Mónica Meza Virgilio

Expediente 384/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
384/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Mónica Meza Virgilio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y toda vez que la parte quejosa ni su autorizado, interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la determinación judicial de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. En ese contexto, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional, y por resolución incidental de nueve de junio de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo 21 del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable" y por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Cúmplase. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito aparentemente firmado por Mónica Meza Virgilio, por el cual señalada diversas cuentas de correo electrónico para efecto de recibir todo tipo de escritos y comunicaciones. Previo a proveer lo conducente es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Del precepto reproducido se advierte, en lo que interesa, que el artículo 3° de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información, siempre que se haga uso de la denomina firma electrónica avanzada (FIREL), cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal. En ese orden, el Consejo de la Judicatura Federal, actuando en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expidieron los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2015. Posteriormente, debido a la contingencia sanitaria originada por el virus Covid-19, el Consejo de la Judicatura Federal mediante Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, derogó el "Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación tecnológica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal." Ahora bien, del artículo 3º de la Ley de Amparo, los Acuerdos Generales Conjuntos números 1/2013 y 1/2015; y, el Acuerdo General Número 12/2020, se desprende, en suma: Que la Firma Electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o FIEL), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Que Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Que a través de la Firma Electrónica es posible presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Que a través de la Firma Electrónica es posible la tramitación de los juicios en línea siempre y cuando no se requiera la práctica de notificaciones personales, conforme a la legislación aplicable y que la actualización de la hipótesis antes prevista o la exigencia de que las partes u otros intervinientes deban acudir físicamente al órgano jurisdiccional, suspenderá la tramitación del asunto, así como que para el resto de diligencias y actuaciones se utilizarán medios electrónicos, incluyendo, cuando resulte viable, el uso de videoconferencias. En efecto, para presentar cualquier promoción bien por la vía ordinaría o por la vía electrónica, en cuyo caso deberá plasmar su voluntad a través de la firma autógrafa de la persona que suscriba el escrito de demanda de amparo (quejoso, representante legal, apoderado o cualquier persona en los casos especialmente previstos); o bien, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), documento de identidad que produce los mismos efectos que la referida firma autógrafa. En ese sentido, cuando un quejoso presenta un escrito a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, pero ésta carece de su firma electrónica (FIREL), no se corrobora la voluntad del impetrante de promover; toda vez que la falta de su firma electrónica indica que no hay instancia de parte del quejoso y, por ende, el Juez está facultado para desecharla de plano. En el caso concreto, del escrito de cuenta -presentado electrónicamente-, se advierte que la quejosa es Mónica Meza Virgilio; sin embargo, carece de firma electrónica de la promovente, por lo cual no es posible constatar la voluntad de la parte quejosa en las peticiones en que el realiza. Además, se toma en consideración que, si el ejercicio de la petición por escrito exige que éste sea suscrito -con firma autógrafa-por el promovente, esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente; resulta válido concluir que la promoción presentada por vía electrónica, también requiere estar firmada electrónicamente por el propio quejoso o por quien legalmente lo represente, sin que pueda ser sustituida por un documento digital como en el caso se pretende, pues no se tiene la certeza de que haya voluntad de la quejosa para promover la designación de los medios electrónicos para recibir cualquier tipo de documentos y comunicaciones. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, libro 62, enero de 2019, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. De esa manera, como se precisó en párrafos anteriores, debido a que el escrito presentado en línea, no contiene la firma electrónica avanzada (FIREL) de la parte quejosa, es indudable que no existe evidencia de su expresión para promover en el sentido que pretende, por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano por improcedente el escrito presentado vía electrónica por Mónica Meza Virgilio. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se agregó el informe justificado rendido por la responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, al que anexó copia certificada de las constancias que integran el expediente 2209/2020, relativo al Juicio de Divorcio Incausado: Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable, así como de la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107 fracción VI Constitucional, lo que trae como consecuencia decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Dichos preceptos legales, disponen: "Artículo. 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Como es de verse, el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro o fuera de juicio; acotando el legislador este concepto a aquellos casos que afecten materialmente a personas extrañas a juicio. Respecto de este último precepto, se entiende que para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, por equiparación, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro y texto se reproduce a continuación: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la jurisprudencia con rubro "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)", que no tiene la calidad de persona extraña a juicio el quejoso quien conoce de manera completa y exacta la existencia del juicio al que pretende ser llamado, aunque no haya comparecido a aquél, antes de que se dicte sentencia, tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Así, el suscrito estima que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación, debido a que ha conocido de manera completa y exacta la existencia del juicio promovido en su contra, antes de que se dicte sentencia. Ello es así ya que de las constancias relevantes que integran el referido juicio 2209/2020, se advierte lo siguiente: Por escrito que presentó Mario Quijas también conocido como Mario Quijas Aramburu, promovió juicio de divorcio incausado en contra de Mónica Meza Virgilio. Por acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinte, la Juez natural, tuvo por recibida la demanda, ordenó formar y registrar el expediente bajo número 2209/2020, asimismo admitió la demanda interpuesta, y ordenó emplazar a Mónica Meza Virgilio; lo que aconteció al tenor de las siguientes actuaciones judiciales: ASUNTO: CITATORIO C. Mónica Meza Virgilio Domicilio: calle Paradones, número 45 B, Colonia Guaycura, Tijuana, Baja California. Sírvase Usted esperar el día doce del mes de abril del año dos mil veintiuno a las dieciséis horas con cinco minutos al Suscrito Secretario Actuario en el domicilio antes indicado para la práctica de una diligencia de carácter civil (familiar), consistente, en EMPLAZAMIENTO dentro del presente juicio, bajo expediente número 2208/2020, en la inteligencia que en caso de no esperar la diligencia se entenderá con la persona que se encuentre en el domicilio, en los términos de ley, de conformidad con el artículo 117, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para nuestro Estado. El presente citatorio queda en poder de Margarita González González, quien dice ser compañera de casa de la demandada con quien comparte renta y se identifica con credencial para votar con fotografía número 1171067000848, expedida por el Instituto Nacional Electoral Tijuana, B.C.M siendo las Dieciséis horas con cinco minutos del día Nueve del mes de abril del año dos mil veintiuno. El C. Secretario Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar. LICENCIADO Óscar Alonso Ledesma Tostado. (firma ilegible) Diligencia de emplazamiento de fecha doce de abril del año dos mil veintiuno, a las dieciséis horas con cinco minutos del doce de abril del año dos mil veintiuno, realizada dentro de los autos relativos al expediente citado, que dice literalmente lo siguiente: EXPEDIENTE NÚMERO. 2209/2020. JUICIO: DIVORCIO SIN CAUSA - - - RAZÓN.- En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las DIECISÉIS HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, el suscrito Secretario Actuario Adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar de este Partido Judicial, LICENCIADO OSCAR ALONSO LEDESMA TOSTADO, hago constar que me constituí física y legalmente en el domicilio ubicado en calle Paradones, número 45 B, Colonia Guaycura, a efecto de dar cumplimiento al auto de fecha veintiséis de febrero del año dos mil veintiuno, en estrecha relación con el auto de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y treinta de octubre del año dos mil veinte, con MONICA MEZA GARCÍA, y cerciorado el suscrito de ser el domicilio correcto por así indicármelo la nomenclatura oficial del lugar, así como por el dicho y presencia de quien me atiende la C. MARGARITA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, quien se identifica con credencial para votar con fotografía número 1171067000848, expedida a su nombre por el Instituto Nacional Electoral, con quien me identifico debidamente, le hago saber el motivo de mi visita, y a quien le requiero por la presencia de la C, MÓNICA MEZA VIRGILIO, a lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad que por el quien pregunto habita en el que actúo, además que la que me atiende es su compañera de casa con quien comprarte la renta, así como socia de negocios, por lo que el suscrito le pide me proporcione la media filiación de quien busco, manifestándome que es una mujer, de treinta y ocho años de edad aproximadamente, estatura media de un metro setenta y cinco centímetros aproximadamente, tez clara, complexión delgada, cabello largo lacio castaño obscuro, ojos verde, frente amplia y quien se dedica al área de cosmetología, así mismo el suscrito le hace una seria de preguntas a quien me atiende respecto al demandado (basándome en la información que se encuentra en el expediente), las cuales me responde correctamente, haciéndole saber que en razón de que el suscrito soy funcionario judicial, quien me atiende tiene la obligación legal de conducirse con verdad al tratarse de acto de autoridad el que llevo a cabo, y si lo hace falsamente u oculta la verdad comete el delito de falsedad ante las autoridades, el cual amerita pena de prisión que va de uno a cinco años, y hasta cien días de multa, en términos del Artículo 320 del Código Penal para el Estado de Baja California ,a lo que me reitera que si vive en el domicilio en que actúo y que todo este tiempo se ha conducido con la verdad, haciéndome saber a quién busco en estos momentos no se encuentra ya que está laborando que no pudo atender el citatorio que le deje para este día y hora, en consecuencia, y visto el apercibimiento hecho con anterioridad, en este acto le NOTIFICO a MÓNICA MEZA VIRGILIO por el conducto habido, el contenido íntegro de los autos en comento, así también que dentro del expediente 2209/2020 radicado en el H. Juzgado de mi adscripción se tiene a MARIO QUIJAS también conocido como MARIO QUIJAS ARAMBURO, demandándole en la vía ordinaria civil la Disolución del Vínculo Matrimonial que los une, misma demanda que se admite atendiendo a los artículos 1, 2, 3, 6, 12, y 25 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos humanos y 3, 16, 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismos que reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad, así como al reconocimiento de su personalidad jurídica por lo que nadie puede hacer un gesto de injerencias arbitrarias en su vida privaba, por lo que reconocen una superioridad de la dignidad humana protegida por el Artículo 1ro Constitucional, que dispone que todo individuo gozará de los Derechos Humanos reconocidos en ella, no podrán restringirse ni suspenderse, por lo que, es un derecho del promovente el promover el divorcio al manifestar que ya no es su dese seguir unido en matrimonio con el hoy demandando haciendo innecesario e inconstitucional el exigir que se demuestre determinada causal de divorcio pues como ya se dijo no existe la voluntad de la parte actora de seguir unida en matrimonio y le asiste el derecho de promover el presente juicio ya que de obligarlo a probar una causal se estaría restringiendo el derecho al desarrollo de la personalidad humana lo cual, es inconstitucional.- Por lo que con entrega de las copias simples de la presente demanda debidamente selladas y cotejadas, y copia de los autos en comento en cédula de notificación, documentales con las cuales le corro traslado y la EMPLAZO por el conducto habido, para que dentro del término de NUEVE DÍAS, comparezca ante el H. Juzgado de mi adscripción, a contestar la demanda interpuesta en su contra, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro de dicho término, se tendrán por contestados en sentido negativo los hechos que se le atribuyen en la demanda como propios y se seguirá el juicio en su rebeldía, así mimos se le REQUIERE para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal le surtirán por medio de Boletín Judicial, lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 112 del Código Procesal Civil vigente en el Estado.- Así mismo se decreta la SEPARACIÓN PROVISIONAL de los cónyuges entre tanto dure la tramitación del presente juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 279 fracción II del Código Civil en vigor para el Estado.- Con lo anterior, haciendo entrega de las copias simples de la demanda y anexos que la acompaña debidamente selladas y cotejadas, así como de los autos en comento insertos en cédula de notificación y quien firma de recibido para mayor constancia, doy por terminada la presente diligencia para todos los efectos legales a que haya lugar. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EL C. SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO AL H. JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DE ESTE PARTIDO JUDICIAL. LICENCIADO OSCAR ALONSO LEDESMA TOSTADO (firma ilegible) En proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, a petición de la parte actora, se declaró rebelde a la demandada Mónica Meza Virgilio y se tuvo presuntivamente confesa de los hechos propios que dejó de contestar y se ordenó turnar los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que en derecho corresponda. En el presente asunto, la quejosa solicitante de amparo se ostenta como tercera extraña por equiparación, pues expone en su demanda de amparo que no ha sido legalmente emplazada al juicio ordinario civil 2209/2020, promovido en su contra por Mario Quijas Aramburu también conocido como Mario Quijas. De igual manera, de las constancias del controvertido de origen remitido por la responsable se aprecia que en el procedimiento natural aún no ha sido emitida sentencia definitiva. Como puede verse, las constancias que integran el juicio de origen, revelan el estado procesal del juicio, es decir, que aún se encuentra en trámite, sin que a la fecha se haya dictado sentencia definitiva. Lo antes expuesto, revela que la quejosa como parte formal en el juicio ordinario civil 2209/2020, es la parte demandada en aquél, pues ha tenido noticia del proceso de cuyo llamamiento se duele, cuando menos desde la fecha en que afirma se enteró estos, desde el dieciocho de junio de dos mil veintiuno; por tanto, a partir de esa fecha está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia, toda vez que aún no se dictado sentencia definitiva. De donde es evidente, que, si Mónica Meza Virgilio con oportunidad tuvo noticia de la instauración del juicio de origen antes de que se haya dictado sentencia definitiva, no le reviste el carácter de extraña en ese procedimiento y, por ende, de considerar que en dicho procedimiento se están violando sus derechos está en posibilidad de hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho de audiencia. En estas condiciones, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, aplicada ésta a "contrario sensu", en virtud de que Mónica Meza Virgilio no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación en el juicio ordinario civil de origen, toda vez que ha tenido conocimiento completo y exacto de su existencia antes de que se dicte sentencia, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos por la ley aplicable. Por tanto, es evidente que está en aptitud de incorporarse a la relación procesal para hacer uso de sus derechos, y por ende, en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción VI de la misma normatividad, lo que da lugar decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, respecto de las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la citada ley de la materia. Similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en el amparo en revisión civil 237/2019 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito en el amparo en revisión civil 148/2019; consultables en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), los que se invocan como hecho notorio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; pues al resolver sendos asuntos ambos Tribunales consideraron que, cuando con motivo de la vista del informe justificado la parte quejosa tiene conocimiento del contenido de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia destacada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Sentido que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución reclamados al Actuario adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, en virtud de que no se le reclamaron por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número VI. 2o. J/7, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II Segunda Parte-2, página 690, texto: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables. En ese sentido, es procedente dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del catorce de octubre de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente..

  4. Principal

    a las nueve horas del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se hace constar que en virtud de que la parte tercero no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al tercero, el auto de veintidos de septiembre de dos mil veintiuno, dictados en los autos del juicio de amparo 384/2021 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se agregó el informe justificado rendido por la responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, al que anexó copia certificada de las constancias que integran el expediente 2209/2020, relativo al Juicio de Divorcio Incausado: Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable, así como de la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107 fracción VI Constitucional, lo que trae como consecuencia decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Dichos preceptos legales, disponen: "Artículo. 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Como es de verse, el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro o fuera de juicio; acotando el legislador este concepto a aquellos casos que afecten materialmente a personas extrañas a juicio. Respecto de este último precepto, se entiende que para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, por equiparación, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro y texto se reproduce a continuación: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la jurisprudencia con rubro "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)", que no tiene la calidad de persona extraña a juicio el quejoso quien conoce de manera completa y exacta la existencia del juicio al que pretende ser llamado, aunque no haya comparecido a aquél, antes de que se dicte sentencia, tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Así, el suscrito estima que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación, debido a que ha conocido de manera completa y exacta la existencia del juicio promovido en su contra, antes de que se dicte sentencia. Ello es así ya que de las constancias relevantes que integran el referido juicio 2209/2020, se advierte lo siguiente: Por escrito que presentó Mario Quijas también conocido como Mario Quijas Aramburu, promovió juicio de divorcio incausado en contra de Mónica Meza Virgilio. Por acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinte, la Juez natural, tuvo por recibida la demanda, ordenó formar y registrar el expediente bajo número 2209/2020, asimismo admitió la demanda interpuesta, y ordenó emplazar a Mónica Meza Virgilio; lo que aconteció al tenor de las siguientes actuaciones judiciales: ASUNTO: CITATORIO C. Mónica Meza Virgilio Domicilio: calle Paradones, número 45 B, Colonia Guaycura, Tijuana, Baja California. Sírvase Usted esperar el día doce del mes de abril del año dos mil veintiuno a las dieciséis horas con cinco minutos al Suscrito Secretario Actuario en el domicilio antes indicado para la práctica de una diligencia de carácter civil (familiar), consistente, en EMPLAZAMIENTO dentro del presente juicio, bajo expediente número 2208/2020, en la inteligencia que en