Miguel Angel Rodriguez Diaz

Expediente 895/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
895/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
23/07/2019

Partes del expediente

  • Miguel Angel Rodriguez Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de once de julio pasado por el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por Miguel Ángel Rodríguez Díaz, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; once de julio de dos mil diecinueve. Recepción de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo indirecto 529/2019 de su índice estadístico, promovido por Miguel Ángel Rodríguez Díaz, contra actos del Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Luego, toda vez que el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante determinación de ocho de julio del año en curso, determinó carecer de competencia para conocer del asunto, en consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; se acepta la competencia planteada para conocer del asunto en cuestión; acúsese el recibo correspondiente. Radicación. Atento a lo anterior, con el oficio y anexo de cuenta, fórmese expediente y regístrese como juicio de amparo 895/2019-III. Desechamiento. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ello es así, toda vez que las causas de improcedencia son de orden público y preferente, por lo que deben analizarse de manera oficiosa por este juzgado, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye: a) Del Fiscal General de la Republica: La omisión de dar contestación de manera directa al escrito presentado por el suscrito, evadiendo sus obligaciones. b) Del Director General de procedimientos Internacionales dependiente de la Fiscalía General de la Republica: El oficio DGPI/2424/19, mediante el cual solo hace pronunciamiento de que ha tomado nota de lo solicitado por el quejoso. c) Del Juez de Distrito, del centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México: La inminente opinión que habrá de emitir en la extradición 1/2019 radicada en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en la especie, se acredita la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción III, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que, como se ve, el aspecto sobre el cual versa en esencia el acto que se tilda de inconstitucional, no tiene una ejecución de imposible reparación. El citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El artículo 107, fracción III, de la citada Ley establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." (Lo resaltado en el texto no es de origen). La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de actualización de alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, mismas que pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica, de la jurisprudencia o algún otro ordenamiento legal. Por otra parte, la fracción III del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, establece como presupuesto de procedencia del amparo en la vía indirecta, al impugnarse actos dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; éstos deben tratarse de la resolución definitiva o actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, de manera que no cualquier acto o resolución pronunciados en ese tipo de asuntos son reclamables en juicio constitucional. Es decir, según el artículo 107, fracción III, antes transcrito, el juicio de amparo biinstancial, contra actos dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (como acontece en el caso concreto), procede únicamente contra: a) La resolución definitiva; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Además, tratándose de la resolución definitiva, en la misma demanda de amparo se pueden reclamar las violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Asimismo, el numeral en cuestión establece lo que se debe de entender por actos que sean de "imposible reparación", los cuales son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese mismo contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, los cuales tutela la Constitución por medio de los derecho humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en como influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En ese tenor, el amparo indirecto procede, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, acorde con la siguiente distinción: - Derechos Sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. - Derechos Adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Debe destacarse el estudio que realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 17/2002-PL, determinación en la cual identificó la naturaleza jurídica del procedimiento de extradición como un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, impugnable vía amparo indirecto por la naturaleza de las autoridades de que proviene, en los términos ahí precisados; lo anterior, partiendo de la interpretación de la fracción II de artículo 114 de la anterior Ley de Amparo. Correlativo con el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Destacó en este punto, que aparece la regla especial de procedencia consistente en que cuando dentro de un procedimiento administrativo seguido "en forma de juicio" se emitan actos que ameriten la inconformidad del particular, éstos no pueden válidamente reclamarse en amparo sino hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán reclamar en el amparo ante Juez de Distrito tanto las violaciones contenidas en dicha resolución, como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. Entonces, si la regla general, como se dijo, es que cualquier violación procesal se guarde para hacerla valer en amparo hasta que se dicta la resolución definitiva, resulta obvio que la razón de tal sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo en contra de cada acto procesal, para hacer expeditos los juicios y procedimientos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad; sobre todo, si se toma en cuenta que la celeridad es fundamental en todo procedimiento administrativo por ser de orden público. