirez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables indicadas en el considerando tercero, por los fundamentos ahí expuestos. Notifíquese.

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