Mónico Ruiz Elizondo
Expediente 948/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 948/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Mónico Ruiz Elizondo
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual remite testimonio autorizado de la resolución emitida en sesión remota ordinaria celebrada el nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja civil 211/2023 penal, de su indicie, en el que se resolvió: "UNICO.- Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por Mónico Ruiz Elizondo y Venancia Barraza Torrez también conocida como Benancia Barraza, por conducto de su autorizado legal, contra el auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado por la Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de amparo indirecto 948/2023." De lo anterior, se toma conocimiento, expídase acuse de recibo correspondiente, y háganse las anotaciones respectivas. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal es destruible, ya que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo; por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II, del referido Acuerdo General. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción III y 34, ambos del Acuerdo General antes mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a uno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, al que transcribe el proveído de treinta de agosto del año en curso, del que se advierte, en lo conducente, se admitió el recurso de queja interpuesto por Mónico Ruiz Elizondo y Venancia Barraza Torres también conocida como Benancia Barraza, por conducto de su autorizado, en contra de auto de nueve de los actuales en el que se desechó la demanda de amparo, mismo que fue registrado con el número de expediente 211/2023; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por ********************, en su carácter de autorizado de los quejosos Mónico Ruiz Elizo******************** también conocida como********************, mediante el cual interpone recurso de queja, en contra de la determinación judicial de nueve de agosto de dos mil veintitrés, y expresa los agravios de su intención. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la moral quejosa; por tanto, intégrese a los autos una de las copias del escrito exhibido. Por lo expuesto, se ordena remitir el escrito original de expresión de agravios y copia de éste, al Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno; así como el informe correspondiente en el que deberá precisarse que es cierto el acto impugnado, toda vez que mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés, se desechó la demanda interpuesta; además, deberá remitírsele copia certificada de las constancias que integran este cuaderno hasta la fecha de interposición del recurso, a fin que se encuentre en aptitud de substanciar el aludido medio de impugnación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, a nueve de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ********* y ********* también conocida como *********, contra actos del Juez de Primera Instancia Civil de la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese con el número 948/2023-G. Desechamiento. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la especie, la suscrita considera que en relación al acto reclamado se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. El precepto legal en cita, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. .; La fracción transcrita pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto. De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que, por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. En ese sentido, cabe precisar que los artículos 79, 674 y 677 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, en su orden, disponen: "Artículo 79.- Las resoluciones son: I.- Simples determinaciones de trámite, y entonces se llamarán decretos; II.- Determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llaman autos provisionales; III.- Decisiones que tienen fuerza de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos; IV.- Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio, ordenando, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios; V.- Decisiones que resuelven un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias; VI.- Sentencias definitivas. Articulo 674.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la Ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este código y también lo fuera la sentencia definitiva, y IV.- Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo Juez o se levante por éste. Articulo 677.- La apelación se interpondrá por escrito, ante el Juez del conocimiento, dentro de ocho días improrrogables computados a partir de la notificación, si se tratare de sentencia definitiva o su aclaración si la hubiere, o dentro de cinco si fuere auto o resolución interlocutoria. Reforma Los autos e interlocutorias, serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. Así, de conformidad con el artículo 674, fracción II, en relación con el 79, fracción V, ambos del dispositivo legal antes invocado, el recurso de apelación procede en contra de las sentencias interlocutorias que resuelven un incidente antes de dictada la sentencia. Por ello, en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues la parte quejosa atribuye al Juez de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Playas de Rosarito, Baja California, la sentencia interlocutoria pronunciada en el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento relativo al juicio sumario civil 289/2023, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 674 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, del que se advierte la procedencia de un recurso que puede hacer valer el promovente en el procedimiento de origen, como lo es el recurso de apelación. En relación con el tercer requisito, también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del aludido recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. La cuarta de las hipótesis relacionadas también se actualiza, en virtud que dicha resolución interlocutoria puede ser confirmada, revocada o modificada, a través del recurso de apelación por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. De ahí que, contra el acto combatido, proceda el referido medio ordinario de defensa que puede hacer valer la quejosa, en el procedimiento de origen, por ser actora en el mismo. En tal razón, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra la sentencia interlocutoria mencionada, la parte quejosa debió interponer el citado recurso ordinario que la ley procesal civil prevé para controvertirlo, a fin de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Resta señalar que el acto reclamado no se encuentra dentro de las causas de excepción para no agotar los medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional, porque no se trata de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; menos el amparo lo instó una persona extraña al procedimiento; tampoco el acto reclamado se contrae al auto de vinculación a proceso; y, finalmente, el citado recurso o medio de defensa no está sujeto a interpretación adicional para recurrirlo o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda promovida por ********* y ********* también conocida como *********, atento a lo que establece el diverso 113 del ordenamiento indicado. Domicilio y autorizados. Como lo solicita el promovente, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Isidro Elizalde Tinoco, José Alejo Muñoz Villar y Omar Alejo Muñoz Ochoa, ya que cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, de conformidad con el artículo 12 última parte de la ley de la materia, se autoriza únicamente para oír y recibir todo tipo de notificaciones a ********* y *********, en virtud en el sistema mencionado en el párrafo que antecede, no se encontró registro de cédula profesional que los faculte para ejercer la licenciatura en derecho; por tanto, a efecto de dar certeza a la parte quejosa, una vez que proporcione los datos de identificación necesarios; se acordará lo conducente; asimismo téngase como domicilio procesal el que indica. Solicitud acceso al expediente electrónico. De conformidad con lo dispuesto en el artículos 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento a la promovente que para autorizar el acceso al expediente electrónico deberá proporcionar su nombre de usuario, en la inteligencia de que con independencia de si la demanda se presentó por la vía física o electrónica, la parte legitimada para tal fin, podrá hacer dicha solicitud de acceso en cualquier momento, de conformidad con el numeral 40 del citado Acuerdo General Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio servicios jurisdiccionales, en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisd iccionales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el último párrafo del artículo 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y numeral 258 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ" para consultar expedientes. Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como FIREL, o en su caso, la firma electrónica e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un Nombre de Usuario y una Contraseña; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/H ome/Ayuda. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. De igual forma, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
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