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se apoyó en la tesis de jurisprudencia 22/2003, de la Segunda Sala, emitida al resolver por unanimidad de votos la contradicción de tesis 39/2000-PL, en sesión de fecha catorce de marzo de dos mil tres, que se identifica y lee como sigue: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." Asimismo, tiene aplicación la tesis P. XXXVI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, publicada en la página 11, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, número de registro 180883, cuyo rubro y texto son: "EXTRADICIÓN. ES UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO QUE INICIA CON SU PETICIÓN FORMAL Y TERMINA CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN QUE LA CONCEDE O LA REHÚSA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA CLXV/2000). El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. CLXV/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 36, con el rubro: "EXTRADICIÓN. CONCLUIDA UNA DE LAS TRES FASES PROCEDIMENTALES EN QUE SE DIVIDE EL PROCEDIMIENTO EXTRADITORIO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA XLIV/98).", reiteró un criterio anterior en el sentido de que la extradición es un procedimiento que se divide en tres fases: la primera inicia cuando un Estado manifiesta a otro la intención de presentar petición formal de extradición y solicita se adopten medidas precautorias, o bien, la que inicia directamente con la petición formal de extradición; la segunda se entendía iniciada con la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de admitir la solicitud formal de extradición; y la tercera constituida sólo con la resolución de dicha secretaría, que en forma definitiva la concede o la rehúsa, con el importante señalamiento de que cuando culmina una de las tres, quedan consumadas irreparablemente las violaciones que en ellas pudieran haberse cometido, en virtud del cambio de situación jurídica. Ahora bien, nuevos elementos de reflexión llevan a establecer que la adopción de las medidas precautorias previstas por el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional, si bien en términos generales pueden formar parte del trámite de extradición siempre que el gobierno requirente decida hacer uso de ese derecho, ello no da inicio formal al citado procedimiento, sino que esto ocurre hasta que se presenta la petición formal, con los requisitos que establezca el tratado correspondiente y la propia ley de la materia, según sus artículos 19, 20 y 21, pues es cuando se brinda al reclamado la garantía de audiencia ante un Juez de Distrito y concluye con el dictado de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores que concede o rehúsa la extradición. Por tanto, la medida precautoria que tiene por objeto evitar que la persona reclamada pueda sustraerse a la acción de la justicia, asegurando la eficacia de la decisión de extradición no da inicio al procedimiento relativo y, además, es preclusiva, en tanto que conforme al último párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede durar más de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se haya cumplimentado, por lo que se extingue el derecho de realizar cualquier facultad procesal no ejercida en ese plazo; lo que no ocurre con las violaciones procesales que pudieran suscitarse a partir de que se presente la petición formal de extradición, ya que al tratarse de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en términos del párrafo segundo de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, por regla general, podrán invocarse al tiempo de combatir en amparo indirecto la resolución que concede la extradición." [Lo resaltado no es de origen] Analizado lo anterior, se destaca que los actos reclamados se hacen consistir en la omisión de dar contestación de manera directa al escrito presentado por el suscrito, evadiendo sus obligaciones, el oficio DGPI/2424/19, mediante el cual solo hace pronunciamiento de que ha tomado nota de lo solicitado por el quejoso y la inminente opinión que se habrá de emitirse en la extradición 1/2019 radicada en el Centro de Justicia Penal Federal con Residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Dichos actos no son una resolución definitiva que pone fin al procedimiento de extradición, ni tampoco se consideran como de imposible reparación, porque no afectan un derecho sustantivo del quejoso tutelado en la constitución federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo del procedimiento de extradición, porque puede darse el caso que la resolución que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores, determine la improcedencia de la extradición del quejoso, con lo que la alegada violación, no dejaría huella en su esfera jurídica; caso contrario, esto es, que la determinación de extradición fuese procedente, aquellas infracciones podrían combatirse, en el sentido de que la recepción y tramitación de la solicitud de extradición fuese ilegal, sea por no cumplir con los requisitos legales, o por presentar alguna inconsistencia de carácter procesal, y esas infracciones pueden analizarse al verificar, inclusive, en sede de amparo indirecto, la ilegalidad de aquellas infracciones. En ese escenario, se reitera, que para determinar la procedencia del juicio de amparo por actos dentro del procedimiento que sean reparables, deben recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Ahora, tales actos no encuadran en alguna de las excepciones que contempla Ley de Amparo, pues principalmente sólo se acuerdan diversas cuestiones relativas a las pruebas a recabar dentro de dicho procedimiento, lo cual no es un acto de imposible reparación, pues el acto de autoridad que en dado caso afectaría la esfera jurídica del gobernado surgiría al dictarse la resolución correspondiente por el Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y contra esta última seria procedente el juicio de amparo, ya que con ella culminaría el procedimiento de extradición. Es aplicable en lo conducente la tesis II.2o.P.21 K, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1109, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, número de registro 197110, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE CUANDO SE RECLAMA LA SOLA ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL JUICIO DE EXTRADICIÓN. El juicio de amparo es improcedente cuando se reclama la sola aceptación de la solicitud de extradición en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la cual establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; por lo que si bien es cierto que en los juicios de extradición existe participación de los Jueces de Distrito, ésta se ciñe a colaborar en ese procedimiento para cumplir con la garantía de audiencia en favor de los gobernados, intervención que finaliza con el hecho de emitir una opinión que justifique la procedencia o improcedencia de tal reclamo, pero carece de coercibilidad e imperio, pues quien en definitiva resuelve legalmente acerca de la procedencia o no de la extradición, es la Secretaría de Relaciones Exteriores; por tanto, la sola aceptación de la solicitud de extradición por parte de las autoridades jurisdiccionales responsables, no es un acto de imposible reparación, pues el acto de autoridad que afecta la esfera jurídica de los gobernados surge al dictarse la resolución correspondiente por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y contra esta última es procedente el juicio de amparo, en términos de la fracción II del citado numeral, ya que con ella culmina el procedimiento de extradición; por tanto, al no impugnarse la resolución definitiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino la sola aceptación de la solicitud de extradición por parte de las autoridades responsables, el juicio de amparo es improcedente." En efecto, los actos referidos solamente producen efectos formales o intraprocesales al momento de su emisión, los cuales no afectan de manera inmediata y directa derecho sustantivo alguno como lo pretende hacer valer el agraviado, pues tal afectación en todo caso tendrá verificativo, hasta el momento en que el Juez federal responsable, remita junto con el expediente de extradición su opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores y una vez que el Titular de la misma dicte la resolución a que se refiere el artículo 30 de la Ley de Extradición Internacional, y será hasta la resolución que allí se emita, cuando estará en aptitud de hacer valer el medio extraordinario de defensa como es el juicio de amparo, como lo dispone el diverso artículo 33 de la ley en cita. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción III, de la invocada ley, por los motivos expuestos. Por otra parte, a criterio de este juzgado, en el caso, respecto al acto reclamado consistente en la inminente opinión que habrá de emitir en la extradición 1/2019 radicada en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, en relación con el artículo 217, todos de la Ley de Amparo que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Apoya lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia 19, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 13, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 917550, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 23, del Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 45, que aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 395568, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." De los preceptos y jurisprudencias antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, aquéllos en que sea remota la ejecución de los hechos de que provienen, como sucede en la especie. En efecto, el acto reclamado en este juicio de amparo, lo constituye la inminente opinión que habrá de emitirse en la extradición 1/2019 radicada en el Centro de Justicia Penal Federal con Residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Luego, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación del aquí quejoso, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por tanto, debe probar por lo menos de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que la promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación surge en el momento en el que tiene conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, y no por inducciones, tal como acontece en el caso concreto, toda vez que el quejoso en el capítulo de antecedentes del acto reclamado manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ". La responsable solo turno la solicitud del suscrito y a esta dio contestación una autoridad que es incompetente por grado de especialidad para ello, así como simplemente ser omida en atender la petición solicitada de manera puntual, lo que invariablemente va a generar que se llegue a dictar una opinión probablemente en mi contra." (sic) Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio. Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis aprobada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." En ese contexto, de lo anterior se advierte que el quejoso hace derivar el acto que reclama en esta instancia (opinión que habrá de emitir), únicamente en el temor de que se emita una opinión respecto de la extradición 1/2019; sin embargo, del resto del contenido del libelo inicial de demanda no se advierte que actualmente se haya emitido un acto de autoridad en concreto dirigido al peticionario de amparo. Ahora bien, el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos previos que en modo alguno informan que las autoridades van a llevar cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, al referir el promovente que se va a dictar una opinión respecto de la extradición 1/2019; por ende, se considera que no existe un acto cierto e inminente contra el quejoso. En esas condiciones, tales manifestaciones son insuficientes para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo; por tanto, resulta evidente que en el caso concreto lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por lo anterior, es válido concluir que la parte quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1°, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.", en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.", resulta evidente que éste sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. Apoya lo aquí decidido, la tesis sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 291922, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS FUTUROS O DE POSIBILIDAD. Contra ellos no procede el recurso de amparo, mientras no haya un principio de ejecución." Asimismo, apoya a lo anterior la tesis aislada aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 497, Materia Común, Quinta Época, que señala: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente el juicio de garantías." Resaltando el hecho de que la opinión que habrá de emitir el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México en la extradición 1/2019, no constituye un hecho real, sino únicamente es probable que acontezca, por lo cual al día de la fecha no incide en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues no se ha emitido resolución alguna. En este contexto, quien ahora resuelve considera que el acto reclamado, aún no se emite y hasta el momento sólo existen perjuicios futuros y de realización incierta, por ende, se concluye que el acto reclamado no puede impugnarse a través del juicio de amparo, sino hasta que se emita la resolución correspondiente que invada la esfera de derechos de la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo y con apoyo en el precepto legal 113 del ordenamiento legal antes invocado, procede desechar de plano la demanda de amparo. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia señaladas; con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando usuario para recibir notificaciones electrónicas. Ello, en apoyo a los lineamientos señalados en el Titulo Cuarto de los Servicios Electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal, Capitulo Primero, artículos 79 párrafo primero, 81, 82 y 83 del Acuerdo general Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se comisiona al Secretario del Juzgado para que previo cercioramiento de su registro autorice el nombre del usuario "vhlopez7", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar. Autorizados. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor Hugo López Ramírez, Juan Manuel Delgado González y Carlos Enrique García Limón, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas que señala, en términos restringidos del numeral en cita, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, por así señalarlo la promovente. Uso de medios electrónicos. En conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a los autorizados para imponerse únicamente de los acuerdos que se dicten en este expediente, mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21, párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y vía electrónica al quejoso.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano