Nadia Carolina Almanza Cisneros
Expediente 415/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/06/2023
Partes del expediente
- Nadia Carolina Almanza Cisneros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, uno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el quince de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las once horas con cuarenta minutos del quince de mayo de dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 415/2023-A, promovido por Nadia Carolina Almanza Cisneros, por propio derecho, contra actos del Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California....[...]. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 415/2023-A promovido por Nadia Carolina Almanza Cisneros, por propio derecho, contra actos del Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California; y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó el once de abril de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, Nadia Carolina Almanza Cisneros, por propio derecho, promovió la demanda de amparo contra los actos y autoridad que, son las siguientes: Autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California. Acto reclamado "La omisión de la autoridad responsable de emitir el acuerdo de cierre de instrucción y como consecuencia de ello la omisión del laudo en el expediente de origen, toda vez que su última actuación fue el día 19 de enero de 2022 por lo que han transcurrido en exceso los términos previstos por la ley de la materia." Segundo. La parte quejosa señaló infringido los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente, el cual no se transcribe, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de trece de abril de dos mil veintitrés radicó y admitió la demanda de amparo con el número 415/2023-A, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, emplazó a juicio a la moral tercero interesada Exitus Credit, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, y se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, dado que se reclaman omisiones y la demanda se presentó en esta ciudad. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, y el informe justificado, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: -La omisión de la Junta responsable de emitir acuerdo de cierre de instrucción y como consecuencia, la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 49/2021-1E. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California; ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ello de conformidad con el artículo 74, fracción III de la Ley de Amparo. Cuarto. Estudio de las causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe analizar su procedencia, ya sea por causas que hagan valer las partes o aquellas que de oficio advierta este órgano de control constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que no se opone a la Ley de Amparo vigente, como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, localizable en el Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte TCC; Materia(s): Común; Página: 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de la Junta responsable de emitir acuerdo de cierre de instrucción y como consecuencia, la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 49/2021-1E, quien esto resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar de que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable registrado con el folio 4848 se advierte que el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 49/2021-1E se emitió acuerdo en el que se declaró el cierre de instrucción y se ordenó formular el proyecto de laudo, con fundamento en los artículos 738 y 885 de la Ley Federal del Trabajo; posteriormente, en veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se formuló el proyecto de laudo correspondiente se señalaron las once horas del uno de abril de dos mil veintidós, para la audiencia de discusión y votación de dicha resolución. En consecuencia, el uno de abril de dos mil veintidós, se emitió el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 49/2021-1E; determinación que le fue notificada a la parte actora (aquí quejosa) Nadia Carolina Almanza Cisneros, el catorce de abril de dos mil veintitrés, así como a la demandada Exitus Credit, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, por lista de estrados el catorce de abril de dos mil veintitrés. De lo expuesto anteriormente, se advierte que si bien, es cierto que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo la Junta responsable acreditó haber emitido el acuerdo de cierre de instrucción del expediente de origen, así como la formulación y emisión de proyecto de laudo, cierto es también, que con posterioridad a la presentación de la demanda la Junta responsable notificó el laudo a las partes; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ello de conformidad con el artículo 74, fracción III de la Ley de Amparo. De ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos del acto que en esta instancia constitucional se reclama y que es materia de este apartado de consideraciones, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 193758 de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto al concepto de violación formulado por la parte quejosa. Quinto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 415/2023-A, promovido por Nadia Carolina Almanza Cisneros, por propio derecho, contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero y por las razones expuestas en el considerando cuarto. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se obtiene que el término de tres días concedido a la moral tercero interesada Exitus Credit, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del veintisiete de abril al dos de mayo del año en curso, toda vez que se tuvo por hecho el emplazamiento el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, sin que a la fecha haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de abril de dos mil veintitrés; y se ordena que el presente auto y las subsecuentes notificaciones se le hagan por lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y por lista a la parte tercero interesada Exitus Credit, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, el presente acuerdo y las subsecuentes notificaciones.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA EXITUS CREDIT, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DICTADA EL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tijuana, Baja California, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se obtiene que el término de tres días concedido a la moral tercero interesada Exitus Credit, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del veintisiete de abril al dos de mayo del año en curso, toda vez que se tuvo por hecho el emplazamiento el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, sin que a la fecha haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de abril de dos mil veintitrés; y se ordena que el presente auto y las subsecuentes notificaciones se le hagan por lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y por lista a la parte tercero interesada Exitus Credit, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, el presente acuerdo y las subsecuentes notificaciones.
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