caso de no esperar la diligencia se entenderá con la persona que se encuentre en el domicilio, en los términos de ley, de conformidad con el artículo 117, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para nuestro Estado. El presente citatorio queda en poder de Margarita González González, quien dice ser compañera de casa de la demandada con quien comparte renta y se identifica con credencial para votar con fotografía número 1171067000848, expedida por el Instituto Nacional Electoral Tijuana, B.C.M siendo las Dieciséis horas con cinco minutos del día Nueve del mes de abril del año dos mil veintiuno. El C. Secretario Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar. LICENCIADO Óscar Alonso Ledesma Tostado. (firma ilegible) Diligencia de emplazamiento de fecha doce de abril del año dos mil veintiuno, a las dieciséis horas con cinco minutos del doce de abril del año dos mil veintiuno, realizada dentro de los autos relativos al expediente citado, que dice literalmente lo siguiente: EXPEDIENTE NÚMERO. 2209/2020. JUICIO: DIVORCIO SIN CAUSA - - - RAZÓN.- En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las DIECISÉIS HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, el suscrito Secretario Actuario Adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar de este Partido Judicial, LICENCIADO OSCAR ALONSO LEDESMA TOSTADO, hago constar que me constituí física y legalmente en el domicilio ubicado en calle Paradones, número 45 B, Colonia Guaycura, a efecto de dar cumplimiento al auto de fecha veintiséis de febrero del año dos mil veintiuno, en estrecha relación con el auto de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y treinta de octubre del año dos mil veinte, con MONICA MEZA GARCÍA, y cerciorado el suscrito de ser el domicilio correcto por así indicármelo la nomenclatura oficial del lugar, así como por el dicho y presencia de quien me atiende la C. MARGARITA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, quien se identifica con credencial para votar con fotografía número 1171067000848, expedida a su nombre por el Instituto Nacional Electoral, con quien me identifico debidamente, le hago saber el motivo de mi visita, y a quien le requiero por la presencia de la C, MÓNICA MEZA VIRGILIO, a lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad que por el quien pregunto habita en el que actúo, además que la que me atiende es su compañera de casa con quien comprarte la renta, así como socia de negocios, por lo que el suscrito le pide me proporcione la media filiación de quien busco, manifestándome que es una mujer, de treinta y ocho años de edad aproximadamente, estatura media de un metro setenta y cinco centímetros aproximadamente, tez clara, complexión delgada, cabello largo lacio castaño obscuro, ojos verde, frente amplia y quien se dedica al área de cosmetología, así mismo el suscrito le hace una seria de preguntas a quien me atiende respecto al demandado (basándome en la información que se encuentra en el expediente), las cuales me responde correctamente, haciéndole saber que en razón de que el suscrito soy funcionario judicial, quien me atiende tiene la obligación legal de conducirse con verdad al tratarse de acto de autoridad el que llevo a cabo, y si lo hace falsamente u oculta la verdad comete el delito de falsedad ante las autoridades, el cual amerita pena de prisión que va de uno a cinco años, y hasta cien días de multa, en términos del Artículo 320 del Código Penal para el Estado de Baja California ,a lo que me reitera que si vive en el domicilio en que actúo y que todo este tiempo se ha conducido con la verdad, haciéndome saber a quién busco en estos momentos no se encuentra ya que está laborando que no pudo atender el citatorio que le deje para este día y hora, en consecuencia, y visto el apercibimiento hecho con anterioridad, en este acto le NOTIFICO a MÓNICA MEZA VIRGILIO por el conducto habido, el contenido íntegro de los autos en comento, así también que dentro del expediente 2209/2020 radicado en el H. Juzgado de mi adscripción se tiene a MARIO QUIJAS también conocido como MARIO QUIJAS ARAMBURO, demandándole en la vía ordinaria civil la Disolución del Vínculo Matrimonial que los une, misma demanda que se admite atendiendo a los artículos 1, 2, 3, 6, 12, y 25 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos humanos y 3, 16, 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismos que reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad, así como al reconocimiento de su personalidad jurídica por lo que nadie puede hacer un gesto de injerencias arbitrarias en su vida privaba, por lo que reconocen una superioridad de la dignidad humana protegida por el Artículo 1ro Constitucional, que dispone que todo individuo gozará de los Derechos Humanos reconocidos en ella, no podrán restringirse ni suspenderse, por lo que, es un derecho del promovente el promover el divorcio al manifestar que ya no es su dese seguir unido en matrimonio con el hoy demandando haciendo innecesario e inconstitucional el exigir que se demuestre determinada causal de divorcio pues como ya se dijo no existe la voluntad de la parte actora de seguir unida en matrimonio y le asiste el derecho de promover el presente juicio ya que de obligarlo a probar una causal se estaría restringiendo el derecho al desarrollo de la personalidad humana lo cual, es inconstitucional.- Por lo que con entrega de las copias simples de la presente demanda debidamente selladas y cotejadas, y copia de los autos en comento en cédula de notificación, documentales con las cuales le corro traslado y la EMPLAZO por el conducto habido, para que dentro del término de NUEVE DÍAS, comparezca ante el H. Juzgado de mi adscripción, a contestar la demanda interpuesta en su contra, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro de dicho término, se tendrán por contestados en sentido negativo los hechos que se le atribuyen en la demanda como propios y se seguirá el juicio en su rebeldía, así mimos se le REQUIERE para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal le surtirán por medio de Boletín Judicial, lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 112 del Código Procesal Civil vigente en el Estado.- Así mismo se decreta la SEPARACIÓN PROVISIONAL de los cónyuges entre tanto dure la tramitación del presente juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 279 fracción II del Código Civil en vigor para el Estado.- Con lo anterior, haciendo entrega de las copias simples de la demanda y anexos que la acompaña debidamente selladas y cotejadas, así como de los autos en comento insertos en cédula de notificación y quien firma de recibido para mayor constancia, doy por terminada la presente diligencia para todos los efectos legales a que haya lugar. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EL C. SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO AL H. JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DE ESTE PARTIDO JUDICIAL. LICENCIADO OSCAR ALONSO LEDESMA TOSTADO (firma ilegible) En proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, a petición de la parte actora, se declaró rebelde a la demandada Mónica Meza Virgilio y se tuvo presuntivamente confesa de los hechos propios que dejó de contestar y se ordenó turnar los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que en derecho corresponda. En el presente asunto, la quejosa solicitante de amparo se ostenta como tercera extraña por equiparación, pues expone en su demanda de amparo que no ha sido legalmente emplazada al juicio ordinario civil 2209/2020, promovido en su contra por Mario Quijas Aramburu también conocido como Mario Quijas. De igual manera, de las constancias del controvertido de origen remitido por la responsable se aprecia que en el procedimiento natural aún no ha sido emitida sentencia definitiva. Como puede verse, las constancias que integran el juicio de origen, revelan el estado procesal del juicio, es decir, que aún se encuentra en trámite, sin que a la fecha se haya dictado sentencia definitiva. Lo antes expuesto, revela que la quejosa como parte formal en el juicio ordinario civil 2209/2020, es la parte demandada en aquél, pues ha tenido noticia del proceso de cuyo llamamiento se duele, cuando menos desde la fecha en que afirma se enteró estos, desde el dieciocho de junio de dos mil veintiuno; por tanto, a partir de esa fecha está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia, toda vez que aún no se dictado sentencia definitiva. De donde es evidente, que, si Mónica Meza Virgilio con oportunidad tuvo noticia de la instauración del juicio de origen antes de que se haya dictado sentencia definitiva, no le reviste el carácter de extraña en ese procedimiento y, por ende, de considerar que en dicho procedimiento se están violando sus derechos está en posibilidad de hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho de audiencia. En estas condiciones, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, aplicada ésta a "contrario sensu", en virtud de que Mónica Meza Virgilio no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación en el juicio ordinario civil de origen, toda vez que ha tenido conocimiento completo y exacto de su existencia antes de que se dicte sentencia, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos por la ley aplicable. Por tanto, es evidente que está en aptitud de incorporarse a la relación procesal para hacer uso de sus derechos, y por ende, en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción VI de la misma normatividad, lo que da lugar decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, respecto de las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la citada ley de la materia. Similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en el amparo en revisión civil 237/2019 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito en el amparo en revisión civil 148/2019; consultables en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), los que se invocan como hecho notorio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; pues al resolver sendos asuntos ambos Tribunales consideraron que, cuando con motivo de la vista del informe justificado la parte quejosa tiene conocimiento del contenido de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia destacada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Sentido que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución reclamados al Actuario adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, en virtud de que no se le reclamaron por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número VI. 2o. J/7, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II Segunda Parte-2, página 690, texto: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables. En ese sentido, es procedente dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del catorce de octubre de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente..

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